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  • Durante 32 meses estuvo privado de su libertad a pedido de los investigadores del caso “Limpios de la corrupción”.
  • Fiscales Zapata Orozco, Carrasco Millones, Elías Bravo, Tejada Ramos, Arteaga Vera y Díaz Gonzáles responden a la Fiscalía Suprema de Control Interno por presunto prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad, rehusamiento y omisión.

 

Mediante Resolución N° 2134 la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público analiza la denuncia interpuesta contra Juan Carrasco Millones y otros cinco fiscales más a quienes se les imputa una serie de delitos en el marco de la investigación por la presunta red criminal “Los limpios de la corrupción”.

 

Por los delitos de fraude procesal, prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales, la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público investiga a Carrasco Millones y a cinco fiscales más de Chiclayo, luego de la denuncia que formuló Jorge Incháustegui Samamé, quien fuera enviado a prisión preventiva como supuesto integrante de la red criminal “Los Limpios de la Corrupción” y posteriormente absuelto en primera instancia del delito de asociación ilícita para delinquir.

 

Los investigados son Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; además el fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, Jorge Arteaga Vera y la fiscal superior adjunta superior del mismo despacho Lili Díaz Gonzáles.

 

Incháustegui Samané ha denunciado los referidos fiscales por presentar informes falsos para sustentar el proceso investigatorio y la medida de prisión preventiva en su contra.

 

La Fiscalía Suprema de Control Interno a cargo de Víctor Raúl Rodríguez Monteza, después de una revisión preliminar, consideró pertinente instaurar una investigación para reunir los elementos de juicio y pruebas indispensables que permitan esclarecer los cargos atribuidos a los persecutores del delito, solicitándole sus descargos respectivos. Sin embargo, de ser encontrados responsables de los delitos que se les imputan podrían ser condenados hasta con cinco años de cárcel.

 

A los fiscales denunciados se les cuestiona no haber realizado debidamente los actos de investigación ni haber trabajado con un equipo multidisciplinario, conforme lo precisaron en su oportunidad, conformado por la Contraloría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, un equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Bienes (CONABI) y la Unidad de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior.

 

Incháustegui Samamé, refiere que la denuncia interpuesta prueba cómo de manera permanente, emitieron requerimientos, disposiciones y providencias citando hechos falsos en la carpeta de investigación registrada con el número 2447-2014 de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo.

 

El exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo refiere que en la citada carpeta, donde no aparece ni como testigo, surge de repente el Informe 120-14 DIRTEPOL, dirigido al fiscal Juan Carrasco Millones el 4 de setiembre del 2014 y el mismo día dicho fiscal lo hizo suyo y suscribe el requerimiento de control de comunicaciones, incurriendo en el delito de prevaricato.

 

MENTIRAS Y MÁS MENTIRAS

Añade que en el punto 11 del requerimiento suscrito por el fiscal Carrasco Millones aparece su nombre, Jorge Incháustegui Samamé, al lado de la relación de funcionarios públicos que habrían generado ingentes cantidades de dinero, que supuestamente eran guardadas en sus propios domicilios o invertidas en bienes como vehículos, inmuebles, otras propiedades, y en algunos casos trasladadas al extranjero y colocadas paraísos fiscales, conforme aparecía del indicio probado del reporte de migraciones de salida del país, teniendo como destino Panamá, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba y otros.

 

Al referirse a los viajes a países como Argentina, Holanda y Chile, conjuntamente con su esposa e hijos, el investigado manifestó que eran absolutamente falsos. El exfuncionario refiere que su única vinculación con Holanda fue el Aeropuerto de Ámsterdam, que sirvió de escala cuando viajó a Suiza y que contó con la aprobación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo con la finalidad de afinar detalles para la suscripción del convenio para el Proyecto Chiclayo Limpio. En lo que respecta a Chile, sostuvo que no conoce dicho país y que la única vez que su esposa viajó a dicho destino fue en el año 1996, antes de celebrar su matrimonio e incluso antes conocerse con ella.

 

Agrega que mención aparte merece el viaje realizado a Argentina, a donde fue con su esposa y sus dos menores hijas.

 

“Hubiera sido fácil averiguar, si se trata de investigar la verdad, pues, resulta que el viaje lo hice tras adquirir un paquete turístico en Saga Falabella y este fue cancelado en puntos por compras realizadas por mi empresa Arqconsa, la que realizó la construcción de un inmueble y los materiales fueron adquiridos en Sodimac, lo que les permitió realizar este único viaja familiar, que por cierto no discrepa con el nivel de vida que ostenta mi familia”, afirma.

 

Señala que la Fiscalía afirmó que adquirió una camioneta en 26 mil dólares y que sus ingresos no guardaban relación con la compra del bien adquirido. Sin embargo, los fiscales no habrían investigado que el mismo día que depositó a la empresa Nor Autos 18 mil 500 dólares recibió el mismo importe por la venta de una camioneta que había adquirido vía crédito con financiamiento del Banco Interbank, conforme lo acreditó con los voucher de la citada entidad financiera.

 

Detalla que para sustentar dichas afirmaciones los citados fiscales refirieron haber trabajado supuestamente con un equipo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y todo un equipo multisectorial conforme lo manifestó el fiscal Sergio Zapata Orozco en el requerimiento de convalidación de detención preliminar.

 

“En la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del Fiscal del Ministerio Público, se ha generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un Equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencias Financiera, Equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, un Equipo de Peritos contables, equipos de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior, entre otros”, informó Zapata Orozco, titular de la investigación al juzgado.

 

Para Incháustegui Samamé, las aseveraciones suscritas por los fiscales Juan Carrasco Millones y Sergio Lucio Zapata Orozco son total y absolutamente ilícitas y pese a ello sirvieron para conseguir que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria acepte los requerimientos realizados, los que terminaron en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, mandatos de detención e incautaciones y allanamientos.

 

HECHOS INVENTADOS

“¿Cómo los fiscales denunciados podrían haberse equivocado tanto si contaban con un equipo interdisciplinario para investigar? La respuesta es que los fiscales denunciados, no realizaron los actos de investigación correspondiente, no trabajaron con el equipo multidisciplinario y armaron una historia fraudulenta, mintiendo conscientemente y cometiendo el delito de prevaricato”, señala Incháustegui Samamé.

 

“Han mentido hasta en el hecho de que las entidades del Estado mencionadas dentro del equipo interdisciplinario hayan participado y eso se acredita con la respuesta de la responsable de la Unidad de Administración de la Comisión de Bienes Incautados en la que aclara que CONABI no participa de modo alguno en la etapa de la investigación fiscal, previa a la entrega de bienes en mención, por ende no existe un informe elaborado por CONABI en los términos señalados.

 

Además resalta la nula participación de las entidades como Registros Públicos e Inteligencia Operativa del Ministerio del Interior, de fecha 30 de setiembre 2014, donde consigna el allanamiento de su vivienda ubicada en la calle Torres Paz 533, segundo piso. Sin embargo, cuando allanan la casa intervienen en el primer piso que es la vivienda de sus padres, totalmente distintas según los Registros Públicos. Incluso teniendo autorización para ingresar a una vivienda ingresaron y levantaron acta de incautación a dos viviendas en un total abuso de autoridad.

 

Pero hay más. El ex funcionario indica que pasa lo mismo con la nula participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, quienes solo tomaron conocimiento de los hechos posterior a la intervención realizada el 30 de setiembre del 2014 y, por ende, posterior a la investigación preliminar y los supuestos informes de inteligencia realizados.

 

“Es decir, se sustentaron los requerimientos argumentando que su trabajo de investigación había contado con la participación de la División de Lavado de Activos, sorprendiendo a las autoridades judiciales, quienes aceptaron los pedidos, detenciones allanamientos, incautaciones, levantamiento del secreto de las comunicaciones, confiados en la participación de entes especializados, cuando en realidad esto era total y absolutamente falso, pues estas entidades fueron llamadas a realizar sus informes posteriormente”, remarca.

 

Añade que los fiscales formularon requerimientos incluyendo hechos falsos, lo que constituye el delito de prevaricato y no solo ello sino que gracias a dichas afirmaciones, sin verificarse en ningún elemento de convicción, lograron fallos contrarios a la ley en los juzgados, lo que constituiría el delito de fraude procesal.

 

OFICIALES SUPLANTADORES

Otro de los cuestionamientos que hace Incháustegui Samamé es al informe Nº136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAM mediante el cual los oficiales Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden, solicitan a la Tercera Fiscalía Penal la detención preliminar contra 22 integrantes de la red criminal “Los Limpios de la Corrupción”, dedicados a cometer delito de corrupción de funcionarios.

 

El exfuncionario revela que los citados oficiales que suscribieron los supuestos informes de inteligencia, en la investigación que según las normas son de estricta responsabilidad del fiscal, no prestaban servicios en dicha unidad, cuyos sellos utilizaron para tramitar su requerimiento conforme lo ha dejado establecido el jefe del Oficina de Inteligencia de Chiclayo,  mediante Oficio Nº 1027-2015 Región Policial Lamb/ORI-SEC que dice: “al revisar copia de dicho documento se puede apreciar los nombres de dos oficiales que firmaron si bien es cierto trabajan en Chiclayo, no han prestado servicios en esta Jefatura, desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente sean de esta unidad”.

 

Para Incháustegui, la respuesta de la autoridad policial deja entrever que los fiscales denunciados, habría cometido el delito de fraude procesal, para el cual habría recibido el apoyo de los policiales que suscribieron el documento, quiénes sustentan hecho falsos y en segundo punto utilizan sellos de una unidad donde no trabajan.

 

En su denuncia un indignado Incháustegui hace ver al fiscal supremo que después de años de investigación, tiempo en el que incluso estuvo privado de su libertad, el Ministerio Público no ha sido capaz de imputarle un solo hecho de corrupción y lo ha mantenido cautivo llegando incluso a ofrecerle aceptar la comisión de cualquier delito para obtener su libertad.

 

ROSARIO DE QUEJAS

Contra el fiscal Juan Carrasco Millones está en curso un rosario de quejas presunto abuso de autoridad, irregularidad en el ejercicio de sus funciones e inconducta funcional, las mismas que se encuentran en etapa de investigación en la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, las que se formularon desde mediados del año 2017 a la fecha.

 

Una de las denuncias contra el citado representante del Ministerio Público fue la interpuesta por el abogado Luis Verona Sampértegui el 12 de febrero del 2018, ante la Fiscalía Superior del Órgano de Control Interno del Ministerio Público, en el cual detalla el incumplimiento de las normas establecidas para los beneficios de los colaboradores eficaces. Dicho proceso se encuentra para el pronunciamiento de la fiscalía superior.

 

Por otro lado, el fiscal Zapata Orozco es investigado por su accionar en el caso de Transportes Línea, donde se habría blindado al exfuncionario Percy Quesquén Díaz caso que reabierto recientemente ante nuevos hallazgos difundidos por nuestro equipo de investigación. Este mismo personaje goza también del privilegio de la libertad en la investigación del caso “Limpios de la corrupción”, a pesar de graves hechos de corrupción contenidos en la carpeta fiscal donde coinciden nuevamente Percy Quesquén como investigado y Sergio Zapata como investigador.

 

+NOTICIAS

  • Incháustegui Samamé fue absuelto en primera instancia del delito de asociación ilícita para delinquir y recobró su libertad al vencerse el plazo de prisión preventiva por lavado de activos, delito por el cual hasta el momento no es procesado. La sentencia que lo absolvió fue anulada por la instancia superior y deberá ser nuevamente juzgado.

 

 

TAMBIÉN EN EL CASO “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”: FALSIFICARON FIRMA DE POLICÍA EN INFORMEPARA PEDIR INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

 

El 4 de septiembre del 2014, el fiscal Juan Carrasco Millones, entonces adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, recibió el Informe N° 12014-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, en el que se solicitó el trámite de la autorización correspondiente para el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la interceptación a 29 números telefónicos manejados por los presuntos integrantes de la organización denominada “Limpios de la corrupción”, liderada por el entonces alcalde de la provincia Roberto Torres Gonzales.

 

El documento señala que era de conocimiento público por información de fuente abierta que en la Chiclayo “se cometían actos de conversión, ocultamiento y transferencia de bienes y dinero producto de actos ilícitos relacionados con los delitos de corrupción de funcionarios, colusión, concusión, peculado y otros, ejecutados por servidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, EPSEL, el SATCH y otras entidades en complicidad con empresarios (personas naturales y jurídicas) y utilizando testaferros para no ser descubiertos”.

 

Se indicó que “además existiría una red de corrupción organizada enquistada en el sistema de administración de justicia y fiscalización, que otorgaría proyección a los malos funcionarios a cambio de prebenda económicas con la finalidad de evitar sean sancionados”.

 

En ese sentido, en el informe se solicitó al fiscal Carrasco Millones que gestione ante órgano judicial correspondiente la orden del levantamiento del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica de los 29 números, todos correspondientes a equipos celulares, “a fin de identificar plenamente y desarticular a los integrantes de la organización criminal”.

 

El documento lleva dos firmas: la del suboficial Luis Electo Rojas Neciosup, acompañada del sello de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial, y la del coronel Luis Farfán Silva, entonces jefe de la OFINTERPOL Chiclayo.

 

Sin embargo, la firma que aparece en el documento y que supuestamente corresponde a Luis Farfán Silva no corresponde con la que aparece en su ficha RENIEC, por lo que se presunta que esta fue falsificada para validar la solicitud. 

PARA ENVIAR A PRISIÓN A JORGE INCHÁUSTEGUI: FISCALES LE MINTIERON AL PODER JUDICIAL PRESENTANDO DOCUMENTOS FALSOS

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Por considerar que no existen argumentos legales que justifiquen la ampliación de la prisión preventiva por 18 meses contra el empresario Samuel Roncal Miñano, presunto integrante de la organización criminal “La hermandad del norte”, su defensa apeló la resolución de la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

 

El abogado Jovino Castillo Castillo argumentó que la medida de la jueza viola la garantía de la defensa procesal por no haber dado respuesta, en ningún extremo de la resolución impugnada, a los argumentos de la defensa de Roncal Miñano respecto a la improcedencia del requerimiento de prolongación de prisión preventiva.

 

Además, precisa que la resolución de la jueza, dada el 30 de abril, transgrede la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, pues existiría clara contradicción en las razones que da la magistrada para justificar la prolongación de la prisión preventiva.

 

A ello se suma la presunta violación al principio de legalidad procesal penal, al imponer un plazo de prolongación de prisión preventiva de 18 meses a un caso de criminalidad organizada, pese a que esto no está contemplado en el Código Procesal Penal.

 

El letrado refiere que se debió declarar improcedente el requerimiento fiscal por falta de fundamentación de todos los presupuestos materiales y constitucionales, como son: circunstancias que importen especial dificultad de la investigación o del proceso; circunstancias que importen una prolongación de la investigación o del proceso; peligro procesal en sus dos vertientes sustracción de la acción de la justicia u obstaculización de la actividad probatoria; y principio de proporcionalidad.

 

“El Ministerio Público se ha encargado de oralizar su requerimiento escrito de prolongación de prisión preventiva sin haber cumplido con la carga procesal de fundamentación de forma exhaustiva, tanto en fundamentación fáctica, fundamentación legal y fundamentación constitucional, respecto a cada uno de los presupuestos materiales y constitucionales de la prolongación de la prisión preventiva antes de la audiencia”, refiere Castillo Castillo.

 

Añade que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque tampoco habría cumplido con la carga de la prueba al no objetivar mínimamente las razones por las que solicitó la prolongación de la prisión preventiva, como es la especial dificultad de la investigación; la especial prolongación de la investigación y del proceso; el peligro procesal en sus dos vertientes y el presupuesto constitucional del principio de proporcionalidad.

 

“No se aprecia en el requerimiento escrito y menos en el oral una fundamentación suficiente, exhaustiva y con los elementos objetivos necesarios que acrediten en el grado de probabilidad cualificada para requerir una medida de tal naturaleza por el plazo de 12 meses y menos por uno creado por la juez de garantías, de 18 meses de prisión”, remarca el letrado.

 

En el debate, la defensa técnica del procesado Samuel Antonio Roncal Miñano, argumentó que dicho requerimiento debía de declararse improcedente por cuanto el Ministerio Público no había cumplido con la carga procesal de fundamentación exhaustiva y suficiente respecto de cada uno de los presupuestos, pese a las exigencias del artículo 122 inciso 5 del Nuevo Código Procesal Penal - NCPP y la Casación N° 626-2013-Moquegua, que establecen directrices de cumplimiento obligatorio (la última doctrina jurisprudencial vinculante) tanto para el requerimiento de la prisión preventiva como para la prolongación al afectar también la libertad personal.

 

Explicó que esta exigencia había sido recogida por la Sala Penal Nacional en diversas resoluciones, siendo uno de ellas la emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el Expediente 91-2011 (Anexo A), mediante Resolución N° 6, de fecha 29 de setiembre del 2016; esto es, como la obligación del Ministerio Público de fundamentar su requerimiento por escrito, de forma exhaustiva por cada uno de sus presupuestos incluidos el de proporcionalidad y antes de la audiencia, esto con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la defensa eficaz y el derecho al tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa con anticipación.

 

Refiere que la omisión de la juez penal inobservaría principios y garantías fundamentales previstos en los artículos VI del Título Preliminar, 253, todos del NCPP; el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política de 1993; el artículo  8.2.c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.3.b, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desarrollados en la Casación N° 626-2013-Moquegua.

 

Jovino Castillo advierte que el fiscal Germán Montero Ugaz no fundamentó los presupuestos materiales de la prolongación de prisión preventiva de forma exhaustiva y el presupuesto constitucional de proporcionalidad ni siquiera lo mencionó, causando una grave indefensión.

 

“Los presupuestos materiales de la prolongación de prisión preventiva no fueron suficientemente o exhaustivamente motivados, pues incluso existe una contradicción al confundir especial dificultad con prolongación de la investigación del proceso, menos que se haya objetivizado con elementos de convicción graves para sustentar la especial dificultad de la investigación y menos del peligro procesal y qué decir del principio de proporcionalidad”, señala.

 

La defensa de Roncal Miñano indica que el principio de proporcionalidad es el presupuesto constitucional que debió ser argumentado con mayor rigurosidad para justificar el pedido de prolongación. Sin embargo, “no se dijo ni una sola palabra al respecto”.

 

Anota que el Tribunal Constitucional reconoce al principio de proporcionalidad como un presupuesto material de las medidas cautelares penales o de coerción procesal.

 

“Por eso que el juez penal al implementar medida cautelar contra una persona no solo debe limitarse a comprobar la concurrencia de los presupuestos materiales, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, o la especial dificultad o prolongación del proceso, sino que además debe verificar con igual exigencia que la clase e intensidad de la medida cautelar que adopte estén justificadas”, añade.

 

Castillo Castillo refiere que en el presente caso se ha producido una indefensión porque no se ha tratado mínimamente, en ningún extremo del auto cautelar apelado, los argumentos esgrimidos en la audiencia correspondiente sobre la improcedencia del requerimiento fiscal de prolongación de la prisión preventiva, por no haber cumplido de forma escrita, previa a la audiencia, para garantizar la igualdad de armas, de forma suficiente y exhaustiva de los presupuestos materiales y constitucionales, así como de los medios objetivos que sustentan su pretensión.   

 

En tanto, en relación a la resolución de la jueza indica que se evidencia una clara contradicción en su razonamiento, pues en primer término no define bien los dos supuestos normativos de circunstancias que importen una especial dificultad de la investigación o circunstancias que importe una prolongación del proceso, y tampoco se define bien si estas circunstancias concurren simultáneamente o como dice son disyuntivas.

 

“Por último no define si deben ser acreditados o solo invocados, por lo que provoca una nulidad procesal absoluta por motivación contradictoria”, enfatiza Jovino Castillo.

 

INTRODUCEN ESCRITO

El abogado cuestiona que en la audiencia de prolongación de prisión preventiva el fiscal sorpresivamente introdujo un escrito solicitando que el plazo de prolongación de prisión preventiva no debía ser de 12 meses sino de 18, argumentando que siendo un caso complejo correspondía la aplicación del artículo 274, inciso 1, parágrafo b), que permite la extensión de la medida por año y medio.

 

“Pese a advertir a la juez penal de garantía que una de las características de toda medida cautelar, más aún de una prisión preventiva o su prolongación, es el principio de legalidad procesal, esta, haciendo caso omiso a ello, ha creado un nuevo plazo, combinando circunstancias de los literales c) y b) del numeral 1 del artículo 274 del NCPP”, subraya la defensa, añadiendo que Núñez Cortijo habría incurrido en un gravísimo error al crear una norma limitativa de derecho estableciendo un nuevo plazo.

 

Jovino Castillo también señala que la juez en la parte considerativa del auto apelado aceptó indebidamente lo que el Ministerio Público fundamentó sobre la concurrencia automática de los dos supuestos de hecho: circunstancias que importen una especial dificultad del proceso y circunstancias que importen una prolongación del proceso, cuando ambas premisas resultan excluyentes entre sí, esto es, o se invoca una u otra causal pero no de forma simultánea.

 

“Resulta un error de la juez penal equiparar ambos supuestos normativos respecto a una misma circunstancia, en este caso la complejidad del proceso, conforme a lo señalado en el considerandos del auto impugnado”, refiere.

 

Más aún, porque según refiere su defendido no ha realizado durante la investigación preparatoria actos obstruccionistas que impidan la continuidad del proceso.

 

“Todo lo contrario, su comportamiento en este proceso penal ha sido el de impedir más bien que el Ministerio Público realice actos de obstrucción y permitir encausar al proceso en su estado natural, impidiendo dilaciones indebidas”, sostiene.

 

De otro lado, señala que deben existir nuevos argumentos y datos objetivos para establecer circunstancias que importen una especial dificultad, conforme ya lo ha señalado la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

 

No obstante, la juez señaló que al estar involucrados delitos perpetrados por una organización criminal, esto genera por sí misma la complejidad, así como el comprender innumerables procesados, investigados bajo un marco de actuación como organización criminal, lo que en sí mismo genera una prolongación en el proceso especial dificultad en el proceso.

 

“Lo que aquí se alega no es negar que el presente caso sea complejo, sino que los fundamentos utilizados por la fiscalía son los mismos que utilizó en el requerimiento de prisión preventiva y que fueron materia de pronunciamiento tanto en primera como segunda instancia; alegaciones que ya han merecido pronunciamiento al resolverse la prisión preventiva”, anota Castillo Castillo.

 

Es más, enfatiza que quien generó la demora en la actuación probatoria fue la propia fiscalía y no la defensa, por lo que es pertinente que se revoque la resolución que amplía la prisión preventiva a mi patrocinado.

 

+NOTICIAS

  • Un aspirante a colaborador eficaz imputa a Samuel Roncal Miñano y a su hermano Carlos de ser los autores intelectuales del asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera ocurrido el 23 de diciembre del 2015.
  • El sábado 5 de mayo fue detenido en Lima el empresario Carlos Roncal Miñano, contra quien la juez Mary Núñez ordenó prisión preventiva por 36 meses en diciembre del año pasado, argumentando debilidad en su defensa y peligro procesal como falta de arraigo domiciliario. 

DEFENSA DE SAMUEL RONCAL APELA PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA

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  • Última instancia administrativa confirmó además que accedió de manera ilegal a la historia clínica de la paciente para defenderse.

 

Nuevamente el médico Juan Rodríguez Terrones vuelve a hacer noticia, pero no por su reciente designación como jefe de EsSalud en Lambayeque, sino por una nueva sanción confirmada en la última instancia administrativa, luego de acreditarse que propuso a una paciente de la seguridad social operarla de manera particular mientras era atendida en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, además de acceder de manera irregular a su historia clínica para deslegitimar la queja que esta presentó en su contra.  

 

El 9 de abril el congresista oficialista Clemente Flores Vílchez remitió el Oficio N° 216-2017-2018 a la presidente ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, solicitando el cambio inmediato del gerente de la Red Asistencial de Lambayeque “Juan Aita Valle” para que designe “a un profesional con experiencia, dinámico y diligente que pueda mejorar y reforzar la calidad del servicio de atención a los asegurados”.

 

La pretensión del parlamentario tuvo respuesta casi inmediata, toda vez que el 26 de abril Molinelli Aristondo emitió la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 338-PE-ESSALUD-2018, encargando la jefatura de la red al médico Juan Rodríguez Terrones, con adición al puesto de gerente (director) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, puesto en el que fue designado en febrero pasado.

 

Los antecedentes de Rodríguez Terrones eran, hasta ese momento, haber sido suspendido 21 días en su labor por incurrir en falta grave contra la institución, al acudir a realizar dos operaciones (una en el hospital y otra en una clínica privada) mientras se encontraba de descanso médico, sanción confirmada por el Tribunal del Servicio Civil, y mantener un proceso judicial con EsSalud.

A estos se suma – ahora – la nueva sanción que pesa contra el galeno, generada tras una queja que la paciente Yeri del Rocío La Rosa consignó en el libro de reclamaciones del hospital de la seguridad social.

 

NUEVO CASO

Tal como consta en el Libro de Reclamaciones del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Hoja N° 000560, el 12 de abril del 2016, Yeri del Rocío La Rosa relató que el 23 de marzo había sido referida desde el Hospital Luis Heysen Incháustegui por cólicos de vesícula y que al llegar al Servicio de Emergencias del nosocomio fue atendida en el Tópico de Cirugía por el médico Juan Rodríguez Terrones, quien intentó cobrarle tres mil 500 soles por operarla.

 

“Tenía tanto dolor que le dije algo menos y quedaba en tres mil. Viendo que no podía completar (el dinero) esperé que me vea otro médico. Esta clase de propuestas no debe hacerla ningún médico, es abusar de la angustia y el momento que uno vive ya que soy una persona de bajos recursos. Denuncio este hecho para que no se haga lo mismo con otras personas”, escribió de puño y letra la paciente.

 

Al día siguiente, la coordinadora de la Oficina de Atención al Asegurado, Zahyde Hernández Arellano, remitió al Carta N° 042 al entonces jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Almanzor Aguinaga, Juan Otayza Hurtado, alcanzando el formato de la denuncia presentada por la paciente para que este solicite el descargo de Rodríguez Terrones y disponga las medidas correctivas implementadas.

 

El 15 de abril la tía de la paciente, Liliana La Rosa Santillán, presentó una declaración jurada certificada notarialmente precisando detalles del hecho denunciado. En el documento esta relató: “He sido testigo presencial el día 23 de marzo del 2016, en el piso de Emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo – EsSalud Chiclayo, cuando el doctor Juan Vidal Rodríguez Terrones decía a mi sobrina, señorita Yeri del Rocío La Rosa, que en ese hospital operaban mal, que le iban a dejar gasas en su cuerpo, que la iba a ver por días sentada en emergencia sin que la operen, pues no habían camas y que su vida corría peligro, y que él la podía operar en su consultorio por la suma de tres mil 500 soles si tuviéramos el dinero, dejándonos su número de teléfono en un papel que el mismo escribió: 222212 y 978084700. Mi sobrina se desesperó, llorando le pedía una rebaja a lo que el doctor nos dejó en tres mil soles”.

 

Añadió que otros médicos le indicaron a la paciente que su situación era atendible y que sería operada, lo que finalmente ocurrió sin complicaciones a cargo del médico Henry Becerra.

 

DESCARGO

Rodríguez Terrones presentó su descargo al jefe del Servicio de Cirugía General el 19 de abril del 2016, precisando que la acompañante de la paciente preguntó cuándo se le realizaría la operación de emergencia, a lo que respondió que “eso dependía de la evaluación por el gastroenterólogo y la disponibilidad del centro quirúrgico”.

 

“Igualmente les indiqué que pasaría a observación en pasillo a esperar ser reevaluada y programada, haciendo notar su molestia por el hecho de no ser programada instantáneamente, incluso reprendía por no haber camas y espacio donde colocarla para continuar con su tratamiento”, indicó en su descargo.

 

El médico informó al jefe del servicio que brindó la atención de acuerdo al debido proceso médico, indicándosele administración de antibióticos por vía endovenosa y formuló la interconsulta al Servicio de Gastroenterología para que se realice el procedimiento para pacientes con síndrome ictérico por coledocolitiasis secundaria.

 

“Ante la incomodidad mostrada por la acompañante de la paciente, esta pregunta si era recomendable llevarla a una clínica particular, a lo que les respondí que era su decisión. Luego pregunto cuánto estaría costando una cirugía de esas en una clínica particular, indicándole que el costo era variable dependiendo a donde la lleven y este era de entre tres mil y tres mil 500 soles. Dejando en claro que nunca sugerí alguna suma de dinero para que sea operada por mi persona en el HNAAA o que le haya recomendado alguna clínica en particular, para tal fin; máxime si como única prueba tiene tan solo su dicho”, señaló.

 

PIDIÓ RECTIFICACIÓN

Notificado del hecho, el 22 de abril del 2016 Rodríguez Terrones cursó una carta notarial a la paciente solicitándole su rectificación. En la misiva, el médico dio cuenta que la atendió de acuerdo a los protocolos médicos de EsSalud, indicándose administración de antibióticos por vía endovenosa y que formuló la interconsulta al servicio de Gastroenterología para Pancreatocolangiografía Retrógrada Endoscópica, útil para extraer los cálculos de la vía biliar sin tener que abrir la misma por cirugía abierta.

 

“El remitente conoce muy bien que a los pacientes no se les debe cobrar para que sean atendidos, sino que por protocolo los pacientes deben esperar la programación que establece el cirujano que ordena la operación, salvo urgencia extrema (riesgo de muerte). En tanto, debo precisar meridianamente que nunca le he referido la entrega de suma de dinero para que sea operada por mi persona en el HNAAA, para tal fin, por ser dicho acto antiético profesional”, señaló en la carta, otorgándole tres días para que se rectifique.

 

El 28 de abril la entonces gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Roda Pascual Albitres, remitió la Carta N° 1434 a Yeri del Rocía La Rosa precisando que lamentaba el “malentendido ocasionado” y que se estaban tomando medidas correctivas al respecto.

 

RECONSIDERACIÓN

En respuesta, el 10 de mayo la paciente se dirigió a la gerente de la red con un recurso de reconsideración, pidiendo que se inicie una investigación y, de haber lugar, se aplique la sanción disciplinaria correspondiente al médico Juan Rodríguez por la presunta falta ética.

 

Yeri del Rocío La Rosa expuso que de acuerdo al informe médico necesitaba una intervención quirúrgica de urgencia, porque presentaba un cuadro de Colecistitis Crónica Reagudizada, siendo atemorizada por el médico denunciado.

 

“Mi referida queja, por el acto deshonesto, falta de ética profesional y proceder inhumano no ha podido ser resuelto por su elevado despacho en la forma ilegal que se ha procedido, puesto que todo acto administrativo debe ceñirse a los dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo, cuyas normas precisan el concepto del Acto Administrativo, los requisitos de la validez de los mismos y la forma en que deben ser expedidos, a fin de que los administrados puedan tener el acceso a su defensa y, por ende, a la impugnación (…) Se observa que mi queja no ha sido atendida con la formalidad de ley, no ha tenido una investigación interna, tampoco se le ha citado al médico quejado para que preste su declaración, menos se ha citado a la recurrente para recepcionar si ratifico o no mi queja”, indicó la paciente.

 

En tal sentido, solicitó un reexamen de la queja y que se abra una inmediata y seria investigación al médico.

 

SANCIÓN

EsSalud procedió a iniciar el proceso administrativo contra Rodríguez Terrones. El médico fue notificado para que el 15 de febrero de este año exponga lo conveniente a su defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o mediante su abogado. Sin embargo, faltó a la diligencia y solicitó la reprogramación de la misma, siendo concedida mediante Carta N° 11 para el 22 de febrero. Empero, Rodríguez Terrones tampoco acudió y mucho menos presentó alegatos por escrito, levantándose las actas correspondientes.

 

Dada la naturaleza de los hechos, el Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAD estimó aplicar la amonestación escrita por cuanto resultaba razonable y proporcional.

 

Así, el 26 de febrero de este año, la jefatura del Servicio de Cirugía General, con Resolución N° 1, impuso la amonestación escrita al médico por haber vulnerado el numeral 2) del Artículo 6 del Código de Ética de la Función Pública, aprobado mediante la Ley N° 27815, concordante con el literal b) del numeral 5.1 del Código de Ética del Personal del Seguro Social de Salud – EsSalud, enmarcando su actuación con la falta administrativa disciplinaria establecida en el literal h) del Artículo 85 de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, en concordancia con el literal f) del Artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley N° 30057.

 

LA ÚLTIMA INSTANCIA

Rodríguez Terrones apeló ante la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque, que para el caso de amonestaciones escritas se constituye en la última instancia de acuerdo a la norma que rige el servicio civil, requiriendo la nulidad de la sanción y que se le absuelva de la imputación atribuida por supuesta contravención al derecho de defensa, así como el archivo definitivo del proceso disciplinario por insuficiencia probatoria y por existir – según indicó – “consigna temeraria por parte de la jefatura”.

 

La Oficina de Recursos Humanos evaluó cada uno de los argumentos presentados por el médico y precisó que sí existía prueba indiciaria, que además de ello se tenía la declaración jurada de la tía de la paciente y que la presunta violación al derecho de defensa quedaba descartada considerando que este tuvo dos oportunidades para presentar de manera oral o escrita, personal o a través de su abogado, los descargos correspondientes, pero no asistió a las audiencias.

 

Otro hecho que evaluó Recursos Humanos es que en su recurso impugnatorio Rodríguez Terrones expuso información contenida en la historia clínica de Yeri del Rocío La Rosa, lo que se considera una violación a la intimidad de las personas.

 

“La historia clínica de la paciente reposa en el Seguro Social y se constituye, en principio, en un documento privado sometido a reserva, que tan solo puede ser conocido por el paciente y el médico tratante, y excepcionalmente por un tercero, no pudiendo ofrecer en su defensa estas evaluaciones, pues no se cuenta con la autorización de la paciente y tampoco podría sacar conclusiones del diagnóstico por cuanto no es el especialista para ello”.

 

En tal sentido, tras determinar que las actuaciones realizadas respetaron las etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario, la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial Lambayeque emitió la Resolución N° 5, del 24 de abril de este año, declarando infundado el recurso administrativo de apelación presentado por Juan Rodríguez Terrones contra la sanción impuesta por el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo y declaró agotada la vía administrativa, debido a que dicha dependencia se constituye en la última instancia conforme lo señalado por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.

 

La resolución lleva la firma de Carlos Arteaga Ríos, jefe de Recursos Humanos del seguro social en Lambayeque.

 

+NOTICIAS

  • El inicio del proceso administrativo contra Rodríguez Terrones se sustentó en un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Red Asistencial Lambayeque. 

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  • José Baca Távara y Carlos Santa Cruz Alarcón declararon ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público en Lambayeque.

 

El 4 de mayo, la fiscal adjunto superior Liliana Delgado Martínez, en representación de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Lambayeque, se apersonó al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo para tomar la declaración testimonial de José Baca Távara y Carlos Santa Cruz Alarcón respecto a la actuación del fiscal Sergio Zapata Orozco en la Carpeta Fiscal N° 2585-2010, seguida contra Roberto Torres Gonzáles por el delito de cohecho pasivo, investigación que este archivó porque supuestamente no se contaba con los elementos de convicción suficientes para formalizar etapa preparatoria.

 

Los hechos que vinculan a Percy Quesquén Díaz con el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco se remontan en el año 2010, cuando salió a la luz un vídeo que registraba un evidente hecho de corrupción.  El administrador de la Empresa de Transportes Línea, Mario Salini Falconí, grabó a una persona identificada como Víctor Díaz Zárate al momento en que el primero entregaba una cantidad de dinero para un tal “Percy”.

 

Se presume que Díaz Zárate había sido enviado por Percy Quesquén Díaz a cobrar una coima y el administrador de Transportes Línea grabó la entrega. Incluso al final de la grabación volteó a la cámara y refirió: “… Bueno pues, estamos en el Perú y estas cosas pasan en el Perú…”.

 

Después de algunos meses el caso fue archivado dos veces por el fiscal Zapata Orozco bajo el argumento de que no existían suficientes elementos de convicción que probaran que Díaz Zarate había cobrado una prebenda a favor de Percy Quesquén Díaz. Se dio por válida la versión de que había cobrado por los servicios jurídicos prestados por el abogado Percy Requejo Gálvez.

 

El 22 de diciembre del 2015 uno de los investigados del caso “Limpios de la corrupción”, Juan Miguel Valdivia Goicochea, declaró lo siguiente:

 

“Cuando Percy Quesquén renunció (al SATCH) intempestivamente el 31 de mayo del año 2010 yo le pregunté las razones de su renuncia, manifestándome que luego me iba a comentar. Meses después, cuando el caso fue archivado me comunicó que su renuncia se debía a que en los últimos meses del 2009 Víctor Díaz Zárate había sido grabado en un video por el administrador de la Empresa de Transportes Línea, solicitando una coima o soborno para el señor Percy Quesquén Díaz, con la finalidad de no ser multado por el uso de vías públicas como estacionamiento de sus unidades vehiculares. Me conversó que había logrado el archivamiento porque en el vídeo no se menciona su apellido, solo su nombre Percy, y lo que había hecho era conseguir un abogado que se llamase Percy, elaborar un contrato de servicios con Línea y emitir recibos de honorarios para simular que el señor Víctor Díaz Zarate había ido a cobrar por supuestos servicios de Asesoría Jurídica. Posteriormente cuando me encontraba en EPSEL como gerente general me pidió que contratase al abogado Percy Requejo Gálvez como Asesor Legal Externo, como había informes negativos de su actuación por parte del Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, le dije a Quesquén que le iba a cortar el contrato, mencionándome que él era el abogado que lo había ayudado con el caso de Transportes Línea, aun así, dispuse la anulación de su contrato…”.

 

El CNM

El 18 de abril de 2017, el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco compareció ante el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en su Audiencia de Ratificación. En el desarrollo de la misma fue duramente cuestionado e incluso el consejero Iván Noguera lo interrogó sobre el caso “Línea”.  

 

El Fiscal Zapata Orozco respondió con evasivas y finalmente aceptó que fue sorprendido. Sin embargo, no reabrió el caso.

 

EL REEXAMEN DE LA CARPETA 2585-2010

Mediante escrito del 23 de junio de 2017, Valdivia Goycochea a la presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, que ordene a quien corresponda la reapertura del caso “Línea”, invocando la honestidad, probidad y transparencia que deben regir las actuaciones del Ministerio Público.

 

Recién el 12 de julio del año pasado, mediante Disposición N° 6, el fiscal provincial provisional César Celis Zapata consideró que: “La declaración brindada por Juan Miguel Valdivia Goycochea resulta como pertinente, útil y necesaria…”, resolviendo reexaminar los actuados contra Roberto Torres Gonzáles por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio o cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y contra Víctor Díaz Zarate y Mario Salini Falconí, ambos por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.

 

LA DENUNCIA CONTRA ZAPATA OROZCO

El 25 de abril del 2017 Valdivia Goycochea presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura un escrito denunciando la inconducta funcional de diversos fiscales entre ellos el Zapata Orozco, siendo uno de los casos denunciados el de Transportes Línea.

 

Mediante Oficio N° 000523 – 2017 – ARJF – QD / CNM, el jefe del Área de Registro de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura remitió al Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público el escrito presentado por Juan Miguel Valdivia Goycochea para “que, si lo estima pertinente, proceda de acuerdo a sus atribuciones…”.

 

El 2 de marzo de este año, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque dispuso Abrir Investigación Preliminar contra el fiscal Zapata Orozco por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y encubrimiento personal, en la Carpeta signada con el N° 286-2017, recayendo la investigación en el fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús, quien mediante Disposición N° 3, de fecha 10 de abril pasado, dispuso la realización de una serie de diligencias, entre ellas que el 4 de mayo se tome la declaración testimonial de José Baca Távara y Carlos Santa Cruz Alarcón, otros procesados del caso “Limpios de la corrupción”, en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo.

 

LO QUE DIJO BACA TÁVARA

Dando respuesta a la pregunta tres, respecto a la actuación del fiscal Zapata Orozco en la Carpeta Fiscal 2585-2010, el ex Gerente General de EPSEL S.A., respondió: “…cuando ingresamos al penal con medida de prisión preventiva, en enero de 2015, efectivamente coincidimos en un ambiente denominado Observación, Juan Valdivia Goycochea, Víctor Díaz Zárate, Jorge Inchaustegui Samamé, Misael Delgado y mi persona, un ambiente pequeño de 3x3 metros, y es allí donde en uno de los días que hemos permanecido nos manifestó el señor Víctor Díaz Zárate, al cual no conocía anteriormente, a todos, que el fiscal Sergio Zapata Orozco, que llevaba nuestra investigación había archivado el caso de Transportes Línea de una forma irregular, indicando lo siguiente: Que el señor Víctor Díaz Zárate había cobrado unas coimas porque había sido dispuesto por el señor Percy Quesquén Díaz y eso fue grabado por el administrador de Transportes Línea, entonces salió a la luz ese caso, se comenzó a investigar y se reunieron el señor Sergio Lucio Zapata Orozco, el señor Percy Quesquén Díaz y Víctor Díaz Zárate para ponerse de acuerdo cómo iban a archivar ese caso, una de las reuniones señaló Víctor Díaz Zárate fue en el Garza Hotel, no señalando fecha, e inclusive señaló que había ingresado el fiscal Zapata Orozco por la puerta trasera del hotel, por donde ingresan los vehículos, y al lado de la piscina fue donde se sentaron y reunieron, es decir, el fiscal Zapata Orozco conocía plenamente los actos irregulares cometidos por Percy Quesquén Díaz e inclusive el señor Víctor Díaz Zárate señaló que se le había pagado unas coimas al fiscal Zapata Orozco en su delante para archivar ese caso, eso es lo que nos comentó a los presentes en ese ambiente (Observación), es por eso que existe una sobreprotección al señor Percy Quesquén Díaz…”.

 

LO QUE DIJO SANTA CRUZ ALARCÓN

Dando respuesta a la pregunta dos, respecto a la actuación del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco en la Carpeta Fiscal 2585-2010, el ex funcionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, respondió: “Ese hecho sucedió cuando yo trabajaba en el SATCH como jefe de Imagen Institucional, cuando era jefe del SATCH el señor Percy Quesquén Díaz, siendo que lo que llevó a dicho caso fue un vídeo que fue expuesto en un medio de comunicación donde aparecía un señor de apellido Díaz pidiendo una coima a un administrador de Transportes Línea a nombre del señor ‘Percy’, a raíz de este escándalo intempestivamente Percy Quesquén Díaz renuncia como Jefe del SATCH. Tengo conocimiento que el señor Sergio Lucio Zapata Orozco estuvo a cargo de este caso, el mismo que tenía algún tipo de afinidad o acercamiento al señor Percy Quesquén Díaz, teniendo conocimiento que el señor Percy Quesquén habría ido a la casa del señor Sergio Lucio Zapata. Eso me conlleva a deducir que el señor Sergio Lucio Zapata Orozco en este caso blindó al señor Percy Quesquén, lo que determinó que este caso se archive por falta de pruebas (…) El señor Díaz reconocía que para archivar el caso 2585-2010 se valieron de varias artimañas, entre ellas buscar a un tal Percy, que era abogado y trabajador de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz y que luego del escándalo terminó siendo contratado como asesor externo de EPSEL, para que este fuera el Percy del que se hablaba en el vídeo y que cobraba sus honorarios profesionales…”.

 

Con las declaraciones de Baca Távara y Santa Cruz Alarcón se corroboraría lo declarado por Valdivia Goycochea el 22 de diciembre de 2015, y la situación del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco se vería seriamente comprometida, debido a que presumiblemente habría archivado de manera irregular la Carpeta Fiscal 2585-2010.

 

HÁBEAS CORPUS

El exadministrador de la Empresa Transportes Línea presentó un Hábeas Corpus pretendiendo se declare la nulidad de la resolución que permitió el reexamen de la Carpeta Fiscal 2585-2010, en la consideración que no se le puede investigar dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, la titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo declaró infundada la demanda interpuesta por Salini Falconí contra el fiscal César Celis Zapata, en la consideración que una resolución emitida por el Ministerio Público en la que se establece que no hay mérito para formular denuncia no constituye cosa juzgada, por lo que al presentarse nuevos elementos probatorios no conocidos anteriormente procede el reexamen ordenado.

 

Salini Falconí apeló a la referida sentencia, quedando en manos de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, conformada por los magistrados Ana Elizabeth Salés del Castillo, Juan Gualberto Sánchez Dejo y Margarita Isabel Zapata Cruz decidir si el caso de Transportes Línea debe seguir investigándose o no. 

SE CORROBORARÍA ACTUACIÓN A FAVOR DE PERCY QUESQUÉN: SE COMPLICA SITUACIÓN DE FISCAL ZAPATA POR ARCHIVAR CASO “LÍNEA”

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