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El 19 de mayo del 2010, José Luis Chayán Ñique ingresó a laborar en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque como auxiliar judicial, bajo un contrato de trabajo a plazo fijo que venció el 31 de enero del 2011, fecha en que fue despedido. El trabajador logró que en junio de ese año se le reincorporara a través de un proceso de amparo seguido contra el Poder Judicial y en adelante firmó contratos de naturaleza accidental o suplencia, consignando en la cláusula primera de cada contrato que se obedecía a una orden cautelar emitida en el Expediente N° 994-2011. Seguido el proceso de amparo este resultó desfavorable a Chayán Ñique, por lo que debía ser separado. Sin embargo, en la Gerencia de Administración de la corte no se dieron cuenta del hecho sino hasta nueve meses después.

 

El proceso de amparo que José Luis Chayán inició contra la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue declarado improcedente con la sentencia N° 5 del 28 de diciembre del 2015, ordenándose la remisión del expediente al Juzgado Laboral de turno de Chiclayo para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. La sentencia fue declarada consentida el 11 de mayo del 2016 y el 17 de junio de ese año fue notificada a la Gerencia de Administración.

 

Sin embargo, pese a que el amparo resultó improcedente al trabajador y la administración de la Corte de Lambayeque había sido notificada de la decisión judicial, esta recién decidió extinguir la relación laboral con Chayán Ñique el 30 de marzo del 2017; es decir, nueve meses después de caída la medida cautelar que le permitió trabajar desde junio del 2011. El servidor fue notificado del fin del vínculo con el Memorándum N° 414-2014-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ.

 

NUEVO CONTRATO

Lo extraño de este caso es que entre el 1 de octubre del 2016 y el 31 de diciembre del año pasado, José Luis Chayán fue contratado como asistente judicial. En el contrato, como era lógico, no se especificó la vigencia de una medida cautelar a su favor y como fue despedido en marzo del 2017 este recurrió nuevamente al Poder Judicial solicitando la nulidad del despido, argumentando la desnaturalización del nuevo contrato.

 

La pretensión fue declarada fundada y el 21 de septiembre del Poder Judicial ordenó que José Luis Chayán sea repuesto en su cargo como asistente judicial u otro de igual jerarquía y que se cumpla con pagar a su favor las remuneraciones devengadas, las que dejó de percibir entre marzo y septiembre del 2017, más los intereses legales. Asimismo, se fijó en mil 200 soles los costos procesales.

 

La Procuraduría de la corte apeló y así el caso llegó a la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, cuyos magistrados, el 11 de enero pasado, revocaron la sentencia que le reconoció el derecho a reposición a Chayán Ñique, declarando infundada la demanda. La decisión fue adoptada por los jueces superiores Marco Pérez Ramírez, Cecilia Tutaya Gonzales e Ismael Rodríguez Riojas.

 

INFORME A LA CONTRALORÍA

En dicha resolución, este último magistrado pidió que se informara la Contraloría General de la República de la irregularidad cometida por la Gerencia de Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al haber mantenido entre julio del 2016 y marzo 2017 a José Luis Chayán como trabajador de la entidad pese a que el vínculo laboral se había extinguido por la improcedencia del amparo que lo mantenía en el puesto de auxiliar judicial.

 

Atendiendo la recomendación, el 18 de enero el presidente de la Segunda Sala Laboral de la Corte de Lambayeque, Marco Pérez Ramírez, remitió el Oficio N° 2373-2017-2SL-CSJLA a la Oficina Regional de la Contraloría, adjuntando las copias certificadas del expediente de Chayán Ñique para la entidad fiscalizadora procesa de acuerdo a sus competencias.

 

OTRO CASO

Similar situación es la de Leonor Llontop Chapoñán, quien fue contratada el 5 de abril del 2013 en atención a una medida cautelar dispuesta por el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, recaída en el Expediente N° 299-2013-25, que dispuso su reposición provisional como asistente judicial “hasta que concluya indefectiblemente el proceso judicial”, como fue consignado en la tercera cláusula del nuevo contrato.

 

Tres años después, el 11 de agosto del 2016, la Gerencia de Administración de la Corte le notificó a la trabajadora que el proceso que esta había iniciado contra la entidad había concluido con sentencia firme declarando improcedente su demanda de reposición, por lo que dejaría de laborar el 31 de ese mes. La comunicación se hizo a través del Memorándum N° 1081-2016-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ.

 

Sin embargo, Leonor Llontop fue nuevamente contratada del 1 al 30 de septiembre del 2016, mediante “contrato sujeto a modalidad” sin especificarse ni determinarse la modalidad ni la causa objetiva de la contratación. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de ese año, la servidora fue contratada bajo la modalidad de suplencia. Lo mismo sucedió del 1 al 31 de enero del 2017 y del 1 de febrero al 31 de diciembre del año pasado.

 

Increíblemente, pese a que Llontop Chapoñán tenía un nuevo contrato vigente hasta diciembre del año pasado, el 29 de marzo del 2017 recibió el Memorándum N° 418-2017-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ, en el que se le comunicó que el proceso de amparo del 2016 había resultado adverso a su persona y, por lo tanto, sus labores concluían el 31 de marzo.

 

En resumen, Leonor Llontop fue contratada en septiembre del 2016 sin que exista una medida de reposición provisional vigente y con un contrato que no especificó la modalidad ni causa objetiva de su contratación. Peor aún, fue contratada entre octubre de ese año y diciembre del 2017 bajo la modalidad de suplencia, pero la Corte extinguió el vínculo laboral en marzo del año pasado argumentando la caducidad de la medida cautelar, cuando era no había sido la razón de su nueva contratación como trabajadora.

 

Ante esta vulneración de sus derechos laborales, Llontop Chapoñán presentó una medida cautelar contra su despido irregular, la misma que fue rechazada en primera instancia en julio pasado. En apelación, la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, el 11 de enero de este año, resolvió anular la decisión del juez civil y ordenó que el órgano jurisdiccional emita un nuevo pronunciamiento.

 

Además, ante la irregularidad presentada por las contrataciones carentes de sustente que beneficiaron a Leonor Llontop, el caso ha sido informado a la Contraloría General de la República para que actúe conforme a sus atribuciones.

 

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Es la carta con la que Alianza Para el Progreso – APP, espera ganar la alcaldía de La Victoria. Con dos períodos como regidor provincial de Chiclayo en su hoja de vida y una activa labor social a través de la Fundación Vidas, Edwin Vásquez Sánchez espera recibir el respaldo de los victorianos las votaciones de octubre, para así – señala – “continuar con las buenas acciones del alcalde saliente” y llevar la obra pública a los sectores más necesitados del distrito.

 

Vásquez Sánchez refiere que no es partidario de la mezquindad y por ello dice reconocer que el actual burgomaestre Anselmo Lozano Centurión deja una valla muy alta para su sucesor, pues tras cinco períodos de gobierno ha logrado importantes avances para La Victoria.

 

¿Por qué la población de La Victoria debería elegirlo como alcalde?

He sido criado, formado, educado en mi distrito. Soy un victoriano que permanentemente ha estado pendiente en la problemática del distrito. Presido la fundación Vidas que tiene más de 15 años de labor social y voluntariado y nunca buscando alguna intención política.

 

He decidido ingresar en la contienda electoral para ser autoridad municipal porque siento que la experiencia adquirida en estos años, entre ellas la de haber sido el regidor más joven de la historia de Chiclayo, desempeñándome no solo como fiscalizador, sino también como funcionario público. He ejercido el cargo de gerente municipal en el distrito de Pomalca, concluyendo una labor felicitada y también he sido gerente de Transportes de Chiclayo, recibiendo el respaldo de los gremios del sector.  Trabajar como fiscalizador y haber ingresado a la parte ejecutiva me hace ser el abanderado de una propuesta de experiencia, capacidad y juventud para el distrito victoriano.

Gracias a Dios siempre he salido con la frente en alto. Recordarán que cuando fui regidor de la provincia combatí a uno de los gobiernos más corruptos (el de Roberto Torres. Fue la etapa triste de Chiclayo. Sufrí amenazas y cumplí con mi función.

 

Si el pueblo de La Victoria lo decir, a partir del 1 de enero del 2019 trabajaré con la misma fuerza, pasión y dedicación que me ha caracterizado.

 

¿La valla que le deja el alcalde saliente después de 20 años de gobierno es bastante alta?

El éxito de Anselmo Lozano en La Victoria ha sido el de la pavimentación y reconocemos lo que se ha avanzado. Cuando uno es mezquino en la política siempre intenta opacar los logros que una administración ha hecho. Yo no voy a dedicar ni un minuto de mi tiempo a las persecuciones políticas, al destrozo de una autoridad por el hecho de dejarla mal parada. Cuando asuma la elección estaré avocado al 100 % al trabajo en las obras y progreso para nuestro distrito.

 

Que se encarguen los órganos respectivos si es que hubiera un tipo de delito o falta de la administración anterior. Para eso está la Contraloría, la fiscalía y el Poder Judicial. No hay odio en nuestros corazones, no hay ira respecto a quien deja la administración. Saludo los logros avanzados, saludamos que se hayan dedicado al tema de la pavimentación y veredas, tal vez no a la escala que nosotros hubiésemos querido, peor creo que sí se ha hecho obra.  

 

Nosotros estamos planteando que no solamente en nuestro período habrá pistas y veredas, sino que complementaremos un proyecto agresivo de modernidad, vinculada a la seguridad ciudadana, vinculada a los megaproyectos que La Victoria necesita.

 

¿Qué le ha faltado a Anselmo Lozano como alcalde de La Victoria?

Yo creo que una gestión no solo es de fierro y cemento. Nos falta mucho en educación y cultura.

Aquí ves a los jóvenes que practican danzas que no tienen un espacio donde hacerlo, por tanto lo hacen en calles y parques principales. No tenemos días culturales, nos falta un recinto.

 

Decimos que el tema de la cultura va bien en nuestro distrito, pero la realidad es otra.

 

¿Cuánto del distrito tiene saneamiento físico legal y saneamiento básico?

Hay un 20 % que le falta saneamiento físico. En Chosica del Norte, Chacupe, Sagrado Corazón de Jesús y alrededores de Raimondi cientos de familias aún no cuentan con servicios básicos.

 

Sagrado Corazón de Jesús tiene cerca de 15 años, es un pueblo en el que los vecinos han puesto provisionalmente su agua. Si se va a La Ladrillera, que tiene más de 20 años, se verá que no tienen servicio de agua y de luz y eso que está a ocho minutos del centro de La Victoria. Si va a Chacupe o Chosica la gente reclama con urgencia los servicios básicos. Es decir La Victoria ha crecido en el centro, pero la expansión urbana pasando la Vía de Evitamiento hacia afuera se ha convertido en un José Leonardo Ortiz en miniatura.

 

Hay desorden, caos, falta de servicios básicos, falta de pavimentación y mercados. Hay mercados abandonados en nuestro distrito. Por ejemplo, el mercado El Inca y el mercado AZ, donde la municipalidad tiene que ver con el acondicionamiento. Si bien es cierto son privados, hay que darles un proyecto de ayuda y apalancamiento. La infraestructura de El Inca es de adobe y ladrillo viejo. La autoridad municipal no interviene este hace 40 años.

 

¿Qué grandes proyectos propone usted para La Victoria?

Nosotros tenemos sueños grandes. Por ejemplo, Monsefú tiene compañía de bomberos y nosotros no. Somos un distrito con más de 100 mil habitantes y no tenemos compañía de bomberos. Ante un accidente de cualquier índole tenemos que esperar que vengan desde el Mercado Modelo.

 

Chongoyape tiene su estadio municipal, La Victoria no. Tenemos un espacio de seis hectáreas que es el parque zonal y está totalmente convertido en un cementerio de chatarra.  La Victoria tiene un cementerio de más de cuatro hectáreas totalmente olvidado. Cuando hay que ponerle velas y flores al familiar hay que dar la vuelta por Pimentel porque no hay carretera ni acceso directo. Ese  es un gran proyecto.

 

La Victoria adolece de proyectos de desarrollo grandes. Si bien es cierto el Terrapuerto de Chiclayo no es un proyecto de competencia distrital, las ocho hectáreas destinadas para este están en nuestra jurisdicción y hoy se encuentran llenas de basura y se han convertido en un relleno sanitario, y detrás de esta basura viven más de 500 familias que sufren falta de salubridad y delincuencia. Yo seré uno de los abanderados en lo que significa la inmediata construcción del Terrapuerto, porque con él La Victoria tendrá una cadena de hoteles, de restaurantes, comercio. Tendremos trabajo directo e indirecto y será un eje de desarrollo económico y social de ayuda importante para el distrito.

 

¿Cuántos trabajadores tiene la municipalidad de La Victoria? 

Hay 300 trabajadores entre empleados y obreros. Recordemos que hay modalidades distintas a través del CAS, de los servicios no personales o locación de servicios. Probablemnte tengamos un promedio de 400 trabajadores que nos pueda dejar la actual administración y me parece que es un número que está superando el ingreso.

 

¿De ser electo se compromete a no incrementar la planilla municipal?

Lo primero a lo que me comprometo es a respetar derechos laborales. Lo mejor que uno puede hacer como alcalde es eso. Creo que si un trabajador municipal ha ganado por diferentes cuestiones sus derechos y nosotros sabremos respetar. Lo único que haremos es adecuarnos al perfil que ellos tengan para que la municipalidad funcione correctamente.  

 

Creo que los alcaldes seríamos irresponsables cuando decimos que no hay dinero e incrementamos el número de trabajadores. Lo que siempre va a ocurrir en una nueva administración es el ingreso de los equipos de trabajo que son llamados por confianza, lo que representan cuotas mínimas. Si somos electos, lo primero que haremos será medir el grado de responsabilidad y eficiencia que existe actualmente y si algún funcionario de la actual administración cuenta con ese perfil y tiene lo que requerimos como condición de política de trabajo será convocado inmediatamente.

 

Las obras de pavimentación y mejoramiento de servicios en el casco central del distrito ha motivado que se ejecuten importantes inversiones inmobiliarias lo que no se refleja en el catastro del distrito ni en los ingresos por impuestos municipales. ¿Se animaría a crear un sistema de administración tributaria para optimizar este último aspecto?

Para partir de ello tenemos que implementar un plan de desarrollo urbano. Si bien es cierto hemos tenido un incremento a nivel urbanístico, pero nos falta la actualización catastral. Esa tendrá que ir de la mano con el sistema de rentas. La modernización de nuestro sistema de rentas será uno de nuestros pilares. Queremos que haya igualdad y equidad respecto a los residentes de nuestro distrito, pero nosotros no vamos a crear un SAT. Intentaremos primero la modernización de nuestro sistema de recaudación.

 

El SAT quita un porcentaje de la recaudación. En Chiclayo estaba entre 8 y 5 %, que es un monto que la entidad se queda por el servicio prestado. Si colocamos a una persona que conozca el manejo de un sistema tributario tendremos mejores ingresos. Confío en la gente trabajadora que tiene la municipalidad y confío en nuestras políticas de gestión.

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En el Día Internacional de Mujer, la past presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, reflexiona sobre la efectividad de las normas dadas para proteger a la población femenina de la violencia. Asegura que mientras no se definan políticas de Estado claras a favor de las mujeres y no se eduque a la población, los resultados seguirán siendo débiles.

 

¿Qué tan difícil es para una mujer hacer frente a la delincuencia a través del trabajo fiscal?

La labor del Fiscal es compleja y difícil en líneas generales. Para la mujer fiscal es un poco más difícil, pues tiene que enfrentar diversas reacciones de tinte machista que provienen de diversos sectores de la sociedad. Pero mayor dificultad representa enfrentarse a grupos criminales, a la delincuencia común, de cuello blanco, y delincuencia organizada, sabiendo que siempre estamos expuestas a riesgos y amenazas en el desarrollo de nuestra función; pero somos personas valientes, decididas, firmes y con gran coraje. 

 

En su experiencia personal, ¿tuvo usted que enfrentar algún tipo de discriminación por su condición de mujer para llegar hasta el máximo cargo del Ministerio Público en Lambayeque?

No tuve que enfrentar ningún tipo de discriminación para acceder a los cargos que he ocupado. Considero que vivimos desde hace mucho años una transformación de la sociedad que ve con naturalidad que las mujeres asumamos cargos de importancia y de representación.

 

¿Considera que el machismo es aún un serio obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres dentro de la administración pública?

Considero que sí es un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres dentro de la administración pública; pero también en todos los ámbitos. No olvidemos que aún hay mujeres profesionales que no pueden laborar porque se dedican a la crianza de sus hijos, no existiendo un tratamiento diferenciado que favorezca su desarrollo, por ejemplo un horario especial para aquellas madres de niños pequeños o especiales. Tampoco podemos dejar de mencionar que en muchos hogares aún se impone el machismo y esto contribuye al retraso en el desarrollo profesional.

 

¿Por qué cree que aún es mínima la participación de la mujer en política?

Porque no se ha dado una ley de cuotas de género que resulte verdaderamente beneficiosa para el desarrollo de la mujer en política. Considero que esa es una de las razones que la detiene. Otro factor es que la mujer política no es ubicada dentro de las listas de candidatos en un lugar preferencial, sería interesante contar con una norma que permitiera la alternancia para posibilitar la llegada de mujeres a cargos de elección popular.

 

¿Ha sido tentada en algún momento a incursionar en política?

No. Me dedico plenamente a mi labor en la Fiscalía y no he tenido ninguna invitación de algún partido político. Estando en actividad, tenemos prohibido incursionar en política.

 

¿Cree que son suficientes las normas dadas para proteger a las mujeres, como la ley contra el acoso callejero y el feminicidio? 

Las normas por sí solas no van a dar resultados positivos. Considero que si no se realiza una labor educativa tanto en los centros de enseñanza como en casa, la mujer seguirá sintiéndose desvalida. Es cierto que se han dado leyes que protegen a la mujer de la violencia, el acoso y la muerte, pero estas no han dado resultados positivos, por cuanto no van acompañadas de campañas de sensibilización y educación. Además de ello no existen soportes de prevención, ni de apoyo emocional o físico que posibiliten su protección.

 

¿Qué otras reformas deberían emprenderse a nivel normativo para sancionar la violencia contra las mujeres?

Considero que los tipos penales deben ser claros para permitir la aplicación de las sanciones que se señalan en las normas penales. Sobre el feminicidio, por ejemplo, existen diversas posiciones jurídicas que aún no se han resuelto. Lo hemos visto recientemente en un caso al que se ha dado bastante publicidad. En mi criterio no existe una política permanente que permita considerar que se quiere luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, pues a nivel legislativo ha habido marchas y contramarchas.

 

Han pasado más de 20 años desde que se dio la primera ley de protección contra la violencia familiar, pero los índices de violencia van en incremento. Ello nos indica que se deben reformular las normas legales, permitiéndose la participación de los Fiscales de Familia en los casos de violencia familiar y de género, con la participación de profesionales que deben avocarse a tratar a los agresores.

 

Se necesita un equipo para atender cada situación de violencia, pues hemos visto que una agresión simple puede ser el inicio de algo mayor que ponga en peligro la vida de las mujeres. Todos sabemos que las medidas de protección son muchas veces letra muerta. Por ejemplo, el mandato judicial que prohíbe a los agresores acercarse a las víctimas o la prohibición de insultarlas o agredirlas psicológicamente tiene como corolario un posible proceso penal, pero esas medidas no protegen a la víctima, más aún si la ejecución de las medidas de protección no está a cargo de los órganos judiciales que las emiten, los que tampoco han sido dotados de presupuesto para conseguir una verdadera protección.

 

¿Cómo empoderar a la mujer en la sociedad actual?

Es en el hogar el lugar donde la mujer debe ser adiestrada desde pequeña para enfrentar los problemas de violencia que sufre nuestra sociedad. Criarla con el concepto de igualdad plena, con alta autoestima, es un reto que los padres de familia deben enfrentar a sus hogares. Si desde pequeña la mujer considera que puede afrontar cualquier problema que surja en su vida, por sí misma, entonces nadie podrá convencerla o decirle que no puede hacer tal o cual cosa y disminuirla por su condición de mujer. Estoy segura que las mujeres podemos superar todos los problemas que la vida nos va dando.

 

¿Qué significa para usted el Día de la Mujer?

Implica en principio recordar con admiración a aquellas mujeres que emprendieron hace siglos la lucha por la igualdad de género; así también nos permite reafirmarnos en nuestra posición de reconocer a la mujer como un ser libre, autónomo, independiente, capacitado, luchador y firme.

 

¿Cree que hay logros en favor de la mujer a lo largo de la historia?

Sí, hay muchos logros en favor de la mujer. Por ejemplo, el reconocimiento de su ciudadanía para participar en elecciones en el año 1956; el cambio en las normas civiles que dejan a la mujer en libertad para trabajar sin autorización del marido; el derecho de la mujer casada a llevar sus apellidos sin obligación de anexar el apellido del marido; también el derecho a acceder a cargos públicos sin ninguna limitación; su acceso al control de la natalidad, etc.

 

Hoy, a pesar del tiempo transcurrido, nos encontramos en la misma lucha por la igualdad de género que motivaron los primeros movimientos feministas y hay que continuarla.  

 

¿Cree usted que el Estado Peruano ha dado verdaderas políticas por los derechos de la mujer?

Considero que aún no se aprecian las políticas que el Estado Peruano haya implementado; las mujeres siguen siendo agredidas, muertas, violadas. Las políticas que deben darse son de prevención y al respecto no aprecio que exista éxito. No hay casas de refugio, no hay profesionales suficientes para atender a la mujer lesionada física y psicológicamente; hay pocas redes sociales, no hay centros de atención integral.

 

No basta con inaugurar Comisarías de Mujeres o Centros de Atención, debe existir una evaluación semestral del éxito de las políticas implementadas y si no han sido exitosas, variarlas.

   

¿Desde qué edad trabaja?

Desde que era estudiante universitaria, 18 o 19 años, trabajaba sin pago, solo unas propinas. A cambio aprendí de grandes maestros, a quienes agradezco mucho sus enseñanzas profesionales.

 

¿Cuántos años tiene en la administración de justicia?

Ingresé al Ministerio Público en diciembre de 1984 y aún permanezco en la institución desempeñándome como fiscal.

 

¿Cuál es su mensaje por el Día de la Mujer?

Me gustaría dirigirme en especial a aquellas mujeres que sufren violencia doméstica o violencia de género y pedirles que reflexionen, analicen y decidan por su propio bienestar. Solo ellas podrán romper sus propias ataduras, superar sus limitaciones auto impuestas de silencio y permisión. Todas tenemos derecho a ser felices. Busquemos y luchemos por tener paz y felicidad cada día de nuestras vidas. Lo merecemos. 

 

¿A quién admira?

Admiro a Malala Youzafzai, quien cuando era apenas una adolescente se enfrentó a los talibanes, quienes después de invadir y someter a las poblaciones del valle Swat prohibieron la educación de las niñas. Ella se enfrentó al régimen talibán escribiendo en un blog en el que denunciaba las atrocidades que sufría la población. Fue víctima de un atentado en octubre del 2012, cuando se encontraba en un autobús escolar. Le dispararon en el cuello y la cabeza, poniéndola en peligro de muerte. Su lucha era por el derecho a la educación de las niñas de su pueblo. Yo considero que la educación es la clave del éxito en la vida de las personas, pues ayuda a superar la pobreza. 

 

¿Qué libros ha leído y le han servido en su actividad diaria?

Leo libros de derecho penal, derecho constitucional, derecho procesal, de diversos autores, como por ejemplo Carlos Creus, Donna, Roxin, García Cavero, San Martín, Salinas Siccha, Peña Cabrera Freyre y todos aquellos libros que sirven para la función que desarrollo. También soy aficionada a la lectura de las obras de Isabel Allende y de Gabriel García Márquez, entre otros.

 

¿Qué es para usted la familia?

Lo es todo. Es el lugar donde se da y se recibe amor, seguridad, armonía, perdón, amor a la patria y y se cultivan los valores de honestidad, responsabilidad; el lugar donde aprendemos del ejemplo que nos dan nuestros padres, de sus consejos. La infancia marca nuestra vida.

 

¿Cómo se puede cambiar la situación de Chiclayo?

Eligiendo mejor a nuestras autoridades. Estoy convencida que quienes postulen a un cargo de elección popular deben primero conocer los problemas que afronta la ciudad, saber de antemano cómo los va a solucionar, con qué recursos cuenta, qué obras podrá hacer y en qué plazos; los problemas que enfrentará con los sindicatos y todo aquello relacionado a la función que asuma. Pero no solo las autoridades deben ser mejores, sino también la propia población, la comunidad, la sociedad civil. No habrá ciudad limpia si los ciudadanos no son limpios y cultos. No habrá seguridad ciudadana si los padres no controlan a sus hijos desde pequeños, sino existe igualdad en el acceso a la educación, entre otros.

 

¿Qué le preocupa?

Me preocupa el incremento de la delincuencia y de la violencia sexual en la región Lambayeque. Me preocupa que los padres hagan oídos sordos a todo lo se publica en los diarios y continúen dejando a sus hijos expuestos a los peligros de ser violados por vecinos, tíos, primos y otros familiares; me preocupa el abandono escolar, porque esos niños y adolescentes no tendrán el futuro que corresponde; me preocupa que haya niños mendigos en las calles, explotados por sus propios padres; y los ancianos abandonados.

 

También me preocupa que no haya forma de rehabilitar a quienes se encuentran en la cárcel o en los centros juveniles. Son en realidad muchos problemas que no se abordan ni solucionan, y que contribuyen al deterioro de la sociedad.

 

¿Qué llamado hace a los profesores y padres de familia en este nuevo año escolar?

Que no sólo se limiten a enseñar los cursos que les corresponde, que se preocupen más por sus alumnos, sobre todo por aquellos que tienen déficit de atención, memoria u otra discapacidad. 

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Rafael Salazar Orozco creyó que dando en arriendo el amplio inmueble que posee en la intersección de las calles Junín y Colón, en el centro de Chiclayo, estaba haciendo un buen negocio, pero se equivocó. Por más de año y medio el local de dos pisos y que había sido recién remodelado fue ocupado por la empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL, representada por Alejandro Oliva Victorio, quien puso en funcionamiento un gimnasio, incumplió el contrato y se fue dejando el inmueble no solo en pésimas condiciones, sino además debiendo más de 40 mil dólares de alquiler.

 

El 14 de enero del 2016 Salazar Orozco y Oliva Victorio acudieron ante el notario Henry Macedo Villanueva y suscribieron el contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Junín N° 379, con un área de mil 40 metros cuadrados.

 

De acuerdo a la cuarta cláusula del contrato, Oliva Victorio, quien se había presentado como gerente de Sodimac Chiclayo, en representación de la empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL, se comprometió a pagar como renta mensual, desde el 15 de enero del 2016 al 14 de diciembre del 2017 la suma de cinco mil 500 dólares americanos, monto que sería cancelado por adelantado, y desde el 15 de enero del 2017 hasta la finalización del acuerdo un total de seis mil dólares.

 

Además, el arrendatario asumía las obligaciones por los servicios y se comprometía al pago de 11 mil dólares como garantía. Todas las operaciones debían realizarse a través del Banco de Crédito del Perú – BCP.

 

El contrato fue por cinco años y concluía el 31 de diciembre del 2020. En este también se estableció que el arrendador no asumía responsabilidad alguna frente a los órganos de control por el incumplimiento del arrendatario.

 

En la décimo cuarta cláusula se estableció que el contrato quedaba resuelto si el ocupante del inmueble incumplía cualquiera de las obligaciones asumidas. También que en caso de controversia o litigio que no podían resolver por mutuo acuerdo se sometían a lo estipulado por el Código Civil y acudirían al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

 

Oliva Victorio, quien fungió de garante solidario respecto de las obligaciones contraídas por la empresa, recibió además por conducto notarial un acta de entrega del local, en la que se detalló el equipamiento y las condiciones en las que se encontraba el inmueble “sin averías, ni rajaduras ni huecos ni perforaciones de ninguna clase”.

 

INCUMPLIMIENTO

“Empezaron mal, porque todo el 2016 se retrasaron en el pago y entre enero y septiembre del 2017, mes en que se fueron, no pagaron ni un sol. Me quedaron debiendo ocho meses. El señor Oliva Victorio y su socio, Eduardo Hoyos Cuesta, argumentaban que no podían cumplir porque la renta era muy alta. De cinco mil 500 dólares la bajé a cuatro mil 500 y tampoco pagaron”, comenta Rafael Salazar.

 

Oliva Victorio no solo dejó de pagar el alquiler, sino también los servicios de luz y agua potable que debieron ser asumidos por el propietario del inmueble. Por el incumplimiento del alquiler entre enero y septiembre del 2017 se acumuló una deuda de 40 mil 500 dólares.

 

Entre abril y agosto del año pasado, Rafael Salazar cursó diferentes cartas notariales a Alejandro Oliva exigiendo el pago del alquiler. Incluso, dio cuenta de la situación a la empresa empleadora de este por su comportamiento siendo gerente general de una cadena comercial en Chiclayo.

 

“Él se presentó haciendo gala de que era gerente de esa empresa y siendo esta una empresa reconocida asumí que se trataba de una persona seria. Lamentablemente me equivoqué. No fue así”, comenta.

 

SIN CONCILIACIÓN

El 23 de julio recurrió al Centro de Conciliación Concertar de Chiclayo para buscar una solución a su demanda, audiencia a la que Oliva Victorio no acudió. Un mes después, en julio del año pasado, Salazar Orozco acudió al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Lambayeque para invocar el desalojo del arrendatario.

 

“Al ver que yo había accionado ya en ese sentido no tuvo más que desocupar el local y se trasladó a un inmueble en la Avenida Libertad, en Santa Victoria. Lo que han hecho es cambiar la razón social de la empresa y dejó de figurar Alejandro Oliva como gerente. Eso demuestra que es su modus operandi, parece que hubieran tenido la intención de entrar y estafar, no pagar arriendos y luego cambiar de razón social y desaparecer”, señala.

 

La empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL no solo le quedó debiendo a Salazar Orozco. El 6 de febrero de este año la Caja Piura remitió una carta notarial que llegó al local de la calle Junín requiriendo el pago de una deuda vencida de 16 mil 872.4 soles, otorgándole 24 horas de plazo para su cancelación.

 

Lo increíble es que el 27 de febrero Alejandro Oliva Victorio, Eduardo Hoyos Cuestas y Alejandra del Pilar Flores Arana, quien fue secretaria del gimnasio, fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú cuando supuestamente intentaban asaltar al taxista identificado como Aladino Suárez Becerra.

 

El caso N° 2406074505-2018-1135-0 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo se encuentra bajo la dirección de la fiscal Dora Hidalgo Rodríguez. Como sustento se tiene el Informe Policial S/N-20018-REGPOLAMB-COM.IS-PNP DEL NORTE.

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