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La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, se convirtió en la primera casa superior de estudios de Lambayeque en recibir el licenciamiento que otorga la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, con lo cual garantiza la calidad de enseñanza a sus estudiantes.

 

El Consejo Directivo de la SUNEDU emitió la Resolución N° 031-2018, a través de la cual otorgó el licenciamiento por seis años a la USAT, luego de verificar las condiciones básicas de calidad que esta brinda a sus estudiantes de pre y postgrado.

 

El 2 d.c. el presidente del Consejo Directivo de la entidad fiscalizadora, Martín Benavides Abanto, llegó hasta la universidad local para hacer entrega del documento en una ceremonia especial, en la que participó el Gran Canciller de la casa de estudios, Robert Prevost Martínez, obispo de la Diócesis de Chiclayo, así como la rectora Patricia Campos Olazábal y las demás autoridades académicas y administrativas.

 

El licenciamiento a la USAT tiene una vigencia de seis años.

 

EL PRIMER PASO

“Queremos compartir la alegría de este momento con todas las personas que en su momento hicieron posible que llegáramos hasta el día de hoy. Ha sido un largo camino, hemos demorado casi un año en obtener nuestro licenciamiento, pero realmente valió la pena. Es un logro institucional de todos y cada uno, desde quienes han hecho la parte operativa hasta los directivos que hemos tenido que intervenir en el proceso. Realmente agradezco a todos, a Dios por permitirnos llegar aquí, a monseñor Robert por la confianza depositada en nosotros y a las personas que hicieron posible esto”, señaló la rectora.

 

Campos Olazábal destacó el trabajo realizado por los directores de Calidad de la universidad, quienes iniciaron y concluyeron el proceso de licenciamiento.

 

“Obtener un licenciamiento, obtener la acreditación de las carreras, es un logro, un paso, pero no es todo. Lo más difícil viene después. Nosotros tenemos que seguir mejorando nuestra calidad educativa, tenemos que seguir con lo que hoy día hemos empezado. De aquí para adelante los seis años que nos han dado de licenciamiento tienen que ser para subir y subir hasta ser una universidad de mucha excelencia. Eso se lo debemos a la comunidad, a las personas que dependen de nosotros”, precisó.

 

La autoridad universitaria resaltó además que la USAT “tiene grandes fortalezas” como su plana docente, sus programas y carreras, un área de Responsabilidad Social Universitaria – RSU, y el área de tutoría, que se constituye en un plus que beneficia a los estudiantes.

 

ACERCAMIENTO

A su turno, el Gran Canciller de la universidad recordó que las bases del licenciamiento de la universidad se sentaron hace 20 años, “con el esfuerzo, trabajo, sacrificio y compromiso” de construir y organizar un proyecto “para ofrecer una universidad de prestigio, de calidad, para la región Lambayeque, a nivel nacional e internacional”.

 

“Espero que todos sientan esta felicidad al lograr lo que hemos logrado, este orgullo sano, institucional y que debe ser personal para todos, porque hemos tenido que invertir para llegar a este día. Quiero añadir mi voz agradeciendo a todos los que han trabajado en este proceso, que como ya nos han indicado no es una conclusión, sino un paso más. Tengamos el compromiso de seguir creciendo, mejorando, buscando incluso nuevos campos con los que podamos contribuir a la vida de la universidad y de la sociedad”, remarcó Prevost Martínez.

 

El obispo mencionó además la necesidad de establecer un acercamiento entre la SUNEDU y las universidades católicas del país, a fin de que se considere la naturaleza de estas en la labor que cumple la superintendencia.

 

“Quiero insistir en que se cree una mesa de trabajo entre la SUNEDU y las universidades católicas, porque a veces nuestra impresión ha sido que la superintendencia reconoce a universidades públicas y privadas, pero no entiende a nivel institucional los aspectos de una universidad católica. Estos no son comprendidos en su esencia o totalidad, como la existencia de otro tipo de autoridades o de principios que son mucho más importantes y que se desprenden de la Iglesia Católica, reconocidos además por el acuerdo entre la Santa Sede y el Perú. Hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando”, refirió.

 

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Ante los reclamos de los trabajadores que se mantienen fuera de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque pese a tener medidas cautelares a su favor o sentencias de reposición, el presidente de la entidad, Aldo Zapata López, reconoció que existe un agudo desorden laboral, así como falta de presupuesto para plazas que resultan de vital importancia para el funcionamiento administrativo. El magistrado negó además que exista un manejo irregular de las contrataciones y aseguró que su objetivo es garantizar que al Poder Judicial ingresen a trabajar los mejores profesionales.

 

“Siempre he tenido una política de puertas abiertas, de sinceramiento, de justicia. Lo último que quiero es ser injusto con algunos trabajadores en la casa en la que yo precisamente laboro”, señala Zapata López a Expresión.

 

¿Qué tiene que decir sobre los reclamos que han presentado los trabajadores que fueron despedidos de la institución, ganaron un proceso judicial y aún no son repuestos? ¿Existe negativa de su gestión de admitir su retorno?

 

Tenemos nosotros una serie de procesos judiciales concluidos, es cierto. Pero el mandato que el Poder Judicial se obliga a cumplir consiste en asignar al demandante triunfante en un proceso una plaza que no existe.

 

Lo que se hace es contratarlos provisionalmente hasta que, llegado el momento que se presente la plaza, ellos sean incorporados definitivamente. Los casos en los que se ha incorporado definitivamente son muy pocos, en el resto de casos se toma a los trabajadores en contratos provisionales.

 

Es algo curioso, pero algunos no quieren. Nosotros les decimos que no podemos cumplir el mandato porque no existe la plaza que se nos pide cubrir, pero ellos se niegan a aceptar un contrato, por ejemplo, de suplencia. Aquí hay más de mil trabajadores.

 

A ellos se han sumado muchos trabajadores, que después de la decisión de la Gerencia General del Poder Judicial, han quedado simplemente fuera y ellos han planteado sus propios procesos judiciales en los que también hay mandatos que cumplir.

 

Si existe un grupo de personas a las que debemos reponer, lógicamente debemos elegir a aquellas que tienen mandatos de los años 2013 o 2014. No son nuevos.

 

También están los trabajadores que no necesariamente tienen mandatos definitivos del Poder Judicial pero sí medidas cautelares de no innovar, las mismas que fueron notificadas oportunamente a la Corte para que esta desista de accionar respecto a estos servidores. Sin embargo, pese a ello fueron despedidos. ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿El Poder Judicial incumple sus propias resoluciones?

 

Las medidas cautelares son medidas provisorias modificables que sirven, justifican o sustentan un proceso principal. Nosotros enfrentamos un proceso como demandados y esperamos tener un mandato definitivo.

 

El año pasado la Gerencia General del Poder Judicial advirtió que esta Corte era la que tenía más desordenados todos los asuntos de personal. Esa es una herencia que yo asumo como presidente, es un pasivo que me toca enfrentar como presidente pero que obedece a gestiones de presidentes anteriores, de jefes de personal, que han permitido que estas situaciones surjan, permanezcan. Es algo absurdo, porque nosotros dispensamos el servicio de justicia y no podemos generar injusticias respecto a las personas que nos brindan sus servicios. Pero, si las contratan mal definitivamente van a terminal mal.

 

Cantidad de casos se han presentado, no me imaginé que hubiera tantos. Hemos tenido un nivel de desorden que ha sido mencionado como un récord nacional.

 

No está respondiendo. ¿Por qué innovar sobre un trabajador que ya tiene una cautelar que ordena no innovar?

 

Muy simple. El mandato de la Gerencia General le precede a cualquier medida cautelar última. El mandato de la Gerencia General es más o menos de junio del año pasado. Los señores de las medidas cautelares son del momento mismo que se ejecutaba la resolución.

 

Según el mandato cada uno debe ocupar la plaza que le corresponde. En ese ordenamiento algunos tenían que quedarse sin el lugar. No es que se le esté botando, sino que el trabajador ingresó de esa manera.

 

Seguro quien lo contrató debió explicarle que se trataba de una situación temporal, que no adquiría un vínculo definitivo con el Poder Judicial porque estaba entrando de una manera inadecuada. Tuvieron que haberle advertido.

 

¿Hay responsables entonces?

 

Ustedes han publicado sobre una decisión de Contraloría que revisó una gestión que no es la mía. Yo soy presidente desde el año pasado. La investigación de Contraloría es 2015 y 2016. Yo no respondo por eso.

 

Pero usted asume el pasivo

 

Asumo el pasivo, quiero decir, pero la responsabilidad no me alcanza.

 

¿Es la presidencia de Ana Salés del Castillo?

 

No lo sé, porque de repente ella a su vez dirá que es por una gestión anterior. En lo que a mí toca yo respondo. Hay una decisión del Poder Judicial de ordenar la situación del personal en esta corte, con lo que se busca enmendar, corregir, algún tipo de infracción que cometió el propio Poder Judicial al momento de tomar a un trabajador.

 

Yo cumplo con el mandato, que me dice: “Repóngalo en la plaza libre y presupuestada”. Pero no la tengo.

 

Es paradójico. Hay trabajadores que teniendo mandato judicial definitivo no pueden retornar porque no existe la plaza, mientras otros trabajadores se han mantenido en la Corte sin tener vínculo laboral. Hemos publicado el caso de un servidor que se se mantenía laborando con una medida cautelar, perdió el proceso principal, la Corte fue notificada y no fue sino hasta diez meses después que se le despidió. ¿Cómo entender que alguien haya laborado casi un año sin vínculo laboral?

 

Estamos hablando de un caso concreto que no es mi gestión. Yo soy absolutamente riguroso, vengo temprano, estoy muy pendiente de la Corte y no me imaginé por un momento siquiera que me convirtieran en jefe de personal. Yo soy presidente de la Corte, no jefe de personal.

 

Sin embargo, como ha habido tanto desorden estoy pendiente de los asuntos del personal. Ese es un caso del que no puedo dar cuenta. Yo estoy pendiente de los mandatos judiciales.

 

¿Es inaudito verdad?

 

(Sonrisa) Si dicen que no procede y lo mantengo, o sea ¿qué es eso? Si ya rompí el vínculo con el trabajador, si en realidad decidí voluntariamente romperlo por alguna razón justificada y la decisión se judicializó y el demandante perdió el empleo, simple y llanamente no hay mayor justificación para mantenerlo. Yo no sé qué pasó.

 

¿El gerente de la Corte de Lambayeque estuvo en la anterior gestión o ingresó con usted?

 

Viene de una parte de la anterior gestión. Poco tiempo, entiendo.

 

¿Cuántos trabajadores tienen mandato de reposición? Expresión identificó a 13.

 

Probablemente exista ese número, no creo que más. Diez o 12 más o menos. Yo creo que todos tienen derecho a trabajar, pero nosotros también debemos cuidar que las decisiones que se tomen respecto al personal sean las que más se condigan con el interés de la institución.

 

Quiero a los mejores trabajadores, cuido eso y por lo menos lo estoy haciendo en mi gestión. Procuro que quienes llame estén a la altura de las circunstancias y cubran las expectativas de la corte y de la gente, sobre todo.

 

Los mandatos judiciales son inexorables y tenemos que cumplirlos. Cuando toca hay que cumplir. Finalmente, quien está detrás de estos cumplimientos es el sindicato. Esas personas están absolutamente pendiente de estos asuntos.

 

¿Cuántos trabajadores han sido contratados en su gestión?

 

Cada vez que se crea una plaza esta se tiene que cubrir. No tengo un número. Lo que hago es disponer cuando hay una licencia por cubrir. Cuido que la oportunidad para laborar sea para la mayor cantidad de personas, no tengo a gente a la que beneficiar.

 

Se ha cuestionado la contratación de los trabajadores para los juzgados anticorrupción, sobre todo porque no se ha cumplido con los procedimientos establecidos por la norma. ¿Qué puede decir al respecto?

 

No es así, eso es absurdo. Yo no trabajo así. Soy juez hace 14 años en el Perú y no trabajo así. No voy a favorecer a nadie, lo único que hago es entregar un empleo a quien reúne las condiciones y el perfil.

 

En el caso de los dos juzgados anticorrupción en verdad ha habido un error. No hay ninguna convocatoria, no hay ningún concurso público para cubrir plazas.

 

Nos dijeron: “Presidente, usted va a tener dos juzgados anticorrupción, usted vea quiénes van a cubrir esas plazas, pero eso sí, como son juzgados que se van a quedar con nosotros permanentemente las plazas deben ser sometidas a concurso público”. Eso es lo que vamos a hacer.

 

No va a entrar a mi gestión gente que piense que los hemos traído para que se quede por siempre. Lo que les digo es: “Señores, no es este un concurso. Necesitamos cubrir de manera inmediata para la atención de estos juzgados, pero las plazas se van a concursar”.

 

Hay contratos CAS y contratos 728. Las comisiones ya están funcionando y ya se verá un concurso con todos los pasos.

 

Las salas superiores han emitido fallos señalando que la función de auxiliar o especialista judicial son permanentes, no tienen temporalidad. Entonces, ¿qué garantiza que los que ahora trabajan en los juzgados anticorrupción más adelante no inicien procesos contra la Corte invocando esos conceptos, más si se les contrata por el régimen 728?

 

No va a pasar y ahora sí hablo por mí. No va a pasar porque ya la convocatoria se está haciendo. Yo quiero acá a los mejores y un concurso público es la mejor oportunidad para que aquí ingresen los mejores.

 

Cuando dice que quiere a los mejores, ¿significa que eso no se privilegió antes en la Corte?

 

Si tenemos dificultades con trabajadores es porque no se utilizó ese racionamiento. El mejor es el que busca incorporarse a un empleo de la administración público a través de un concurso de mérito y oposición. Los jueces hacemos eso. 

EN EL ASPECTO LABORAL: ZAPATA: “LA CORTE DE LAMBAYEQUE ES UNA DE LAS MÁS DESORDENADAS DEL PAÍS”

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En una concurrida elección institucional donde compitieron dos listas, los socios del Jockey Club de Chiclayo, eligieron el pasado domingo 25 de marzo a su nueva directiva que regirá los destinos de la institución social más grande de Lambayeque. La lista N°2 liderada por Carlos Burgos Montenegro salió ganadora.

 

Pasadas las 4 de la tarde el Comité Electoral presidida por Oswaldo Mendoza Ottiniano procedió al conteo de votos de las listas 1 y 2 que compitieron y lideraron Enrique Fuentes Vértiz y Carlos Burgos Montenegro.

 

En una concurrida fiesta democrática los más de dos mil socios de Jockey Club mostraron ante la sociedad lambayecana lo importante que es preservar la institucionalidad que por más de medio siglo a lo largo de su historia han mostrado quienes ha dirigido y conducido esta institución social.

 

Las primeras palabras del electo presidente fueron de gratitud: “Consocios, agradecemos a todos los que participaron en esta fiesta electoral, trabajaremos para todos, sin distinción, promoviendo y generando la unidad y la integración de todos los asociados para hacer de nuestro querido Club una real Familia, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Estaremos siempre al servicio de ustedes durante nuestra gestión”, precisó.

 

Burgos Montenegro que junto a un destacado equipo de profesionales y personas institucionalistas dirigirán el Jockey Club de Chiclayo también refirió “Aspiramos dirigir nuestra institución social estos dos años con absoluta responsabilidad, porque queremos que se sientan bien representados. Debemos lograr que nuestro Club en estos dos años se convierta en un gran espacio donde ese promueva la amistad, el afecto y el respeto entre los asociados”.

También agregó “Hemos participado con mucha seriedad, entusiasmo, prudencia y honestidad a pesar de los golpes bajos, ataques y anónimos infundados que gracias al trabajo en equipo se pudo aclarar a tiempo”, refirió Burgos.

 

Burgos Montenegro y su lista ganadora se mostraron siempre confiados de ganar la elección porque desde que pertenecen al Club han cuidado del patrimonio legado por los visionarios y fundadores del Jockey Club a quienes tienen que honrar por la historia de prestigio que durante varias décadas han dejado como uno de los mejores dominios a quienes hoy forman parte de la institución.

 

Dentro del Plan de Trabajo que ejecutarán están una mejora en los siguientes  servicios sostenidos:

 

Tópico.- Habilitarán el servicio de atenciones de emergencia y eventuales accidentes con atención personal de forma permanente, con medicamentos básicos y seguros para la atención de los asociados y familia.

 

Salas culturales.- Se habilitarán salones destinados al desarrollo de actividades culturales. Para lo que promoverán la danza, pintura, música, teatro y también se trabajará en programas de atención y orientación a los jóvenes y asociados.

 

Semilleros deportivos.- Para los electos directivos del JCCH es importante generar el hábito del deporte competitivo. Por ello desarrollarán los semilleros de fútbol, básquet, vóley entre otros deportes en los que se beneficiará a niños, adolescentes  y jóvenes.

 

Socios juveniles.- Lo novedoso de esta gestión electa es que darán  trámite a promociones especiales  para que los hijos de los socios puedan ser asociados con una promoción acorde a su situación y seguir así fortaleciendo al Club.

 

Spa y Peluquería.- Los socios requieren de este servicio que se pondrá en marcha de inmediato.

 

Mantenimiento.- La nueva directiva se compromete a desarrollar un programa de actividades de mantenimiento correctivo y predictivo para que todas las instalaciones y servicios funcionen como corresponde.

 

Deportes varios.- Se han comprometido a implementar y  repotenciar más deportes y juegos de salón, en especial para los  socios mayores y vitalicios con la finalidad  que el Club sea un lugar agradable para estar y disfrutar entre amigos y familia. El billar el fulbito de mano entre otros deportes será práctica permanente en el Club.

 

 Badminton, rampa para skatey y squash.- La Junta Directiva ampliará la oferta de disciplinas deportivas pensando en los deportistas, en los jóvenes y en nuestros hijos; queremos devolverle al Club ese dinamismo de años atrás para hacer más obras al servicio del socio y su familia.

 

Office center .- Muchos de los socios no cuentan con oficina física. Office center será un lugar donde puedan desarrollar empresa.

 

Restaurantes.- Implementarán más restaurantes. El socio tendrá la opción de elegir qué desea comer y será atendido como merece.

 

Socios vitalicios.- Los socios mayores necesitan un ambiente especial para ellos. Se habilitará diversas actividades, servicios y ambientes para ellos.

 

Piscina temperada.- Esta es una necesidad. En tiempo de invierno, esta piscina será un servicio que los socios y sus familias merecen.

 

Directiva:

Carlos Burgos Montenegro - Presidente.

Hugo Tello Cruzado- Vicepresidente.

Guillermo del Piélago Gastiaburú - Secretario.

Alfonso Díaz Gálvez - Tesorero.

Heiner Díaz Cardozo- Director de Economía y Finanzas.

Juan Pablo Giribaldi - Director de Promoción y Marketing.

Oscar Cárpena Recoba - Director de Recreación y Deportes.

Vitobeto Cervera Cueva- Director de Departamento de Socios.

Dante Ojeda Mendoza- Director de Servicios e Instalaciones.

Roberto Merino Aurich- Director de Actividades Sociales y Culturales.

CARLOS BURGOS PRESIDE LA INSTITUCIÓN HASTA EL 2020: JOCKEY ES FAMILIA

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  • Dos de ellos son dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la comuna.

 

Quince trabajadores de la municipalidad de José Leonardo Ortiz son investigados por la comisión del delito de usurpación agravada, al existir indicios de su presunta participación en la invasión de un terreno propiedad de la comuna distrital, área que estuvo destinada a la construcción de oficinas para servicios públicos.

 

El área de diez mil 306 metros cuadrados está inscrita a nombre de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz con la Partida N° 02187563, Tomo 19, fojas 142, que obra en Registros Públicos y se ubica en la Avenida José Balta Norte, frente al Colegio La Anunciata en el sector Carlos Stein. El predio se denomina Santa Úrsula.

 

Según la denuncia, el año pasado un grupo de trabajadores de la comuna tomó posesión del bien, que además está considerado en el margesí de la Oficina de Control Patrimonial del municipio y registrado en la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN, levantando viviendas precarias que hoy se encuentran dentro de un cerco de planchas metálicas.

 

Al lado se ha habilitado un área de expansión urbana denominada “Condominio Los Altos de Balta”.

 

Una imagen capturada por el servicio de mapas de Google, en enero del 2014, muestra que la zona estaba libre de cualquier tipo de ocupación, debido a que era destinada a la construcción de las oficinas municipales de Servicios Públicos que actualmente funcionan en el estadio Carlos Castañeda.

 

Denuncia

El cuestionable proceder de los trabajadores de la comuna motivó a que el procurador público de la municipalidad formule la denuncia correspondiente.

 

El caso llegó hasta la Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz, generándose la Carpeta N° 1715-2017 a cargo del fiscal Martín Muñoz Basauri, quien el 23 de marzo pasado emitió la Disposición N° 3 que amplió la investigación preliminar por un plazo de 30 días contra Richard Arturo Veliz Chávez y otros por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada en agravio de la comuna distrital. .

 

La decisión del representante del Ministerio Público se dio en atención a la Disposición N° 01-2018-MP de la Segunda Fiscalía Penal de Apelaciones de Lambayeque que le ordenó continuar con la investigación.

 

Los investigados

De acuerdo a la disposición, el próximo 16 de abril deberán acudir hasta el despacho del fiscal Muñoz Basuri los trabajadores municipales Juan Carlos Domínguez Verona, quien actualmente labora en el área de Tránsito y Transportes; Wilfer Aguilar Morante, del área de Licencias; Jesús Gonzales Alzamora, del área de Salubridad; Ítala Carranza Quispe, del área de Catastro y Elizabeth Torres Rodas, del área de Rentas.

 

Asimismo, deberán acudir: Arturo Huanca Bejarano, jefe de la Oficina de Defensa Civil del municipio; Grimaldo Fernández Saucedo, del área de Cobranza Coactiva; María Heredia Correa, de la DEMUNA; Francisco Rodríguez Souquión, del área de Rentas y Juan Villalobos Bulnes, del área de Participación Vecinal.

 

Para el 18 de abril están citados: Ruth Alvarado Tantaleán, quien trabaja como recaudadora municipal; Magaly Vergara Vílchez, del área de Licencias; Miguel Limo Paz, trabajador de caja chica; Stalin Burga Cotrina, obrero y Rosa Elisa Cobos, de Programa Sociales.

 

Dirigentes

Dos de los investigados son actualmente dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Ellos son: Grimaldo Fernández (secretario de Defensa) e Ítala Carranza (secretaria de Actas y Disciplina).

 

Expresión se contactó con Fernández Saucedo, quien en principio dijo desconocer la citación realizada por el Ministerio Público para que rinda su declaración sobre el caso.

 

El dirigente explicó que la historia del predio se remonta al segundo gobierno de Javier Castro Cruz como alcalde del distrito, quien habría donado el predio Santa Úrsula al entonces Sindicato de Trabajadores Municipales Democráticos – SITRAMUDE, que agrupaba a poco más de un centenar de servidores de la comuna y que luego se fusionaría con el Sindicato de Trabajadores Empleados.

 

“El terreno fue dado para la construcción de nuestro local institucional. Primero quisieron venderlo a los trabajadores, pero como justo hubo un reclamo o una huelga, no recuerdo bien, el alcalde para congraciarse donó el terreno y se decidió que en él se construyeran viviendas para los trabajadores que no poseían ninguna propiedad. Se asignaron lotes, pero con el tiempo el objetivo se desnaturalizó. Fue ahí cuando me alejé porque no podía ser parte de algo irregular”, mencionó vía telefónica Fernández Saucedo.

 

Añadió que actualmente no tiene ningún tipo de posesión sobre el terreno, el mismo que como se ha explicado se encuentra cercado, tiene instalaciones eléctricas y calles internas para la distribución de los lotes.  

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