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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata López, remarca que los magistrados del Poder Judicial están preparados y tranquilos para resolver los controversiales casos de corrupción y criminalidad organizada que existen en el departamento, y añade que corresponde a los representantes del Ministerio Público realizar una labor prolija que sustente de manera eficaz sus acusaciones para estar a la altura de las expectativas de justicia de la población.

En el primer trimestre de su gestión, Zapata López ha sorteado diferentes dificultades. Desde los rezagos de la huelga de trabajadores del Poder Judicial que duró dos meses, con el consiguiente retraso en la realización de audiencias y diligencias, hasta los efectos de El Niño Costero, que complicaron la labor jurisdiccional en diferentes partes de Lambayeque.

A esto se sumó que cuatro jueces superiores titulares fueron convocados a la Corte Suprema de la República, dos de ellos para integrar el sistema anticorrupción recientemente creado para asumir los casos de alta complejidad, relacionados a este flagelo social, a nivel nacional.

“Una de las dificultades mayores que debe afrontar un presidente de corte es establecer y decidir qué persona en sustitución de otra debe cumplir labores en determinados casos. En Lambayeque es conocido que cuatro jueces superiores han sido promovidos para trabajar en la Corte Suprema de la República, ellos son los doctores Magdalena Chávez Mella, Enrique Rodas Ramírez, Óscar Burga Zamora y Juan Guillermo Piscoya. Hemos cuidado que las personas que los sustituyan sean aquellas que cumplan las expectativas que tienen la comunidad y el Poder Judicial en la atención de sus requerimientos y necesidades”, refiere el magistrado.

Precisa que cuando por alguna razón el magistrado titular no está presente se aplican los protocolos y procedimientos establecidos para sustituir, por lo que no ha sido necesaria la recomposición de salas en el distrito judicial.

Respecto a la emergencia por lluvias e inundaciones presentada en el departamento, y que también afecta a las provincias cajamarquinas de Jaén y San Ignacio, que forman parte de la Corte de Lambayeque, Zapata López destaca que la mejor forma de ayudar a la población, de parte del Poder Judicial, es no haber suspendido sus labores.

“Dos meses de huelga y lluvias que no esperábamos nos obligan a pensar, más que en nosotros, en la comunidad. Si no hemos dado dinero en efectivo para ayudar a los damnificados, lo hemos hecho con nuestra labor, porque mientras que en otros lugares se suspendieron las actividades de los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo las de los jueces, aquí decidimos no hacerlo. Creemos que enfrentamos la emergencia laborando, y laborando más. Establecimos las jornadas sabatinas que se van a retomar, no hemos parado por las lluvias, esperamos remontar las cifras negativas de la huelga y esa es la forma en la que creo que nosotros devolvemos más a la comunidad de lo que se espera. Estamos luchando contra la frustración de audiencias, y como la comunidad espera decidiendo rápido y bien”, señala.

PRODUCCIÓN

Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, en abril del 2009, ingresaron a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 111 mil 296 expedientes, de los cuales se han resuelto 89 mil 636. El año con mayor carga procesal fue el 2014, cuando circularon entre los diferentes órganos jurisdiccionales 19 mil 708 casos penales.

Hasta abril del año pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones revisó 419 expedientes, siendo la de mayor carga, seguida de la Sala Mixta de Jaén, también jurisdicción de la Corte de Lambayeque, con 418 causas. De los juzgados colegiados, el primero trató 451 expedientes, en tanto el Octavo Juzgado Unipersonal es el que más casos ha tenido en primera instancia, al recibir tres mil 156 casos.

Respecto a los juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo, el primero, con cuatro mil 763 casos, es el que más carga ha tenido entre el 2009 y el 2016, en tanto el Primero de José Leonardo Ortiz revisó cinco mil 188 expedientes.

El juzgado con menor carga procesal en el distrito judicial de Lambayeque es el de Oyotún, con 62 casos.

En materia laboral, a diciembre del  año pasado, el Sexto Juzgado de Trabajo – Contencioso Administrativo es el que más carga tuvo, al manejar tres mil 381 expedientes, mientras que la Tercera Sala Laboral atendió 663 casos. En familia, la mayor carga está en el Tercer Juzgado, con mil 138 expedientes.

CELERIDAD

“Los casos que se encuentran bajo el Nuevo Código Procesal Penal se tramitan muy rápido, a diferencia de lo que sucedía con el Código de Procedimientos Penales, con el que por razones diversas los casos se demoraban, incluso todavía nosotros tenemos un pasivo de casos de este tiempo que no concluyen”, explica Aldo Zapata.

A decir del presidente de la Corte de Lambayeque, en general los casos ahora se resuelven muy rápido y cuando esto no ocurre genera preocupación. “Ahora, a cargo de la presidencia yo estoy al tanto de por qué se presentan retrasos, lo que me obliga a indagar qué está ocurriendo”, menciona, al ser consultado por la tramitación de los procesos de corrupción que involucran a exautoridades y exfuncionarios, principalmente por irregularidades en la ejecución de obras públicas.

“Las distorsiones en la tramitación de los procesos sí son preocupación de la presidencia de la Corte. Si esto tiene que ver con asuntos que lindan con la probidad del magistrado es competencia del órgano de control local y nacional, pero los asuntos de tramitación, gestión y demoran son revisados por la presidencia y es algo en lo que me comprometo a indagar”, indica.

Anota que en Lambayeque es mínima la estadística de casos prescritos, debido a la efectividad que garantiza la herramienta procesal vigente.

“La prescripción es una institución del Derecho y está presente en el ámbito penal. Es la sanción que le impone la ley al Estado por no realizar su labor a tiempo y es en términos de la expectativa ciudadana sobre la justicia una desgracia, porque esto no debe ocurrir. En verdad, si es que hubiera una estadística sobre casos prescritos esta es muy pobre, precaria casi en el Nuevo Código Procesal Penal. Era un asunto mucho más frecuente con el código anterior”, refiere el magistrado.

JUECES IMPARCIALES

Aldo Zapata pone énfasis al señalar que los jueces no tienen injerencia en la investigación penal porque esta corresponde al Ministerio Público, erigiéndose, en consecuencia, como un tercero imparcial que deberá valorar la carga probatoria y los argumentos de la defensa para emitir su fallo.

“Quien prueba que alguien cometió un delito es el fiscal. El juez es constitucionalmente independiente, autónomo e imparcial. Es decir, el juez como un sujeto imparcial, en un proceso de partes, tiene que ver si el acervo probatorio es de entidad suficiente, por ejemplo, para estimar una prisión preventiva al inicio de un proceso penal y para dictar una sentencia de condena o una absolución”, remarca.

Añade que la Corte que preside cuenta con magistrados capaces de asumir decisiones con apego a ley para resolver los denominados casos emblemáticos o de crimen organizado, que en caso de Lambayeque son varios. Uno de los más sonados es el los “Limpios de la corrupción”, que involucra a exautoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

“Es un caso emblemático, mediático, tiene todos los calificativos y hace que las alarmas se enciendan, porque la comunidad merece una respuesta sobre un asunto del que de manera individual y colectiva se ha reclamado afectada por varios años. Lo que digo yo es que el Poder Judicial está atento y preparado para actuar con autonomía, con independencia y los jueces con imparcialidad”, asevera.

Respecto a los mandatos de prisión preventiva, sostiene que “los que los magistrados de la Corte, al momento que declaran fundada o estiman una medida cautelar de este tipo, es porque están convencidos que la persona que se ve afectada con la restricción de su libertad debe quedarse en ese estado en seguridad del proceso, porque tiene visos que lo vinculan como autora o partícipe de un delito”.

Empero, reconoce que en los últimos años la prisión preventiva se ha constituido en un mecanismo recurrente, y aunque prefiere abstenerse de comentar lo dicho por el presidente de la Corte Suprema de la República, Duberlí Rodríguez Tineo, sobre el excesivo uso que algunos magistrados le dan a esta medida cautelar, sí acepta que “hay muchos jueces carceleros”.

“En el Perú hay muchos jueces carceleros. Lo que ocurre es que tenemos un nuevo instrumento normativo que es el Código Procesal Penal que establece reglas fáciles de verificar para los jueces y fáciles de sustentar para la fiscalía. En esos casos, la prisión preventiva tiene reglas ahora muy claras que permiten resolver en tiempo real el requerimiento de la fiscalía sin cometer exceso”, asegura.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El magistrado anota que en un caso de criminalidad organizada, con muchas verificaciones que realizar para fundamentar por sí solas o en conjunto una medida como la prisión preventiva, la labor que les corresponde a los fiscales es compleja, pero también se espera que los jueces sobre la base de esas verificaciones adopten una decisión final, absolviendo o condenando.

“Los jueces están preparados, tranquilos y serenos, porque ahora, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, ya no buscan comprobar sino simplemente decidir sobre la base de los requerimientos de las partes. Si la fiscalía tiene un caso su obligación es probar la responsabilidad del acusado y el Poder Judicial en su momento decidirá si la persona incriminada es condenada o absuelta”, manifiesta.

De inmediato, el presidente de la Corte rechaza la posibilidad que exista presión sobre los magistrados para decidir los mandatos de prisión, aun cuando en el caso de crimen organizado la carga mediática es alta.

“Soy un profesionista de formación y creo que tanto jueces y fiscales como miembros de una comunidad están expuestos a algún tipo de contaminación y de presencia importante, incluyendo la de la prensa, pero creer que por presión estos deciden sería subestimarlos. Por los años que tengo trabajando como juez penal puedo decir que los magistrados no trabajan de esa manera. Nosotros estamos tranquilos, esperamos que lleguen los casos a nuestras manos y sobre la base y los argumentos decididos. No existe quien nos tenga que decir cómo decidir en uno u otro sentido”, afirma.

COLABORADORES EFICACES

Zapata López indica también que los fiscales que apoyan sus investigaciones en la información proporcionada por colaboradores eficaces o testigos encubiertos, deben corroborarla para garantizar que esta sea realmente efectiva para la acusación que formulen.

“Más que la decisión adecuada o inadecuada de recurrir a un colaborador eficaz o a un testigo encubierto que puede hasta estar purgando condena, tenemos que preguntarnos por la criminalidad organizada. Estamos hablando de corporaciones concebidas para delinquir, que representan por sí mismas mucha capacidad para hacer daño a las personas y a la sociedad en general. Es la ley, no es la imaginación o discrecionalidad del fiscal, la que lo lleva a recurrir a este tipo de colaboradores que pueden ayudar a la investigación. Es la propia ley quien lo autoriza”, señala.

Agrega que el colaborador eficaz es por naturaleza quien ya tiene una imputación, es el procesado o el condenado  que quiere a cambio de información tomar algo para sí, lo que está plenamente permitido por la ley.

CONTROL

Finalmente, Zapata López señala que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, tiene independencia y el respaldo total de la presidencia para que haga su gestión.

“Como siempre digo, en el caso de los magistrados y demás personas, incluyendo a funcionarios públicos y privados, se da por descontado la probidad de este. Ser probo no es un mérito, no es un atributo, no es un don, es una condición natural para poder desenvolverse como ser humano. Si algo es reprobado por la comunidad es la improbidad de un juez. Esta oficina está abocada a detectar, investigar y sancionar los casos de falta de probidad de un magistrado, y en eso me afilio a la tolerancia cero a la corrupción, porque es algo que nos afecta como institución y afecta a la comunidad, porque nadie puede sacar ventaja o tomar provecho del cargo que realiza en favor suyo o de otros”, enfatiza. 

PRESIDENTE DE LA CORTE DE LAMBAYEQUE: “HAY JUECES CARCELEROS”

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El Oficio N° 231-2017, dirigido el 7 de abril por Renzo Rojas Jiménez, gerente de Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, al gerente general de EPSEL, Néstor Salinas Vásquez, echa por tierra la pretensión del alcalde de Chiclayo y presidente de la Junta de Accionistas de la entidad paramunicipal, David Cornejo Chinguel, de mantener la exoneración del cobro de la tasa de alcantarillado a los usuarios de la empresa, más porque, conforme ha corroborado el ente rector, los servicios dados a la población no fueron afectados en su totalidad por las lluvias e inundaciones, y porque la decisión adoptada por presión del burgomaestre contraviene a la normatividad vigente.

 

Tal como lo informó Expresión en la edición 1006 el Directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de EPSEL corría el riesgo de ser destituido y denunciado por la SUNASS, al aprobar que se suspenda el cobro de la tasa de desagüe y alcantarillado en los 27 distritos en los que opera la empresa, acogiendo la iniciativa que sin mayor criterio técnico y legal le puso sobre la mesa el presidente de la Junta de Accionistas, David Cornejo Chinguel, quien se arrogó la autoría de la medida.

 

La exoneración, que ya se hizo efectiva en los recibos del mes de marzo, fue aprobada para estar vigente hasta marzo próximo, generando un perjuicio económico directo sobre EPSEL, al dejar esta de percibir (al término del período), cuatro millones 600 mil soles necesarios para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, que según el alcalde de Chiclayo había colapsado en su totalidad como consecuencia de las lluvias e inundaciones registradas por El Niño Costero.

 

Sin embargo, la medida populista de Cornejo Chinguel, secundada por los integrantes del Directorio de la empresa, a excepción del representante del Gobierno Regional de Lambayeque, Roger Inga Durango, trajo cola.

 

LO QUE DICE LA LEY

 

Atendiendo a la denuncia elevada por el Sindicato de Trabajadores Profesionales de EPSEL, el gerente de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS se dirigió por escrito al gerente general de la entidad para hacerle saber que “de acuerdo con lo establecido en el Artículo 74 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, es nulo de pleno derecho todo acuerdo, convenio, pacto o disposición que establezca tarifas distintas a las aprobadas por la SUNASS o que difieran de su inmediata aplicación”.

 

El documento señala que de acuerdo a los numerales 2 y 3 del Artículo 57 del mencionado Decreto Legislativo, los directores responden ante la EPS (en este caso EPSEL), por votar a favor del acuerdo contrario a la Ley y su reglamento, y se encuentran sujetos a la potestad sancionadora de la SUNASS, conforme lo establecido en el Artículo 79 de la Ley.

 

“En ese sentido, el acuerdo tomado por el directorio iría en contra de lo establecido en la Ley por lo que sería nulo, y a su vez materia de supervisión y fiscalización por esta superintendencia, quien tiene dentro de sus facultades el poder sancionar a la EPS con la destitución de sus directores”, dice el texto.

 

En consecuencia, el gerente de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS indica claramente que en donde han ocurrido restricciones en el abastecimiento, EPSEL debe facturar a los usuarios por los servicios efectivamente prestados de acuerdo con lo establecido por el Artículo 83 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, y lo señalado en el Artículos 89.2 de dicho reglamento, para aquellos usuarios que no cuentan con medidores.

 

“Deberá tener en cuenta lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución de Consejo Directorio N° 009-2017-SUNASS-CD, mediante el cual se señala que la EPS podrá facturar por los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario o conceptos no facturados oportunamente, hasta el noveno mes posterior a aquel en que debió facturarse el consumo a recuperar”, señala el oficio enviado a Néstor Salinas.

 

LOS SERVICIOS

 

Lo más grave de la decisión adoptada por el Directorio de EPSEL es que esta se sustentó en la supuesta afectación general del servicio de alcantarillado, como argumentó en dos oportunidades el presidente de la Junta de Accionistas para conseguir la aprobación de la exoneración del cobro de la tasa.

 

Sin embargo, documentos oficiales de la SUNASS confirman que EPSEL no tenía justificación sólida para dejar sin efecto el cobro correspondiente a marzo, abril y mayo.

 

Por ejemplo, el Reporte de Sucesos – Fenómeno de El Niño 2017, del viernes 31 de marzo, que aparece en la página de la superintendencia, se indica claramente que la empresa prestó durante el mes sus servicios con normalidad en Chiclayo, Pimentel, Pampa Grande, Picsi, Ferreñafe, Batán Grande, Puerto Eten, Monsefú, Mocupe, Zaña, Oyotún, Ciudad Eten, Reque, Nueva Arica, Santa Rosa, Jayanca, Pacora, Íllimo, Motupe, Lambayeque, Salas, Túcume y Mochumí.

 

Los únicos lugares en los que hubo necesidad de rehabilitar los servicios fueron: Pósope Alto, que para aquel día ya estaban operativos, y en Olmos, donde hubo fallas técnicas en el equipo del pozo tubular Nº 3 “Filoque Grande”, que restringió el servicio en los sectores de Filoque I, Filoque II, Los Panales y parte de la Panamericana.

 

El lunes último la SUNASS volvió a publicar el Reporte de Sucesos correspondiente a la primera semana de abril y en él se detalla aún más la situación de los servicios de EPSEL.

 

Se indica, por ejemplo, que de las 95 mil 266 conexiones de alcantarillado de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y la Victoria, solo se afectaron el 10, 90 y 75 %, respectivamente, por lo que no correspondía la exoneración del pago al total de los usuarios.

 

En Pimentel no hubo afectación en las siete mil 794 conexiones de alcantarillado, tampoco en Pampa Grande, donde hay 723 conexiones, y, de igual manera, en Picsi, donde se tiene 908 instalaciones de desagüe.

 

El reporte señala que tampoco hubo afectación del servicio de alcantarillado en Ferreñafe, Pósope Alto, Batán Grande, Zaña, Oyotún, Reque, Olmos, Pacora y Motupe. Por lo que tampoco corresponde el no pago del servicio bajo el argumento esgrimido por el presidente de la Junta de Accionistas y el Directorio. 

SUNASS CONFIRMA QUE SUSPENSIÓN DE LA TASA DE ALCANTARILLADO ES ILEGAL

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El obispo de la Diócesis de Chiclayo, Robert Prevost Martínez, reflexiona en el marco de la Semana Santa la situación de Lambayeque, de los fieles católicos y, sobre todo, de las autoridades políticas del departamento, a quienes – señala – les falta compromiso para servir y responder con eficiencia a las necesidades de la población. El prelado hace también un llamado al orden y a la solidaridad en estos momentos de emergencia.

 

Prevost Martínez, quien tiene poco más de dos años al frente de la Diócesis de Chiclayo, refiere que la Semana Santa es el momento de mayor importancia de la vida cristiana y que si se quiere ser discípulo de Jesús se requiere más que una simple proclamación. Por el contrario, esto exige la práctica de una vida de fe que responda a las enseñanzas del hijo de Dios, partiendo de lo más elemental: el amor al prójimo.

 

“No se puede decir que se es discípulo de Jesús sin cambiar la forma de vivir, sin hacer ningún sacrificio, sin mirar a mi prójimo o a las personas que están sufriendo. Es muy fácil decir que se es cristiano y luego seguir en la rutina. Semana Santa es un momento propicio para tomar otro paso. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús, es querer seguirlo y asumir un compromiso, y creo que esa dimensión nos falta a veces”, menciona.

 

Añade que una característica de la sociedad es que las personas tienen fe, debido a que esta está presente incluso por patrones culturales en las familias lambayecanas y del norte del Perú, pero eso no basta.

 

“Tenemos que reconocer que es necesario crecer en nuestra fe, tenemos que estar dispuestos a tomar otro paso y seguir a Jesús, caminar con él y comprometernos a luchar por la verdad, a estar dispuestos a rechazar la mentira, la corrupción, toda forma de falsedad y a dar un poco más de nosotros para ayudar a quienes más lo necesitan”, explica.

 

LOS COMPROMISOS

 

El obispo refiere que a veces a los fieles católicos les falta empuje y entusiasmo, así como deseo de hacer algo más y dar testimonio de la fe. Una dimensión que es muy importante y en la que – asegura – no es sencillo trabajar.

 

“Decir creo en Dios pero sin obras, es tener una fe muerta, como nos dice Santiago. Por eso creo que es importante que todos busquemos subir un punto más, ir a otro nivel de compromiso en nuestra fe. Y eso se aplica en todo. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y decimos: ‘Que pena, las calles están mal, los desagües están mal, el agua está mal’, y esperamos que otro haga algo, que las autoridades lo solucionen y no nos damos cuenta que es necesario promover una corresponsabilidad; que trabajemos todos cada quien desde su lado y con sus capacidades. Debemos reconocer, por ejemplo, que la limpieza de la ciudad no solo es responsabilidad de las autoridades. La basura no aparece en la Avenida Chiclayo por fantasmas. ¿Cuándo vamos a educarnos y a aprender a cuidar nuestra ciudad? No hace falta ir a la Avenida Chiclayo, también en el centro pasa eso, entonces todos tenemos que asumir una responsabilidad por la belleza y el orden”, asevera.

 

Indica que todos los procesos de elección de autoridades son momentos oportunos para reflexionar sobre la importancia y el valor de la democracia en la sociedad, y que esta debe servir de base para pensar en una mejor convivencia que apunte al bienestar común.

 

“Justamente la semana pasada se recordó los 25 años de la decisión del expresidente Fujimori de disolver el congreso, de tomar toda la autoridad política. Fue un momento de discusión, y lo que creo es que hoy todos hemos visto lo importante que es afirmar el valor de la democracia, queremos seguir viviendo en democracia y eso significa también asumir compromisos y responsabilidad al momento de votar, de designar candidatos o de participar en procesos que ofrecen oportunidades para que la voz del pueblo sea escuchada. Creo que nos falta mucho en ese sentido”, señala.

 

Añade que la formación desde las escuelas es fundamental para entender estos cambios que requiere la sociedad.

 

“¿Para qué estamos formando a los niños y a los jóvenes? Ellos tienen que asumir el liderazgo en el futuro. Por supuesto también es importante la formación de los políticos, porque hay personas que a veces tienen interés de entrar en la política por ganancia personal y no por el servicio, por ello es que se dice que a muchas autoridades les falta compromiso para servir. A veces es demasiado fácil para un político prometer una serie de cosas y luego se olvida de sus compromisos con la sociedad”, enfatiza.

 

EL EJEMPLO DE JESÚS

 

La autoridad eclesiástica recuerda que la vida de Jesús es un ejemplo de compromiso con el servicio hasta el último momento, paradigma que los gobernantes deben emular para dirigir a sus pueblos.

 

“La soberbia y la falta de desprendimiento entre los gobernantes es un problema de Chiclayo y más allá, en general se puede ver en otros países cambios de los sistemas políticos, quizá por factores culturales o generacionales, muy fuertes. La vida política está pasando por momentos muy críticos. Jesús, como lo encontramos en el evangelio de San Mateo, propone con las bienaventurazas otra forma, otro programa de vida, otra manera de actuar. Promueve, por ejemplo, la lucha por la justicia, por la paz, por el bienestar de todos, a no pensar en uno mismo sino en el servicio a los demás, tener esa generosidad como una forma de pensar y de actuar. Nos falta mucho eso a nivel social. La religión tiene que traducirse en un estilo de vida, que lo que pienso y hago, que mis valores, sean guiados por ese mensaje evangélico que no es de piedad, sino de un cambio radical: vivir como Jesús vivió, estar dispuesto a dar mi vida para servir a los demás y no simplemente enriquecerme a mí mismo”, explica.

 

Resalta que la Iglesia Católica procura promover este cambio a través de sus enseñanzas, sea en las parroquias o a través de sus centros educativos y universidades.

 

Destaca por ello que muchas instituciones de formación confesionales a la fe católica incluyen en sus currículos de estudio aspectos del servicio social, que no solo se imparten en las aulas, sino que materializan en la comunidad.

 

EL ORDEN

 

“El desorden es un problema muy grande que afecta la vida de la iglesia, la vida política, social, la vida de las familias y ahí hay muchos retos. Tenemos que ir ordenándonos mejor para generar bienestar”, refiere el líder católico, poniendo énfasis en la preocupación de la iglesia por las familias.

 

“La familia está sufriendo mucho por lo que el Papa ha llamado como la colonización de ideologías, y con ello preocupa también la dignidad de la vida humana. A veces vemos a personas que no se respetan a sí mismas y si no lo hacen no pueden respetar a las demás. Preocupa mucho la violencia doméstica, la violencia contra la mujer y los niños, todas estas son manifestaciones frente a las cuales debemos encarnar de verdad nuestra fe a través de la obras”, menciona.

 

IGUALDAD Y RESPETO

 

Prevost Martínez aborda con claridad su postura como pastor católico frente en controversial discusión por la denominada “ideología de género”.

 

En su opinión, lo que muchos activistas y organizaciones buscan es sustituir la expresión de igualdad de las personas con que todos los géneros son iguales, lo que genera confusiones.

 

“Hombre y mujer son iguales, estamos de acuerdo, ahí no hay ningún problema. Varones y mujeres deben gozar de los mismos derechos y ser respetados. Sin embargo, algunas organizaciones internacionales promueven la existencia de 112 géneros y si uno lee las definiciones de estos encuentra grandes confusiones sobre el ser humano, y se va perdiendo comprensión y respeto por lo natural. Yo creo en la tolerancia por cada persona y su opción de vida, la iglesia enseña claramente que a las personas homosexuales o de otra orientación hay que respetarlas y protegerlas para evitar crímenes por discriminación o violencia. Sobre eso no tengo ningún debate”, explica.

 

Sin embargo, sostiene que en el aspecto legal muchas veces las leyes dadas para el reconocimiento de derechos a la población LGTB han sido utilizadas para restringir las libertades religiosas e incluso propiciar la discriminación a la inversa; es decir, de homosexuales, por ejemplo, hacia católicos.

 

“Como católico yo acepto el matrimonio entre hombre y mujer, no entre personas del mismo sexo, y sin embargo llega alguien y dice que eso es discriminación. Entonces ya se genera un conflicto porque no hay una comprensión al mismo nivel en el aspecto religioso”, remarca el obispo.

 

Robert Prevost refiere que gran parte de las controversias se originan a nivel legal, por lo que es preferible mantener el diálogo sin vulnerar el fondo, que es el respeto a la persona por su condición humana.

 

“Con el Concilio Vaticano II la Iglesia quiso entrar en diálogo con la sociedad moderna al reconocer que la forma que utilizaba para hablar de la verdad de Dios no estaba totalmente adecuada a lo que la sociedad vivía en su tiempo, por lo que tenía que buscar nuevos lenguajes y formas litúrgicas para caminar con el pueblo de hoy. Pero eso es muy distinto a decir que la iglesia tiene que cambiar sus doctrinas para estar de acuerdo con lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo, la iglesia no puede estar de acuerdo con quitar la vida humana (aborto y eutanasia), porque siempre estará a favor de esta”, remarca.

OBISPO REFLEXIONA EN SEMANA SANTA: “A LAS AUTORIDADES LES FALTA COMPROMISO PARA SERVIR”

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Pese a la colosal infraestructura que exhibe, el Colegio Nacional de San José atraviesa una problemática permanente por la falta de recursos para el mantenimiento de los ambientes, pero además por el incumplimiento del Ministerio de Educación, que hasta ahora no entrega la totalidad de los equipos considerados en el proyecto de modernización de la sesquicentenaria institución.

 

Cuando el Colegio de San José fue declarado como emblemático por el segundo gobierno de Alan García Pérez, se fijó que además de la construcción de una nueva infraestructura, valorizada en más de 53 millones de soles, se le dotaría de nuevo mobiliario y equipamiento para ciencia, tecnología e informática.

 

Sin embargo, pese a que la población escolar del “Coloso del Norte”, ocupa el nuevo complejo educativo desde el 2011, hasta el momento el Ministerio de Educación no ha culminado el proceso de implementación, faltando lo referido el equipamiento informático.

 

El director de la institución, Walter Saavedra Bonilla, refiere que el total son 240 computadoras que el colegio debió recibir para el funcionamiento de sus salas de informática, de las cuales solo le fueron transferidas 30.

“He ido hasta Lima y me he entrevistado con los responsables del Ministerio de Educación y ellos me dicen que las computadoras destinadas para el Colegio de San José se quemaron en el incendio que hubo de sus almacenes en marzo del 2012”, explica el director.

 

El incumplimiento del Ministerio de Educación, trascurridos cinco años desde que el material debió ser enviado al San José, ha ocasionado serias limitaciones para el dictado del curso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

 

El sesquicentenario plantel tiene una población de casi cinco mil estudiantes, tres mil de ellos en el nivel secundario, quienes el año pasado tuvieron que adecuarse a recibir las clases con las 30 computadoras que adquirieron los padres de familia a través de la APAFA, que sumadas a las 30 enviadas por el ministerio, sumaron un lote de 60 equipos a disposición.

 

“Los padres cuyos hijos ingresaban al primer año de secundaria se comprometieron con las necesidades que tiene el colegio y dieron un aporte voluntario, dinero con el que se adquirió ese grupo de 30 computadoras”, refiere Saavedra Bonilla.

 

Este año se ha repetido el mecanismo de recaudación de fondos y ya se inició el proceso para la adquisición de 30 computadoras más, en tanto el colegio sigue a la espera que el ministerio cumpla con el compromiso asumido en el 2011.

“Si logramos concretar esta última compra tendremos 90 computadoras para atender a los tres mil 600 alumnos que tenemos en secundaria”, destaca el director.

 

SIN MANTENIMIENTO

 

Con ocasión de los Juegos Bolivarianos 2013, en el Colegio de San José  se construyeron diferentes escenarios deportivos que hoy también se ven afectados por la falta de mantenimiento.

 

En el caso de las canchas de hockey y rugby, son las federaciones nacionales, dependientes del Instituto Peruano del Deporte – IPD, las que se encargan de su cuidado y administración.

 

Sin embargo, el velódromo construido en el 2013 para las competencias de ciclismo no recibe ningún tipo de mantenimiento, responsabilidad que tampoco puede ser asumida por el colegio debido a las carencias presupuestales que tiene.

 

“Con las últimas lluvias el suelo del velódromo, que no fue bien compactado, se ha hundido y hay algunos pilares de la estructura, que en su totalidad es de madera, que ya están en el aire. Nosotros vamos a recurrir a las autoridades para que atiendan esta situación, porque la infraestructura se puede dañar totalmente”, refiere.

 

La autoridad del plantel menciona que cuando la ministra de Educación, Marilú Martens, visitó el Colegio de San José, para inspeccionarlo por la emergencia de El Niño Costero, fue informada de la problemática que se tiene con la infraestructura de los Bolivarianos, y aun cuando se han enviado documentos al despacho sectorial tampoco se han tomado cartas en el asunto.

 

FUNCIONAMIENTO A MEDIAS

 

Las precariedades del colegio son más. La piscina que tiene la institución no puede funcionar con el sistema de temperación del agua debido a que no se cuenta con recursos para pagar el suministro de gas todos los meses.

 

“Mantener operativo los calderos para temperar el agua sale bastante costoso durante mes y es por esta razón que no podemos ofrecer el servicio completo a los estudiantes”, indica el director.

 

Respecto al auditorio, con capacidad para 800 personas, recién este año se logró reparar el sistema de aire acondicionado, cuyo pago fue cubierto con los ingresos que percibe el colegio por el alquiler de sus ambientes y propiedades inmuebles.

 

Sin embargo, debido a las recientes lluvias parte del cielo raso del auditorio cayó sobre el estrado, y el agua dañó el piso de parqué que debe ser renovado.

 

PRESUPUESTO MÍNIMO

 

El Colegio Nacional de San José recibió el año pasado la asignación de 30 mil soles que sirvieron para el pintado de parte de los ambientes. Este año, a través del Plan de Mantenimiento de Instituciones Educativas también se le otorgará al plantel el mismo monto, que evidentemente resulta insuficiente.

 

Resultado del alquiler de las 11 tiendas propiedad del colegio ubicadas en la calle Vicente de la Vega, que son regentadas por el Consejo de Administración, se reciben aproximadamente 12 mil soles, dinero con el que se cubre la compra de materiales de limpieza, el mantenimiento de aulas y algunos pagos al personal no contratado por el Estado.

 

“El gran problema de los colegios emblemáticos es que desde que fueron inaugurados nunca se les asignó partidas especiales para su mantenimiento, considerando que se trata de infraestructuras muy amplias y modernas. Debemos tener en cuenta que otro problema es la falta de seguridad, pues al ser un local muy amplio y con muchos espacios abiertos es poco el personal de guardianía con el que contamos”, sostiene Walter Saavedra, precisando que se ha enviado documentación al Gobierno Regional de Lambayeque, a la gerencia sectorial y al propio Ministerio de Educación para que se atiendan las necesidades sin que se haya recibido respuesta.

 

+NOTICIAS

 

  • El Colegio Nacional de San José enfrenta varios procesos judiciales, entre ellos por la propiedad de dos inmuebles que le pertenecen en la calle Vicente de la Vega. 
  • Para el presente año académico la institución cuenta con cuatro mil 600 alumnos, mil de ellos en el nivel primaria. 
  • El colegio tiene 220 profesores y 33 trabajadores administrativos. 

COMPUTADORAS SE PERDIERON EN INCENDIO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEBE EQUIPOS AL COLEGIO DE SAN JOSÉ DESDE EL 2011

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