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Ex director regional de Agricultura recuerda que en su gestión se invirtieron 80 millones de soles en el sector y no hubo denuncias de corrupción.

 

Leoncio Navarrete Moreno, quien ocupó la Dirección Regional de Agricultura entre el 2007 y el 2010, señala que la problemática del sector es diversa, sobre todo por la desatención que muestran las autoridades locales y nacionales a las necesidades de los hombres del campo, quienes demandan no solo la ejecución de obras de infraestructura, sino también el acceso a créditos y capacidades de tecnificación de sus actividades productivas.

 

“En el aspecto agrario Lambayeque está olvidado. Los agricultores necesitan de créditos y que el proceso de reconstrucción con cambios que tanto se anuncia se ejecute de manera eficiente con énfasis en la recuperación productiva de la zona rural. No existe hasta el momento ninguna obra de impacto para el sector agrario que se esté realizando y eso es preocupante”, señala.

 

El exfuncionario regional añade que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, tampoco ha cumplido con el pago del Bono Agrario a los productores que resultaron afectados por El Niño Costero, principalmente a los que perdieron cultivos de algodón.

 

“Es preocupante la forma en la que se resta atención a las demandas de los agricultores. A nivel nacional se han movilizado por lo perjudicial que resulta para la producción, sobre todo para la economía rural, la importación indiscriminada de alimentos de primera necesidad como el arroz, ocasionándose la caída en el precio de los producto que se obtiene en los campos del país”, manifiesta.

 

LAS OBRAS DE ANTES

Navarrete Moreno cuestiona que en la actual administración regional no se haya incrementado las inversiones en proyectos de infraestructura para el sector. Rememora que durante la gestión de Yehude Simon Munaro y Nery Saldarriga de Kroll se realizaron diversos proyectos en los cinco valles, beneficiando con obras de riego, encauzamiento y almacenamiento de recurso hídrico a los agricultores locales.

 

“Si el gobierno regional no se proyecta con la finalidad de atender las deficiencias y necesidades del sector agrario, poco se avanzará en su solución. Entre el 2007 y el 2010, durante la segunda administración del presidente Yehude Simon se ejecutaron obran en los cinco valles de Lambayeque, invirtiéndose 80 millones de soles y no hubo ningún cuestionamiento y denuncia por corrupción. Hubo transparencia en la gestión de los recursos, que es uno de los temas más importantes, más hoy en día con tantas denuncias por corrupción en la administración pública”, manifiesta.

 

Entre las obras que se ejecutaron en aquel período destaca el revestimiento de canales en Zaña, Lambayeque, Pacora, La Viña – Jayanca, Olmos y Motupe, así como la construcción de microreservorios en Jayanca y Motupe. También se realizaron obras de encauzamiento y construcción de tomas con apoyo del entonces Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación – PERPEC.

 

“Ya no se han ejecuta obras de impacto para el sector agrario. Desde el año 1968 tenemos solo un reservorio, que es Tinajones y nada más, y el área agrícola ha crecido considerablemente por lo que la demanda de agua es mayor”, menciona.

 

OBRAS DE LA RECONSTRUCCIÓN

Leoncio Navarrete refiere que el Plan de la Reconstrucción, que entre sus componentes considera la ejecución del Proyecto La Calzada para el valle La Leche y una serie de obras complementarias como el revestimiento de canales, tomas de captación, la descolmatación de ríos y la construcción de defensas ribereñas, necesariamente debe tener la participación activa de los gremios profesionales como el Colegio de Ingenieros del Perú, las juntas de usuarios y las comisiones de regantes.

 

“La Calzada es uno de los puntos más complejos, porque ante este proyecto hay un problema social que se tiene que afrontar con el diálogo. El gobierno regional tiene la obligación de trabajar directamente con los futuros beneficiarios y resolver cualquier discrepancia que existe sobre proyecto dialogando, buscando consensos. La Calzada es una alternativa a la falta de agua, pero además solucionaría el problema de las inundaciones en el valle La Leche, que perjudica grandemente a la parte baja”, señala.

 

Finalmente, cuestiona que la actual gestión regional no tenga una obra emblemática que pueda mostrar como parte de su interés por el sector agrario.

 

“Se percibe un olvido, prácticamente hay un divorcio entre las organizaciones de usuarios de agua y el gobierno regional. Eso se tiene que cambiar, se tiene que discutir cuáles son los proyectos más urgentes para gestionar su ejecución. Respecto al Plan Hidráulico Regional es lamentable que los agricultores no conozcan sus bondades y esto porque nunca se ha difundido ni discutido. Se habla de 19 presas y otras obras para el manejo hídrico, pero esto lo desconocen los agricultores y eso debilita la lucha por su ejecución y cumplimiento”, señala. 

LEONCIO NAVARRETE: “LOS AGRICULTORES DESCONOCEN LAS BONDADES DEL PLAN HIDRÁULICO REGIONAL”

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Coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque señala que solo los fiscales que “archivan todo no son denunciados”.

 

El coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, habló fuerte contra los jueces supremos de la República, quienes el pasado 13 de octubre arribaron al Acuerdo Plenario 01-2017, señalando directrices para la aplicabilidad del Decreto Legislativo N° 1307, que regula los mandatos de prisión preventiva contra los investigados por casos de organización criminal.

 

La molestia del representante del Ministerio Público se hace evidente debido a que este participó de manera directa en los inicios de las investigaciones a la presunta organización “Los limpios de la corrupción”, en el 2014, cuando se desempeñaba como adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, alcanzando notable exposición mediática.

 

Y es que aplicando el Acuerdo Plenario 01-2017, la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, ordenó a fines de octubre la excarcelación de ocho de los involucrados en el caso, a quienes el Ministerio Público imputa una serie de ilícitos cometidos durante la gestión de Roberto Torres Gonzales como alcalde de la provincia.

 

Carrasco Millones señaló que la magistrada, al acogerse al acuerdo plenario para cesar la prisión preventiva que su judicatura había dispuesto con anterioridad, habría incurrido en el delito de prevaricato.

 

“El Acuerdo Plenario 01-2017, que se adoptó este año y que ha causado mucha polémica, trata una figura que se creó el año pasado, en diciembre, con el Decreto Legislativo 1307. Los acuerdos plenarios se aplican para el futuro y eso cualquier estudiante de Derecho lo sabe. No se aplican para el pasado. El magistrado que aplica un acuerdo plenario sobre decisiones pasadas o que ya haya adoptado, definitivamente comete prevaricato y eso es lo que correspondería para un juez que emite una resolución contraria a la norma”, indicó el fiscal el viernes último, en una jornada académica organizada por la Asociación de Abogados Previsionalistas del Perú y el Estudio Jurídico Asunción & Abogados.

 

SEÑALAMIENTO DIRECTO

“Lo único que es retroactivo es la norma benigna. Por ejemplo, si el delito de extorsión estaba penado con 15 años y luego se establece que la pena máxima es de 10 años, la condena contra una persona puede reducirse. Con los acuerdos plenarios no sucede eso, solo funcionan para los casos futuros. El acuerdo plenario que se aprobó el 13 de octubre de este año, en plena huelga del Poder Judicial, solo es aplicable para los casos futuros”, indicó Carrasco Millones.

 

El fiscal añadió que la decisión de los jueces supremos de la República, de aprobar el acuerdo plenario sobre el Decreto Legislativo 1307, obedece a la intención de estos de beneficiar a magistrados del Poder Judicial investigados por sus vinculaciones con la red que lideró Rodolfo Orellana.

 

“El plazo de las prisiones preventivas, en casos de crimen organizado, puede durar 36 meses; es decir, tres años, y pueden ser extendidos por 12 meses más. Estamos hablando de cuatro años. Ese es el plazo correcto que establece el Código Procesal Penal en el Artículo 34 y ese es el plazo que debieron permanecer las personas que salieron en libertad por este acuerdo plenario extraordinario. Gracias a ese acuerdo plenario un exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, vinculado al caso Orellana, salió en libertad. El objetivo no era darle libertad a otra gente, sino a una persona vinculada a ‘Los dioses de la justicia’ como los conocemos”, denunció Juan Manuel Carrasco.

 

LOS PLAZOS

Por otro lado, el fiscal se quejó por la lentitud con la que los magistrados del Poder Judicial atienden los requerimientos del Ministerio Público, sin considerar – dijo – que existen plazos por cumplir.

 

“Nosotros presentamos requerimientos y el principal problema de la fiscalía no es que no hagamos nuestro trabajo. El principal problema de la fiscalía es que tenemos plazos que cumplir y si un juez ante un requerimiento fiscal se demora un mes en declarar inadmisible un pedido y otro mes más para revisar la subsanación o declararlo improcedente, los plazos ya no son cuenta del Ministerio Público sino del Poder Judicial”, aseveró.

 

Lamentó que por tales retrasos el Nuevo Código Procesal Penal no resulte una herramienta realmente efectiva.

 

“Decían que este nuevo modelo procesal era lo máximo en descarga procesal y que con este íbamos a ser los mejores investigadores y los mejores jueces, pero hemos terminado igual que en el Código de Procedimientos Penales. Entonces, ¿dónde está la mejora? Yo no pienso que las mejoras sean las normas, las mejoras están en la actitud, sobre todo de los magistrados”, manifestó.

 

CONTRA EL CNM

Asimismo, el coordinador de la FECOR Lambayeque se explayó con severidad contra los procedimientos implementados por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, para evaluar y ratificar a jueces y fiscales. En su opinión, no debería existir un modelo único debido a que la función que ambos magistrados cumplen es diferente.

 

“Es incongruente que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe igual a un juez que a un fiscal, porque los jueces todo el día se dedican a emitir resoluciones. Nosotros los fiscales no emitimos resoluciones, nosotros hacemos investigaciones y todos los días estamos realizando diligencias fuera de la oficina, no estamos en la oficina. Por eso no resulta lógico que a un fiscal lo evalúen igual que a un juez. El juez tiene el tiempo suficiente para estar en su oficina y revisar toda la jurisprudencia y la doctrina que necesita para elaborar un documento, nosotros no”, afirmó.

Carrasco Millones manifestó además que la modificatoria aplicada al reglamento de ratificaciones del CNM resulta perjudicial para los fiscales “que hacen su trabajo”.

 

“Nuestro trabajo es totalmente distinto y eso el Consejo Nacional de la Magistratura no lo toma en cuenta. Más aún cuando hace unas semanas ha sacado una modificatoria del reglamento de ratificaciones en el cual establece que todo fiscal o juez que no tenga procesos, quejas o denuncias será ratificado automáticamente. Ese es un premio para los que no hacen nada. ¿Qué fiscal no tiene denuncias? Yo tengo 88 denuncias de las cuales 58 tengo archivadas”, comentó.

 

TRABAJO DIFERENTE

Insistió en las diferencias entre el trabajo fiscal y de los jueces, remarcando que estos últimos no son afectados por las estrategias de defensa que despliegan los abogados – según dijo – para distraer a los operadores del Ministerio Público y lograr que agoten el tiempo descuidando sus investigaciones.

 

“Los jueces casi no son quejados, donde están las quejas es en la fiscalía. Los fiscales tenemos más quejas porque esa es una estrategia de los abogados. Los abogados utilizan a terceras personas e incluso ellos mismos presentan denuncias con la única finalidad de distraer el trabajo de la fiscalía, porque esa es su finalidad. La estrategia de los abogados es presentar la mayor cantidad de quejas diciendo que el fiscal no los miró bien, que le guiñó el ojo, que porque tiene un mismo contenido que el otro abogado. Por todo, nos denuncian por todo”, precisó.

 

Finalmente, dijo que incluso los fiscales que archivan denuncias pueden llegar a la Fiscalía de la Nación, el máximo eslabón del Ministerio Público.

 

“Esa modificatoria del CNM de ratificar automáticamente a los que no tienen denuncias es un premio para los que archivan todos sus casos, porque el fiscal que archiva todo no va a tener ninguna queja. El fiscal que archiva homicidios o casos de organización criminal o contra grupos de poder no va a tener ni una sola denuncia, al contrario va a ser promovido inmediatamente y llegará a ser Fiscal de la Nación”, indicó. 

FISCAL CARRASCO CARGA CONTRA LOS JUECES SUPREMOS: AFIRMA QUE CON ACUERDO PLENARIO AYUDARON A IMPLICADO EN EL CASO “ORELLANA”

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Cita como elemento de convicción hechos que un aspirante a colaborador eficaz no relató en su declaración.

 

El 13 de diciembre la juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Núñez Cortijo, resolverá si acoge o no el requerimiento de prisión preventiva de 36 meses presentado por el fiscal Germán Montero Ugaz contra el empresario Carlos Roncal Miñano, a quien sindica como integrante de la organización criminal “La hermandad del norte” y responsable de la muerte del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera. El pedido del representante del Ministerio Público se sustenta en nueve elementos de convicción. Uno de ellos es falso.

 

Las irregularidades que impidieron que la revisión del requerimiento se realice el 18 de octubre pasado, como inicialmente estuvo programado, parecen continuar. En aquella oportunidad, la magistrada del Poder Judicial cuestionó que la Fiscalía Especialidad contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, haya notificado al investigado de manera incorrecta, consignando información errada de su ficha RENIEC.

 

Núñez Cortijo advirtió que situaciones como la presentada vulneraban el debido proceso y el derecho de defensa de Roncal Miñano. Sin embargo, la revisión de los elementos de convicción, que para el Ministerio Público tienen carácter de “fundados y graves”, pone nuevamente en cuestión la objetividad con la que se desarrolla la controversial investigación.

 

IMPUTACIÓN

Roncal Miñano junto a otros es investigado por la presunta comisión de varios delitos como homicidio calificado, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado, basándose la fiscalía en el Informe N° 108-2016-REGPOLLAMB/DIVICAJ-DEPINCRI-SIH, en el cual la Policía Nacional informa sobre los hechos delictivos que habrían ejecutado las organizaciones “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, las que se habrían constituido entre los años 2011 y 2012.

 

Parte de las imputaciones se desprenden también de lo revelado por el colaborador eficaz 15012016, quien según el Ministerio Público “detalló hechos criminales en los que participó” por orden de los cabecillas de las organizaciones: Justo Sánchez Coronel y Jhon Díaz Ponce, respectivamente.

 

Germán Montero ha informado al juzgado que en el curso de las investigaciones, iniciadas hace más de un año, “se recabó las declaraciones de otros colaboradores eficaces”, así como de varios testigos claves, entre ellos el 01-2016, que – conforme se ha revelado en diferentes medios de comunicación – resulta ser el mismo colaborador eficaz 15012016. La duplicidad de rol es un asunto que la fiscalía no ha esclarecido hasta el momento y que Control Interno del Ministerio Público se ha negado a investigar.

 

La FECOR sostiene que la “Hermandad del norte” estuvo integrada por Alexander Siesquén Sampén, quien junto a Fulgencio Rivera Maza, habría realizado acciones de sicariato, participando específicamente en el asesinato del exfuncionario de la SUNAT Luis Cieza Herrera, perpetrado el 23 de diciembre del 2015.

 

LA MUERTE DE CIEZA HERRERA

En el requerimiento presentado a la jueza Núñez Cortijo, el fiscal informa que el colaborador eficaz 15012016 relató que en marzo del 2015 los “hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano habrían solicitado los servicios de los hermanos Sánchez Coronel para asesinar a Luis Cieza Herrera” y para ello tuvieron como intermediario a Alexander Siesquén Sampén, quien a su vez entregó a David Ángel Guerrero Rodríguez la ficha RENIEC de la víctima para que este la entregara al sicario.

 

Añade que Guerrero Rodríguez recibió en Chiclayo a Airton Ushñahua García y Yeampiere Pérez Caipo, procedentes de Trujillo, quienes en un primer intento, el 24 de marzo del 2015, buscaron asesinar a Cieza Herrera, siendo capturados dos días después por la policía.

 

“Agrega el colaborador 15012016 que ante el fallido atentado, Alexander Siesquén Sampén, quien sostenía que era dependiente de los señores Carlos Roncal Miñano y Samuel Roncal Miñano, empresarios dedicados a la venta de azúcar, acordó nuevamente con los hermanos Sánchez Coronel y David Guerrero Rodríguez, llevar a cabo el plan de asesinar al funcionario de la SUNAT, sin que se pueda concretar hasta en dos oportunidades. Luego, en el mes de noviembre del 2015, Alexander Siesquén Sampén, acuerda reunirse con Jhon Díaz Ponce a quien le entrega la ficha RENIEC de Cieza Herrera. (…) Siesquén Sampén busca los servicios de Joseph Salazar Silva, dándose el caso que el día 23 de diciembre Cieza Herrera fue asesinado de cuatro disparos”, señala el requerimiento fiscal.

 

“En consecuencia – dice el documento – se le atribuye a Carlos Roncal Miñano ser uno de los instigadores junto a su hermano para asesinar a Luis Cieza Herrera”.

 

En el requerimiento se señala que el empresario “se encontraría inmerso como integrante de la organización criminal ‘La hermandad del norte’”, al igual que en el delito de sicariato en la modalidad de instigador.

 

FUNDAMENTO FALSO

El fiscal Germán Montero afirma que “existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor del mismo”, por lo que alcanzó al despacho de la jueza Núñez Cortijo un total de nueve fundamentos, dos de ellos con visos de irregularidad.

 

Así, por ejemplo, el primer elemento presentado por la fiscalía es la “Declaración del testigo N° 15012016, de fecha 20 de enero 2016, afirmando que los hermanos Samuel Roncal Miñano y Carlos Roncal Miñano, le encargaron matar a Luis Roberto Cieza Herrera”.

 

Expresión accedió a la Declaración del Colaborador Eficaz 15012016, del 20 de enero del año pasado, tomada por los fiscales William Rabanal Palacios y Jeans Velazco Hidalgo, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de La Libertad, y que consta de siete páginas. En ningún extremo de lo relatado por el aspirante al proceso premial este menciona a los hermanos Roncal Miñano.

 

Es de mencionar que la primera declaración, como se ha indicado, se dio ante la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de La Libertad, debido a que para ese entonces (enero del 2016) en Lambayeque no se contaba con un despacho especializado.

 

El aspirante a colaborador menciona a las siguientes personas, por sus nombres o apelativos: Los hermanos Casiano Maco o Maco Casiano, “Chinaco”, “Negro Silva”, Dante Romero, Yover, “Toyo”, “Serrano y Rufián”, Marino Zavaleta y como integrantes de “La hermandad del norte” a los hermanos Sánchez Coronel; Alejandro Goicochea Vega, alias “Colla”; “Negro Carmen”; Joiler Taica; “Papá Taca”; “Diablo”; Danilo; “Viejo Cubas o Loco Cubas”; Rafael Guerrero Flores o Flores Guerrero, alias “Rafa”; “Periquito o Perico”; “Cabezón”; Óscar Bustamante Idrogo o Idrogo Bustamante, alias “Zorro”; Wilson Huamán Cerdán o Cerbán, alias “Charapo”; “Pato”; “Asado u Osado”; Miguel Yausen; “Ñoño”; José Zambrano; Wilmer Zegarra y José Natividad; Freddy Mejía; Alex Periche o “Doc”; Tony Rodríguez Castro o Castro Rodríguez, alias “Tony Montana”; “Culón Milton”; “Pepe Bagre”; Mabel; “Charapa”; “Chino Silva”; “Viejo Antonio”; “Viejo Pedro Mazo”; “Bestia Rolo” y James Sánchez o “Sapillo”.

 

¿Cuándo se menciona a los hermanos Roncal Miñano? Según consta en la Carpeta Fiscal N° 2406045600-2016-20-0, el aspirante a colaborador eficaz 15012016, cita el nombre de los empresarios recién en junio del año pasado, conforme a la ampliación de declaración que rindió ante los fiscales Germán Montero Ugaz y Omar Ramos Gaona. La FECOR Lambayeque había sido creada un mes antes, asumiendo la coordinación el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones.

 

Aquella vez, el delator dio cuenta de una supuesta reunión realizada en Ferreñafe en la que habrían participado “Carlos y David Roncal Miñano, a uno le decían David o Samuel”. “En esa conversación, tanto David y Carlos Roncal, le dijeron a Ñoño si quería hacer el trabajo de matar al de la SUNAT Cieza Herrera, porque les había jugado a la fulera, porque le han dado una plata y no ha cumplido…”.

 

Lo extraño es que esta segunda declaración se presenta como un elemento de convicción diferente, ajeno a la brindada en enero del 2016 ante la FECOR de La Libertad.

 

SEGUNDO FUNDAMENTO

Otro elemento con el que el Ministerio Público busca que se dicte la prisión preventiva contra Roncal Miñano es el consignado con el número seis en el requerimiento alcanzado a la jueza Núñez Cortijo. Este refiere a la “Declaración del Colaborador Eficaz 04082016, de fecha 3 de agosto del 2016, en la que precisa que días antes de su detención, David Ángel Guerrero Rodríguez (a) ‘Gordo’ o ‘Ñoño’ le manifestó que el asesinato del funcionario SUNAT tenía que ejecutarse, porque este señor había cerrado con bastante dinero, dando a entender que a pesar de ello proseguía con sus fiscalizaciones y/o auditorías”.

 

Por su declaración, este aspirante a colaborador habría participado directamente en el asesinato de Cieza Herrera. Empero, en lo relatado ante los fiscales Germán Montero y Omar Ramos, tampoco menciona a los hermanos Roncal Miñano, pero sí a quienes supuestamente forman parte de la organización “La hermandad del norte”, los que se habría encargado de atentar contra el exfuncionario.

 

Tres días después, el 6 de agosto del año pasado, el colaborador 04082016 vuelve a declarar ante los mismos fiscales, pero esta vez con el objetivo de “rectificar o cambiar parte de mi declaración” (sic).

 

Al rectificarse, el colaborador menciona a Alexander Siesquén Sampén, sindicado por el colaborador 15012016 como el presunto nexo entre los hermanos Roncal Miñano y los sicarios que asesinaron a Luis Cieza. El cambio de versión no ha sido consignado como un elemento de convicción ante la jueza.

 

¿Qué motivó la rectificación del aspirante a colaborador?

 

OTROS ELEMENTOS

El Ministerio Público maneja la tesis de que el encargo de la muerte de Luis Cieza Herrera se debe a que este se encontraba auditando a las empresas de los hermanos Roncal Miñano, quienes habrían recurrido al contador Heráclides Arenas Delgado para que le ofreciera un soborno a fin de frenar sus investigaciones.

 

Estos hechos también forman parte de los nueve elementos de convicción presentados al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo para pedir la prisión preventiva contra Carlos Roncal. Empero, la revisión de la misma carpeta fiscal ha confirmado que Cieza Herrera no auditó a los empresarios, que para cuando se produjo su muerte Carlos Roncal había concluido, con seis meses de anticipación, un proceso de fiscalización iniciado por SUNAT y que Heráclides Arenas no fue nunca su contador, conforme ha confirmado al Ministerio Público el intendente regional del ente tributario.

 

Es más, el fiscal Germán Montero considera como un elemento de convicción que Arenas Delgado era contador de la empresa Agropucalá, pese a que la propia azucarera ofició a la FECOR Lambayeque negando cualquier relación contractual o laboral con el profesional.

 

Con ese contenido, el representante del Ministerio Público pretende que Roncal Miñano sea internado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo por 36 meses.  

 

REQUERIMIENTO CONTIENE HECHOS FALSOS: ¿FISCAL BUSCA SORPRENDER A JUEZA PARA ENVIAR A PRISIÓN A CARLOS RONCAL?

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Los productores de arroz se han declarado en pie de lucha a nivel nacional y exigen al gobierno la derogatoria de dos decretos supremos que los perjudican directamente al admitir la importación del cereal con aranceles mínimos y, en algunos casos, inexistentes, lo que genera un escenario de competencia desleal que afecta los intereses del sector agrario.

 

En 1991 se establecieron los aranceles a la importación de arroz con el Decreto Supremo N° 016-91-AG, y con el Decreto Supremo N° 115-2001-EF se puso en marcha la Franja de Precios con el objetivo de estabilizar y proteger la producción nacional, teniendo en cuenta que los países exportadores, a los cuales el Perú compra el cereal, subsidian sus agriculturas.

 

Sin embargo, con los Decretos Supremos N° 103-2015-EF y N° 055-2016-EF se modificó y habría desnaturalizado los fines y objetivos del sistema de Franja de Precios, por lo que en la actualidad el arroz importado, con los ajustes realizados a la aplicación del derecho específico, paga un arancel irrisorio que en la mayoría de los casos llega a cero, no cumpliendo el propósito de estabilizar el costo de importación del producto y limitar el impacto negativo de la volatilidad de los precios internacionales y el subsidio extranjero.

 

La consecuencia directa es que los precios del arroz en cáscara de la producción nacional han disminuido considerablemente, afectando a más de 120 mil familias que participan de la cadena productiva en el país.

 

PROTESTA AGRARIA

El martes, como parte de la protesta convocada a nivel nacional, los productores del valle Chancay Lambayeque se movilizaron a lo largo de la carretera Panamericana Norte hasta la Gerencia Regional de Agricultura, donde se entrevistaron con el titular sectorial, Ricardo Romero Rentería, y el prefecto departamental, Rafael Aita Campodónico, a quien entregaron un memorial para que sea elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y al despacho del mandatario de la nación, Pedro Pablo Kuczynski, exponiendo la problemática que actualmente atraviesan.

 

“Exigimos el respeto de la Franja de Precios, porque con los decretos supremos de los años 2015 y 2016 se afecta directamente a la producción nacional. Al bajar los aranceles puede importarse arroz a bajo precio, sabiendo que la agricultura en otros países es subsidiada, mientras que la producción nacional no recibe ninguna contribución del Estado. Eso es competencia desleal”, mencionó Jesús Niquén Matallana, presidente de la Asociación de Productores de Lambayeque.

 

Dijo que a nivel nacional existen 400 mil hectáreas de arroz. Solo en el valle Chancay Lambayeque son 18 mil hectáreas las destinadas a la producción arrocera.

 

“Queremos que el presidente de la República cumpla con su promesa de defender la producción nacional y que respete la Franja de Precios”, indicó.

 

DESINTERÉS DEL GOBIERNO

Para la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA, el gobierno ha mostrado “nulo interés en establecer condiciones justas para la producción interna”. Como responsable directo del problema se señala al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

 

Los productores han acudido hasta en dos oportunidades a la Comisión Agraria del Congreso de la República, entre el 8 y el 14 de noviembre, sesiones en las que el MEF no tuvo participación activa con sus principales funcionarios, pese a que la agenda de las reuniones era iniciar un proceso de diálogo para buscar soluciones a la problemática actual.

 

“Exigimos que se deroguen los decretos supremos que han modificado la fórmula para obtener la Franja de Precios, sistema que sirve para la protección de cuatro productos: el arroz, el maíz, los lácteos y el algodón. Esta se activa cuando, por ejemplo, el arroz importado ingresa a un precio muy bajo”, señala Luis Gasco Arrobas, presidente de la APEMA.

 

LA FRANJA DE PRECIOS

En el país, la Franja de Precios se modifica dos veces al año, en abril y en septiembre.

 

En abril del 2015, la tonelada métrica de arroz importado tenía un precio referencial de 441 dólares americanos, a los que se sumaban entre 120 y 160 dólares por impuestos, generando una protección al arroz nacional. Es decir, la tonelada de arroz importado ingresaba al país con un valor de 600 dólares, aproximadamente, que es, en promedio, lo que cuesta producir la misma cantidad de cereal en el Perú.

 

Sin embargo, a inicios de año, con las modificaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el gravamen al arroz importado, en determinado momento, ha llegado a cero, comercializándose a un menor precio que el que se produce en el país.

 

“Acá el Estado no subsidia la producción agrícola, lo que está haciendo es subsidiar la producción extranjera y esto genera una total distorsión en el mercado interno. Lo que debemos resaltar también es que pese a que el arroz importado ingresa con un precio más barato que el nacional, esa reducción no ha beneficiado al ama de casa o a los consumidores finales, sino únicamente a determinado grupo de importadores o comerciantes que han visto la oportunidad de mezclar el cereal importado de mala calidad con uno de marca nacional, para así venderlo a un mayor precio. Por ejemplo el arroz tailandés que a inicios de año costaba 120 soles el saco, ahora se vende a 95 soles”, explica Gasco Arrobas.

 

PERJUICIOS

La competencia desleal ha originado que el precio del arroz en cascara que se produce en el país caiga y que los agricultores pierdan al no poder equiparar sus costos con el cereal importado.

 

“A los productores nacionales nos cuesta producir una tonelada de arroz aproximadamente 600 dólares y el arroz importado ingresa a un costo de 440 dólares en el mismo volumen. Al Perú siempre ha ingresado arroz del Uruguay, del Brasil y de Argentina. El arroz tailandés, por su baja calidad, tenía una participación mínima en el mercado interno, pero ahora ha desplazado considerablemente tanto al de los países vecinos como al producto nacional”, refiere el presidente de la APEMA.

 

Hasta hace unos años al Mercado Mayorista de Santa Anita ingresaban mil toneladas mensuales de arroz importado. Actualmente, la importación se ha incrementado en 300 %.

 

“Nosotros tenemos una de las más altas tasas de producción a nivel regional y probablemente a nivel mundial. En Arequipa se producen 14 toneladas métricas de arroz por hectárea, lo que es un récord a nivel mundial. Aquí, en el norte, entre Piura y el valle de Jequetepeque se tienen niveles de producción de 10 a 12 toneladas por hectáreas, son promedios altos. Producimos 400 mil hectáreas al año en el Perú, y eso nos da como resultado aproximadamente tres millones de toneladas métricas de arroz cáscara, que al ser llevadas al servicio de maquila dan como resultado un millón 900 toneladas del cereal”, detalla.

 

Añade que a nivel continente el Perú es uno de los principales consumidores de arroz. Se estima que cada peruano consume cerca de 55 kilos de arroz al año.

 

“Siempre se ha importado casi el 8 % de la demanda de arroz en el país, lo que equivale a 150 mil toneladas al año, más o menos, cifra que se ha incrementado considerablemente por todas estas ventajas que existen a favor de la importación en perjuicio de la producción nacional. Es probable que este año se cierre con 300 mil toneladas métricas de arroz importado”, enfatiza.

 

Gasco Arrobas menciona que la situación afecta a todos, principalmente a los pequeños agricultores.

 

“Hay gente que vive únicamente del arroz, son 120 mil familias las que dependen del arroz sin contar a las que se benefician con los negocios indirectos que genera la industria, ya sea con el sector transporte, comercio o logístico”, señala.

DENUNCIAN COMPETENCIA DESLEAL: PRODUCTORES NACIONALES PERJUDICADOS POR IMPORTACIÓN DE ARROZ LIBRE DE IMPUESTOS

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