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El 10 de mayo el diario La Industria publicó un amplio y contundente informe referido a las relaciones e intereses familiares del coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, en la Empresa Agroindustrial Tumán, sobre la cual hace tres años inició una investigación que involucra a sus principales directivos. Ahora, se suma el caso del fiscal Héctor López Pupuche, cuya pareja sentimental fue apoderada de la administración que lideró Marcelino Llontop Suyón.

 

La investigación contra la presunta organización criminal denominada “Los Wachiturros” se inició en el 2015 dentro de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, donde Carrasco Millones y López Pupuche se desempeñaban como fiscales.

 

La tesis desde un inicio fue que dicha organización era liderada por el empresario Edwin Oviedo Picchotito y conformada por otros funcionarios de su entorno, quienes habrían recurrido a una serie de hechos ilícitos como asesinatos y atentados para mantenerse en el control de la azucarera Tumán.

 

En el marco de las investigaciones, el 1 de septiembre del 2015, en horas de la tarde, Carrasco Millones y López Pupuche llegaron hasta las instalaciones de la empresa para intervenir en el  Departamento de Caja y Valores, tal como dieron cuenta diversos medios locales.

 

En su intervención los representantes del Ministerio Público encontraron armas de fuego que habrían sido utilizadas por personal de seguridad de la agroindustrial. En la diligencia también participó el delegado de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, Juan Carlos Díaz Liza.

 

INTERÉS PERSONAL

Lo hallado en la diligencia de ambos fiscales sirvió de base para que la fiscalía continúe la investigación imputando a los presuntos integrantes de la organización, entre otros delitos, la tenencia ilegal de armas.

 

Apenas cuatro días antes de la intervención el fiscal Carrasco Millones, encargado de la coordinación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, había logrado que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria ordene la captura de 21 personas como parte de la investigación del caso “Los “Wachiturros”. En el requerimiento el fiscal pidió también la detención de Edwin Oviedo y otros funcionarios de la azucarera, pero el juez no acogió la pretensión en ese extremo.

 

La participación del fiscal Héctor López Pupuche no tendría nada de extraño si meses después su pareja sentimental, con quien tiene dos hijos, no hubiese sido designada como apoderada de la administración judicial que irregularmente consiguió Marcelino Llontop Suyón.

 

El 12 de abril del 2016, en la Notaría Macedo, la Empresa Agroindustrial Tumán, representada por los entonces administradores Marcelino Llontop, Diómeses Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado, otorgaron poder general y especial para juicios a Yris Melisa Núñez Alcántara, Helder Enrique López Fernández, Yvan Daniel Salazar Moncada, Óscar Alberto Zamora Vega, José Luis Falen León, Edgar Armando Carrasco Vega, Richard Rogger Tirado Ventura y Julio César Tapia Santome.

 

A estos se les otorgó poder para “ejercer la representación procesal de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A”, pudiendo de manera individual o colectiva ejercer la representación judicial y legal de la sociedad en todo asunto, juicio, proceso y procedimiento de carácter comercial, agrario, de aduanas, administrativo, tributario, municipal, judicial, laboral, penal, civil y arbitral, constitucional, procesal y de cualquier naturaleza con todas las facultades generales del mandato y las especiales contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.

 

En ese sentido, podían interponer demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, solicitar medidas cautelares, deducir excepciones, tachas o cualquier otro mecanismo de defensa procesal, ofrecer caución juratoria de naturaleza real o persona, reconocer documentos, prestar declaración de parte, presentar recursos de reposición, apelación, nulidad, casación, revisión, queja, constitucionalidad, de agravio constitucional y más.

 

También, representar a la azucarera ante el INDECOPI, la SUNAT, SUNARP, Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores, CAVALI y empresas prestadoras de servicio sin limitación alguna.

 

Asimismo se les facultó para asistir a diligencias, conciliar y disponer del derecho sometido a conciliación y para arribar a acuerdos conciliatorios o de transacción con la autorización de los administradores judiciales.

 

El vínculo entre Yris Melisa Núñez Alcántara y el fiscal Héctor Núñez Popuche queda probado con las publicaciones que ambos tienen en sus cuentas personales de Facebook, así como en las fotografías de celebraciones familiares y comentarios.

 

LOS VÍNCULOS DE CARRASCO

Si bien el interés personal del fiscal Núñez Popuche en la Empresa Agroindustrial Tumán es posterior al inicio de las investigaciones a los exfuncionarios por la presunta organización “Los Wachiturros”, en el caso del fiscal Juan Manuel Carrasco existen antecedentes previos.

 

Tal como informó el diario La Industria, “el 18 de diciembre del 2004, Juan Manuel Carrasco Millones contrajo matrimonio civil con Jacqueline Silvia Díaz Idrogo, tal como consta en el Acta N° 00818142 del Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Fue testigo del matrimonio Tomás Franklin Díaz Idrogo, identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI N° 41495061, hermano de la novia y quien desde el año siguiente se convirtió en abogado al graduarse en la Universidad Particular de Chiclayo.

 

Tomás Díaz Idrogo es quien el 1 de febrero del 2011 suscribió una demanda de amparo que interpuso César Augusto Sandoval Lozada ante el Juzgado Mixto de la provincia de Utcubamba, Amazonas, contra Wigberto Cabrejos Flores, entonces presidente del Directorio de la Empresa Agroindustrial Tumán, a fin que se declare la nulidad de la inscripción del órgano de la gobierno de la azucarera.

 

El abogado se acreditó como domiciliado en el Jirón Cristóbal Colón 771, del distrito de Bagua Grande, y con registro N° 3435 del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL.

 

El cuñado de Carrasco Millones logró que el juez German Auris Evangelista, del Juzgado Mixto de Utcubamba, emitiera la Resolución N° 1 del Expediente 086-2011-001, concediendo la medida cautelar a favor de César Sandoval Lozada  con inusual rapidez, al emitir su pronunciamiento un día después de presentado el recurso.

 

En su decisión Auris Evangelista resolvió otorgar la administración temporal de la Empresa Agroindustrial Tumán a José Lachira Fiestas, Edgar Cayotopa Martínez y Frank Guevara Díaz, primo del abogado y también del fiscal Carrasco Millones.

 

El juez les otorgó las facultades de gestión y representación de la empresa, con capacidad para diseñar, programar, recibir, nombrar, celebrar, expedir, adquirir, negociar, suscribir, arrendar, contratar, realizar, abrir, efectuar y registrar todo lo concerniente a la gestión administrativa, económica, comercial, productiva y demás de la azucarera.

 

Ordenó que quienes ostentaban en ese momento la administración de la empresa la entreguen a favor de los tres designados por su despacho y que se suspendan las facultades e inscripción registral del IV Directorio de la agroindustrial, presidido por Cabrejos Flores. Comisionó también al juez de Paz Letrado de Tumán para que haciendo uso de todos los apremios facultados por ley para que cumpla con el mandato.

 

El 8 de febrero del 2011, Fernando Zurita Alejandría, juez de Paz de Única Nominación de Picsi, emitió el Oficio N° 5-2011-JPUNP, dirigido al entonces jefe de la II DIRTEPOL Lambayeque, Carlos Vallejos Pasano, para solicitar las garantías policiales a fin que se realice la instalación de la administración judicial designada por el juzgado de Utcubamba.

 

La diligencia que había sido programada para el 9 de febrero no se ejecutó, por lo que casi un mes después, el 7 de marzo, Tomás Díaz Idrogo y César Sandoval Lozada volvieron a recurrir al juez Auris Evangelista para que ordene que se prosiga con la ejecución de la medida cautelar.

 

Sin embargo, ya el 14 de febrero, con Resolución N° 1 en el Expediente N° 0562-2011-45-1706-J-CI-03, la juez Nancy Celis Novoa, del Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, había admitido una demanda de amparo presentada por Segundo Ordinola Zapata y Armando Vásquez García, declarando nula la resolución de Utcubamba y trabando el ingreso de los tres administradores que el juez Germán Auris había designado para que asuman el control de la azucarera Tumán.

 

De ese modo la pretensión de César Sandoval y el abogado, primo del fiscal que ahora tiene a su cargo el caso “Los Wachiturros”, en el que investiga a varios personajes ligados a la empresa Tumán, entre ellos Edwin Oviedo Picchotito y el mismo Segundo Ordinola Zapata, quedó trunca.

 

El 8 de marzo el mismo juzgado de Utcubamba anuló la resolución del juez Auris Evangelista, observando, entre otras cosas, que para tramitar el amparo a su favor César Sandoval no tenía domicilio real en la jurisdicción del órgano judicial”.

 

El mismo diario señala que el interés de familiares del fiscal Juan Manuel Carraco Millones en la empresa Tumán no es nuevo, data desde el año 2008, cuando el 15 de febrero Frank Guevara Díaz planteó un hábeas corpus ante el Juzgado Especializado Penal de Utcubamba, Amazonas, a nombre de Ramón Chacón Rioja, por la supuesta vulneración del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho de defensa en un caso que también compromete a Segundo Ordinola Zapata y Edwin Oviedo Picchotito.

 

“El mismo personaje ha tenido vinculaciones como abogado con César Sandoval y Marcelino Llontop Suyón, quien tomó posesión de la empresa Tumán de la mano de Fernando O’Phelan Pérez y al amparo de una cuestionada resolución emitida por un juez de José Leonardo Ortiz, quitándole el control de la azucarera al Grupo Oviedo”, indica la publicación.

 

+NOTICIAS

 

  • El fiscal Héctor López Pupuche continúa laborando en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.

 

  • La FECOR Lambayeque se creó en mayo del 2016, asumiendo su coordinación el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, quien trasladó el caso “Wachiturros” de la Tercera Fiscalía Provincial Penal a su despacho. 

CASO SE SUMA AL DEL COORDINADOR DE LA FECOR LAMBAYEQUE: OTRO FISCAL TUVO INTERESES FAMILIARES EN LA AZUCARERA TUMÁN

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El martes 29 el Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo aprobó por mayoría solicitar que la Presidencia Ejecutiva de EsSalud retire a Juan Rodríguez Terrones de la gerencia (dirección) del nosocomio y le revoque la encargatura de la gerencia de EsSalud en Lambayeque. El pedido deberá concretarse en los próximos días a través del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú – SINAMSSOP.

 

Los severos cuestionamientos que pesan sobre el cirujano Juan Rodríguez Terrenos, quien tiene en su legajo profesional dos sanciones administrativas por faltas graves confirmadas en última instancia, motivaron a que 32 galenos del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo solicitaran la realización de una asamblea extraordinaria del Cuerpo Médico, a fin de tomar acciones al respecto.

 

Lo que colmó la paciencia de los profesionales médicos del hospital fue la decisión de Rodríguez Terrones de cambiar de manera irregular a los jefes de servicios, sin considerar los aspectos profesionales de quienes venían ejerciendo el cargo ganado por concurso.

 

Rodríguez Terrones fue designado el 13 de febrero pasado como gerente (director) del Hospital Almanzor Aguinaga y el 26 de abril la Presidencia Ejecutiva de EsSalud le encargó la gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque “Juan Aita Valle”, elevándolo al más alto cargo de la seguridad social en el departamento.

 

CAMBIOS IRREGULARES

El 29 de mayo, un grupo de médicos alcanzó al presidente del Cuerpo Médico, Alfonso Díaz Gálvez, un memorial en el que denunciaron abuso de autoridad en los cambios de jefaturas de servicio y departamentos, pese a que estas habían sido ganadas por concurso en el Hospital Almanzor Aguinaga.

 

Asimismo, los médicos solicitaron al funcionario la urgente reconsideración de los cambios efectuados en las jefaturas del departamento de Emergencia y Cuidados Críticos y en las jefaturas de los servicios asistenciales de Cuidados Intensivos, Neonatología, Nefrología, Ginecología, Recuperación y Terapia del Dolor.

 

“Los abajo firmantes, jefes de departamento y de servicio asistencial, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, de EsSalud Chicayo, nos dirigimos ante su digno despacho para expresar nuestra profunda preocupación por la manera de proceder de la gestión actual, específicamente por haber procedido de manera que consideramos arbitraria a anular las resoluciones de ampliación de prórroga de jefaturas concursadas y ganadas por un grupo de jefes de servicio y departamento del hospital y proceder a designar a profesionales que carecen de experiencia en habilidades directivas y jefaturales, proceder que no se ajusta a la razón ni a la normatividad vigente”, señalan los firmantes del memorial.

 

INCUMPLIMIENTO

Según han denunciado, Rodríguez Terrones desconoce la Carta Circular N° 188, de la Gerencia Central de Gestión de Personas de EsSalud, con la cual se comunicó a los gerentes y directores de las redes del seguro social y a los jefes de Recursos Humanos de los órganos desconcentrados, que con el objetivo de garantizar la continuidad de las atenciones de la población asegurada se consideraba pertinente la ampliación para el año 2018 de la prórroga por encargo de los servicios que fueron asignados durante el período 2013 – 2016, hasta que se convoque a un nuevo concurso.

 

En la misma carta, la entonces jefa de la Gerencia Central de Gestión de Personas de EsSalud, Lucy Huaitalla Mauricio, señaló que “cualquier cambio respecto a la continuidad o cese de las asignaciones de los ganadores de concurso necesariamente debe ser comunicado y autorizado por esa Gerencia Central bajo responsabilidad administrativa de quien decida lo contrario. Por consiguiente, no se atenderá ningún pedido o solicitud de un órgano desconcentrado que no cuente con la documentación sustentatoria”.

 

Asimismo, que para el año 2018, en la situación que el órgano desconcentrado considere realizar el cambio de jefatura de departamento o servicio asistencial por un servidor que haya ganado por concurso, deberá remitir la documentación técnica correspondiente, en el que se debe incluir cuadros, reportes, indicadores e incidencias de actividades en las que justifique las razones por las cuáles no ha tenido una adecuada gestión en los años 2016 y 2017, así como fundamentar los motivos por los cuáles el servidor propuesto debe ser encargado en el referido cargo.

 

JEFES CAMBIADOS

Contraviniendo lo indicado en la carta circular, Rodríguez Terrenos decidió hace días destituir al médico Javier Fang Li de la jefatura del Servicio de Cuidado Intensivos, al médico Pedro Pairazamán Sifuentes de la jefatura del Servicio de Nefrología y al médico Hugo Villate de la jefatura del Servicio de Neonatología y Cuidado Intensivos Neonatales.

 

También quitó al médico Gonzalo Gamboa Cortijo de la jefatura del Servicio de Ginecología, a la médica Rocío Pando Lazo de la jefatura del Servicio de Recuperación y Terapia del Dolor y al médico Jaime Alvitez Izquierdo de la jefatura del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

 

Los médicos firmantes del memorial afirman que en ninguno de los casos se tiene reporte oficial o formal de una inadecuada gestión, tampoco documentación que ponga en duda su probada experiencia y habilidades directivas en la gestión de los servicios y/o departamentos motivo de cambio.

 

“Cabe puntualizar que siendo EsSalud una entidad pública toda evaluación que conlleve a un cambio importante, el evaluado debería tener conocimiento de dicha evaluación previo al cambio, hecho que en este caso no ha ocurrido. Por el contrario, los candidatos propuestos para ocupar los cargos en el departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, servicios de UCI, Neonatología, Ginecología, Recuperación y Terapia del Color y Cirugía General, ninguno tiene experiencia en gestión jefatural conocida”, indican.

 

En tal sentido, consideran arbitrarios, carente de razón y no ajustados a la normatividad los cambios realizados.

 

“Desconocemos los motivos y por ello exigimos una exhaustiva investigación, ya que por medio está, además del ejercicio correcto y transparente del actual del funcionario público, garantizar la óptima atención y gestión en beneficio de los asegurados”, señalan.

 

ACUERDO DE ASAMBLEA

En la asamblea del martes, 30 médicos votaron para que el Cuerpo Médico del hospital solicite la destitución del gerente de la Red Asistencial de Lambayeque. Hubo además cinco votos en contra y ocho abstenciones.

 

Se acordó también que se dé un voto de censura a los médicos que aceptaron las jefaturas en reemplazo de quienes las habían ganado por concurso.

 

Expresión se comunicó con el presidente del Cuerpo Médico, quien refirió que a través del SINAMSSOP se pedirá a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud defina la situación de Rodríguez Terrenos, respecto a si la encargatura de la red como adición al cargo de gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo es transitoria o permanente, para en función a ello solicitar el cambio.

 

Díaz Gálvez reconoció que sobre Rodríguez Terrones existen otros cuestionamientos, relacionados sobre todo a las sanciones que pesan en su contra.

 

SANCIONES

Como ha informado Expresión el año pasado Juan Rodríguez Terrones fue suspendido 21 días de su labor como cirujano del hospital por incurrir en falta grave contra la institución, esto al realizar dos operaciones (una en el hospital y otra en una clínica privada) mientras se encontraba de descanso médico, sanción confirmada en última instancia por el Tribunal del Servicio Civil.

 

A eso se suma que en febrero de este año la jefatura del Servicio de Cirugía General del nosocomio impuso la amonestación escrita al médico por haber vulnerado el numeral 2) del Artículo 6 del Código de Ética de la Función Pública, aprobado mediante la Ley N° 27815, concordante con el literal b) del numeral 5.1 del Código de Ética del Personal del Seguro Social de Salud – EsSalud, enmarcando su actuación con la falta administrativa disciplinaria establecida en el literal h) del Artículo 85 de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, en concordancia con el literal f) del Artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley N° 30057, debido a que una paciente denunció que el galeno le propuso operarla de manera particular previo pago de tres mil 500 soles, mientras se encontraba en el servicio de Emergencia del Almanzor Aguinaga. Para defenderse, Rodríguez Terrones reveló información de la historia clínica de la paciente.

 

La amonestación fue confirmada por la Oficina de Recursos Humanos, como última instancia, el 24 de abril. 

CUERPO MÉDICO DEL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO PEDIRÁ DESTITUCIÓN DEL GERENTE DE ESSALUD EN LAMBAYEQUE

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La gestión de Juan Zamora Pedemonte como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque acaba de sufrir un duro revés, que responde a la forma en la que el exmagistrado del Poder Judicial administra a la orden profesional. Siete integrantes de su consejo directivo presentaron cartas de renuncia irrevocable, dejándolo prácticamente solo, como ya le ocurrió antes.

 

El 23 de mayo ingresó a Mesa de Partes del colegio la carta suscrita por el vicedecano José Larios Bernal, quien renunció de manera irrevocable a su cargo, al amparo del Artículo 38, inciso “c” del Estatuto institucional.

 

Larios Bernal fue sometido a un irregular procedimiento que lo suspendió en el cargo de vicedecano luego de sus declaraciones a Expresión en las que pidió el adelanto de las elecciones y la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas, ante las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la orden.

 

En su exposición de motivos, José Larios señala que el Consejo Directivo no ha sesionado de manera regular y que las convocatorias realizadas se efectuaron faltando a la formalidad de la institución; a ello suma que hasta el momento no se ha cumplido con la juramentación de los delegados asambleístas, lo que configura la causal de vacancia de estos, conforme indica el estatuto.

 

“Pese a tener pleno conocimiento de tan clara disposición estatutaria, los continúa convocando, tan solo con el propósito de que le avalen o autoricen dilapidar el fondo previsional y los aportes ordinarios obrantes en las cuentas corrientes de la orden”, indica en su misiva.

 

Anota que en todas las convocatorias efectuadas en el 2017 y en lo que va de este año la asamblea no ha estado conformada por sus miembros naturales, toda vez que no se convocó al presidente del Comité Electoral, al presidente de la Comisión Revisora de Cuentas y al presidente del Tribunal de Honor, aun cuando el estatuto así lo ordena, por lo que todos los actuados serían nulos.

“Su proceder deja mucho que desear y afecta la imagen que debe mantener el ICAL”, afirma Larios Bernal dirigiéndose a Zamora Pedemonte, precisando que tampoco se implementaron las comisiones consultivas, como tampoco las permanentes y transitorias de conforme al Artículo 61 del Estatuto.

 

Cuestiona también que no se haya brindado apoyo a las asociaciones de abogados y que se ha negado la participación de estas en la Asamblea de Delegados.

 

“El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque no ha cumplido en brindar ningún servicio como lo dispone el Artículo 121, tampoco con efectuar el referéndum pese a existir un presupuesto determinado. (…) Ha renunciado a los principios y fines de la orden. La institución ha perdido protagonismo en los problemas sociales regionales y nacionales”, señala.

 

PERJUICIOS A LA ORDEN

El vicedecano responsabiliza a Zamora Pedemonte de haberse opuesto a que el terreno “El Ciénego”, donde se debe construir el centro de esparcimiento del colegio, sea medido en su totalidad, ante la sospecha de que el área en posesión es menor a la que registra la escritura pública.

 

“Existe un área que se ha perdido de la cual usted tiene perfecto conocimiento. Inclusive, los expropietarios del terreno conversaron con el decano y posteriormente se posesionaron de parte de la propiedad de la orden. El decano no efectuó ninguna denuncia ni dio a conocer al Consejo Directivo. ¿Por qué razón?”, señala.

 

Asimismo, cuestiona que el decano haya dispuesto de cuatro mil soles para cancelar deudas de los asambleístas y que haya pagado a Walter Pérez Serrano por “Servicios de evaluación, elaboración del proyecto y presupuesto para la construcción de la estructura e instalación del ascensor en el local principal del ICAL” el 17 de octubre del año pasado y por el mismo concepto también le pagó a Rosa Luna Pinedo el 2 de noviembre, aun cuando la implementación del elevador se había dejado sin efecto el 5 de octubre.

 

“Los hechos que se exponen pueden ser verificados y comprobados, el decano debe defender los intereses de la institución que representa. Sin embargo, resulta todo lo contrario, solo se encuentra aprovechándose de los recursos previsionales y aportes ordinarios que obran en las cuentas corrientes de los bancos privados”, afirma Larios Bernal.

 

RENUNCIA DE LA DIRECTORA SECRETARIA

Quien también ha presentado su renuncia es la Directora Secretaria de la orden, Rosa Pizarro Piscoya, quien el 21 de mayo cursó su carta al decano del Colegio de Abogados exponiendo sus razones.

 

En su escrito, Pizarro Piscoya detalla su disconformidad con la actitud autoritaria con la que se conduce a la institución, citando como ejemplo la celebración del Día del Abogado o del Día de la Madre, así como insistir en la continuidad de la gerente del colegio, Silvia Alfaro, con un sueldo de cuatro mil soles mensuales.

 

“Teniendo en cuenta que como concejo directivo se nos sindica de manera general como autores de tales desaciertos, insinuando incluso conductas de aprovechamiento de los recursos de la institución, por lo que no teniendo participación ni decisión de lo que se viene ejecutando presento mi renuncia irrevocable a miembro del Consejo Directivo 2017-2018 en mi condición de Secretaria Directiva”, suscribe.

 

RENUNCIA DEL DIRECTOR ACADÉMICO

También ha renunciado al cargo el Director Académico y de Promoción Cultural, Ángel Tello Rodríguez, con carta presentada la tarde del 21 de mayo, en la que se le indica a Juan Zamora que “ha demostrado en todo este tiempo ser una persona calculadora y extremadamente desconfiada, manipuladora y muchos adjetivos más” que prefiere obviar.

 

“Han quedado encarpetados gracias a su gestión un sinnúmero de proyectos de capacitación, de actividades culturales, de proyectos para nuestros hijos en vacaciones, para el aprendizaje de actividades musicales, de arte. Gracias a su gestión no se llevaron a cabo convenios y esto a pesar de las reiteradas solicitudes y cartas enviadas a su despacho dando opiniones favorables. Nunca respondió alguna propuesta de capacitación”, denuncia.

 

Menciona que “las actividades de capacitación realizadas en el año 2017 se hicieron solo con la voluntad de trabajar por nuestros agremiados, pero con una serie de inconvenientes para el pago de pasajes, estadía y alimentación de los ponentes, que muchas veces tuvieron que ser atendidos por mi persona. Luego, para la devolución de los gastos era otra tragedia, pero aun así insistí y se pudo realizar las actividades”, anota.

 

Tello Rodríguez afirma que su dirección se vio obligada a suspender la realización de eventos académicos por la indiferencia del decanato y que tampoco tuvo respuesta ante las propuestas presentadas dentro del plan de trabajo 2017-2018.

 

“Por no haber cumplido con los 15 ofrecimientos que hiciéramos en nuestro plan de trabajo, por no haber ejecutado ningún acuerdo del Consejo Directivo, por no informar al Consejo Directivo de las inversiones y gastos que se realizan en el Centro de Esparcimiento, por desconocer el pedido que hicieran las madres directivas, por no responder ninguna de mis cartas relacionadas a las actividades académicas, por favorecer a algunos asambleístas de su preferencia para manipular las votaciones en las sesiones, presento mi renuncia irrevocable pidiendo disculpas a los colegas que me apoyaron por no haber podido cumplir con lo encomendado”, firma Tello Rodríguez.

 

MÁS RENUNCIAS

Del mismo modo presentó su renuncia por escrito la abogada Zelmy Rosario Camacho, quien se desempeñaba como Directora de Bienestar y Extensión Social. Lo motivos de su declinación – expone – “obedecen a no compartir las decisiones unilaterales” adoptadas por el decano.

 

Rosario Camacho menciona que desde que se inició la gestión hizo saber su preocupación debido a que el Director de Economía es a la vez suegro de la Tesorera del colegio, situación para la cual pidió una solución sin tener respuesta.

 

Asimismo, manifiesta su extrañeza por el pedido de vacancia presentado por un integrante de la asamblea en su contra, ante la inasistencia que tuvo a una sesión reciente, pese a que otro de los directivos ha faltado de manera reiterativa e injustificada.

“Opté últimamente por no asistir en resguardo de mi salud emocional y física, al no estar de acuerdo con los pedidos de algunos delegados y con la forma como se desarrollan estas (sesiones), por el comportamiento de algunos asambleístas que no permiten hablar y se imponen con gritos desaforados, a los que la suscrita no se encuentra acostumbrada ni va a permitir la falta de respeto”, expone.

 

La Directora de Derechos Humanos, Guiliana Castro Pasapera, también ha renunciado al cargo, no sin antes expresar su disconformidad por el incremento de la cuota de fondo mortuorio sin previo informe técnico contable sobre el balance o fondos de la institución.

 

“Respecto a nuestro plan de trabajo no he obtenido respuesta alguna a pesar que mi dirección cuenta con un presupuesto que pudo haberse ejecutado a favor de nuestros agremiados. Nunca tuve su disposición para realizarlo. (…) Por estas y otras razones que están demás ya mencionar, con el fin de no ser un obstáculo en personal y autoritaria gestión, doy un paso al costado y renuncio”, expresa Castro Pasapera.

 

Al cierre de este informe se conoció también la renuncia de la directiva Ana Torres Balarezo.

RENUNCIA MASIVA: DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEJAN SOLO A ZAMORA PEDEMONTE

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  • Por su aniversario como área natural protegida se realizará el Pómac Fest, festividad que contempla actividades culturales, deportivas, gastronómicas y artísticas.

 

Con motivo del XVII aniversario del Santuario Histórico Bosque de Pómac se celebrará hasta el 3 de junio el Pómac Fest, una actividad cultural y de entretenimiento que está a cargo del Comité de Gestión del sitio de conservación.

Este es un espacio de concertación conformado por 48 instituciones representantes de asociaciones públicas y privadas, además de la sociedad civil.

 

El santuario está ubicado en la provincia de Ferreñafe y es administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. Además, fue establecido el 1 de junio del 2001 a fin de conservar la unidad paisajística - cultural conformada por el Bosque de Pómac y el Complejo Arqueológico de Sicán.

 

El presidente del Comité de Gestión, Carlos Mendoza Canto, cuenta que la festividad espera reunir a más de 500 participantes y tiene por objeto fortalecer la gestión del área natural protegida e impulsar acciones que garanticen un desarrollo sostenible de las poblaciones locales.

 

ACTIVIDADES

El Pómac Fest nace por la iniciativa de realizar una actividad que enmarque el aniversario de creación del santuario como un área natural protegida por el SERNAM.

 

“El comité pretende fortalecer esta creación y hacer partícipe a la comunidad, además de concientizarla sobre la importancia que posee el bosque para los Lambayecanos, para el Perú y para el mundo por su biodiversidad, por su relación con la historia, la memoria y la identidad por los temas patrimoniales y arqueológicos”, sostiene.

 

La celebración inició el sábado 26 de mayo con un taller de turismo no convencional. El 27 se desarrolló un concurso escolar de dibujo y pintura. El martes 29 se realizó el Ciclo de Documentales de Turismo de Aventura y Naturaleza, el mismo que se llevará a cabo hoy jueves 31 a las 7:30 de la noche en la Dirección Desconcentrada de Cultura.

 

En cuanto a las actividades académicas, el 30 de mayo hubo un conversatorio acerca de la problemática de la declinación del algarrobo en los bosques secos del norte. De igual forma, el 1 de junio se realizará un conversatorio sobre los servicios ambientales del Santuario Histórico Bosque de Pómac.

 

“Los documentales y cortometrajes están en relación a cómo las áreas naturales protegidas pueden ser intervenidas, leídas y vistas desde otro ángulo, pues normalmente siempre las relacionamos con el tema turístico. Pero el bosque en sí encierra muchas cosas y estas proyecciones nos hablarán de las bondades que hay dentro de él, así como las personas que lo habitan”, explica.

 

La idea, sostiene Carlos Mendoza, es que el público tenga una visión más amplia acerca de su intervención en el bosque y no se quede solamente en la mirada turística, pues este puede ser un lugar para el desarrollo académico de una clase de fotografía, de video, de antropología y hasta de sociología.

 

ANHELOS

“Me gustaría que la comunidad universitaria se dé cita en el bosque para interactuar con él y así establecer vínculos de comunicación entre lo académico y lo natural, lo ecológico y de conservación, porque de alguna manera estaríamos dando señales de la importancia del santuario”, expresa.

 

Según el presidente del Comité de Gestión del santuario, interactuar y vivir directamente con las comunidades cambia la perspectiva de cada persona.

 

“En medio de toda esta festividad descubrimos que existen artistas plásticos en comunidades como Motupe y Olmos. Ellos laboran como profesores y llevan el arte a quienes más lo necesitan”, acota.

 

El Comité de Gestión pretende que la comunidad encuentre otros mecanismos para acercarse al bosque, además del turístico. Este factor ayuda porque genera economía para las personas que viven en la comunidad, pero no es el único eje temático.

 

Las actividades del Pómac Fest se realizarán hasta el domingo 3 de junio. Ese día el concurso de tondero inicia a las 9:00 de la mañana y se realizará en el Museo de Sicán. Paralela al concurso habrá una feria artesanal.

 

El sábado 2 de junio es el día central y se va a celebrar en el propio santuario con actividades continuas como el ciclismo, además de juegos tradicionales como palo encebado, tejas y encostalados. Finalmente, cerrará con un concierto de música   incidental, astral que acompañe y dote de salud a las aves y animales que habitan el lugar.

 

El bosque vive un momento complicado no solo ocasionado por la intervención del hombre, sino también por los cambios climáticos que afronta el mundo. El algarrobo, desde hace unos años, presenta una plaga que supone sus últimos días.

 

LA MOVIDA CULTURAL CHICLAYANA

De acuerdo a Carlos Mendoza, Chiclayo atraviesa un buen momento, pues hay muchas iniciativas y activistas que hacen arte para transformar a la sociedad y esta es una acción valiosa.

 

“En el escenario de la gestión cultural pisamos realidades, analizamos y proponemos alternativas. La mejor manera de cuidar y preservar es por medio del conocimiento y del valor que le añadimos. Urge generar procesos de sensibilización, aprecio y valoración de ese espacio natural, histórico y cultural”, manifiesta.

 

“Actualmente estamos muy contentos. Esta es una primera iniciativa de algo que queremos que funcione a largo plazo. Lo que hacemos no va a ser una cosa masiva, pero sí despierta conciencia porque es un tema inusual”, finaliza.  

BIODIVERSIDAD, TURISMO Y CULTURA: SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE PÓMAC CUMPLE XVII AÑOS DE CREACIÓN

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