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La declaratoria de improcedencia de la lista municipal de Miguel Ángel Bartra Grosso para Chiclayo fue la bomba que acabó con la luna de miel que el experimentado político mantenía con el secretario regional de Acción Popular, Edgar Cayotopa Martínez. Hace pocos meses el primero le profesaba su gratitud por haberle permitido retornar al partido en el que militó desde joven, pero ahora lo responsabiliza directamente del descalabro de su postulación. ¿Quién es entonces Edgar Cayotopa?

 

La vieja guardia de Acción Popular lo considera un advenedizo en el partido de Fernando Belaunde, pese a que este asegura que es militante antiguo. Sin mayor presencia, en julio del 2017 se alzó como secretario general de la organización al alcanzar sorpresiva votación en Salas y Pítipo que le permitió imponerse sobre Giannina Muhay Di Giacomo, quien hasta pasadas las 11 de la noche del día de la elección tenía el mayor porcentaje de adhesiones.

 

Algunas voces sostienen que Edgar Cayotopa, natural del distrito de Chota, Cajamarca, colaboró con la campaña presidencial de Javier Alva Orlandini, en 1985, acompañándolo en sus recorridos por el vecino departamento. Para ese entonces, tenía 25 años de edad.

 

La vida de Cayotopa Martínez es, por así decirlo, en buena parte un misterio. Son pocos los cargos públicos que ha ocupado, pero en cada uno de ellos ha generado controversia. Su vida política, es aún más reducida.

 

EL CASO BARTRA

El 13 de abril pasado, en la Casa Comunal de la Juventud, Edgar Cayotopa, revestido de los poderes de secretario regional de Acción Popular, respaldó en conferencia de prensa el anuncio de la candidatura a la alcaldía provincial de Chiclayo de Miguel Ángel Bartra Grosso, el hijo pródigo que retornaba, después de pasearse por varios partidos, al núcleo en que se formó como político.

 

Aquella vez, Bartra Grosso expresó no solo su profunda gratitud al dirigente, sino también su lealtad por haberle permitido volver a las filas de Acción Popular. Cayotopa lo invitó y Cayotopa peleó para que la dirigencia nacional aceptara el retorno, de quien durante años había sido considerado traidor.

 

Con esa confianza, ambos empezaron a trabajar su fórmula: Bartra a Chiclayo y Cayotopa al gobierno regional, desplazando a Bernardino Lalopú Silva, que había trabajado por dicha candidatura en los últimos años. La relación era aparentemente armoniosa, pero no lo suficiente. El miércoles 20 de junio se les acabó el amor.

 

El secretario general había designado como personero legal a Rolf Harold Huaynates Flores, encargándole la responsabilidad de realizar el proceso de inscripción de las listas distritales, provinciales y regional de Acción Popular. Lo que no nadie imaginó es que la incompetencia de este que terminaría sepultando la candidatura de Bartra Grosso, de otros 16 candidatos distritales y del mismo Edgar Cayotopa.

 

DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA

El viernes último, el Jurado Electoral Especial de Chiclayo publicó la Resolución N° 00140-2018, declarando la improcedencia de la inscripción de la lista del aspirante al sillón provincial, por no cumplir con varios requisitos, uno de ellos insubsanable.

 

En principio, el personero legal no firmó las hojas de vida de los candidatos ni el Plan de Gobierno, tampoco alcanzó la totalidad de los recibos de pagos realizados al Banco de la Nación ni la licencia sin goce de haber de Miguel Ángel Bartra como alcalde distrital de Monsefú. Lo que es peor, solicitó la inscripción de una lista conformada por cuatro mujeres y 11 varones como aspirantes al concejo provincial, cuando el mínimo de cuota de género exigido para el caso de Chiclayo es de cinco integrantes por cuota de género.

 

El mismo viernes, cerca de la medianoche, Miguel Ángel Bartra emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook dando detalles de lo que consideró una traición por parte del secretario general y del personero del partido. Refirió – como confirmó al día siguiente en conferencia de prensa – que Cayotopa Martínez le negó a su equipo la posibilidad de ingresar a su vivienda, donde se llenaban los formularios de inscripción, para apoyar en el proceso; que alteró la lista municipal de manera inconsulta e incluso permitió que Huaynates Flores se retirara del inmueble la noche del martes 19, horas antes que venza el plazo de inscripción de candidatos, sin que se concluya con el llenado de fichas.

 

“Fueron mis correligionarios quienes me detuvieron para que el hecho no termine en violencia, tuve que buscar en las gavetas y en el piso para encontrar los recibos del Banco de la Nación, había un desorden total e incluso se llevó la computadora sin compartir la clave de acceso al sistema para continuar con el proceso de inscripción”, relató Bartra Grosso.

 

A lo sucedido con la lista provincial se suma la no inscripción de diez listas distritales de Chiclayo, entre ellas las de Monsefú y de otras seis en la provincia de Lambayeque. Peor aún, el Jurado Electoral Especial también declaró improcedente la inscripción de la lista regional de Acción Popular, debido a que la solicitud no fue firmada por todos los candidatos de la terna, cinco de los aspirantes al Consejo Regional de Lambayeque no suscribieron los formularios y tampoco se cumplió con la cuota de representantes de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, lo que se constituye en causal insubsanable.

 

LOS PASOS DE CAYOTOPA

Edgar Cayotopa estudió Derecho en la Universidad Particular de Chiclayo y según declaró al Jurado Nacional de Elecciones, obtuvo el grado de bachiller en el 2010, pero en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, no existe registro de este, como tampoco de un posterior título profesional. Sin embargo, para el presente proceso ha declarado que el título de abogado lo obtuvo en el 2011.

 

Fue sentenciado por falsedad genérica por el 43 Juzgado Penal de Lima, sentencia que quedó firme el 13 de noviembre del 2006, pero esa no fue su primera denuncia. En 1998, cuando trabajaba en la seguridad social, fue acusado de peculado, proceso que años después sería archivado. Había ingresado como gerente del Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS en 1994.

 

A fines de la década de los 90, un golpe de suerte lo hizo llegar al Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, donde se codeó con varios personajes del escenario nacional, entre ellos el corrupto magistrado Alejandro Rodríguez Medrano y la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, con quien al parecer trabó una estrecha amistad que le sirvió para llegar a ocupar el cargo de asesor de la Fiscalía de la Nación y luego la Gerencia de Proyectos del Ministerio Público, entre el 2001 y el 2002.

 

Según relató en una entrevista al diario La República, realizada en el 2001, su paso por el CAEN había sido determinante para llegar a tan alto cargo en el Ministerio Público, pero más su amistad con la Fiscal de la Nación. De aquel tránsito se recuerda su participación en la remoción de algunos fiscales que investigaban con acuciosidad los tentáculos del fujimontesinismo en el aparato público.

 

Después de eso, la vida de Edgar Cayotopa desaparece del escenario público, hasta que en el 2010 apareció como postulante a consejero regional en la lista Amistad Solidaria Independiente, que lideraba Alberto Ortiz Prieto.

 

En el 2011, su nombre apareció por primera vez vinculado al sector azucarero. Con una irregular resolución del Juzgado Mixto de Utcubamba, Amazonas, fue designado por el destituido juez Germán Auris Evangelista, junto a otros dos personajes, como administrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán, aunque nunca llegó a ejercer el cargo. Al año siguiente, en julio del 2012, por decisión del también destituido juez Óscar Tenorio Torres, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, fue nombrado administrador de Agropucalá, hasta que en el 2014 fue removido.

 

Grabaciones difundidas por medio de comunicación local dieron cuenta de la influencia que supuestamente tenía Cayotopa Martínez en las decisiones del juez Tenorio Torres para sostener su administración en Pucalá, pero por estos hechos nunca fue investigado.

 

El dirigente de Acción Popular niega tener responsabilidad en la aparatosa caída de las candidaturas del partido de la lampa, pero los militantes ya trabajan en un pedido de reorganización que incluye su salida del cargo.

CAYOTOPA: EL VERDUGO DE BARTRA

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  • La escuela inició tan solo con 15 mujeres chiclayanas, quienes muy entusiasmadas se unieron con la misma intención: potenciar habilidades que les permitan obtener herramientas para desarrollarse personal y económicamente y lograr así su verdadera autonomía.

 

Fuertes, decididas y hermosas, de pisada firme y seguras de sí mismas, son algunas características de una mujer con poder, una mujer que lucha por salir adelante y ese es el mensaje que pretende la Escuela de Empoderamiento para la Mujer – EPAMU.

 

La EPAMU es una escuela chiclayana que se formó en marzo este año y actualmente 900 mujeres conforman la asociación. Uno de sus objetivos es fomentar la participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad y así revalorar su papel mediante un programa formativo que ofrece herramientas como talleres de defensa personal, charlas sobre liderazgo, entre otros.

 

La escuela cuenta con una directiva, pero los proyectos no podrían hacerse realidad sin el apoyo incondicional de cada una de las integrantes.

 

“Actualmente venimos trabajando en el registro de más mujeres deseosas de aprender acerca de emprendimiento y superación personal. La escuela para mujeres EPAMU es una propuesta integradora que debe entenderse como un espacio abierto, permanente y sostenible en el que personas y colectivos públicos y privados tengan un referente continuo de formación e información, y en ello la directiva se viene encargando diariamente”, comenta María Kamt Elías, directora y fundadora de la asociación.

 

EPAMU nació con la idea de ahondar en aspectos socioeducativos y de sensibilización en torno a la igualdad, a la diversidad y a la perspectiva feminista como eje de transformación social, tanto desde el nivel individual como del colectivo. Además, es un proyecto que intenta fomentar el empoderamiento de las mujeres, un proceso de concienciación, de aprendizaje y de adquisición de herramientas para la transformación social.

 

“Se busca el empoderamiento individual y el colectivo, ya que no basta con producir cambios en la dimensión subjetiva y personal, sino que es necesario que se produzcan también a nivel colectivo, mediante la creación de redes y la participación social”, sostiene María Kamt.

 

Para todo ello, la escuela se desarrolla en torno a tres ejes: la formación, el intercambio y solidaridad con mujeres de otras culturas y la sistematización, todo ello desarrollado desde la perspectiva feminista.  

 

MUJER EMPODERADA

“El empoderamiento es el proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco o a pasos gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida. Cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia y confianza para desarrollar sus capacidades y así conseguir sus propósitos. Este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta la constante desautorización de las mujeres y las dificultades con las que se encuentran para capacitarse y sentirse valoradas y reconocidas”, señala.

 

 “La mujer empoderada es la que se vale por ella misma. Tiene una actitud firme ante sus decisiones, no permite que sea influenciada de forma negativa, admite sus debilidades pero las convierte en fortalezas. La mujer empoderada se siente libre ante las adversidades”, dice.

 

Según Kamt Elías, ser una mujer empoderada no es cuestión de hacer o deshacer, es cuestión de un sentimiento, de una autoestima alta. Esta tiene sus metas y traza su plan para lograrlas, porque tiene confianza en sí misma y en su capacidad.

 

“Ella con sus medios se prepara, no con el objetivo de ser más que el hombre, porque finalmente ambos son seres humanos iguales, sino con el objetivo de no ser menospreciada en la sociedad, no ser maltratada y no ser humillada”, afirma.

 

DINÁMICAS

El 9 de junio se realizó el taller “Defensa personal y habilidades para descubrir nuestro poder interno”, donde se practicó el Krav Maga. Este es un modo de supervivencia que consiste en modos y tácticas para que la persona se libere de situaciones adversas, tales como un acoso callejero.

 

Cada taller está a cargo de un especialista nacional o internacional. Dichos talleres son vivenciales, además se ofrecen programas completos con el respaldo de psicólogos, terapeutas, coach peruanos y también del extranjero.

 

 “Al caer en cuenta de la interminable suma de violencia de género hacia la mujer es que vimos importante la creación de un lugar donde niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades puedan sentirse protegidas con la ayuda de profesionales, quienes caminarán a su lado para el cumplimiento de todos sus sueños y objetivos”, detalla.

 

LA MUJER EN LA SOCIEDAD

Actualmente, manifiesta María Kamt, la concepción de la mujer ha cambiado y sus labores no se limitan a las de un ama de casa. Las mujeres de ahora son emprendedoras, madres y esposas.

 

“Hablamos de una mujer moderna. Esta mujer desempeña varios roles, por tanto juega un papel importante y ese es el mensaje de EPAMU. En la sociedad actual, basada en una estructura de parentesco flexible que ayuda mucho a la responsabilidad compartida con el hombre, muchas mujeres buscan navegar el mar del mercado laboral más allá del núcleo familiar del cual constituyen la pieza fundamental”, agrega.

 

Por eso considera que es importante dar una mirada diferente y destacar que la mujer administra una empresa llamada hogar. En dicha empresa se requiere de finanzas, de cumplimiento de horarios, de actividades concretas y de educación, sin embargo el problema radica en que la sociedad no valora esta tarea, ya que asume que ser madre y eje del hogar es prácticamente una obligación de la mujer adquirida por el mero hecho de ser mujer, y que esta tarea no es remunerada como cualquier otra actividad.

PARA EMPODERAR A LA MUJER: EPAMU OFRECE HERRAMIENTAS PARA FORTALECER HABILIDADES Y CAPACIDADES

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La abogada Zully Chimpén Cadenillas, asistente de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, ha solicitado que se revoque la resolución de archivamiento del procedimiento disciplinario iniciado contra la fiscal Tania Bravo Vigo y se le sancione en virtud de lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal.

 

HISTORIA DEL CASO

El 3 de julio del año pasado, aproximadamente a las 12:30 del mediodía, cuando Chimpén Cadenillas se encontraba laborando en la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, se acercó hasta su escritorio la fiscal Tania Bravo Vigo, para – según la denunciante – “en tono agresivo, violento y humillante”, delante de su jefe inmediato, del personal del despacho fiscal y usuarios, reclamarle por cuestiones ajenas al ámbito laboral.

 

“Admitiendo ser dueña de la verdad refirió, en forma alterada y con gritos, que mi persona era la responsable de que su hija haya recibido una foto, también mensajes, en la que aparecía su esposo en compañía de una tercera persona de sexo femenino. Sostuvo que mi intención tiene por fin perjudicar a la asistente de nombre Doris, señalando a viva voz y pidiendo a los presentes, entre ellos el usuarios que atendía y aquellos que se encontraban en los pupitres contiguos que me conozcan, que ‘con la carita que tiene de no hacer nada’, poniendo énfasis a modo de una clara amenaza en que ‘esto no se iba a quedar así’, para luego retirase tirando fuertemente la puerta de acceso al pasillo, sin permitirme por lo menos expresar palabra alguna a modo de descargo”, señaló la asistente en su queja presentada ante Control Interno.

 

Según argumentó, con su proceder la fiscal habría incurrido en falta leve, contemplada en el Artículo 45 de la Ley de la Carrera Fiscal, por “faltar el respeto debido al público, compañeros y subalternos, funcionarios judiciales u otros de la administración pública, representes de órganos auxiliares de la justicia, de la defensa de oficio y abogados, en el desempeño del cargo”.

 

Asimismo, habría infringido el Artículo 46 de la referida norma, al “abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo fiscal”, lo que se constituye en falta grave.

 

En sus descargos, presentados días después, Bravo Vigo precisó que ese día recibió una llamada de su hija de iniciales M.L.P.B, de 19 años de edad, residente en Lima, quien le manifestó que desde la cuenta de Facebook “Dayana Castillo” había recibido mensajes informándole respecto del presunto actuar o vinculación de su padre con dos señoritas (…) los que darían cuenta de la infidelidad de su esposo.

 

La fiscal añadió que lo que para la auxiliar era un ataque verbal para ella constituía “una simple conversación”.

 

La Oficina de Control Interno, que despacha el fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús, dio por acreditado que, en efecto, Bravo Vigo dejó su oficina ubicada en el tercer nivel del edificio principal del Ministerio Público en Lambayeque, para subir hasta el piso siguiente y dirigirse verbalmente hacia Chimpén Cadenillas “por cuestiones netamente laborales, ajenas a la labor institucional”.

 

Además, que el día de los hechos la fiscal se encontraba de turno.

 

DECISIÓN DE CONTROL INTERNO

Con Resolución N° 11, del 13 de septiembre del 2017, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque declaró que no había lugar para abrir el procedimiento disciplinario contra la fiscal por presunta inconducta funcional, ordenando el archivamiento de los actuados.

 

Chimpén Cadenillas apeló ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, argumentando, entre otras cosas, que no se había valorado los testimonios de hasta cinco personas que presenciaron el hecho, dando fe de la denuncia presentada.

 

En virtud de ellos, considerando que se había vulnerado la debida motivación y, por ende, el debido proceso, la Fiscalía Suprema de Control Interno declaró fundada la apelación de la asistente y nula la resolución de archivo, ordenando al despacho de Alejandro Lamadrid abrir proceso disciplinario a Bravo Vigo por supuesta inconducta funcional.

 

NUEVA RESOLUCIÓN

El 22 de mayo de este año, con Resolución 24, Control Interno resolvió declarar infundado el procedimiento disciplinario iniciado contra Tania Bravo por la presunta comisión de falta leve y de falta grave, archivando de manera definitiva el caso y llamándole severamente la atención.

 

En la resolución la Oficina de Control Interno precisó que “no existe certeza respecto al hecho de que en dichas circunstancias se haya producido un trato descortés en agravio de la quejosa o no se haya guardados consideración respecto a los usuarios del servicio”.

 

Con dicho argumento, el órgano desconcentrado habría desacatado los criterios de la Fiscalía Suprema de Control Interno, que le dispuso que la investigación de los hechos sea realizada bajo los efectos de la Ley de la Carrera Fiscal y no bajo el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno.

 

Por estas razones, Chimpén Cadenillas ha recurrido nuevamente ante la Suprema de Control a fin que se anule la decisión de Lamadrid Ubillús y se proceda a sancionar a Bravo Vigo. 

PIDEN SANCIÓN PARA TANIA BRAVO VIGO: POR PRESUNTAS FALTAS CONTRA LA LEY DE LA CARRERA FISCAL

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  • Wilfredo Pérez Vilela no ha consignado la sentencia en su contra en la declaración jurada de Hoja de Vida presentada al Jurado Electoral Especial – JEE de Chiclayo.

 

  • Actual presidente del JEE Chiclayo lo nombró juez de Tercera Nominación de Pimentel a tres meses de haber sido sentenciado a dos años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución.

 

El 7 de marzo del 2012, la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió la Resolución N° 266-2012, en el Expediente N° 35733-2008, confirmando la sentencia que condenó a Wilfredo Pérez Vilela por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, a dos años de pena privativa de la libertad, sujeta a un año de período de prueba. Pérez Vilela es actualmente candidato a la alcaldía distrital de Pimentel por el partido Vamos Perú.

 

Los magistrados Vidal Morales, Napa Lévano y Vásquez Arana arribaron a la decisión teniendo como antecedentes que el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, el 25 de agosto del 2011, había sentenciado a Pérez Vilela por el delito de estafa en agravio de Justina Espinoza Pérez, imponiéndole además de los dos años de prisión suspendida el pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

 

Pérez Vilela apeló el fallo que en primera instancia había adoptado el juez Omar Quispe Cama, recibiendo la confirmación del mismo por parte de los jueces superiores de la Corte de Lima.

 

LOS HECHOS

El Ministerio Público le atribuyó al procesado la responsabilidad de haber inducido a error, mediante engaño, a Justina Espinoza Pérez haciéndole creer que se encargaría de tramitarle un contrato de trabajo en el reino de España a cambio de la suma de mil euros, cantidad dineraria que fue cancelada por la agraviada en dos partes, la primera el 23 de mayo del 2007 y la segunda el 23 de julio del mismo año. El primer depósito se realizó en la empresa “Raíces”, teniendo como destinataria a la prima del procesado, Sofía Vilela Coronado, mientras que el segundo en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de Wilfredo Pérez.

 

“Cuando la agraviada ya contaba con su pasaporte remitió copias legalizadas de éste y otros requisitos a la empresa de mensajería ‘Raíces”, conforme se lo indicó el inculpado, con la finalidad de que se concrete el contrato de trabajo ofrecido. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido la agraviada no recibió el contrato ni la devolución de su dinero”, se expone en la resolución.

 

SUS ARGUMENTOS

Al apelar, Pérez Vilela dijo a los jueces superiores que el magistrado que lo condenó no tuvo en cuenta que en su conducta – supuestamente – no hubo el ánimo de inducir en error a la agraviada mediante engaño y otra forma fraudulenta, sino que existió entre ellos un contrato de préstamo de dinero por la suma de mil euros. Asimismo, refirió que el juez no había valorado los testimonios de dos testigos, amigos de ambos.

 

Sin embargo, los integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima consideraron que el fallo del juez Quispe Cama se sujetaba al mérito de los actuado y al derecho, toda vez que se comprobó la responsabilidad penal del procesado, “quien aprovechando el grado de confianza que tenía con la agraviada se benefició con el desprendimiento voluntario de dinero de esta, induciéndola a error mediante engaño, ya que le hizo creer que iba a conseguirle un contrato de trabajo en España, donde residía la prima hermana del procesado: Sofía Vilela”.

 

“Cuando recibió el dinero no se volvió a contactar con ella, lo expuesto se encuentra acreditado mediante la sindicación firme y categórica de la agraviada, quien narró de manera detallada, tanto en su denuncia, en su manifestación a nivel policial y a nivel judicial, las formas y circunstancias cómo se suscitaron los hechos”, señala la resolución.

 

MODO DE ESTAFA

Pérez Vilela le ofreció un contrato de trabajo en España para que Justina Espinoza trabajase como empleada del hogar, por lo que para el pago de los supuestos trámites tenía que entregarle los mil euros, equivalentes a más de cuatro mil soles.

 

“Señala la víctima que cuando le increpó al procesado su conducta, este le indicó que su prima no iba a trasladar a nadie a España mientras él no estuviese en ese país, comprometiéndose por tanto a devolverle el dinero, hecho que la agraviada ha acreditado mediante el documento de fecha 13 de octubre del 2007, del cual se desprende que el procesado recibió de la agraviada la suma de mil euros y que dicha cantidad debía ser devuelta el 31 de octubre de ese año”, recoge el fallo de la sala, en el que se precisa además que los testigos que Pérez Vilela dijo tener del hecho que él consideraba como un préstamo certificaron que en realidad se trataba del desembolso de dinero a cambio de un contrato de trabajo que nunca se hizo efectivo.

 

Es más, estos testigos fueron quienes le prestaron parte del dinero a la agraviada para esta pueda depositarlo en la cuenta de Pérez Vilela.

 

La sala evidenció una serie de contradicciones en las diversas declaraciones del procesado, toda vez que primero declaró que el dinero supuestamente prestado por Justina Espinoza era para trámites judiciales y para pagar una deuda con su prima residente en España, mientras que después involucró a su propia esposa en la presunta tramitación de un contrato de trabajo.

 

“Se aprecia que la versión del procesado resulta ser inconsistente y solo un mecanismo de defensa destinado a evadir la responsabilidad penal que le alcanza por la perpetración del delito investigado. (…) Por lo que este colegiado, al revisar los agravios contenidos en el recurso de apelación del procesado no encuentra fundamento alguno que persuada en absolver al recurrente, encontrando la resolución apelada conforme a derecho, al haberse llegado a establecer fehacientemente la responsabilidad penal del sentenciado Wilfredo Pérez Vilela, presentando los elementos necesarios para que la conducta ilícita que se le atribuye sea considerada típica, antijurídica y culpable”, indica textualmente la sentencia confirmatoria.

 

El proceso judicial comprendió también a Sofía Vilela Coronado, a quien se le acusó por el delito de estafa y tráfico ilegal de migrantes, extremos que finalmente fueron sobreseídos a favor de esta.

 

El 15 de febrero del año pasado, el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima declaró rehabilitado a Wilfredo Pérez Vilela, quien para entonces, conforme lo indicó el órgano jurisdiccional, no había cumplido con pagar la reparación civil confirmada en el 2012.

 

FUE JUEZ

Lo escandaloso de este caso es que pese a que la sentencia contra Pérez Vilela había sido confirmada en marzo del 2012, desde el 24 de julio de ese año este empezó a ejercer funciones como juez de Paz de Tercera Nominación de Pimentel, cargo que ocupó hasta diciembre del año pasado, en mérito a las Resoluciones Administrativas N° 324-2012-P-CSJLA/PJ y 523-2013-P-CSJLA/PJ, siendo presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el magistrado Carlos Silva Muñoz.

 

Esto quedó acreditado con el Oficio N° 071-2017, emitido por el coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte de Lambayeque a Wilfredo Casas Ramírez, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, quien requirió información sobre Pérez Vilela, involucrado en la entrega presuntamente irregular de certificados de posesión sobre terrenos con partida registral asentada en el distrito de Pimentel.

 

Silva Muñoz, actual presidente del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, es quien debe revisar el pedido de inscripción de la lista municipal del partido Vamos Perú para el distrito de Pimentel, la misma que encabeza Wilfredo Pérez Vilela.

 

HOJA DE VIDA

En la declaración jurada de Hoja de Vida presentada para el presente proceso electoral, Pérez Vilela ha informado al Jurado Electoral Especial de Chiclayo poseer estudios universitarios de Derecho en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, donde también ha seguido estudios de postgrado. En la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, no existen registros de sus grados académicos.

 

En la misma declaración tampoco ha consignado información sobre la sentencia que le impuso el Poder Judicial por el delito de estafa, la misma que quedó firme y ejecutoriada. 

FUE CONDENADO POR ESTAFA: CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE PIMENTEL FUE JUEZ DE PAZ TENIENDO SENTENCIA VIGENTE

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