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Muy aparte, con recursos propios se ejecutan obras de embellecimiento y mejoramiento de principales avenidas y calles. Responsabiliza a ex alcalde Jacinto Muro de denuncias en su contra que sólo buscan frenar el desarrollo de la provincia

 

“Ya es hora que Ferreñafe se convierta en una provincia moderna, limpia y segura. Estamos trabajando de sol a sol, con la finalidad de realizar una verdadera reconstrucción de la tierra de la doble Fe, y eso no solamente son palabras, porque mucho antes que el Gobierno Central nos ofrezca su apoyo mediante el Programa de Reconstrucción Nacional, con nuestros propios recursos ya venimos ejecutando obras de mejoramientos de calles y Unidades Vecinales”, sostuvo el alcalde Jorge Américo Temoche Orellano.

 

La autoridad municipal recordó que si bien es cierto él no postuló a la alcaldía de la Municipalidad de Ferreñafe, sino que fue parte de la plancha edil del ex alcalde Jacinto Muro Távara, quien por sentencia judicial fue vacado de la alcaldía, se vio en la imperiosa necesidad de asumir la gestión edil, pero lo raro y extraño es que a los pocos días comenzó a recibir amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas, mensajes bajo puerta y hasta le dejaron una bala en el frontis de su vivienda.

 

A pesar de que en un primero momento pensó en apartarse del cargo, decidió seguir adelante y llevar a cabo una revolución de cambio y desarrollo en la provincia, pero para ello tenía que hacer una “limpieza” y poner orden en la casa edil, con el objetivo de rodearse de buenos profesionales y técnicos que lo apoyen y ayuden a hacer obra y formalizar algunas cosas que se estaban dando fuera del contexto legal y regular.

 

LA RECONSTRUCCIÓN

Américo Temoche recuerda que las lluvias que cayeron sobre la región y el norte del país entre los meses de febrero y marzo por acción del fenómeno climatológico “Niño Costero”, terminó dañando mucho más la ciudad; es decir, por acción de la gestión edil de Jacinto Muro, muchas calles se encontraban abandonadas en sus obras o destruidas, y las precipitaciones pluviales acabaron con destruirlas por completo.

 

Sin embargo, con ayuda del cuerpo de regidores, así como de funcionarios, iniciaron la tarea de reconstruir las calles que más afectadas se encontraban. El objetivo era darles viabilidad y calidad de vida a los vecinos.

 

Sin embargo, como el Gobierno Central presidido por Pedro Pablo Kuczynski anunció el Programa de Reconstrucción Nacional, junto a un equipo de profesionales y técnicos de la misma casa edil, se pusieron a trabajar en los estudios de pre factibilidad y factibilidad de 24 obras de importancia para el desarrollo de la ciudad. Es el caso que a la fecha y mediante el Programa de Reconstrucción, a la municipalidad de Ferreñafe se le ha aprobado la ejecución de 24 obras por un valor de 22 millones de soles.

 

“Cuando nos informaron que Ferreñafe había sido considerada para la ejecución de 24 proyectos como parte del Programa de Reconstrucción Nacional, nos dimos cuenta que el esfuerzo que habíamos hecho había valido la pena. Hemos trabajado muy duro, con profesionales y técnicos de la misma comuna”, puntualizó.

 

Destaca que las obras se ejecutarán en la calle Santa Clara, Arequipa, Sucre, Juana Castro, Santa Rosa, Tres Marías, San Martín, Tacna, entre otras. Es más, algunas de ellas ya se desarrollan y con recursos propios de la comuna.

 

“El objetivo en mejorar la calidad de vida de los habitante con pistas, veredas, cambio de tuberías de agua y desagüe. En la calle Tacna estamos invirtiendo casi un millón y medio de soples. Similares obras estamos haciendo en algunas calles de la Unidad Vecinal Víctor Raúl Haya de la Torre y Corazón de Jesús”, indicó.

 

PLENA CONFIANZA

La autoridad municipal destaca sentirse contento y feliz, debido a que la autoridad máxima del Gobierno Central ha dispuesto que Ferreñafe sea declarada como Unidad Ejecutora para la ejecución de las obras presupuestadas; es decir, el dinero será administrado por la misma municipalidad de Ferreñafe y eso se ha hecho por la gestión honesta y transparente que viene desarrollando.

 

“Cuando me dieron la noticia que Ferreñafe había sido considerada Unidad Ejecutora, me emocioné porque eso significa que estoy haciendo las cosas bien, pero eso también me obliga a trabajar aún más para devolverle a los ferreñafanos la calidad de vida que necesitan”, indica.

 

Asimismo, esa alegría y felicidad le preocupa por que ha sido informado que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque tendría en su poder las declaraciones de una persona que habría revelado que entre los meses de marzo a junio, gente extraña le habría venido realizando reglaje con la presunta intención de atentar contra su vida.

 

“Es algo difícil de creer, pero lo digo con el objetivo de poner en conocimiento de la opinión pública lo que podría ocurrir. La acción de posible atentado que se podría estar gestando en mi contra, se debería a supuestos celos políticos ante las acciones de orden y desarrollo que desde hace año 5 meses vengo poniendo en Ferreñafe”, sostuvo la autoridad municipal.

 

OBRAS DE VIVIENDA

Américo Temoche, añade que su administración viene gestionando ante el Gobierno Central otros 12 millones de soles, los cuales serán invertidos para viviendas.

 

“En el primer borrador se ha considerado 12 millones de soles para viviendas, y esperamos que sean aprobados. Oficialmente estamos esperando nos convoquen y llamen y se nos asigne lo que estamos requiriendo”, agregó.

 

Destaca que entre los trabajos a desarrollar se ha considerado la ejecución de obras en muchas calles de la provincia, lugares donde las obras quedaron inconclusas en la gestión anterior.

 

“Las obras inconclusas no son por nuestra culpa, sino de la gestión anterior. Una de esas obras inconclusas es la obra de agua y alcantarillado por un valor de 45 millones de soles que fue desarrollada por la empresa constructora GRZ”, indicó.

 

Añade que, esta gestión ha resuelto el contrato y ha penalizado la acción y ha ejecutado la carta fianza a la empresa GRZ, cosa que ningún gobierno local y regional ha hecho con alguna empresa constructora que deja inconclusas las obras de desarrollo y calidad de vida de un pueblo.

 

Destaca que muy aparte la Municipalidad de Ferreñafe ha comenzado a ejecutar trabajos en los lugares donde las obras quedaron pendientes.

 

“Nuestra preocupación es por la calidad de vida de los vecinos, los que por culpa de algunos irresponsables vienen desarrollando su vida en medio de la tierra. Cuántos años han pasado y todo no ha pasado de ser un ofrecimiento, ahora estamos trabajando para mejorar el ornato de nuestra ciudad, así como la calidad y estilo de vida de los ferreñafanos”, sostuvo.

 

CASA DESORDENADA

Recuerda que cuando asumió la alcaldía de Ferreñafe – 15 abril del  2017-  tras la vacancia de Jacinto Muro Távara, encontró mucho desorden no solamente en la casa edil, sino también en las calles de la provincia.

 

“Mi primer propósito fue ordenar la casa e imponer el principio de autoridad, el cual se había perdido tanto en la casa edil como en la propia vía pública. Cada quién hacía lo que quería. Los comerciantes ambulantes o informales estaban por todos lados”, señaló.

 

Aclara que su gestión – en la actualidad- viene preparando un reordenamiento en el transporte público y en el comercio ambulatorio; pero para ello, en la comuna se viene trabajando de manera permanente y de manera responsable, arreglando y mejorando el mercado central, el camal municipal y las principales arterias de la ciudad.

 

“Con el Programa de Reconstrucción Nacional, vamos a aprovechar para avanzar con los expedientes técnicos de otras obras y sustentarlas ante el gobierno central. Se trabaja el expediente del camal municipal, así como la construcción de la casa de la Juventud, que se ubicará en el coliseo viejo. Hay muchas cosas buenas para Ferreñafe”, recalcó.

 

Además que, ha llegado el momento en que Ferreñafe se convierta en una provincia moderna, segura y limpia, sin olvidar –su autoridad- que Ferreñafe tiene distritos donde también se tiene proyectado ejecutar obras como en Pueblo Nuevo, Pítipo, Kañaris e Inkawasi.

 

EXCESO DE TRABAJADORES

Señala también que al sentarse en la silla edil, encontró una municipalidad superpoblada de trabajadores los que en su mayoría habían ingresado por gracia política y presunto favorecimiento del ex alcalde Jacinto Muro Távara.

 

“De inmediato solicité un informe del personal laboral, y junto a los funcionarios del área de Recursos Humanos nos dimos cuenta que había el doble de trabajadores, lo cual nos afectaba económicamente para el pago de planillas. Además, ese 50 por ciento no reunía el perfil técnico para cumplir funciones laborales. Es más, el aforo de las oficinas había colapsado, generando malestar y atraso en la resolución de acciones administrativas”, indicó.

 

Destaca que ante la pérdida del principio de autoridad, muchos de los trabajadores, a eso de las 2:00 de la tarde salían de las oficinas para ubicarse en los pasadizos para esperar la llega de la hora de salida, la que es a las 2:45 de la tarde.

 

“A partir de ese momento comenzamos a poner orden y con el visto de la gerencia de Asesoría Jurídica ya no se renovaron contratos. El objetivo era evitar que se continúe con la superpoblación laboral y dejar en la comuna el personal necesario”, resaltó.

 

Asimismo, comenta que la medida adoptada a llevado a que algunas personas inicien demandas bajo la figura jurídica de despido arbitrario y abuso de autoridad contra la autoridad municipal y la comuna, e incluso otros demanden reposición, pero en ello el Procurador Municipal ya trabaja para evitar que una vez más la comuna se llene de personas sin el perfil requerido.

 

“Hasta el mes de abril del año 2016, habían más de 250 trabajadores, cuando la comuna solamente debe funcionar con la mitad. Volver a tener el personal ideal y adecuado nos ha permitido recuperarnos un poco y salir adelante”, sostuvo.

 

Aclara que, al asumir la gestión había problemas de pago de planillas, las que con estrategia y sentido de responsabilidad han sido superadas,  a tal punto que los pagos de los trabajadores están asegurados hasta fin de año.

 

“Tenemos asegurados los sueldos de empleados, obreros, contratados, e incluso hasta la pensión de los jubilados. Aparte de ello, mantenemos estrecha  coordinación y trabajo con los sindicatos”, refiere.

 

DEMANDAS

La autoridad municipal sigue relatando y sostiene que no solamente heredó una fuerte carga laboral, sino también una pesada carga de proveedores, a los que se les debía mucho dinero, como es el caso de una empresa constructora que abandonó una obra, la que pretendía cobrar saldos sin haber culminado los trabajos.

 

“Nos encontramos con una empresa que había abandonado una obra y pretendía cobrar como si la hubiera culminado. Hemos tenido que pagar cuentas adquiridas por la gestión pasado, pero hemos sido muy cuidados en ello, a tal punto que en algunos casos hemos tenido que verificar si efectivamente se cumplió o no con el servicio por el cual se estaba cobrando”, resaltó.

 

Américo Temoche añade que a raíz de las medidas adoptadas, en los últimos nueve meses ha sido blanco de varias denuncias que van desde abuso de autoridad hasta crimen organizado.

 

“Las denuncias en mi contra no son más que direccionamientos políticos, movidas por parte del ex alcalde Jacinto Muro Távara. Si bien es cierto, yo fui parte de la plancha edil que postuló en las elecciones pasadas, ahora, a raíz de que él ha sido vacado y yo he asumido la alcaldía por haber sido el primer regidor, vengo siendo víctima de una serie de denuncias y ataques a través de algunos medios de comunicación y por parte de algunas personas que fungen de periodistas”, acotó.

 

Señala que una denuncia en su contra ha sido generada por una persona de apellido Zafra, sobre presunta sobrevaloración de una cisterna. La denuncia está siguiendo su curso, añadiendo que ha demostrado que la adquisición ha sido transparente.

 

Por otro lado –sigue narrando- la persona de Carlos Céspedes le ha planteado otra denuncia por presuntamente haber pagado sin aprobación municipal, la suma de 107 mil soles a un empresario que había prestado servicio a la comuna.

 

“El señor Carlos Céspedes es muy amigo del ex alcalde Jacinto Muro, y a esa persona se le despidió de la municipalidad porque se descubrió que venía desarrollando funciones ediles con un título profesional falso”, indicó.

 

Otra denuncia es  presuntamente por haber mentido en su hoja de vida, y le ha sido planteada por Rufino Bonilla, persona muy allegada a Jacinto Muro.

 

“También me han denunciado por crimen organizado, y esa denuncia ha sido planteada por una persona que durante la gestión de Jacinto Muro cobró más de 100 mil soles por concepto de alquiler de equipo de sonido, pero como ya no se requiere de sus servicios no ha visto mejor forma que denunciar acciones penales que no existen”, relató.

 

RECAUDACIÓN

Sigue narrando que, al asumir la gestión se encontró con una morosidad tributaria del  80 por ciento, pero eso era producto que la población ferreñafana no tenía cultura tributaria porque aparentemente nunca se la habían ofrecido.

 

“En la actualidad la morosidad se encuentra en un 50 por ciento. Los ingresos por pagos de tributos municipales ha mejorado, pero no es suficiente, y para ello se está oxigenando algunas áreas como fiscalización, recaudación y control de la deuda, las que contarán con personal calificado”, mencionó.

 

Agrega que, se vienen preparando campañas de concientización tributaria, con el objetivo que los ferreñafanos cumplan con pagar sus tributos, los cuales se revierten en obras, así como mejor limpieza pública, mejores parques y jardines, seguridad en las calles con Serenazgo.

 

“Como premio, al contribuyente puntual le vamos a pintar la fachada de su casa. De paso mejoramos el ornato de la ciudad, educamos y mejoramos la recaudación tributaria”, puntualizó.

ALCALDE TEMOCHE: FERREÑAFE TENDRÁ 22 MILLONES DE SOLES PARA RECONSTRUCCIÓN

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*  Se advierten transgresiones a los principios de presunción de inocencia, plazo razonable y garantía de un proceso idóneo, eficaz y justo.

 

El 30 de septiembre del 2014, la policía y la fiscalía aparentemente desbarataron la más grande organización criminal denominada "Los limpios de la corrupción", que comprometía a autoridades ediles, miembros del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones, policías, fiscales, jueces, abogados, periodistas, empresarios, funcionarios y sus familiares, todos coludidos para desfalcar los fondos públicos y enquistarse en el poder.

 

En el mega operativo, donde participaron 23 fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque bajo la dirección de Sergio Zapata Orozco, fueron capturadas 11 de las 24 personas, a quienes se les dictó prisión preventiva, incautándoseles bienes, muebles y vehículos valorizados en cinco millones de soles.

 

De acuerdo al supuesto servicio de inteligencia, la red criminal era dirigida por el entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, con la complicidad del abogado Martín Villanueva Velezmoro, sindicado por la policía como “el cerebro" de la organización.

 

La prisión preventiva por los delitos de asociación y lavado de activos se dictaminó a solo cinco días de las elecciones municipales y a pocas horas del mitín de cierre de campaña de Roberto Torres, quien tentaba su segunda reelección como líder del Movimiento de las Manos Limpias. Muchos especularon, que a pesar de los cuestionamiento a su gestión, las encuestas avizoraban un nuevo triunfo, cobrando fuerza la idea que el operativo fue dirigido para truncar sus aspiraciones políticas.

 

A tres años de iniciada la mega investigación de "Los limpios de la corrupción", mucha tinta y papel se ha gastado en los predios judiciales en la emisión de miles de providencias, disposiciones, notificaciones, oficios, testimoniales, actas, resoluciones, etc., advirtiéndose una grave demora procesal cargada a las 15 personas privadas de su libertad que cumplen prisión preventiva en el penal de Chiclayo.

 

A lo largo de este período se han incorporado un promedio de 150 imputados (solo 15 de ellos en  prisión) con nuevos delitos por corrupción de funcionarios – colusión agravada, concusión, peculado, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Chiclayo, Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPSEL y Servicio de Administración Tributaria - SATCH.

Frente a la necesidad de evitar que los 15 privados de su libertad salgan de prisión se han desacumulado 16 procesos en los que están involucradas 28 personas entre ex funcionarios y empresarios.

 

A decir de los abogados de la defensa, el peso de la investigación ha recaido sobre los investigados privados de su libertad: el ex alcalde Roberto Torres Gonzales, su conviviente Katiuska del Castillo Muro y su madre Norma Muro del Castillo; los exfuncionarios de la comuna César Regalado Rodríguez, Ciro Chávez Martos, Misael Delgado Mendoza, Javier Valencia Gutierrez, Jorge Incháustegui Samamé y Carlos Santa Cruz Alarcón; los exfuncionarios de EPSEL, Martín Villanueva Velezmoro, Juan Valdivia Goycochea y José Baca Távara; el excandidado José Mires Rimarachín y el policía Joel Ugaz.

 

Contra ellos, en diferentes estadios, se dictaminó prisión preventiva (18 meses), ampliación (15 meses) y adecuación a la prisión preventiva (seis meses), este último plazo cuestinado por cuanto la ley no establece un período adicional, habiéndose forzado una reciente norma aun cuando estas no son retroactivas.

 

LOS COLABORADORES

Durante el proceso se ha cuestionado el trato "preferencial" para los colaboradores eficaces, quienes pese a los graves delitos aceptados distraerían la labor fiscal con información falsa, ocultando bienes y luego ante las evidencias rectificándose sin mayores consecuencias para seguir gozando de libertad, incluso pese a que su responsabilidad por el cargo que ejercían era -en algunos casos- mayor de los exfuncionarios encarcelados.

 

Uno de los colaboradores sorprendió a los fiscales indicando que Katiuskha del Castillo poseeía una vivienda en la calle César Vallejo Nº 180 en la urbanización Humberto Cabrejos Falla, inmueble que con su sola versión fue incautado y luego devuelto a la legítima dueña que reclamó el predio como suyo. 

 

En otro momento este mismo colaborador eficaz signado con el código 22-2015, ante la devolución de un vehículo de su propiedad colocado a nombre de una amiga, quien se presentó a la fiscalía para aportar en la investigación, sorprendió al Ministerio Público constituyéndose voluntariamente horas más tarde para brindar mayor información y, entre otras cosas, hacer suya la entrega de la lujosa unidad que ocultó convenientemente en sus primeras declaraciones.

 

La juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grandez Rojas, ha advertido en varias oportunidades que las penas solicitadas por el Ministerio Público para los colaboradores eficaces son benevolentes y no están acorde con los delitos cometidos, ni con las responsabilidades en la gestión edil. Igual proceder ha tenido con algunas terminaciones anticipadas, como es el caso del ex sub gerente de Logística de la MPCH, Segundo Deodato Alcántará, para quien solo se solicitaba tres años de prisión suspendida en su ejecución. La jueza rachazó el pedido del acusado pese al aval del Ministerio Público.

 

PLAZO RAZONABLE

En junio de este año, en la etapa de adecuación de plazos, la jueza Cecilia Grandez emitió fallos contradictorios, al declarar fundada las adecuaciones a pesar que muchos pedidos no tenían razón de ser porque los plazos habían vencido.

 

Después de haber dado inicialmente la razón a la defensa en plena audiencia se desdijo declarando procedente la adecuación de plazos. Con ello, a los 18 meses de prisión preventiva iniciales, más 15 de la ampliación, se adicionó seis más por adecuación de plazos.

 

En aquella ocasión Grandez Rojas cuestionó el retraso y la “falta de profesionalismo” del Ministerio Público para presentar requerimientos acusatorios y de adecuación contra “Los limpios”, no obstante, el Ministerio Público justificó las falencias puntualizando que es un caso de “especial complejidad”.

 

Como en las audiencias de ampliación de la prisión preventiva, los abogados de la defensa cuestionaron el copia y pega, con actuaciones pendientes de realizar cargando al imputado privado de su libertad la inoperancia de la Fiscalía.

 

"Pareciera que la única consigna a lo largo de estos tres años ha sido evitar que los miembros de la presunta organización criminal ‘Los limpios de la corrupción’ salgan del penal de Chiclayo", indicaron.

 

El fiscal alegó “peligrosismo procesal” diciendo que Torres Gonzales y sus exfuncionarios podrían sustraerse de la justicia, sin embargo los abogados cuestionaron al fiscal por constantemente atropellar el  debido proceso.

 

EL CUESTIONAMIENTO DEL CNM

El fiscal coodinador del caso emblemático "Los limpios de la corrupción", Sergio Zapata Orozco, ha sido cuestionado en otros fueros.  En la entrevista de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, se criticó su accionar en este y otros casos judiciales.

 

Si bien fue ratificado, la decisión del pleno fue dada a conocer tres meses después, en medio de gran expectativa y especulaciones.

 

El fiscal fue duramente cuestionado por el consejero Baltazar Morales Parraguez por el “mal uso de los mecanismos legales” durante el desarrollo de la carpeta “Los limpios”. El consejero sugirió que ese mal uso podría “violentar el plazo razonable” de una investigación.

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De otro lado, la mención del caso Percy Quesquén y el cobro de coimas a una empresa de transportes pusieron en verdaderos aprietos al representante del Ministerio Público.

 

Los 51 minutos que duró la entrevista de Zapata Orozco fueron bastante accidentados iniciándose con una llamado de atención por llegar tarde a la audiencia.

 

El consejero Iván Noguera Ramos cuestionó a Sergio Zapata por presuntamente no haber actuado de manera diligente frente a una denuncia contra el ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SACTH, Percy Quesquén Díaz.

 

Ante los cuestionamientos del CNM, Zapata Orozco respondió que su despacho no halló indicios de que el beneficiario del acto extorsivo haya sido directamente Quesquén Díaz, por lo que decidió el archivamiento de la denuncia.

 

NINGUN JUEZ NI FISCAL INVESTIGADO

A 60 meses del megaoperativo, tampoco se conoce investigación contra los fiscales que, según un informe policial, también estarían involucrados en la mafia que habría liderado el exalcalde Roberto Torres Gonzales.

 

La investigación contra “Los limpios” fue motivada por el informe de inteligencia de la Policía Nº 120-2014, en el que se determinó que esta organización criminal tenía “una mafia que estaría enquistada en el Ministerio Público para proteger a Roberto Torres de todas las denuncias que se formularon en su contra”.

 

Tampoco han sido inmersos jueces, miembros del Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Solo el suboficial de la policía Joel Ugaz ha sido incrimado. La gran interrogante es si siendo una red criminal con una mafia enquistada en las instituciones tutelares cómo es que solo actuó un policía, de forma solitaria e independente. Este es un cabo suelto que no ha sido atado hasta la fecha.

 

PRIMERAS CONDENAS

Con las desacumulaciones de procesos individuales del expediente principal, en julio del presente año se logró dictar la primera condena en este emblemático caso. El Segundo Juzgado Unipersonal condenó a la exproveedora edil Ruth Natividad Zúñiga López a tres años cinco meses de pena privativa de la libertad efectiva.

 

Igualmente Torres Gonzales por este mismo caso fue condenado a cuatro años de pena efectiva, similar pena recibió la exsubgerente de Logística, Mercedes Janina Ramos Suyón.

 

En tanto, por otro caso desacumulado el exgerente de EPSEL, José Baca Távara, recibió una sanción de 11 años de prisión por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

 

Mientras continúan otros juicios desacumulados, la investigación consignada en la carpeta principal N° 2447-2014, donde se sustentan los delitos de lavado de activos y asociación, que abarca a 150 imputados, vence en junio del 2018. Pese a los reiterados anuncios aún no se cuenta con pericia contable para sustentar el principal delito de lavado de activos que motivó el encarcelamiento de los exfuncionarios.

 

A tres años de la investigación, la defensa de los 15 encarcelados cuestionan que la carga de todo el proceso recaiga sobre ellos, en tanto se da trato preferencial a otros ex funcionarios que se han acogido a la colaboración eficaz, y a otros que pese a la gravedad de sus actuaciones como funcionarios públicos solo tienen comparescencia restringida.

 

La justicia ha ejercido todo su rigor contra los encarcelados y ha mostrado su lado más frágil con los imputados libres, advirtiéndose excesos y transgresiones a la presunción de inocencia, plazo razonable y garantía de un proceso idóneo, eficaz y justo.

A TRES AÑOS DEL OPERATIVO: LOS ALTIBAJOS DEL CASO “LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”

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Los recientes terremotos de México y la permanente actividad sísmica en el sur del país, motivada por los choques entre las placas de Nasca y Sudamericana, han puesto nuevamente sobre la mesa la enorme vulnerabilidad que tiene Chiclayo y su zona conurbana. Un estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, da detalles de la situación de la capital departamental por las características del suelo sobre el que se asienta y alcanza una serie de recomendaciones que – para mala suerte de los habitantes – nunca fueron implementadas por el gobierno local.

 

El documento, denominado “Plan de Prevención ante Desastres: Usos de Suelo y Medidas de Mitigación de la Ciudad de Chiclayo”, fue posible gracias al financiamiento no reembolsable que se le otorgó a la “Capital de la Amistad”, que en los primeros años de la década pasada fue incorporada al Programa de Ciudades Sostenibles de las Naciones Unidas.

 

Finalizado el trabajo de los expertos, entre los que destaca el reconocido sismólogo peruano Julio Kuroiwa, se produjo su aprobación con la Ordenanza Municipal N° 011-2004.

 

Para entender el problema sísmico latente en Chiclayo es preciso revisar el Capítulo III del estudio referido a la Evaluación de Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos, donde se precisa que el territorio peruano “está situado sobre una franja sísmica muy activa” y casi todos los movimientos telúricos que se registran están relacionados a un fenómeno denominado subducción.

 

EL ESCENARIO

¿Qué es la subducción? La Placa de Nasca, que se ubica sobre las aguas del Pacífico sur se desplaza por debajo de la Placa Sudamericana, superficie en la que se encuentra ubicado el Perú, por esta razón cada vez que se produce un movimiento de la primera bajo la segunda se origina un sismo, cuya magnitud se estima en función de la intensidad y profundidad.

 

En el caso de la costa norte los expertos han determinado que la mayor actividad sísmica se localiza en el océano, “prácticamente al borde de la línea costera”, lo que ubica a Chiclayo, de acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, en una zona de Sismicidad Intermedia-Alta, que se caracteriza principalmente por dos factores, uno de ellos indica que los sismos son de magnitud 7 en la escala de Ritcher, con una profundidad de 70 kilómetros.

 

Tomando en consideración la Escala Modificada de Mercalli, Chiclayo se encuentra en una zona afectada por sismos de grado VIII, cuyas características son: daños leves en estructuras especialmente diseñadas (antisísmicas); daños considerables en edificios corrientes y sólidos con colapso parcial; daños grandes en estructuras de construcción pobre; paredes separadas de su estructura; caída de chimeneas, columnas, monumentos y paredes; muebles pesados volcados, eyección de arena y barro en pequeñas cantidades y cambios de nivel en pozos de agua.

 

SISMOS EN EL NORTE

En el 2003 un equipo técnico del INDECI, apoyándose en una investigación realizada en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, elaboró un listado de los sismos ocurridos en el norte del Perú desde el siglo XVII.

 

La información más remota que se tiene es la del terremoto del 23 de marzo de 1606, con epicentro en Zaña, seguido de terremoto de magnitud VIII del 14 de febrero de 1614, sucedido en Trujillo. El 2 de septiembre de 1759 se produjo el sismo de intensidad VI con epicentro en Lambayeque.

 

El 10 de febrero de 1814 se produjo el sismo de 7° en Piura, ciudad que tembló nuevamente el 20 de agosto de 1857. Desde entonces, el silencio sísmico se prolongó hasta el 1 de enero de 1906, cuando sucedió un terremoto en el noreste peruano. Ese mismo año otro terremoto afectó al norte del país el 28 de septiembre.

 

El 1907 la tierra tembló con el sismo de intensidad IV sucedido el 20 de junio en la zona norte del país. Diez años después, el 20 de mayo de 1917, Trujillo fue el epicentro de un terremoto de intensidad VII y el 6 de julio de 1938 se registró un nuevo sismo en el noreste peruano.

 

El 12 de diciembre de 1953 sucedió el sismo de intensidad VIII que afectó al noreste del Perú y el sur del Ecuador, cuatro años después (8 de agosto de 1957), se presentó el terremoto de intensidad VI en noreste peruano, afectado nuevamente el 30 de noviembre de 1960.

 

Los últimos sismos registrados en esta parte del país se presentaron el 30 de agosto de 1963, con una intensidad VIII, el 9 de diciembre de 1970, con intensidad VII y el 10 de julio de 1971, con epicentro en Sullana.

 

En consecuencia, es notorio el silencio sísmico que para el caso departamental es de 258 años, aun cuando en tiempos recientes se han presentado leves movimientos sobre todo frente a las costas de Pimentel.

 

EL NIVEL FREÁTICO

En Chiclayo las características del suelo son decisivas para entender la vulnerabilidad que la ciudad presenta, debido a que un sismo de regular magnitud podría originar la licuefacción del suelo, pasando este del estado sólido a líquido. El fenómeno se presenta cuando la superficie tiene ciertas características, como estar constituida por arena fina o arena fina limosa y tener altos niveles freáticos.

 

El estudio que elaboró el INDECI permite conocer, por ejemplo, que en Chiclayo cuadrado el nivel freático más alto se ubica en la intersección de las avenidas Lora y Lora y Pedro Ruiz; Luis Gonzales (entre Manuel Pardo y Arica), y el pueblo joven Diego Ferré, donde el agua subterránea acumulada puede tener hasta dos metros de profundidad, mientras que en las urbanizaciones Los Parques y Los Precursores la napa freática es de aproximadamente un metro y medio.

 

A esto se suma la acumulación de aguas bajo la superficie por filtraciones y/o roturas de la red de saneamiento en la ciudad. De acuerdo a lo informado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, en Chiclayo por cada kilómetro de tubería de agua potable hay por lo menos una rotura, en tanto hasta el 2015 se estableció que por cada kilómetro de tubería de desagüe hay 9.81 atoros.

 

Según el INDECI las zonas donde puede presentarse la licuefacción del suelo son el Casco Histórico, comprendido entre las avenidas Sáenz Peña, Pedro Ruiz, Lora y Lora, Leonardo Ortiz y Bolognesi, y la parte noreste de la ciudad, en la salida a Lambayeque.

 

ZONAS DE RIESGO

Los investigadores que participaron del estudio realizaron hace poco más de 12 años una evaluación de las propiedades del subsuelo de Chiclayo, analizando características geotécnicas, del nivel freático, de la mecánica de suelos y el registro de anteriores sismos sucedidos en la zona, lo que les permitió demarcar a la ciudad de acuerdo a probables valores de intensidad sísmica.

 

El resultado fue la segmentación de tres grandes bloques: Intensidad VIII Mercalli Modificada, Intensidad VII+ Mercalli Modificada e Intensidad VII Mercalli Modificada.

 

En el primer grupo se ubican las urbanizaciones Santa Victoria, Federico Villarreal, Los Abogados, Ana de los Ángeles, Santa Ángela, Las Delicias, San Felipe, Café Perú, Carrión, La Granja, Parque Zonal, los pueblos jóvenes Haya de la Torre y Ampliación Haya de la Torre, así como el primer y tercer sector del distrito de La Victoria.

 

Dichos espacios de la ciudad se diferencian por tener suelos de consistencia muy blanda o media, niveles freáticos altos y baja capacidad para soportar grandes estructuras. Sin embargo, en lo real son las urbanizaciones que concentran la mayor cantidad de edificios, algunos construidos incluso fuera de los parámetros urbanísticos y sin considerar el ancho de vía o los coeficientes de edificación establecidos por el Plan Director de 1992 y el Plan de Desarrollo Urbano vigente desde el 2016.

 

Las zonas que presentan probable intensidad sísmica de VII+ en la escala de Mercalli empiezan en el casco central de Chiclayo y se extienden hacia el distrito de José Leonardo Ortiz, prolongándose por el oeste hasta el Estadio Elías Aguirre y la Urbanización Bancarios y por el este hasta parte de la Urbanización Campodónico. En este grupo también se incluye al resto del distrito de La Victoria.

En tanto, en el tercer bloque se ubican las zonas este y oeste de Chiclayo, teniendo esta última uno de los suelos más seguros a la altura Urbanización Las Brisas, por presentar una composición rocosa.

 

El estudio arrojó que en el primer grupo los efectos de un sismo serían destructores, en el segundo muy fuertes/destructores y en el tercero muy fuertes.

 

Asimismo, en considerando las condiciones del suelo, densidad poblacional y materiales de construcción empleados en la edificación de viviendas, de definió que los sectores que resultarían más afectados por un sismo de intensidad VII u VIII en la escala de Mercalli al presentar “muy alta vulnerabilidad” son: Las Palmera y 12 de Octubre, Ramiro Prialé, Primero de Mayo, Luján, Chilapito, Villa El Sol, Urrunaga (quinto sector), José Santos Chocano, María Parado de Bellido, Diego Ferré, Mesones Muro y Víctor Raúl Haya de la Torre.

 

Con alta vulnerabilidad fueron catalogados los pueblos jóvenes y urbanizaciones 9 de Octubre, Cruz del Perdón, San José Obrero, Cerro Pololó, Ciudadela, 19 de Septiembre, Elías Aguirre, Felipe Salaverry, San Miguel, Ciudad del Chofer, Túpac Amaru, Primavera, Porvenir, Santa Rosa, Artesanos, Latina, Garcés, San Carlos, Atusparias, Campodónico, El obrero, Santo Toribio, Uchofen, César Vallejo, Micaela Bastidas, Corazón de Jesús, Puente Blanco y Francisco Cabrera.

 

Servicios básicos

Por otro lado, el estudio del INDECI señaló que un sismo en Chiclayo ocasionaría la destrucción total o parcial de las estructuras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable; la rotura de las tuberías, uniones y conexiones a tanques; la interrupción del servicio eléctrico que alimenta el sistema de bombero; la modificación de la calidad del agua por deslizamientos y la variación del caudal en captaciones subterráneas o superficiales.

 

“En conclusión, los servicios de agua y desagüe de la ciudad presentan una alta vulnerabilidad ante peligros de geodinámica interna y principalmente ante un evento sísmico de grado 7, siendo los puntos más críticos sistemas de almacenamiento de agua y las redes de distribución y recolección”, describe el estudio.

 

Se prevé también daños severos en la infraestructura del Hospital Las Mercedes, de la Compañía de Bomberos de Chiclayo, del Mercado Modelo y del Coliseo Cerrado.

 

“De la evaluación de la vulnerabilidad de la ciudad de Chiclayo se puede concluir que en términos generales, presenta una alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de un evento sísmico y ante la presencia de problemas de licuación y expansibilidad de suelos. Sin embargo, es posible identificar sectores o áreas que presentan los mayores niveles de vulnerabilidad en el interior de la ciudad. La vulnerabilidad de estas áreas está definida por la alta concentración de viviendas críticas (de adobe en mal estado), deficiente accesibilidad por ausencia de pavimentación, déficits en la dotación de servicios, estratos sociales bajos y las considerables concentraciones poblacionales”, enfatiza el documento.

 

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HACE 258 AÑOS NO HAY UN SISMO EN LAMBAYEQUE: CHICLAYO: ALTAMENTE VULNERABLE

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Al igual que sus pares de Piura y La Libertad, las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Comité Cívico de Lambayeque, no están conformes con el modo en el que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, ha liderado hasta el momento el proceso. Según afirman, no solo se han cerrado las puertas a la participación directa, sino que además ninguno de los alcances o recomendaciones presentadas han sido incluidas en el plan, que para el departamento estima una inversión de tres mil 115 millones de soles.

 

De acuerdo al Plan de Reconstrucción de Lambayeque aprobado por la ARCC, después de las observaciones alcanzadas por el gobiernos regional y los municipios, se han asignado dos mil 80 millones de soles a la rehabilitación y construcción de nueva infraestructura y lo restante a obras de prevención, entre las que encuentran el drenaje pluvial de Chiclayo Metropolitano y el manejo integral de los ríos.

 

De lo presupuestado para reconstrucción, 552 millones de soles se invertirán en el sector saneamiento, 316 millones en Educación, 312 millones en carreteras y caminos, 148 millones en pistas y veredas, 144 millones en Agricultura y 50 millones 500 mil soles en puentes. Según la ARCC en los próximos años deberán ejecutarse en Lambayeque mil 100 proyectos.

 

Sin embargo, a través del Comité Cívico de Lambayeque, las instituciones, gremios, asociaciones y colegios profesionales, señalan que el Plan de la Reconstrucción debe ejecutarse en un contexto mayor marcado por los objetivos estratégicos contenidos en los planes de desarrollo regional y nacional.

 

Por esta razón, consideran que han debido tenerse en cuenta los lineamientos de formulación de planes establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, lo que implicaba enlazar los procesos de emergencia – reconstrucción y post reconstrucción con una apuesta por el desarrollo integral de personas y de los territorios.

 

LAS DEMANDAS

Las organizaciones que conforman el Comité Cívico de Lambayeque aprobaron un listado de demandas ante el proceso de reconstrucción, las mismas que fueron suscritas por el Gobierno Regional de Lambayeque luego de una reunión de trabajo realizada el 15 de junio pasado, por lo que han adquirido condición de demandas regionales y, como tal, el 14 de julio fueron presentadas en acto público al gerente regional de la Reconstrucción, César Calderón Morales.

 

Según explican los representantes de las instituciones que lideran el comité, “las demandas han sido trabajadas por un equipo técnico a manera de términos de referencia, con la finalidad de ser una buena base técnica general para que la ARCC la tome en cuenta”.

 

Las demandas en total son 15 y se trata de los megaproyectos que la representación departamental ha pedido a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

 

Los proyectos son: el sistema integral de agua potable y alcantarillado para el departamento; el sistema de drenaje pluvial para Chiclayo Metropolitano y las ciudades más densificadas; la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de interconexión vial local y regional costera y andina; el programa de tratamiento integral de residuos sólidos y saneamiento ambiental para las capitales distritales; el programa de mejoramiento y ampliación de infraestructura urbana que incorpore componentes ambientales y de riesgo de inundaciones, compatibilizado con los planes de desarrollo urbano, y el programa de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros de salud.

 

Asimismo, el programa de reposición de bosques secos y bosques de neblina en base a especies nativas y participación comunitaria con enfoque de cuenca; el programa de rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial adecuada para las épocas de lluvias y que soporte a las inundaciones; el programa de mejoramiento, construcción, rehabilitación y reubicación de viviendas populares; el programa de manejo integral de agua de riego y de secas intermitentes; el programa de recuperación de causes de los ríos y quebradas; la implementación de la red dorsal nacional de fibra óptica (culminar el proyecto), y el saneamiento físico legal de los pueblos jóvenes para facilitar la inversión pública.

 

LA HOJA DE RUTA

A nivel interno, el Comité Cívico ha diseñado una Hoja de Ruta sobre las acciones que ejecutará en los próximos meses, a fin de actuar como veedor del proceso de reconstrucción y fiscalizar la correcta administración de los presupuestos asignados para el departamento.

 

Uno de los puntos es solicitar al gobierno nacional y al gobierno regional la discusión sobre los temas pendientes de la emergencia, contenidos en el memorial que en marzo pasado fue alcanzado al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. El asunto de mayor urgencia es la situación de las personas que todavía viven en carpas y albergues.

 

También se ha acordado oficiar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que haga entrega de un catastro de daños encargado a COFOPRI, y pedir que se amplíen los canales de diálogo con las autoridades nacionales a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, ministerios y comisiones del Congreso de la República, a fin que las demandas de la sociedad civil sean canalizadas y concretadas.

 

Han planteado la urgencia de las acciones de limpieza, ampliación y reapertura de los canales que cruzan Chiclayo urbano, así como el mantenimiento de los drenes que sirven para la evacuación de aguas pluviales e impulsar la formulación del plan integral de drenaje pluvial con la participación de un equipo técnico que elabore los términos de referencia.

 

COORDINACIONES

Asimismo, se ha propuesto constituir una comisión que se encargue de promover las 15 demandas de la sociedad civil para que se conviertan en fichas técnicas, perfiles y proyectos definitivos que permitan su ejecución y que un equipo se encargue de la revisión, con orden de prioridad, de los proyectos considerados en el Plan de Reconstrucción.

 

Otro punto es solicitar una mesa de trabajo con el Organismo Técnico de los Servicios de Saneamiento – OTASS, encargado de la administración de EPSEL, para abordar la problemática de la empresa y conocer sus acciones concretas enmarcadas en la reconstrucción. Del mismo modo, que se conforme un Observatorio Cívico del proceso con la participación de representantes de los colegios de ingenieros, arquitectos, economistas, contadores, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y dos organizaciones sociales.

 

Por otro lado, se ha propuesto la inscripción de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, lo que significará la aprobación del estatuto y que se contemplen mecanismos para fortalecerse como instancia representativa de la sociedad civil departamental, además que el Comité Cívico organice reuniones técnicas y de trabajo macro regional para dar seguimiento al proceso de reconstrucción.

 

En relación a lo último, demandan que tanto el gobierno regional como las municipalidades garanticen la ejecución eficiente, transparente y participativa del proceso, y que se gestione la inclusión de estos en el directorio de la ARCC.

 

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JUAN ESQUIVEL MORENO

Vicedecano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque

“Hemos sostenido una reunión con el señor Pablo de la Flor, en la ciudad de Lima, donde acudimos los directivos del Colegio de Arquitectos de Lambayeque y nuestra decana nacional, porque tenemos preocupación porque no se permite hasta ahora que los colegios profesionales formen parte del proceso de reconstrucción como representantes de la sociedad civil. Nos están dejando de lado.

Creemos que la participación de la sociedad civil es la cuota que falta para completar la intención de reconstruir nuestro departamento y, además, aplicar cambios. Le hemos preguntado al señor De la Flor sobre el drenaje pluvial de Chiclayo, porque creemos que el plan que se ha aprobado no conduce a su ejecución. La respuesta que dio fue que sí se ha contemplado. Sin embargo, nos sorprendió porque no figura ningún estudio definitivo al respecto, al igual que la represa La Calzada, porque el problema de las inundaciones debe manejarse a nivel de cuencas, pero él insistió en que sí están consideradas ambas obras”.

 

ÁLVARO MENDOZA CORTIJO

Presidente de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil - ADOSCIL

“Nos hemos reunido con el gerente regional de la Reconstrucción y le hemos entregado la plataforma de la sociedad civil y posteriormente le alcanzamos el plan de medidas que como Comité Cívico hemos considerado prioritario. En dicha reunión participó un asesor del PNUD y fue antes que se venza el plazo indicado para cerrar el plan definitivo para Lambayeque. Sin embargo, cuando se presentó el documento final confirmamos que este no refleja lo que propusimos.

Estamos realmente indignados porque pese a que ellos mismos nos han convocado para escuchar nuestras propuestas estas no están reflejadas en el plan de reconstrucción; es decir, estas no han sido vinculantes. Hay una especie de divorcio y pareciera que lo que están tratando es desconocer a la sociedad civil organizada y solo apoyarse en algunas organizaciones pequeñas que carecen de representación. Ante ello, estamos convocando a una reunión a las organizaciones de ocho regiones del norte aquí en Chiclayo para discutir y elevar al nivel central nuestra protesta”.

 

RAMÓN CORNEJO SAAVEDRA

Asambleista del Colegio de Ingenieros de Lambayeque

“Hasta este momento no hemos tenido la oportunidad de conversar directamente con Pablo de la Flor para alcanzarle, explicarle y hasta cierto punto exigir ciertos aspectos que no están siendo considerados en el Plan de Reconstrucción. Eso nos preocupa. Hay obras que son intrascendentes y que se han considerado en el plan de inversiones, mientras que otras que son mucho más importantes no se han incluido. Esta es la oportunidad que Lambayeque tiene para concretar sus obras más urgentes y que permitan sentar las bases del desarrollo. Nunca más vamos a tener un presupuesto tan importante como el de ahora y debe ser bien gastado.

 

Queremos que se garantice la fiscalización de las obras. No queremos en Lambayeque más proyectos parados, judicializados o mal hechos, queremos que las cosas se hagan bien y cumpliendo con lo que está presupuestado y evitando la corrupción. Lo que hace falta es un poco más de diálogo para entendernos y lograr resultados positivos en el proceso”.

 

OLIVIO HUANCARUNA PERALES

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

“Nuestra preocupación es que el tiempo está avanzando y falta un engranaje entre lo que dice el gobierno nacional a través de sus diferentes entes y lo que se pueda hacer realidad, y esto tiene que ver mucho con que se deje de hacer las cosas como en décadas anteriores, en las que no ha habido un reflejo entre los desembolsos hechos por el Estado y la obra pública, sino miremos los cientos de millones de soles que fueron malgastados en Lambayeque o se perdieron por la corrupción.

Por otro lado, hay obras que son prioritarias e importantes de las cuales no existen aún estudios técnicos definitivos, entonces mal se está haciendo al hablar de su ejecución si no está claro cómo van a plantearse. Por eso considero que es importante el apoyo que las organizaciones de la sociedad civil y los colegios profesionales queremos alcanzar. Es necesario que el gobierno central muestre mayor disposición a escuchar nuestras demandas y propuestas”.

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