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Ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil - Constitucional de Chiclayo, el abogado Eder Yanil Medina Zelada interpuso la medida cautelar de no innovar a fin que se restablezca el anillo vial y se mantenga la situación de hecho y derecho de la Ordenanza Municipal N° 2012 MPCH/A, del 22 de marzo del 2012, emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que solo permitía el ingreso de vehículos de transporte de mercancías al centro de la ciudad hasta de 3.5 toneladas de peso, vehículos que por su poco peso no generan mucho peligro para la sociedad. El objetivo es que quede suspendida la Ordenanza Municipal N° 07-2019-MPCH/A, hasta que el proceso de amparo concluya.

 

Entre los fundamentos de hecho el hombre de leyes manifiesta que el 24 de mayo del presente año el Concejo Municipal de Chiclayo aprobó el acceso de transporte público de carga y descarga pesada dentro del centro de la ciudad en vehículos de más de 42 toneladas de peso, siendo publicada la Ordenanza Municipal 07 -2019-MPCH/ A, en el portal municipal, dejando sin efecto la ordenanza municipal anterior, N° 006 -2012 –MPCH/A, que solo autorizaba el ingreso  de vehículos de carga de no más de3 3.5 toneladas de carga.  

Esta ordenanza - conforme el fundamento de la medida cautelar- está afectando la salud física y psicológica de la ciudadanía en general, exponiendo la integridad física y la vida de los niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores a cada momento en que cruzan las calles a ser atropellados por los camiones y trailers de más de 42 toneladas de peso. También refiere, que “vienen aumentado las enfermedades respiratorias, caos vehicular, deterioro de la capa asfáltica y pavimentos, que no están preparados para dicho fin, colapso de la red de alcantarillado y del abastecimiento de agua potable, además de la contaminación visual y acústica”. 

Señala el recurso de medida cautelar que el Concejo Municipal ha emitido un acuerdo con la única finalidad de favorecer a empresas de transportes de carga pesada de la familia del alcalde, regidores y allegados al grupo empresarial de los denunciados, quienes brindan servicios a las grandes empresas de supermercados de la ciudad, tal como lo ha afirmado el ciudadano Luis Vigil Urdiales, quien es cuñado del alcalde Marcos Gasco Arrobas.

El abogado Eder Medina refiere que la Ordenanza Municipal N° 07-2019 es una norma autoaplicativa, que por su sola entrada en vigor causa una afectación directa en la esfera  jurídica, afectando muchos derechos constitucionales los que son vulnerados y amenazados como el derecho a la vida, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre al descanso, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

 

RAZONES DE PESO

Para el demandante, la Ordenanza Municipal N° 07-2019, de fecha 24 de mayo del presente año, no tiene motivación conforme a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Como se sabe no existe un estudio ni informe técnico del área especializada de la demandada donde se certifique si las pistas están adaptadas para soportar más de 45 toneladas de peso las 24 horas del día.

Señala también que no existe un estudio ni informe técnico del área especializada de los daños que se van a ocasionar al sistema de alcantarillado de la ciudad y del sistema de agua potable, tampoco existen informes o estudios técnicos de cuántos vehículos de transporte de carga pesada van a ingresar y salir de la ciudad y quién lo va a controlar, no se sabe nada respecto al mecanismo de control de daños contra el medioambiente, contaminación sonora.

Además, el municipio tampoco ha mostrado informes técnicos o estudios respecto al desarrollo emocional de los ciudadanos ante los inminentes peligros que se puedan ocasionar por esta ordenanza. No hay tampoco nada respecto a estudios sobre estructura urbana de la ciudad, no tiene informes técnicos de EPSEL en la que se conozca la real situación de las redes de alcantarillado instaladas bajo la pavimentación por donde están transitando los vehículos de carga y descarga y se evite el colapso de las redes de agua y desagüe.

El juez constitucional deberá evaluar que la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Municipal Provincial de Chiclayo dejar sin efecto esta ordenanza, que a todas luces vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos chiclayanos.

 

FRENAR EL DAÑO

La medida cautelar de no Innovar cumple los requisitos de verosimilitud del derecho que están consagrados en la Constitución Política del Perú y ha sido planteada ante el peligro de demora que en la práctica existe por la llamada carga procesal, tiempo que pone en riesgo la integridad física, la vida de los miembros de la sociedad chiclayana, los que se podrían convertir en irreparables.

En virtud de ello, solicita restituir las cosas al estado anterior; es decir lo que estaba plasmado en la Ordenanza Municipal N° 006-2012 MPCH/A, del 22 de marzo del 2012, que solo permitía el ingreso de vehículos de transporte de mercancías al centro de la ciudad hasta de 3.5 toneladas de peso, vehículos que por su poco peso no generan mucho peligro para la sociedad.

PRESENTAN CAUTELAR: PARA SUSPENDER EFECTOS DE LA ORDENANZA 07-2019

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  • Hace más de un año el Tribunal Constitucional tiene pendiente la resolución de un hábeas corpus presentado por uno de los imputados.
  • Mientras el TC no se pronuncie, el inicio del juzgamiento se mantiene en suspenso.

 

El inicio del juicio oral al exalcalde de Pítipo Manuel Valverde Ancajima, quien para el Ministerio Público es responsable, junto a exfuncionarios y el representante de un consorcio ejecutor, de los delitos de peculado, colusión y omisión de funciones, luego que se hallaran una serie de irregularidades en el proyecto de saneamiento básico que debió beneficiar a diferentes sectores del distrito, con un presupuesto de 10 millones de soles del Programa Agua Para Todos, sigue paralizado. ¿La razón? La demora del Tribunal Constitucional para resolver un hábeas corpus.

 

La obra debió concluir en el 2010, cuando Valverde Ancajima estaba en el último tramo de su gestión como burgomaestre. Ese mismo año el Partido Aprista Peruano, entonces en el gobierno nacional, lo convirtió en su candidato a la presidencia regional de Lambayeque y el edil se alejó de su municipio dejando la obra inconclusa, pese a que la totalidad del presupuesto se había gastado.

Como resultado de la paralización del proyecto que debió dotar de agua y alcantarillado a la capital del distrito, y a caseríos y centros poblados como La Libertad, La U, Cachinche y El Algarrobito, más de ocho mil vecinos se quedaron sin servicio, pese a los permanentes ofrecimientos de que la obra se culminaría.

De lo investigado, se determinó que los trabajados físicos avanzaron solo hasta el 75 %, en tanto el presupuesto de 10 millones de soles se agotó en su totalidad. Lo grave, es que la municipalidad de Pítipo pagó hasta 17 valorizaciones a favor del Consorcio Perú II, encargado de la ejecución del proyecto, por trabajos que no fueron realizados. Además, la obra fue aplazada hasta cuatro veces y a la empresa se le aceptó cartas fianzas vencidas.

 

CONSORCIO EJECUTOR

Los trabajos de saneamiento básico en Pítipo fueron encargados al Consorcio Perú II, que tuvo como representante legal a Manuel Cajilima Velásquez, a quien durante este tiempo se ha vinculado al congresista Javier Velásquez Quesquén, muy cercano también al exalcalde Manuel Valverde. Para la supervisión fue contratada la empresa Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados.

Ambas empresas recibieron el pago total del presupuesto asignado para el proyecto, aun cuando las cartas fianzas que debían servir de garantía para el municipio se encontraban vencidas.

 

DENUNCIA FISCAL

El Consorcio Perú II estuvo conformado por las empresas Power Producción SAC, Constructora Minka SRL, Pérez y Castro Ingenieros y Constructora Aro Contratistas Generales SRL. Las dos últimas empresas con domicilio fiscal en Piura y Ucayali, respectivamente.

Las primeras denuncias por las irregularidades en la obra de Pítipo las presentó el ciudadano Riquelme Verona, quien en el 2010 se desempeñó como presidente del Frente de Defensa del distrito. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, a cargo del fiscal David Caballero Velezmoro, decidió abrir la investigación preliminar para determinar responsabilidades en la negligente ejecución de los trabajos.

Caballero Velezmoro ha pedido al Poder Judicial 18 años de prisión contra Valverde Ancajima, acusado por los delitos contra la administración pública en su modalidad de incumplimiento de deberes funcionales, colusión, peculado doloso y apropiación agravada en perjuicio del Estado.

La denuncia fiscal comprende también a Rodolfo Sandoval Santamaría, exgerente de la comuna; Óscar Barreda Bulnes, exjefe de Infraestructura; Dirma Huamán Campos, exjefa de Tesorería, y Víctor Hugo Chevez Villegas, exjefe del SIAF.

También han sido comprendidos Óscar Torres Labrín, ingeniero residente; Ana Cisneros Ibana, supervisora de la obra; Vanessa Borja Izquierdo, gerente general del Consorcio Perú II y Manuel Cajilima Velásquez, representante legal de la empresa ejecutora.

 

LA OPERACIÓN

Para el fiscal Caballero Velezmoro, la actuación de Cajilima Velásquez en la obra de Pítipo responde a un procedimiento de encubrimiento, que le habría permitido beneficiarse directamente de los cobros efectuados por el consorcio ejecutor sin aparecer en los documentos suscritos entre la municipalidad y la empresa.

Cajilima Velásquez es acusado de colusión y peculado doloso, pues de acuerdo al Ministerio Público este y Vanesa Borja Izquierdo, quien fungía como gerente de la empresa, “procedieron a elaborar valorizaciones de la obra conteniendo partidas y frentes de trabajo que en realidad no se habían ejecutado, contando para ello con la participación del residente, Segundo Torres Alabrín, para de esta manera agotar todo el presupuesto de la obra, perjudicando los intereses del municipio de Pítipo”.

Caballero Velezmoro sostiene la tesis de que Cajilima Velásquez actuaba como representante encubierto del Consorcio Perú II y “en todo momento utilizó a terceras personas para que ostenten documentariamente la gerencia”. “Está demostrado que en realidad era él quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del consorcio”, se señala en la acusación.

Asimismo, el Ministerio Público halló un acta suscrita el 15 de enero del 2010, antes el juez de Paz de Pítipo, en la que el empresario se compromete a cancelar las remuneraciones adeudadas a los trabajadores de la obra. También, existe una carta del 5 de febrero del 2011, dirigida a la Cooperativa Financorp, en la que Cajilima Velásquez devuelve una carta fianza por adelanto de materiales para la obra de saneamiento.

A esto se suma que en el 2010 el entonces gerente administrativo del municipio distrital, Luis Osiris Tarrillo, declaró haber visto al empresario en las reuniones de coordinación de la obra; lo mismo que Torres Alabrín, residente del proyecto, quien declaró que fue este quien lo contrató para trabajar.

Otro hecho probatorio recabado por el Ministerio Público es que Manuel Cajilima compró un inmueble en la Urbanización Santa Victoria, inscrito con Partida Registral N° 02226071, con dinero de una cuenta bancaria a nombre del Consorcio Perú II. El empresario y su esposa, Gina Pozo Condezo, admitieron la adquisición ante la fiscalía.

 

DILACIÓN DEL PROCESO

Formulada la acusación contra Valverde Ancajima y los demás coimputados por la obra de saneamiento de Pítipo, hasta en cinco oportunidades se frustró la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

La ausencia de los abogados impedía que la magistrada Yolanda Gil Ludeña, titular de dicho órgano jurisdiccional, desarrolle la audiencia en la que debía determinarse si el exalcalde de Pítipo, los exfuncionarios y los técnicos y representantes del Consorcio Perú II, debían ir o no a juicio oral.

La incertidumbre acabó, luego de un año de idas y vueltas, en septiembre del 2016, cuando Gil Ludeña ordenó que Manuel Valverde y compañía comparezcan ante los tribunales.

El 5 de enero del 2017 debió realizarse la instalación del juicio oral, pero fue materialmente imposible debido a la huelga que mantenían los trabajadores del Poder Judicial. La audiencia se reprogramó para el 22 de marzo, pero tampoco se concretó el acto por la audiencia de parte de los abogados y procesados.

Uno de los ausentes fue Manuel Valverde, quien aseguró que no podía asistir por el boqueo de carreteras debido a los huaycos. La audiencia fue reprogramada para el 17 de julio de ese año, pero tampoco se concretó, fijándose el 29 de mayo del 2018 como fecha de inicio. Empero, no acudieron dos de los imputados, uno de ellos Manuel Cajilima Velásquez, quien fue declarado reo contumaz.

Meses después, el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Anticorrupción de Lambayeque, declaró que era imposible instalar el juicio oral debido a que el Tribunal Constitucional tiene en curso la resolución de un hábeas corpus presentado contra la jueza Yolanda Gil Ludeña por haber admitido la acusación fiscal.

 

DEMORA EN EL TC

El magistrado resolvió reservar la programación de la audiencia de juicio oral hasta que el Tribunal Constitucional emita su pronunciamiento. El hábeas corpus se sustenta en que supuestamente la acusación de la fiscalía no se realizó de manera correcta y eso vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.

El recurso, presentado por el exgerente de la municipalidad de Pítipo, Rodolfo Sandoval Santamaría, se encuentra pendiente de resolución desde abril del 2018 en la Sala 2 del Tribunal Constitucional y en tanto no se determine cuál será el pronunciamiento del colegiado no se fijará una nueva fecha para el inicio del juicio oral contra Manuel Valverde y compañía.

En mayo de este año el Poder Judicial solicitó al Tribunal Constitucional que informe el estado del hábeas corpus, considerando que la programación de la audiencia de juicio oral había quedado en suspenso.

CONTINÚA LA IMPUNIDAD: JUICIO CONTRA MANUEL VALVERDE SIGUE PARALIZADO POR LENTITUD EN EL TC

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  • La inversión total del Terminal Portuario de Lambayeque es de 577 millones 250 mil dólares, la cual permitirá tener un punto de salida que beneficie a todo el corredor noramazónico.
  • El Proyecto Educativo Regional plantea, de cara al 2021, seis objetivos que permitan el desarrollo de capacidades para afrontar un mundo globalizado.

 

A diferencia del 2016 y el 2017 en los que el Producto Bruto Interno – PBI, de Lambayeque alcanzó apenas el 2.5 %, el año pasado la actividad económica creció en un 4.2 %, cifra que podría ser aún muchísimo mayor si se ejecutaran algunos proyectos sustanciales para el departamento.

 

Estos son: el Terminal Portuario de Lambayeque, el Plan Hidráulico Regional, el Proyecto Educativo Regional, el drenaje pluvial de Chiclayo, el Proyecto de Modernización del Aeropuerto José Quiñones Gonzales y el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021.

 

TERMINAL PORTUARIO DE LAMBAYEQUE

Es el anhelo más grande de los lambayecanos. El terminal portuario que se proyecta construir a seis kilómetros al sur de Puerto Eten busca abrir un punto de salida que conecte a los departamentos que componen el Corredor Noramazónico con todo el mundo, a través del Océano Pacífico,  permitiendo el comercio de los productos agrícolas y manufactureros.

Según el Plan Maestro, el proyecto contempla dos fases. En la primera deberá realizarse la construcción del puente de acceso (la plataforma portuaria se ubicará dos kilómetros mar adentro para evitar los problemas de arenamiento), el pantalán, las instalaciones en el mar, en tierra, las obras civiles y el rompeolas, indispensable para proteger la infraestructura portuaria.

En tanto, la segunda fase contempla la instalación de multiboyas, el incremento del puente de acceso, el rompeolas, las motas de cierre, el muelle de contenedores, el relleno de la explanada, y las obras civiles de instalación y el equipamiento.

La inversión total del proyecto es de 577 millones 250 mil dólares (215 millones 450 mil la primera fase y 361 millones 800 mil la segunda). Actualmente se ha realizado el saneamiento físico y legal de las tierras que son parte de la zona de influencia del terminal y desde el 22 de enero de este año se autorizó el proceso de promoción de la inversión privada. 

 

PLAN HIDRÁULICO REGIONAL

Con la intención de evitar la pérdida de agua por falta de infraestructura de captación y almacenamiento, así como garantizar la prevención ante fenómenos climatológicos como El Niño, la realización del Plan Hidráulico Regional es también otro de los proyectos emblemáticos de Lambayeque, el cual fue entregado formalmente en octubre del 2011 por el gobierno regional al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, en lo que fue la primera herramienta técnica de este corte que se elaboró en el país.

Además, el plan busca incrementar la cobertura del servicio de agua potable entre la población, así como ampliar la frontera agrícola de Lambayeque, a fin de recuperar las tierras que hoy se mantienen improductivas por la salinización.

Para eso, el plan considera una serie de proyectos de ingeniería para el aprovechamiento eficiente del agua en las siete cuencas de Lambayeque: Zaña, Chancay, La Leche, Motupe, Salas, Olmos y Cascajales, en los cuales se contempla la construcción de 19 presas con el objetivo de regular aproximadamente 400 millones de metros cúbicos de agua que hoy se pierden en el mar.

Por lo pronto, se ha avanzado en la formulación de los estudios de preinversión de cinco proyectos: las presas La Montería, en el valle Chancay – Lambayeque; Las Delicias, en el valle Zaña, Chóchope, en la cuenca Salas; Cruz de Colaya, en el valle Motupe, y el hidráulico Sicán, que beneficiaría tanto al Valle Chancay como al de La Leche.

 

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL

Vigente desde el 2006, a través de la Ordenanza Regional Nº 021-2006-GR.LAMB/CR, el Proyecto Educativo Regional – PER, es un documento que surge con la finalidad de promover un proceso social de amplia reflexión, discusión y concertación, respecto a la generación de políticas educativas que respondan a los principales problemas del departamento, sobre la base de la participación social.

En ese sentido, se inspira en cuatro ideas fuerza: lograr una educación centrada en la persona, que vaya acorde a la realidad de Lambayeque, que sea de calidad para todos y que efectivamente sea asumida como un derecho donde no solo se asegure la promoción de su cobertura, sino que los niños accedan, permanezcan y obtengan buenos resultados de aprendizaje.

Así, se busca que al 2021 todas las personas desarrollen capacidades para enfrentar un mundo globalizado donde participen de una educación integral, de calidad innovadora con equidad e interculturalidad en el marco de la ética y el compromiso entre el Estado y la sociedad civil

El proyecto plantea políticas y medidas para lograr sus seis objetivos: calidad de aprendizajes (seis políticas y 19 medidas), equidad educativa (siete y 23), interculturalidad (cinco y 14), desarrollo magisterial (cuatro y 13), gestión educativa y descentralizada (siete y 22), y educación superior articulada al desarrollo regional (cinco y 23).

La iniciativa va de la mano con otra herramienta: el modelo educativo. Este documento fue entregado oficialmente en mayo del 2014 al gobierno regional y busca beneficiar a más de 300 mil escolares, once mil maestros nombrados y tres mil docentes contratados, quienes representan aproximadamente al 30 % de la población regional.

 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2021

Esta hoja de ruta busca que al 2021 Lambayeque sea el “nodo articulador del nororiente peruano con un territorio ordenado, competitivo y sostenible, con alto nivel de institucionalidad, en un marco de equidad y justicia social”, donde todos tengan “acceso universal a servicios sociales básicos de calidad y con una gestión pública regional y local eficiente, eficaz, descentralizada, participativa y concertada”.

Se busca que para el bicentenario los procesos políticos, socioculturales económicos y medioambientales del departamento consoliden su rol de eje articulador de la macroregión norte con actividades económicas productivas de servicios diversificados y sostenibles con énfasis en el turismo, comercio y la agroindustria, a fin de que los pobladores alcancen una vida digna.

Para eso es necesario el mejoramiento cualitativo del sistema educativo (calidad de enseñanza e infraestructura), elevar el acceso a la salud (la desnutrición afecta al 14.1 % de la población menor de cinco años), priorizar el capital social (capacidad de la persona de construir redes con otros individuos), garantizar los derechos fundamentales de la persona (libre pensamiento, dignidad, igualdad de oportunidades) y el aprovechamiento de los recursos naturales, financieros, informativos y humanos, así como mejorar la gobernabilidad, fiscalización y la participación ciudadana.

 

DRENAJE PLUVIAL DE CHICLAYO

Esta es otra obra de suma urgencia que lleva esperando por lo menos 22 años que se concretice. En 1997 fue la primera vez que se presentó una iniciativa de este tipo. Previo al Fenómeno El Niño que ocurriría al año siguiente, el Colegio de Ingenieros del Perú – CIP Consejo Departamental Lambayeque, presentó los Términos de Referencia – TDR, para la construcción del drenaje pluvial.

Este proyecto pronto pasó al olvido como otras iniciativas que surgieron después, tales como el proyecto de drenaje pluvial que presentase en febrero del 2017 la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, y el que propuso en agosto del 2017 el entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

El drenaje pluvial servirá para evacuar las aguas de lluvias de las veredas, de las pistas, de las zonas bajas y de alta inundación de manera rápida, evitando aniegos, pero debe ir acompañado de la renovación integral del sistema de alcantarillado, cuyo colapso es permanente en época de lluvia, como las ocurridas en febrero del 2014 cuando sobrepasó los 40 milímetros.

Lo cierto es que mientras no exista un Plan de Desarrollo Urbano vigente será imposible proyectar cómo se debería ejecutar el drenaje, porque no se tienen definidas las zonas de la ciudad hacia las que debe extenderse el crecimiento urbano, haciendo incierta la conducción del drenaje y su sistema de colectores.

 

MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICLAYO

Este proyecto contempla la construcción de un moderno terminal de pasajeros, uno de carga aérea, plataformas para la aviación regular, general y de carga, el aumento de dos a ocho posiciones para las aeronaves, así como una nueva estación de bomberos, todo por una inversión mayor a 300 millones de dólares.

La meta es que el aeropuerto, que actualmente recibe 600 mil pasajeros al año, duplique esta cifra para el 2021, lo cual generará un impacto económico positivo para Lambayeque.

A la par de este proyecto, Aeropuertos del Perú – ADP, trabaja en la rehabilitación y fortalecimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chiclayo, cuya inversión es de 50 millones.

SEIS PROYECTOS: LAS TAREAS PENDIENTES EN LAMBAYEQUE:

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El consultor Jorge Chávez Pita conversó con Expresión sobre la urgencia de cambiar íntegramente la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que contiene vacíos que permiten su aplicación discrecional por parte de los comités de selección, muchas veces coludidos con empresas que no cumplen los requisitos mínimos para adjudicarse obras o servicios financiados con recursos públicos.

 

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, presentó hace poco la agenda país que le entregó al presidente de la República, donde plantea recomendaciones respecto a las contrataciones del Estado, pues ha advertido algunas deficiencias en el marco normativo. ¿Son estas muy graves?

Definitivamente. Hay que tener en cuenta que el mayor énfasis de la corrupción está en la ejecución de obras. Hay unos caminos muy abiertos, con vacíos legales que permiten que transiten cada vez con mayor facilidad. A pesar que se cambian normas, se dictan directivas y decretos supremos, pero eso no sirve para que haya una lucha frontal, porque hecha la ley hecha la trampa.

En ese sentido, CONFIEP da algunas recomendaciones, por ejemplo, que habría que cambiar toda la Ley de Contrataciones y sus directivas, porque con esta ley lo que hacemos es que la corrupción crezca y está creciendo. Decimos que es el año contra la corrupción y la impunidad y eso no es verdad.

¿Es lo que se ha advertido, por ejemplo, en los recientes procesos realizados por el Gobierno Regional de Lambayeque, con la licitación de dos paquetes de cuatro colegios cada uno, sobre los que incluso Contraloría ya se ha pronunciado?

Documentos falsos que no se advierten y si se advierte se hace caso omiso. Todas las licitaciones que se hacen en el gobierno regional tienen serios problemas y estos se denuncian, salen en  Expresión, pero en la región bien gracias.

La Contraloría interviene, pero esta tiene un sistema que demora, en tanto se consuman los hechos, se firman contratos, se ejecutan las obras y se cobran los adelantos. Esa no es forma de luchar contra la corrupción, por eso es que la corrupción ha crecido. Por la situación misma del país, el control no funciona definitivamente.

Yo vengo diciendo que los entes de control no están cumpliendo su rol oportunamente, porque lo que hay que hacer es estar en la oportunidad el hecho. Entonces si en eso estamos, esto se va a desbordar, hay que poner un freno, por eso CONFIEP dice: cambiemos todo el régimen legal. Ley de Contrataciones del Estado debe cambiarse en su totalidad.

¿Considera que hay intereses creados en los ministerios, que es donde se van gestando las obras, por consorcios y empresas interesadas en manejar este sistema mal hecho para aparecer como ganadoras de contratos millonarios?                                                                                                                                                                                                    

Sí, eso es evidente. Un ejemplo es que en Jayanca una obra ha sido adjudicada a una empresa del Club de la Construcción. ¿Cuánto le debe a la SUNAT? Diez millones de soles.

¿Por qué los comités de licitación en los municipios o el gobierno regional no tienen capacidad para investigar o cruzar la información?

Los controles posteriores deben ser preponderantes, ser contundentes, pero más importante es el control antes que se firmen los contratos.

¿Es posible entonces que haya gente sembrada en los comités de selección y que se encarga de direccionar todo?

Yo creo que sí, contundentemente digo que sí. Todo está direccionado, las autoridades ordenan, dan las pautas: “Esto es así y esto se hace es así”, y a raja tabla se eliminan a todos los postores y se deja a uno ¿Por qué? Porque como lo dice la CONFIEP, dependemos de la discrecionalidad de tres personas que conforman el comité de selección. Los integrantes de un comité son funcionarios de un nivel intermedio, pero son ellos los que deciden quién va a hacer las obras. Imagínese en manos de quiénes estamos…

Y por eso con justa razón empresas que son honestas, que cumplen con todos los documentos, tienen que luego observar las adjudicaciones.

No solamente eso, digamos que tienen que tomar acciones, que hay que poner una serie de garantías y todas esas cosas para presentar los recursos de apelación. Lo más graves es que se ahuyentan, se van. Dicen: “No, no puedo trabajar acá, hay mucha ilegalidad”. Hay municipalidades que ya están identificadas, donde la corrupción cunde, entonces los postores no van. Los postores formales, serios, legales, que tienen capacidad económica no participan en esos procesos. ¿Qué está pasando? ¿Estamos luchando contra la corrupción o estamos dando la facilidad para que la corrupción crezca?

La Agenda País y las recomendaciones hechas en este tema tienen que ser realmente abrazadas y ejecutadas. No pueden quedar como simple letra muerta en el papel y no tomarlas en cuenta, ¿verdad?

Eso es lo que pasa, todo el tiempo se dictan leyes, directivas, hay pronunciamientos de las diferentes entidades, pero no se ejecutan. No se plasman en la realidad, entonces, yo creo que así estamos yendo al descalabro total.

La Ley 30225, que está en vigencia todavía, ha sido modificada por un decreto supremo en algunos aspectos y ha implicado abrir y generar vacíos. Entonces, ahora los comités se amparan en eso y es fácil darse cuenta cómo se direccionan las obras.

Hemos tenido un caso tremendo en Mochumí, flagrante, escandaloso, donde eliminan a nueve postores y dejan a uno. Eliminan a los nueve por un documento y cuando le pedimos que nos muestren el documento del ganador y este no lo tenía tampoco. Había incurrido en lo mismo y lo dejan por creer que era el que iba a ganar. Miren lo que ha pasado en Mochumí donde está el alcalde Rodríguez Alvarado, cuestionado por el caso “Temerarios del crimen”.

Se va a iniciar un proceso de queja, se van a dar las evidencias, está grabado todo. Yo, la verdad, en los años que tengo de experiencia nunca vi un caso de estos. Ya son gente atrevida con la situación de direccionar las obras, no creo por opinión propia, sino porque están digitados.

Es necesario un nuevo marco normativo…

Lo dije y lo voy a repetir: la Ley de Contratación del Estado tiene que cambiar radicalmente. Las directivas tienen que ser derogadas, la jurisprudencia que se ha generado en función a todos los procedimientos que se han realizado tiene que ser desvinculada de la norma legal y luego de eso un equipo de personas que conozca el tema debe proceder a elaborar una nueva ley, con bases estandarizadas, que no diga que necesitan a un profesional que haya viajado a la luna.

La ley como está ahora, ¿frena realmente la lucha contra la corrupción?

No, y por eso tiene que ser cambiada, más aún por la sentencia al Tribunal Constitucional. Esta aberrante decisión, dice que la Contraloría no tiene la capacidad sancionadora y lo peor del caso es que los procesos que están en curso de sanción quedan también sin efecto.

La Contraloría podría haber sancionado a alcaldes y suspenderlos en el ejercicio, porque ya tenía esa atribución, pero ahora sale el Tribunal Constitucional y dice todo lo contrario. Entonces, ¿cómo luchamos contra la corrupción? Estamos entre nosotros poniéndonos trabas y ese es el tema, por eso es que yo soy muy persistente, muy incisivo en eso.

¿Cómo se forman los comités de selección? ¿Quiénes designan a sus integrantes?

Los comités son nombrados por el titular de la entidad. En algunos casos, no en todos, se trae gente. ¿Pero gente para qué? ¿Para que haga un buen trabajo? No, sino para que opere bien el hecho corrupto, que se logre consumar en función a lo que el titular determina.  

Eso es lo que pasa y vemos miembros comités reciclándose de municipalidad en municipalidad. Sabemos nosotros quiénes son ellos, los que conocemos y estamos en este medio, sabemos quiénes son y ahí están, no podemos luchar contra esto.

JORGE CHÁVEZ PITA: “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DEBE CAMBIARSE EN SU TOTALIDAD”

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