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  • Con total impunidad Carlos Basombrío, basándose en lo informado por el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, responsabilizó al empresario de la muerte del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, sin que el Poder Judicial haya emitido sentencia.

 

¿Qué buscaba el fiscal Juan Carrasco Millones al enfrentar al ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, con el Poder Judicial? No sería novedoso que el citado operador de justicia haya pasado por encima de sus superiores y fiel a su estilo pretendido mediatizar la detención en el expenal de Picsi del empresario Samuel Roncal Miñano, ante la ausencia de la carga probatoria en el caso “Hermandad del norte”.

 

Si bien es cierto, la Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Legislativo N° 052, señala que este es un organismo autónomo del Estado, que tiene como función principal la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos, esto no se vendría aplicando en Lambayeque.

 

Según la norma, los fiscales actúan con independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Sin embargo, siendo el Ministerio Público un cuerpo jerárquicamente organizado, deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.

 

¿El fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque, informó y pidió autorización a la presidenta de la Junta de Fiscales, Mariana Vásquez Zagaceta, para solicitar la ayuda del ministro Basombrío, a fin de evitar que Samuel Roncal recupere su libertad?

 

¿Cómo sabía Carrasco Millones que el Oficio N° 880-2017-JIP-PRG, conteniendo la papeleta de excarcelación N° 04-2017 a favor de Samuel Roncal, era falso, si personal del INPE solamente lo había rechazado por carecer de formalidades? ¿Qué lo llevó a afirmar tal cosa sin previo pronunciamiento del Poder Judicial?

 

¿LO UTILIZARON?

Se cumple un año de la detención e internamiento en el penal de Chiclayo, bajo la modalidad de prisión preventiva, del empresario Samuel Roncal Miñano, quien está privado de su libertad por la sindicación del delincuente David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño” o “Carnicero”, quien con conocimiento del Ministerio Público cumple la función de testigo clave con N° 01-2016 y la de colaborador eficaz N° 15012016, en el caso del asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera.

 

Tras la remisión del oficio N° 880-2017-JIP-PRG, conteniendo la papeleta de excarcelación N° 04-2017 a favor de Samuel Roncal, el ministro del Interior utilizó su cuenta de Twitter para tildar de asesino a Samuel Roncal y enfrentarse al Poder Judicial.

 

Ante la temeraria expresión, realizada el 17 de octubre pasado, Carlos Basombrío por inmediatamente añadió que eso se lo había hecho conocer el fiscal responsable del caso, Juan Carrasco Millones, quien le hiciera llegar un documento en cuyo tenor se ordena la excarcelación empresario, luego que se resolviera un hábeas corpus a su favor en un Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

 

En conferencia de prensa, familiares de Samuel Roncal, hicieron conocer que pedirán una pericia grafotécnica, para determinar la autenticidad de la firma del documento que fue llevado por un empleado del Poder Judicial hasta el penal de Chiclayo.

 

No descartaron que tras ello exista maquinación con el objetivo de dañar la conducta procesal del investigado, y para ello se habría utilizado al ministro del Interior.

 

La familia Roncal Miñano ha enviado una carta notarial a Carlos Basombrío para que se rectifique sobre lo que dijo acerca del investigado, pues no se descarta el inicio de una querella por difamación, considerando que de acuerdo a la Constitución Política del Perú el ministro no tiene inmunidad.

 

HACE UN AÑO

El viernes 3 de noviembre se cumplió un año en que el Ministerio Público, con apoyo de la policía, allanó varias viviendas en Chiclayo para desbaratar una supuesta banda de delincuentes, que bajo la modalidad de asesinato por encargo – sicariato - presuntamente venía operando. Un mes antes la habían denominado “La hermandad del norte”.

 

Según consta en el Expediente N° 5972-2016, el primer testimonio que permitió conocer el modus operandi de la supuesta organización fue el del colaborador eficaz N°15012016, quien a la vez es el testigo clave N° 01-2016 del Ministerio Público, David Ángel Guerrero Rodríguez.

 

Este, desde el penal de Chiclayo, reveló hechos criminales en los que participó por orden de los supuestos cabecillas de “La hermandad del norte”, Hernán Sánchez Coronel y Santos Sánchez Coronel.

 

El delincuente es investigado en el Expediente Judicial N° 3691-2015 por el delito de homicidio calificado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, por el asesinato de Teodosia Flores Vásquez, ocurrido el 10 de junio del año 2015.

 

CRIMEN CASERO

En el proceso de investigación inicial se descubrió que Teodosia Flores Vásquez fue asesinada por equivocación. Además, la acción criminal fue por encargo o instigada por Eva Benavides Julca, quien actualmente también se encuentra con prisión preventiva en el penal de Chiclayo.

 

Eva Benavides ha reconocido conocer a la occisa, por ser suegra de su hermano, el policía Osiel Benavides Julca. Incluso la imputada ha reconocido que planeó matar a su cuñada, Lita García Flores, porque mantenía una relación de insultos y amenazas con su hermano, pero por equivocación asesinaron a Teodosia Flores, madre de Lita García.

 

Sin embargo, el día del operativo para capturar a los integrantes de la “Hermandad del norte”, el Ministerio Público sacó a la luz una nueva banda criminal a la que denominó “Los empresarios del norte”, sindicando como cabecillas a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano, imputándoles el asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015, acusación que a la fecha no ha han podido formalizar.

 

LIBERTAD PARA SICARIO

David Ángel Guerrero Rodríguez fue capturado el 5 de setiembre del 2015 por el crimen de Teodosia Flores Vásquez; sin embargo, para librar la prisión preventiva su abogado pidió al Poder Judicial valorar que “desde el 2010 este tenía condición de colaborador eficaz”. Antes había sido condenado a cinco años de prisión por la comisión del delito de receptación agravada en perjuicio de José Cobeñas Chero, quedando la pena sin efecto al aprobarse el acuerdo de colaboración eficaz.

 

Sin embargo, la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, que dirige Juan Carrasco Millones, validó la continuidad de David Ángel Guerrero Rodríguez como colaborador eficaz en el caso de “Hermandad del norte”, siendo este quien sindica a los hermanos Samuel y Carlos Roncal como los autores intelectuales del asesinato del exauditor de la SUNAT. 

 

El 20 de septiembre del 2016, Carrasco Millones remitió un documento reservado al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, lugar donde se investiga el asesinato de Teodosia Flores, solicitando de manera “muy urgente” medidas de protección para David Ángel Guerrero Rodríguez.

 

El defensor de la legalidad argumentó que las medidas de protección a favor de Guerrero Rodríguez se justificaban porque en el proceso de colaboración se ha venido realizando una serie de diligencias tendientes a la captura de la organización criminal “Hermandad del norte”, integrada aproximadamente por 40 personas, quienes – según dijo - cometían una serie de delitos relacionados al sicariato, extorsión, asociación ilícita para delinquir, entre otros actos criminales.

 

Carrasco Millones señaló en su escrito que la medida de aseguramiento personal a favor de David Guerrero Rodríguez se entendía como la medida de excarcelación, por lo que solicitaba que se le dicten las reglas de conducta, esto sin considerar que ya en el 2012 el sujeto fue beneficiario con la misma figura sobre una sentencia condenatoria, sin que cumpla con el mandato judicial de no volver a cometer ilícitos.

 

CONTROL INTERNO

La actitud de Carrasco Millones llevó a que la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, emitiera el Oficio N° 235-2017, en el que dio cuenta de presuntas irregularidades en el procedimiento seguido por la FECOR en el caso “Hermandad del norte”.

 

Vásquez Zagaceta informó a la Oficina de Control Interno que su despacho recibió los escritos del abogado Luis Verona Sampertegui, patrocinador del investigado Samuel Roncal Miñano, quien puso en autos del Ministerio Público la situación irregular que se estaría presentando en el caso “Hermandad del norte”, respecto al colaborador eficaz 15012016 y testigo clave N° 01-2016, David Ángel Guerrero Rodríguez.

 

La acción de protesta de Vásquez Zagaceta fue acogida por el fiscal responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de la Oficina de Control Interno del Distrito Fiscal de Lambayeque, Telésforo Vásquez Figueroa, quien emitió la Resolución N° 01, del Caso N° 31-2017, del 1 de febrero pasado, con la que abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por presunta inconducta funcional.

 

HECHOS CURIOSOS

A raíz de esta situación – señala Luis Verona - se habrían advertido algunos hechos curiosos, como un presunto interés por ocultar cierta información contenida en la carpeta fiscal donde se investiga la muerte del auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera; como, por ejemplo, las Actas Reservadas donde se deja establecido el interés de los imputados por acogerse a una Colaboración Eficaz, así como la asignación de los “códigos” para proteger su verdadera identidad.

 

Esto – según se presume – con la intención de evitar que Control Interno corrobore que efectivamente hubo irregularidad en el otorgamiento del beneficio premial para el colaborador 15012016, cuya identidad fue puesta en evidencia en audiencia judicial por uno de los abogados defensores.

 

EN CURA DE SILENCIO

Lo que más llama la atención de la opinión pública y de los propios integrantes del Ministerio Público, es que estos hechos no han sido desvirtuados ni rechazados por los fiscales cuestionados.

 

De igual manera, han evitado pronunciarse sobre las revelaciones hechas por el testigo Juan Manuel Díaz Orrillo, quien fuera acusado y posteriormente absuelto en la investigación por el asesinato de la ex trabajadora judicial Doris Ruiz Salazar.

 

Juan Díaz reveló que fue en el Penal de Chiclayo donde se ideó las acusaciones contra el empresario Samuel Roncal Miñano y otras personas en crímenes que investiga el Ministerio Público, a cambio de otorgarle dinero y beneficios como la de salir en libertad bajo la modalidad de protección - colaborador eficaz.

 

El 15 de agosto del 2017, señaló en su declaración con código C-20-2016- FECOR –CH, que tanto el “Carnicero” como el “Chorri” lo fueron a ver para “subir a gente en homicidios”. Dejó constancia que los sujetos querían que señale que conocía a los hermanos Roncal y los “suba” en homicidios, y a cambio le ofrecieron dinero y su libertad, la que iban a “gestionar por amigos que tenían fuera”.

 

Además, hizo constar que David Ángel Guerrero le entregó fotos para que memorice la imagen de los empresarios y el día que llegue la fiscalía a entrevistarlo diga que conocía a Samuel Roncal y que era el autor intelectual del asesinato del funcionario de la SUNAT.

¿UTILIZARON AL MINISTRO DEL INTERIOR PARA EVITAR EXCARCELACIÓN DEL INVESTIGADO SAMUEL RONCAL?

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Los sindicatos de trabajadores y obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo acordaron ir juntos a la huelga general indefinida el próximo 10 de noviembre al no encontrar – hasta el momento – solución a sus demandas por parte del alcalde de la ciudad, David Cornejo Chinguel. Ambos gremios han realizado tres paralizaciones escalonadas de sus laborales, dos de las cuales fueron declaradas ilegales por la administración, la que además ha dispuesto que la Procuraduría de la comuna inicie el proceso sancionador contra los servidores que salieron  a marchar por las calles de la ciudad.

 

La relación entre la gestión municipal y los sindicatos se ha tornado tirante. Según argumentan los dirigentes de los trabajadores de la comuna provincial hace mucho se rompió cualquier posibilidad de diálogo con el alcalde David Cornejo, a quien responsabilizan no solo de postergar la atención a sus petitorios, como el cumplimiento de los pactos colectivos y pago de beneficios laborales, sino también de manejar los recursos del municipio sin criterio técnico.

 

El inicio de la huelga general está anunciado para el próximo 10 de noviembre y ante ello el gerente general del municipio, Williams Pérez Delgado, ha señalado que para la administración la advertencia de los sindicatos no representa mayor preocupación, pues asegura que ni el funcionamiento de las dependencias ni del servicio de limpieza pública quedará suspendido debido a que se cuenta con un contingente de trabajadores CAS y eventuales.

 

Justamente el incremento de contrataciones de este tipo es - según denuncian los gremios de la municipalidad de Chiclayo - agudiza la crítica situación económica que se arrastra hace décadas.

 

OLOR A DESILUSIÓN

“Los obreros y empleados estamos demostrando la unidad para hacer retroceder a esta autoridad incapaz que no quieren entender que hay serios problemas por solucionar”, afirma Rafael Margaret Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la comuna local.

 

El dirigente, duro en su juicio, sostiene que es la ciudad la que se ve directamente afectada por la manera en la que Cornejo Chinguel conduce el municipio, pero además por la falta de capacidad de la gestión para resolver los principales problemas que postergan el desarrollo y bienestar de la “Capital de la Amistad”.

 

“Chiclayo es el que más sufre, está completamente abandonado a su suerte, no hay obras de envergadura, las calles están completamente deterioradas y no hay un alcalde capaz de desarrollar un plan que solucione los problemas integrales de la ciudad. Este alcalde está de salida, él lo entiende así y no quiere solucionar los problemas. Esta es una de las peores gestiones que hemos visto en Chiclayo, este el peor de los alcaldes que hemos tenido”, señala el dirigente.

 

Siendo más frontal aún, Rafael Margaret afirma que la administración de David Cornejo es mucho más negligente que la que encabezó que recluido Roberto Torres Gonzales.

 

“La anterior gestión, con sus problemas y viendo ahora a dónde fueron a parar, lo hizo mejor que este alcalde. Es lamentable compararlo, pero esa es la realidad”, enfatiza.

 

Por su parte, Bibiano Carrasco Llaja, secretario general del sindicato de obreros, refiere que el burgomaestre ha incumplido hasta el momento en garantizar una ciudad limpia y ordenada, una de las promesas que más difundió en campaña electoral.

 

“El alcalde David Cornejo dijo en la campaña electoral que a Chiclayo lo iba a convertir en un anís y lo que hemos visto hasta ahora es que Chiclayo tiene una de las peores gestiones municipales”, enfatiza.

 

Añade que la gestión tampoco ha mejorado las condiciones en las que los obreros desempeñan su labor diaria en el recojo de residuos, debido a que carecen de uniformes e implementos de seguridad, en tanto la maquinaria en su mayoría se encuentra inoperativa.

 

“No cumple con arreglar la maquinaria para que nuestros compañeros obreros puedan realizan un buen trabajo en el recojo de la basura, él se comprometió a mejorar estas herramientas de trabajo que se necesitan para el ornato de la ciudad. Se comprometió en arreglar parques y jardines, mejorar la limpieza pública y nada de eso ha hecho”, anota.

 

DEMANDAS LABORALES

Según explica Rafael Margaret, la municipalidad de Chiclayo incumple los pactos colectivos relacionados al pago por 25 y 30 años de servicios de los trabajadores, así como de las compensaciones por sepelio y luto.

 

Además, denuncia que no se cumple con el pago a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, a las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP y al seguro social, lo que perjudica directamente la situación de los servidores municipales.

 

“No se le paga a la ONP, a las APF y a EsSalud y esto perjudica dramáticamente a los trabajadores porque no hay atención ya en el seguro social. Cuando un trabajador se jubila no puede recibir su pensión porque el municipio no ha cumplido con realizar los aportes de manera mensual y eso es condenable”, sostiene el dirigente de los trabajadores.

 

La Municipalidad Provincial de Chiclayo ha acumulado en las últimas décadas una deuda que asciende a 419 millones 218 mil soles por el incumplimiento de beneficios sociales y tributos.

 

“No cumple con pagar a la ONP, a las AFP ni los demás beneficios a los trabajadores municipales. Hubo atrasos en el pago de la quincena de octubre, tampoco ha cumplido con el pago del bono de 600 soles del mes de septiembre ni con el pago de la gratificación por Fiestas Patrias”, explica Bibiano Carrasco.

 

Los obreros piden la salida de Henry Chiclayo Vega como responsable de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos del municipio.

 

MÁS CONTRATACIONES

Margaret Reyes afirma que el municipio ha engrosado sus planillas con la contratación de más de 700 trabajadores que representan al mes el desembolso de un millón 550 mil soles, dinero que – refiere – debería destinarse a sanear las obligaciones que por ley la entidad tiene con sus empleados permanentes.

 

“Es plata que se está botando al tacho de la basura, esa plata debería utilizarse para pagarse los adeudos y las obligaciones que tiene el municipio o en todo caso para las obras que la ciudad necesita”, señala.

 

El dirigente cuestiona también que el Centro de Gestión Tributaria – CGT, no evidencie mejoras en la recaudación a diferencia de los sistemas de administración de impuestos que operan en las municipalidad provinciales de Piura y Trujillo.

 

Hasta el momento, el CGT ha alcanzado poco más del 60 % de la meta anual de recaudación que para este año fue establecida en 66 millones de soles. Según el gerente general del municipio, la merma en el ingreso de recursos en el ente tributario se debe a los impactos generados por el El Niño Costero en los primeros meses del año y a la caída del índice de tributación a nivel nacional del 16 al 12 %.

 

“Aquí el CGT recauda entre 90 y 100 mil soles, mientras que en Piura o Trujillo, con Fenómeno El Niño y todo la recaudación es hasta de 270 mil soles diarios, en promedio. Francamente ya no podemos creer que la recaudación en Chiclayo sea tan baja con la cantidad de negocios y predios que existen en la ciudad. Hay un mal manejo y eso repercute directamente en el municipio”, manifiesta.

 

DIÁLOGO ROTO

Rafael Margaret asevera que no hay posibilidad de diálogo con el alcalde David Cornejo, quien no ha mostrado disposición de atender los reclamos de los sindicatos a fin de evitar que los trabajadores radicalicen sus medidas de protesta con el inicio de la huelga general indefinida.

 

“Lamentablemente el alcalde se ha encerrado en su oficina y no quiere dialogar. El diálogo es un instrumento que tiene el ser humano para solucionar problemas y él no quiere emplearlo. No entiende de diálogo, él hace lo que quiere y actúa como un dictador acá en Chiclayo”, acota.

 

En total, en el sindicato de trabajadores están agrupados 423 empleados, mientras que en el sindicato de obreros se encuentran afiliados mil 113 servidores. Todo ellos – según refieren los dirigentes – acatarán la huelga general indefinida paralizando las actividades en las diferentes dependencias de la comuna y, principalmente, el servicio de limpieza pública.

 

“Hemos cumplido con todos los procedimientos que exige la norma para ir a la huelga. Hemos notificado del acuerdo a la Gerencia Regional de Trabajo y tenemos la luz verde para radicalizar nuestra medida de protesta”, indica Margaret Reyes. 

MUNICIPALES A LA HUELGA: TRABAJADORES DE LA MPCH PONEN EN JAQUE A GESTIÓN CORNEJO

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La segunda temporada de pesca de anchoveta podría aplazarse hasta mediados o fines del mes de noviembre. Al concluir este año 2017, la pesca de anchoveta crecería 70%  y sería la mejor en cuatro años.

 

Tal posición es la del gremio de Pesca Industrial y Afines de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque que preside el Administrador de Empresas Víctor Orosco Nuntón.

 

El profesional señala, desde su punto de vista, que es coherente que la presente temporada se aplace hasta mediados o fines del mes de noviembre, debido al mal clima, presencia de fuertes vientos durante varios meses, aguas con baja temperatura y la alta salinización del mar.

 

Orosco Nuntón refiere “Si bien es cierto algunos medios de comunicación de Lambayeque, Lima y Ancash, se han apresurado a dar una opinión manifestando que hay una escases de anchovetas, afirmación un tanto ilógica, debido a que los barcos de exploración de IMARPE aún se encuentran en alta mar sin culminar sus actividades exploratorias por lo que no han arribado a puerto. Por otro lado la flota Vikingo que siempre zarpa a las Islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra, para realizar sus faenas de pesca, ha logrado visualizar cardúmenes de la especie anchoveta”, refirió.

 

El dirigente pesquero también  informó a Expresión que durante la primera temporada 2017, que abarcó de abril a julio se pescó el 85.8% de la cuota asignada a la zona norte y centro. “En 13 puertos del país se descargó un total de 2 millones 372 mil toneladas de anchoveta. El sector pesquero contribuyó en forma importante al crecimiento del PBI”, destacó.

 

La descarga de 2 millones 372,098 toneladas de anchoveta destinada para el consumo humano indirecto, asignado por PRODUCE para la zona norte y centro del país ha sido positiva para la pesca, no solo porque las condiciones oceanográficas favorecieron el recurso, sino que, además, se asignó un millón de toneladas más que en la primera temporada del 2016, que ayudó mucho al crecimiento del PBI. “Debo recordar que IMARPE entre febrero y abril pasado monitoreo las labores de pesca en el mar peruano, cuyos resultados revelaron que existía una biomasa total de 7.8 millones de toneladas de anchoveta, una cantidad bastante más holgada para que la pesca sea sostenible, precisando que la primera temporada concluyó con una reserva de más de 6.5 millones de toneladas”, enfatizó Víctor Orosco Nuntón.

 

Agregó que para información del sector y opinión pública las descargas de anchoveta se realizaron en 13 puertos y que Malabrigo, ubicado en La Libertad, Paracas en Pisco, Chimbote y Callao fueron los que presentaron mayores porcentajes de descarga con el 23.8%, 16.5%, 15.3% y 8.9%, respectivamente. Asimismo, resaltó que el total de juveniles acumulado para toda la primera temporada en la zona Norte- Centro fue de 13.96%, cifra que se encuentra por debajo del 15% recomendado por IMARPE. “En algunos puertos en los que se detectó – de forma puntual- un elevado porcentaje de ejemplares juveniles, el ministerio de la Producción de manera responsable dispuso el cierre de esas zonas de pesca, que permitieron proteger a la población juvenil, que será la base de la población adulta de la siguiente temporada”, describió.

 

En otro momento el joven dirigente  de los pescadores industriales lambayecanos manifestó que  según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la producción de harina de pescado habría alcanzado 4.44 millones de toneladas en el 2016, 1% menos que en el 2015 (4.48 millones de TM). “Debo enfatizar que el principal productor de harina de pescado en el mundo es el Perú con un 19% de la producción global, seguido de la Unión Europea  con 10%, China 9%, Tailandia 9%, Vietnam 6% y Chile 6%”, acotó.

 

También mencionó que hay que recordar historia. “Ello me lleva a mencionar que entre los años 2001 y 2010, el Perú produjo en promedio el 26% de la producción mundial; sin embargo, durante los últimos cinco años su producción se ha reducido, disminuyendo su participación sobre el mercado global. A pesar de la menor producción, el Perú sigue siendo el mayor exportador de harina de pescado en el mundo con 28% de las exportaciones totales”,  describió.

 

MÁS NOTICIAS

  • Durante la primera temporada de Anchovetas, se emitieron 59 comunicados en los que se dispuso el cierre preventivo de 94 zonas de pesca. Con esas medidas, precisó el titular de PRODUCE, se protegió una biomasa estimada de 758, 458 toneladas de anchoveta juvenil. Finalmente indicó que en la primera temporada en la zona Norte- Centro se inspeccionaron 24,766 descargas y se detectaron 211 infracciones. El mayor número de faltas se registró en los puertos de Callao y Chimbote (Áncash).
  • El 2017 está pronosticado como un año de recuperación significativa de la anchoveta.

VÍCTOR OROSCO NUNTÓN PRONOSTICA: “ESTE AÑO SE RECUPERA LA PESCA DE ANCHOVETA”

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Damián Salvatierra Acevedo es un productor guanero del valle de Virú que en los últimos años ha comercializado sus productos a diferentes agrícolas y exportadoras de Lambayeque, sea de manera directa o a través de Cultiva EIRL, empresa con la que empezó a trabajar en el 2015 y que en junio de este año le solicitó tres mil toneladas de compost para abastecer el requerimiento de una de firma agroindustrial en Motupe. Sin embargo, pese a que atendió el pedido en más del 50 %, a las pocas semanas de iniciado el envío de la carga orgánica el acuerdo fue cancelado, sin que hasta el momento se le pague por el producto entregado. Peor aún, la gerente general de Cultiva lo ha denunciado de estafa y apropiación ilícita.

 

Según relata, en el 2015 conoció a Úrsula Tello Horna, gerente general de Cultiva EIRL, a quien empezó a proveer de estiércol para la fertilización de campos agrícolas, desarrollando su relación comercial durante año y medio con total normalidad.

 

“En junio ella logró un contrato con la empresa Inagro Olmos SAC, que le solicitó compost para sus campos por un total de tres mil toneladas. Empecé a proveerle desde el 7 de junio pasado hasta el 21 de ese mes. Todo ingresó con normalidad. El pedido fue de tres mil toneladas”, explica Damián Salvatierra.

 

Por cada tonelada de compost, el productor debía recibir un pago ascendente a 160 soles. La carga era pesada en la balanza Precisión, ubicada en el kilómetro 7.7 de la carretera Chiclayo – Lambayeque.

 

CAMBIO DE BALANZA

El 22 de junio se produjo lo que Salvatierra Acevedo considera como “un inconveniente”. Los transportistas que trasladaban el material orgánico fueron notificados que ya no pasarían revisión en la balanza del kilómetro 7.7, sino en la de una empresa agroexportadora ubicada a cinco kilómetros de distancia.

 

Como es lógico, la ruta adicional significaba incrementos en el costo del flete, según indica el productor por el orden de los 20 mil soles por el total de la carga, por lo que buscó contactarse con Tello Horna sin conseguir respuesta alguna.

 

Entre el 7 y el 21 de junio, Damián Salvatierra cumplió con ingresar mil 551.84 toneladas de compost a los almacenes del fundo Inagro, conforme a las 32 guías de remisión que certificó la empresa. El total de la materia traslada a la agroindustrial representa un costo de 248 mil 310.4 soles.

 

“Inagro le compraba a la ingeniera Tello Horna con una orden de 180 soles por tonelada de producto, de los cuales yo debía recibir 160 soles. Pese a que entregué poco más de la mitad del producto yo no he recibido ni un sol de parte de la ingeniera”, señala.

 

DESCUENTO

Lo que el empresario no esperaba es que Inagro argumentaría que de las mil 551.94 toneladas de compost que había recibido, 512.94 toneladas serían declaradas de mala calidad, por lo que procedió al descuento del pago que debía efectuar a Cultiva EIRL para que esta, a su vez, le cancelara como proveedor.

 

Damián Salvatierra refiere que dicho descuento era injustificado, sobre todo porque además de argumentar mala calidad del producto se afirmó que el peso presentado no era el correcto y, por lo tanto, la compañía adquiriente se negaba a reconocer 512.94 toneladas de la carga recibida, tasadas en 82 mil 70.40 soles.

 

“El 23 de junio ingresé con el señor José Sipión Tejada, encargado de la señora Úrsula Tello y hablé con el ingeniero de Inagro y le indiqué que si no estaban conforme con el producto que habían recibido entonces que procedan a su devolución. No fue así, la empresa procedió a descontar por decisión unilateral, sin tener un acuerdo previo con nosotros”, manifiesta.

 

SIN PAGO

Tras el descuento, lo que Inagro convino en reconocer fue mil 39 toneladas de compost valorizadas en 166 mil 240 soles.

 

“Inagro le ha depositado a Cultiva todo el efectivo, pero Cultiva, la empresa se la señora Úrsula Tello, hasta ahora no me paga ni un sol. Un día me doy con la sorpresa de la llegada de una carta notarial a mi casa en la que ella señala que yo había incurrido en estafa y apropiación ilícita, siendo ella quien me está reteniendo todo ese dinero”, comenta.

 

El 22 de septiembre, a través del notario de Virú, Bernardo Rosario Cabellos, Úrsula Tello se dirigió por escrito a Damián Salvatierra, señalando que se había detectado que este “venía alterando el peso de la mercadería y capacidad de los camiones que transportaban el producto (…) por lo que la empresa Inagro Olmos SAC suspendió la orden de compra de las tres mil toneladas que estaban previstas”.

 

“Con su actuar delictivo me ha perjudicado económicamente dado que ya no tendré ingresos por la venta de mi mercadería, pues se me ha suspendido como proveedora, por otro lado mi imagen y buena reputación se ha visto afectada, dado que ninguna empresa del rubro agroindustrial negociará con mi empresa y mi persona, por la mala imagen que usted me ha generado”, reza la carta notarial, en la que además Tello Horna solicita que el productor, vía conciliación, la indemnice por los supuestos daños causados.

 

NEGOCIOS PREVIOS

Pese a los intento hasta el momento le ha sido imposible comunicarse con la empresaria a fin de llegar a un acuerdo o entendimiento que permita solucionar el problema presentado.

 

“Las relaciones empresariales siempre fueron buenas. En el 2015 le vendí guano de res para el Fundo Anchovira, que es de su propiedad, al año siguiente a través de ella abastecí a la Empresa Agrícola Cerro Prieto, a la que abastecí como 13 mil 400 toneladas de material orgánico y nunca tuvimos ningún problema. La empresa le pagaba y ella procedía a hacer los depósitos. Este año, entre marzo y abril también trabajamos con Cerro Prieto a la que volvimos a proveerle sin ningún problema. Ahora no puedo ni siquiera comunicarme con ella”, detalla el productor.

 

Salvatierra Acevedo sostiene que en el tiempo que tiene como proveedor nunca ha tenido problemas por la calidad de sus productos ni con el peso.

 

“El producto nosotros lo elaboramos en Trujillo y en Virú, tengo más o menos 13 años en el rubro y en el 2015 empecé a comercializar a través de mi empresa Servicios y Negociaciones Salvatierra SAC y no hemos tenido antes problemas como el presentado. Lo que deseo es que se dé una solución, sobre todo porque yo también tengo compromisos que cumplir y no es posible que habiendo entregado más de la mitad del producto, que ya fue utilizado por la empresa requirente y habiendo recibido la intermediaria el pago yo me siga perjudicando por este incumplimiento”, menciona.

 

CARTA E INVESTIGACIÓN

El 25 de septiembre Damián Salvatierra también le envió una carta a Tello Horna solicitando el pago de las mil 39 toneladas de compost que Inagro finalmente reconoció, argumentando que la empresa ya había cancelado por el producto a Cultiva EIRL. Dos días después el empresario volvió a dirigirse por escrito a la gerente de Cultiva, también sin obtener respuesta. En ambos casos, la recepción de los documentos fue notificada por el Juzgado de Paz Letrado de Única Nominación del centro poblado Anchovira – Motupe.

 

El 29 de septiembre, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, emitió la Disposición N° 1 de la Carpeta Fiscal N° 2406084502-2017-2843-0, resolviendo el inicio de la investigación y la realización de las diligencias preliminares contra Damián Salvatierra en atención a la denuncia formulada por Yoleisy Torres Mío, en representación de Úrsula Tello.

 

De acuerdo a la resolución fiscal, la adulteración de la carga en la entrega del compost habría sido detectada por Inagro debido a que los recibos de la balanza Precisión, donde se certificaba el peso de cada envío se arrojaban valores por encima de lo que realmente habría ingresado a los almacenes de la empresa.

 

En la denuncia se detalla, por ejemplo, que cada camión tenía capacidad para trasladar 30 toneladas de compost, pero que en los recibos de ingreso se especificaba que cargaban 68 toneladas.

 

Por otro lado, pese a que inicialmente Úrsula Tello solicitó una conciliación a Salvatierra Acevedo, esta no acudió a la sesión programada para el 23 de octubre en el Centro de Conciliación Incega, levantándose el acta de inasistencia en el Expediente N° 058-2017 iniciado por Servicios Negociaciones Salvatierra SAC.

INSÓLITO: PROVEEDOR ENTREGA PRODUCTO AGRÍCOLA, NO LE PAGAN Y ENCIMA LO DENUNCIAN POR ESTAFA

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Fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco lo archivó tres veces y nunca llamó a declarar a hombre de confianza del ex alcalde Roberto Torres Gonzales. En julio pasado, caso fue reabierto, y se estaría buscando que prescriba por vencimiento de plazo 

 

¿Qué se trata de encubrir o a quién se quiere “blindar” en la investigación del caso Transportes Línea? Extrañamente, desde el 12 de julio del 2017, fecha en que el Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo, César Celis Zapata, emitió la disposición N° 06 del caso N° 240607 4503-2010—2585-0, en la que dispone el reexamen de investigación preliminar por el presunto delito de cohecho, activo genérico en agravio del Estado y la Municipalidad de Chiclayo, hasta el momento nada se ha hecho e incluso el plazo de 60 días de investigación ha concluido el 12 de setiembre pasado.

 

A ello se suma que, desde que el caso fue reabierto, disponiéndose una investigación preliminar de tan sólo dos meses, tres fiscales han pasado y ninguno de ellos se ha dignado a desarrollar la investigación donde al ex funcionario y hombre de confianza del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, Percy Quesquén Díaz, no ha sido interrogado por presunta corrupción en agravio de la Empresa Línea y el Estado.

 

Conforme consta en la carpeta fiscal, el 23 de junio del 2017, mediante escrito el ex funcionario Juan Miguel Valdivia Goycochea, se dirige a la Presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, y le hace conocer que el 22 de diciembre del 2015 se llevó a cabo la diligencia de continuación de su declaración, ante el  fiscal adjunto Elí Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo –Carpeta Fiscal 2447-2014.

 

LA SINDICACIÓN

En dicha diligencia narró la participación del ex funcionario Percy Quesquén Díaz en el caso “Transportes Línea” –Carpeta fiscal N° 2585-2010- donde se habría pedido una coima para anular una sanción administrativa impuesta por el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –SATCH- al haberse detectado que pesados vehículo circulaban por las calles del centro de la ciudad; sin embargo, extrañamente el caso fue archivado por el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco.

 

En su misiva, Juan Valdivia señala haber denunciado al Fiscal Provincial Sergio Lucio Zapata Orozco  ante el Concejo Nacional de la Magistratura –CNM- y Control Interno de la Fiscalía Suprema, por el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. Con referencia al caso descrito, el 18 de abril del presente año, en la audiencia de ratificación del Fiscal Provincial Sergio Lucio Zapata Orozco por parte del CNM, el Consejero Iván Noguera lo interrogó sobre el caso de Transporte Línea, no sabiendo que responder en cuanto a las razones de haber dispuesto el archivamiento. 

 

Juan Valdivia deja en claro que el ex jefe del SATCH y ex presidente del directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz, habría tenido participación en el cobro de coima a la empresa de Transportes Línea, lo cual quedó grabado en vídeo y que en su oportunidad fue difundido por el programa periodístico “Expresión TV”, pero a pesar de ello, el fiscal Lucio Zapata Orozco lo archivó a pesar de haber sido apelado.

 

EL ORIGEN

Tal y como data en el oficio N° 196-2010 PPAD-LAMB, del 10 de agosto del año 2010, el entonces procurador Anticorrupción Elver Díaz Bravo se dirigió al Fiscal Provincial Corporativo de turno de Chiclayo y solicitó investigación, en mérito a la denuncia periodística difundida por el programa “Expresión Tv”, el día 9 de agosto del 2010.  

 

Elver Díaz señala que en dicho programa se difundió imágenes donde un empresario transportista entrega un sobre conteniendo dinero a la persona de Víctor Andrés Díaz Zárate, para ser entregado a funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo.

 

El dinero era presuntamente en agradecimiento por ser favorecido por una Ordenanza Municipal que lo favorecía, la N° 16-2009, de fecha 23 de noviembre del 2009, cuya comisión denominada “Proyecto de Ordenanza Municipal Sobre Nuevo Circuito Vial de los Vehículos de Servicio Público de Transporte Interprovincial de Pasajeros”, estuvo integrada por los regidores Blanca Carmen Carhuallanqui Heredia, José Barrueto Sánchez y Ronald Paul Ubillús Obando

 

El sustento se realizó mediante el dictamen de comisión N° 36-2009-MPCH-CM, del 12 de noviembre del 2009, teniendo como referencia el oficio N° 2658-09-GTT/SG.TE.

En el expediente de investigación, el Procurador Elver Díaz Bravo adjunto un Cd. conteniendo el vídeo de la presunta coima, copia de la Ordenanza Municipal N° 016-2009 y una nota anónima.

 

RESERVA DEL VÍDEO

El 20 de agosto del 2010, el Fiscal Lucio Zapata Orozco, del Tercer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, emitió la disposición N° 01 de la carpeta fiscal N° 2585-2010 en la que señala se abra investigación preliminar por espacio de 60 días contra el entonces alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles, así como contra Víctor Díaz Zárate, y los que resulten responsables.

 

Sin embargo, lo que llama la atención de la mencionada disposición es que el Fiscal Zapata Orosco dispone que se reserve la visualización del vídeo, el cual era el elemento clave para investigar el presunto delito, y donde el principal sospechoso era Percy  Quesquén Díaz.

 

Sin haber realizado las investigaciones probas e idóneas para determinar el grado de responsabilidad de los imputados, mediante disposición N° 02 de fecha 30 de noviembre del año 2010 el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, dispone no continuar con la investigación preparatoria  contra Roberto Torres Gonzales, Víctor Andrés Díaz Zárate y Mario Carlos Alberto Salini Falconi, por el presunto delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho activo genérico, en agravio del Estado.

 

Uno de los argumentos del representante del Ministerio Público para archivar la investigación, era que Mario Carlos Alberto Salini Falconi y Víctor Andrés Díaz Zárate, reconocen el vídeo difundido, pero niegan una coima y afirman que la entrega de dinero obedecía al pago por concepto de honorarios profesionales.

 

Además – de Ripley- el fiscal Lucio Zapata Orozco sustenta que como la grabación del vídeo de presunta corrupción difundido por la prensa ha sido reconocido por los principales protagonistas, no resulta necesaria su visualización, por haberse convertido en mera contingencia equivoca.

           

QUEJA DE DERECHO

Ante la cuestionada resolución del fiscal Lucio Zapata Orozco, el procurador Anticorrupción. Elver Díaz Bravo, recurre en queja de derecho el 22 de diciembre del 2010, teniendo como premisa que el protector y defensor de la legalidad no ha valorado la visualización del vídeo, instrumental fundamental para determinar la tipicidad del delito y la carga de la prueba – responsabilidad- de cada uno de los imputados, así como de los que pudieran haber resultados responsables. Además, tampoco se hizo transcripción de lo que se conversa en el audio.

 

Además, el fiscal obvia y lo que el investigado Víctor Andrés Díaz Zarate sostuvo en su declaración que hiciera en la Policía Anticorrupción. En la pregunta siete se sostiene que lo grabado en vídeo correspondía al pago por un contrato celebrado por Transportes Línea con el abogado Percy Requejo Gálvez.

 

Ante ello, el fiscal nunca solicitó copia del contrato entre el representante legal de la empresa y el abogado Percy Requejo. Tampoco citó a Percy Requejo para que rinda su manifestación y confirme si era cierto o no lo que reveló Víctor Andrés Díaz Zárate.

 

“Con la acción del fiscal Lucio Zapata Orozco se determina que no hubo una investigación preliminar objetiva, quedando demostrado que la investigación ha sido llevada irregularmente”, señaló Elver Díaz Bravo en su escrito de queja de derecho.

 

Sin embargo, mediante disposición N° 03 del uno de febrero del año 2011 el fiscal provincial coordinador, Javier Quiroz Grosso, eleva la petición de Elver Díaz Bravo al superior jerárquico a efecto de que resuelva.

 

Es el caso que, el 7 de marzo del año 2011, mediante disposición N° uno-2011, el fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Penal de Chiclayo, Julio Enrique Morales Saldaña, dispuso revocar la disposición fiscal impugnada por no encontrarse arreglada a derecho

 

El representante del Ministerio Público ordenó también, ampliar por 50 días más las investigaciones. Además, se realice la visualización del vídeo, se tome manifestación a Percy Jorge Requejo Gálvez y se le solicite copia de los recibos por honorarios profesionales extendidos a la empresa de Transportes Línea, oficiar a la Sunat para que emite informe sobre declaraciones juradas del imputado.

 

OTRA VEZ LO ARCHIVA

Sin embargo, una vez más, el fiscal Lucio Zapata Orozco, el 15 de julio del año 2011, mediante disposición N° 05, decide no formalizar ni continuar con la investigación, bajo el argumento que tras la visualización del vídeo no existen elementos de convicción que permitan apreciar el carácter de los hechos denunciados. Además, que la entrega de dinero obedece a pago por concepto de honorarios profesionales.

 

La acción volvió a general una queja de derecho, pero en esta ocasión por parte del flamante Procurador Anticorrupción de ese momento, Julio Lazo Gallo, cuya impugnación fue elevada al superior jerárquico, recayendo nuevamente en el fiscal Enrique Morales Saldaña.

 

El magistrado – en esta ocasión-  dispuso confirmar la disposición fiscal impugnada por encontrarse arreglada a derecho, declarando infundada la apelación presentada por Julio Lazo Gallo.

 

CARPETA FISCAL N° 2447-2014

Juan Valdivia- ya desarrollándose la investigación del caso “Los Limpios de la Corrupción”- en uno de los puntos de su declaración que hiciera en la carpeta fiscal N° 2447-2014, reveló que en manifestación del mes de enero del 2015 está referido a la empresa de transportes Línea.

 

“Percy Quesquén renunció intempestivamente a la jefatura del SATCH el 31 de mayo del 2010, a lo que le pregunté las razones de su renuncia, manifestándome que luego me iba a conversar. Posteriormente, me contó que la razón  de su renuncia se debía a que la persona de Víctor Díaz Zarate había sido grabado en vídeo por el administrador de la empresa de Transportes Línea, solicitando una coima para él –Percy Quesquén”, señaló.

 

Agregó que el objetivo de la coima contra Transportes Línea, era para no multarlo por el uso de la vías públicas por las pesadas unidades, pero que el caso había sido archivado, y se había salvado porque en el vídeo solamente se mencionaba el nombre de Percy, teniendo que buscar un abogado que también se llame Percy para elaborar un contrato de servicios con la empresa Línea, y simular la prestación de un trabajo de asesoramiento externo y que  Víctor Díaz Zárate había ido a cobrar el supuesto servicio de asesoría jurídica.

 

“Meses después, cuando me encontraba como gerente general de Epsel, Percy Quesquén me pidió que contrate como asesor externo al abogado Percy Requejo. Lo  cual se hizo pero al poco tiempo lo tuve que sacar porque habían informes negativos contra su persona por parte de los responsables de la Oficina de Asesoría Jurídica,  a lo que Percy Quesquén me pidió no lo sacara porque él había sido el abogado que lo había ayudado con el caso de Transportes Línea, pero a pesar de ello lo saqué e incluso para evitar problemas, la salida de Percy Requejo lo publiqué en una diario local, señalando que dicha persona no tenía ningún vínculo con Epsel”, refirió.

 

El caso ha sido reabierto por orden superior, pero hasta el momento no hay acciones de idoneidad y probidad que convenza que se está llevando una investigación transparente, haciendo presumir que se estaría esperando que los plazos prescriban para nuevamente archivarlo.

 

EN EL PENAL

Asimismo, Juan Valdivia revela que cuando fue detenido por el caso “Los Limpios de la Corrupción” y en el mes de enero del 2015 fue llevado al penal de Picsi, fue ubicado en un ambiente de observación en donde se encontró con los ex funcionarios Jorge Inchaustegui Samamé  y José Baca Távara.

 

En ese lugar – revela- también se encontraba Víctor Díaz Zarate, ex hombre de confianza de Percy Quesquén, quien les reveló que el dinero que recibió de manos del gerente de empresa Transportes Línea, era para Percy Quesquén y no para otra persona.

 

Agrega, que Víctor Díaz Zarate les hizo conocer que el fiscal Lucio Zapata Orozco no tomó en cuenta pruebas fehaciente del delito, y no hizo más que archivar el caso, protegiendo a Percy Quesquén Díaz.

 

¿PRETENDEN ARCHIVARLO?

En el proceso de reexamen de investigación del caso Transportes Línea, el fiscal César Celis Zapata dispuso que Juan Miguel Valdivia amplíe su declaración el 24 de agosto pasado, lo cual se ha hecho. Sin embargo, Víctor Andrés Díaz Zárate, Mario Carlos Alberto Salini Falconi, Percy Quesquén Díaz, Percy Jorge Requejo Gálvez, Roberto Torres Gonzales, hasta la fecha no han ampliado su manifestación, a pesar que el plazo de investigación culminó el 12 de setiembre.

 

Sin embargo, ante el abandono del caso por parte del fiscal César Celis Zapata, el caso fue asumido por el fiscal Arlo Mario del Piélago Samamé, quien mediante providencia N° 05 del 11 de setiembre pasado, reprogramó las declaraciones de los investigados hasta el mes de octubre del 2017 e incluso incluyó las manifestaciones de José Nicolás Baca Távara, Jorge Inchaustegui Samamé, César Raúl Regalado Rodríguez, Juan Martín Villanueva Velezmoro y Luz Yolanda Rojas Bonilla.       

POR PRESUNTA COIMA A TRANSPORTES LÍNEA: FISCALÍA PRETENDERÍA ARCHIVAR INVESTIGACIÓN CONTRA PERCY QUESQUÉN

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  • Decano del CIP Lambayeque llama traidores a alcaldes que respaldaron a Pablo de la Flor como director ejecutivo de la ARCC.

 

La renuncia de Pablo de la Flor Belaunde a la dirección ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, sucedida el viernes 27 de octubre, no acalla las demandas de la sociedad civil de Lambayeque, que a través del Comité Cívico pide al gobierno nacional que se reformule el plan de inversiones aprobado para el departamento con un presupuesto de tres mil 115 millones de soles.

 

En concreto, las organizaciones sociales exigen que en el plan de reconstrucción se incluyan las obras realmente prioritarias para afianzar el desarrollo departamental y que los proyectos de menor impacto, como la construcción de pistas y veredas, se realicen con los presupuestos ordinarios que manejan municipios y gobiernos regionales.

 

Carlos Burgos Montenegro, decano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, refiere que esta es la principal razón por la que se mantiene en pie la movilización programada para el 13 de noviembre, con la que se busca llamar la atención del gobierno central.

 

“Lo que empieza mal tiene sus consecuencias y a Pablo de la Flor la soberbia le pasó la factura. No tener la dosis política ni entender que debía hacerle caso a la sociedad civil lo llevó a un proceso sin mayores resultados. Particularmente en Lambayeque hemos venido pidiendo que no se repita la historia de obras que no han logrado sus objetivos, ni de bienestar ni de desarrollo. Un ejemplo es el desembarcadero pesquero de San José, que se inició con el gobierno anterior y que sigue abandonada, con dinero de todos los peruanos, y nadie se hace responsable”, señala.

 

APERTURA NECESARIA

El representante de la orden profesional sostiene que entre los errores cometidos por Pablo de la Flor está el haber hecho oídos sordos a la opinión técnica de los colegios profesionales, los que desde sus consejos nacionales invocaron a la autoridad de la reconstrucción a tomar en cuenta sus aportes para garantizar la eficiencia técnica y transparencia del proceso.

 

“Los colegios no somos clubes de amigos, somos instituciones que tenemos una alta responsabilidad de fiscalizar para que las cosas se hagan bien, siendo no solo críticos, sino también dando aportes. Si lo pendiente es un asunto de infraestructura entonces es lógico que se debe convocar al colegio de ingenieros, pero lamentablemente no se entendió así”, manifiesta Burgos Montenegro.

 

Destaca que el CIP Lambayeque tiene 12 comisiones técnicas que participan de manera activa en la formulación de propuestas viables para la solución de los principales problemas del departamento, potencial que – asegura – debe ser aprovechado por quienes asuman en adelante la conducción del proceso de reconstrucción, incluidos los municipios distritales, provinciales y el gobierno regional.

 

Refiere que un buen ejemplo de apertura y diálogo es el que está dando el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, que tras haber presentado el Plan de Reflotamiento de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, ha iniciado una serie de visitas a los colegios profesionales con su plana gerencial para conocer sus observaciones y sugerencias, a fin que la gestión del Régimen de Administración Transitoria – RAT, aplicado desde julio pasado en la entidad, sea de mayor eficacia para los objetivos que se persiguen.

 

El martes, llegó hasta la sede del CIP Lambayeque el nuevo gerente general de EPSEL, Mirko Jurado Dueñas, acompañado de los principales funcionarios de la empresa, para reunirse con los integrantes de la Comisión Técnica de Saneamiento.

 

“Hay entidades que sí tienen clara la importancia de socializar sus acciones, pero otras no. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios buscó burlarse de la sociedad civil mostrando una falsa apertura para hacerle creer al gobierno central y a la población que se estaba trabajando articuladamente, lo que no era cierto. Esta situación motivó que el Comité Cívico de Lambayeque en una asamblea acuerde convocar a una movilización para el 13 de noviembre y la semana pasada más de cien instituciones y organizaciones de base avalaron esta iniciativa”, asevera.

 

OPORTUNIDAD DE ORO

Burgos Montenegro sostiene que la ciudadanía debe ser consciente que en el futuro será poco probable que Lambayeque vuelva a recibir un presupuesto extraordinario como el comprometido por el gobierno nacional para la reconstrucción, que asciende a lo equivalente a casi mil millones de dólares, por lo que el dinero necesariamente tiene que  invertirse en obras de verdadero impacto para el desarrollo y que garanticen el bienestar colectivo y la seguridad.

 

“En el plan aprobado en la gestión de Pablo de Flor por la autoridad de la reconstrucción se han considerado más de 900 obras para Lambayeque, entre las que se encuentran algunas con las que no estamos de acuerdo desde el punto de vista técnico, como es el caso de la descolmatación, porque se piensa que estos trabajos deben hacerse porque sí y no porque existe un minucioso análisis de los riesgos y vulnerabilidades que se presentan en los ríos de la región. Hay tramos en los diversos ríos que no requieren obras de este tipo y, sin embargo, se van a ejecutar. Por esta decisión antitécnica es que como colegio de ingenieros hemos renunciado a la veeduría que inicialmente habíamos aceptado con el Ministerio de Agricultura y Riego”, comenta.

 

El decano de los ingenieros refiere que la posición adoptada por la Mancomunidad de la Macroregión Norotiente, que preside el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, ha sido también determinante para forzar la salida de Pablo de la Flor, al señalar que este nunca había mostrado a su equipo técnico en las vistas realizadas a los departamentos afectados por El Niño Costero y que en todo momento mostró un afán de centralizar la ejecución de los recursos de la reconstrucción en los ministerios, cuya ejecución de gasto está por debajo de los gobiernos regionales.

 

“Es importante que las autoridades regionales se hayan sumado a esta posición que inicialmente tuvieron las organizaciones de la sociedad civil, más porque estas también conocen la realidad y la problemática de cada departamento. En el caso de Lambayeque, creo que el gobernador Humberto Acuña mal haría si retira su apoyo a la marcha del 13 de noviembre. Él se ha comprometido públicamente a participar, lo dijo cuando dio a conocer el pronunciamiento de la mancomunidad. Debe entenderse que la marcha se concibió desde un inicio no en contra de un funcionario, sino para que se revise el plan de reconstrucción aprobado para Lambayeque. Esa es la razón de fondo y esa demanda se mantiene en pie”, indica.

 

LA MARCHA

Carlos Burgos recalca que la salida de Pablo de la Flor no implica la suspensión de la marcha del 13 de noviembre. Por el contrario, explica que este hecho debería entenderse como un primer paso para que se concreten las demandas de la sociedad civil respecto a la reconstrucción. Si con la movilización la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el gobierno nacional no toman cartas en el asunto, las medidas de protesta se radicalizarían.

 

“Se ha acordado en la asamblea del Comité Cívico que si tras la marcha del 13 de noviembre no se atienden los reclamos de Lambayeque se convocará a un paro regional preventivo de 24 horas. Esta es una oportunidad propicia para que el pueblo lambayecano levante su voz y se haga respetar por las autoridades nacionales, quienes deben entender que no deseamos un proceso de reconstrucción de espaldas a nuestras verdaderas oportunidades ni alejado de la realidad que se vive a diario en el departamento. El gobierno central debe tomar cartas en el asuntos y de una vez por todas sentarse a dialogar con las autoridades locales y la sociedad civil. Ningún actor social puede quedar fuera del consenso”, manifiesta.

 

Según indica, en las otras regiones afectadas por El Niño Costero las organizaciones sociales también han iniciado coordinaciones a fin de implementar en las próximas semanas medidas de protesta para que el gobierno nacional revise lo actuado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se reformulen los planes de inversión ajustándose a las necesidades de cada jurisdicción.

 

“Queremos que se reformule el plan y en este se incluyan obras emblemáticas que generen bienestar y desarrollo para las regiones. En el caso de Lambayeque se ha dejado de lado al Plan Hidráulico, se están destinando solo mil millones de soles para las obras de prevención donde se incluye al drenaje pluvial para Chiclayo metropolitano y la ejecución del proyecto La Calzada en el valle La Leche y se sabe que dicho presupuesto no es suficiente para dos proyectos que representan una inversión de más de mil 500 millones de soles, sobre las cuales,  además, no hay estudios definitivos”, afirma.

 

Finalmente, el decano del CIP Lambayeque cuestiona severamente a los alcaldes de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, La Victoria, Cayaltí, Oyotún, José Leonardo Ortiz y Zaña, quienes emitieron un pronunciamiento respaldando a Pablo de la Flor como respuesta al comunicado de los gobernadores de la macroregión nororiente en el que se pedía al presidente de la República evaluar la continuidad del funcionario como director ejecutivo de la reconstrucción.

 

“Fue una muestra de indiferencia y una traición al pueblo, porque sabiendo que la sociedad civil, de la que ellos también forman parte, está disconforme por cómo se ha planificado hasta ahora la reconstrucción decidieron respaldar a quien personificaba ese mal proceso. Son traidores y ahí tienen el resultado de sus actos. Eso les pasará la factura”, enfatiza. 

MARCHA DEL 13 DE NOVIEMBRE SIGUE EN PIE: SOCIEDAD CIVIL EXIGE REFORMULAR EL PLAN DE LA RECONSTRUCCIÓN

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