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  • Con Carta Notarial piden que nos rectifiquemos por haber informado sobre su contratación con Veolia para la compra e instalación de 80 mil medidores.

 

El 20 de noviembre llegó a la redacción de Expresión la Carta Notarial N° 373-2019 remitida por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL SA, demandando la rectificación al informe publicado en la Edición 1039 en la que este medio expuso los detalles de la contratación, ascendente a más de 24 millones de soles, suscrita con Veolia Servicios Perú SAC para la compra e instalación de 80 mil medidores.

 

La carta, firmada por el gerente general de EPSEL, Arturo Colchado Bolívar, y el jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad, Giovanni Milla Risco, señala que en el plazo de 24 horas se proceda a la rectificación, “lo contrario implicaría el inicio de acciones legales que reviertan la afectación del daño” supuestamente generado.

Según EPSEL, el informe publicado por Expresión “afirma de manera inexacta, tendenciosa y sin los medios de prueba debidamente corroborados por la autoridad competente, que la actual gestión de EPSEL SA habría ‘adecuado’ las bases del Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL SA, para presuntamente favorecer a la empresa Veolia Servicios Perú SAC”.

Al respecto, Expresión rechaza lo señalado por los funcionarios de EPSEL, toda vez que el informe se sustenta en documentos de alcance público que obran en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, y en ningún extremo de la noticia difundida se menciona el presunto favorecimiento.

Este medio se ha limitado a la narración cronológica y detallada de los actuados en la empresa de saneamiento para arribar a la contratación, cuya buena pro fue otorgada a Veolia, única postora que se presentó a la licitación, obteniendo un contrato ascendente a 24 millones 849 mil 809.54 soles.

 

PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE

Los funcionarios de EPSEL cuestionan que se el informe se haya titulado: “Se adjudicó más de 24 millones de soles: EPSEL adecuó bases de proceso para contratar con Veolia”, aseveración que realiza en atención al pronunciamiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en el que textualmente se indica que las bases debían adecuarse.

En el Pronunciamiento N° 551-2019/OSCE-DGR, del 16 de julio de 2019, el OSCE se refirió sobre diversos cuestionamientos a la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL S.A., siendo el caso que en el Cuestionamiento N° 8 señala lo siguiente:

“(…) en el referido requisito de calificación se ha consignado que deberá acreditarse un monto facturado ‘por la venta e Instalación de medidores con adecuación de cajas’; no obstante, dicha precisión no se condice con lo contemplado en las Bases Estándar objeto de la presente contratación, por lo que, con ocasión de la integración de bases definitiva, se adecuará dicho aspecto (…)”.

En consecuencia, Expresión no ha faltado a la verdad en relación a la adecuación de las bases, situación que permitió la contratación de Veolia.

Sobre esto, la empresa publicó un comunicado a través de su cuenta en Facebook, en el cual responsabiliza al OSCE de la adecuación de las bases del proceso.

“En cuanto al pronunciamiento 551, se informa que la adecuación e integración de bases definitivas son realizadas por el OSCE. Lo que desdice cualquier suspicacia mal intencionada por el medio de comunicación”, afirma EPSEL.

 

¿FALTA DE COMPRENSIÓN?

Otro de los aspectos que EPSEL cuestiona en la carta notarial es que se haya hecho mención a que se contrató la prestación de un servicio por parte de la empresa adjudicataria del proceso.

Evidenciando una clara falta de comprensión del texto publicado, los funcionarios de la entidad, administrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, señalan que la aseveración de Expresión “carece de sustento legal”.

En el informe se indica que el objeto de la contratación fue la adquisición de “bienes” y se explica que fue así debido a que en el 2012 el Organismo Superior de Contrataciones del Estado - OSCE, definió que los procesos de selección para la “Adquisición e Instalación de Medidores” no debían convocarse como contratación de servicios, sino como adquisición de “bienes”, y que la modalidad de contratación convocada fue de “llave en mano”, lo que implica que el postor oferta además de los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento.

Finalmente, en su comunicado, EPSEL advierte que en caso de incumplimiento de los plazos de instalación de medidores por parte de Veolia, “de ser el caso se procederá a la aplicación de las penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento”. De ese modo, la empresa reconoce que tal posibilidad cabe dada la calendarización aprobada para el contrato. Entre el 20 de agosto (un día después de la firma del contrato con la adjudicataria) y el 19 de noviembre, esta debió instalar 22 mil medidores.

EPSEL RESPONSABILIZA AL OSCE: EMPRESA DEL AGUA AMENAZA A EXPRESIÓN CON INICIO DE ACCIONES LEGALES

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  • Candidata al Congreso de la República con el N° 1 por Perú Nación señala que EsSalud se ha convertido en una entidad caracterizada por la falta de capacidad resolutiva.

 

La problemática de la seguridad social es uno de los aspectos que para Cecilia Vidaurre Nieto, candidata al Congreso de la República por el partido Perú Nación, merece especial atención de la clase política del país, debido a que año tras año los hospitales pierden capacidad resolutiva debido a la falta de infraestructura, equipamiento y personal asistencial.

 

“Este año hemos visto cómo se ha complicado dramáticamente la situación de la seguridad social con el cierre de una de las torres del Hospital Naymlap y la reasignación de los asegurados adscritos a dicho nosocomio a los hospitales Almanzor Aguinaga y Luis Heysen. Lo que se percibe, en el tiempo, es que los establecimientos de EsSalud van perdiendo capacidad para atender a todos los pacientes, sobre todo si se tiene en cuenta que en el caso del Almanzor Aguinaga, por su condición de hospital nacional, recibe a referidos de toda la macro región nororiental”, menciona la candidata.

 

LA INFRAESTRUCTURA

Viadurre Nieto rememora que desde hace diez años no se construye un nuevo hospital para la seguridad social en Lambayeque. En efecto, el último, inaugurado en el 2009, fue el Luis Heysen Incháustegui, que cinco años después seguía presentando observaciones en la ejecución de la obra.

“Desde hace dos años aproximadamente se ha anunciado reiteradamente que se va a construir en Chiclayo un hospital especializado en enfermedades cardiovasculares y un nuevo edificio para el Hospital Naymlap, incluso se recibió un terreno como pago de parte de la deuda que tiene una agroindustrial con EsSalud y hasta el momento no se sabe en qué situación están ambos proyectos”, asevera.

En tal sentido, la aspirante a congresista por Lambayeque precisa que es necesario que se emprenda un proceso de reorganización de la seguridad social a fin de garantizar servicios oportunos y de calidad en beneficio de los miles de asegurados que existen en el país.

“La seguridad social atraviesa problemas crónicos como la postergación de las cirugías. Ya lo ha dicho en un contundente informe la Defensoría del Pueblo: solo en el Hospital Almanzor Aguinaga hay más de tres mil 800 pacientes en lista de espera para ser intervenidos; existen salas de cirugía con serias deficiencias, con instrumental y equipamiento obsoleto. Por si fuera poco hay desabastecimientos que no deberían presentarse. Al respecto la Contraloría General de la República emitió un informe en el que señala que la Red Asistencial de Lambayeque debió adquirir medicamentos para pacientes con cáncer o insumos y reactivos para laboratorios, y pese a tener el dinero en sus cuentas no desarrolló los procedimientos o, lo que es peor, los funcionarios olvidaron incluir en el plan anual de inversiones la totalidad de requerimientos presentados por las áreas médicas. Eso es imperdonable”, cuestiona Cecilia Vidaurre.

 

FISCALIZACIÓN

Considera que es pertinente que desde el Congreso de la República se impulse la conformación de un grupo investigador que indague a profundidad el manejo de los recursos de EsSalud y que la Contraloría General de la República revise detalladamente los procedimientos internos que se dan en la institución para cautelar el correcto manejo de los fondos que administra.

“Desde luego, es necesario que se escuche a los trabajadores del seguro social. El gremio médico, de enfermeros, obstetras y técnicos conocen la problemática desde adentro y es pertinente escucharlos, atender sus demandas y recomendaciones para que de ese modo se alcance una solución integral a la problemática. El Congreso de la República sí puede intervenir en ese aspecto y a través de una comisión investigadora conocer también cuántos acuerdos, actas y compromisos para la mejora de los servicios se han suscrito hasta el momento y no se han cumplido por inoperancia de los responsables de EsSalud”, enfatiza.

Finalmente, Cecilia Vidaurre manifiesta que EsSalud debería convocar al diálogo a los trabajadores y empleadores en aras de alcanzar mejoras en el aseguramiento, toda vez que son estos quienes con sus aportes contribuyen al sostenimiento de la entidad.

“Si solo en Lambayeque, que es una de las cinco regiones más importantes del país, se vive una situación tan crítica, donde un hospital puede tener hasta a 70 personas en los pasillos de emergencia, como sucede actualmente en el Almanzor Aguinaga, no es difícil imaginarse qué es lo que pasa en los demás departamentos, donde no hay hospital nacional o en las provincias donde solo hay módulos y policlínicos”, sostiene.

CECILIA VIDAURRE: “ES URGENTE QUE SE TRABAJE EN LA REORGANIZACIÓN DEL SEGURO SOCIAL”

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Sumándose a la propuesta del gobierno de combatir la anemia con el consumo del arroz fortificado, la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA y la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, anunciaron el inicio de un plan que apunta a la comercialización masificada del producto en bolsa.

 

El escenario actual para los productores de arroz no es precisamente el más auspicioso. Alfonso Garcés, presidente del Comité Gremial de Arroz de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, refiere que la industria del cereal en el país es suficiente para cubrir el mercado interno, considerando que el consumo per cápita es de 65 kilos al año.

“Sembramos aproximadamente 420 mil hectáreas de arroz en todo el Perú y con una producción promedio de siete mil 500 kilos por hectárea, tenemos tres millones de toneladas en cáscaras que convertidas son más o menos dos millones toneladas. El consumo total del país es de un millón 700 mil toneladas, lo que significa que somos autosuficientes para cubrir la demanda”, señala.

 

IMPORTACIÓN

Sin embargo, los arroceros deben lidiar con la importación del cereal, a la que consideran como competencia desleal porque llega al país libre de aranceles, lo que reduce notablemente el precio en el mercado frente al arroz nacional. Además, en otros países la producción arrocera es subsidiada por los gobiernos.

“En los últimos años ha habido fenómenos como la importación desmesurada a raíz de la franja de precios. La franja, de 160 dólares de arancel por tonelada, bajó a cero y dejó un mercado abierto al arroz importado. Si adicionalmente se suma que tenemos pocos destinos para importar, porque Colombia nos cerró la frontera, quiere decir que gran parte de la producción se queda en el mercado interno a competir con el importado. En el 2017 se importaron 400 mil toneladas y eso generó que el precio del arroz caiga drásticamente”, menciona.

Alfonso Garcés refirió también que otro de los aspectos en los que los productores de arroz trabajan es en la mejora de la infraestructura para el desarrollo de sus actividades. La preocupación parte por la preservación de los indicadores de inocuidad en el cereal.

En el caso del departamento, la mayor concentración de molinos arroceros se encuentra en el tramo de la carrera que une a Chiclayo con Lambayeque, área que no está zonificada como industrial y en la que no existen redes de agua y desagüe.

El representante de los arroceros en la Sociedad Nacional de Industrias comenta que se ha manifestado esta preocupación al gobierno nacional, porque es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de proveer de servicios básicos a los sectores productivos.

“Le hemos dicho al Ministerio de la Producción que no se trata únicamente de carreteras el tema de la infraestructura al interior del país, también se trata de adecuar los parques industriales, que tengan todos los servicios de agua, desagüe, luz, infraestructura de tráfico para que se pueda desarrollar la industria. A nosotros nos preocupa cómo están ahora los parques industriales y los espacios que sin serlo funcionan como tal, como sucede aquí en Lambayeque. Es el Estado el que debe encargarse de la infraestructura porque el empresario no se va a encargar de habilitar servicios”, manifiesta.

 

ARROZ FORTIFICADO

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, del 2017, el porcentaje de niños de seis a 35 meses con anemia en el Perú alcanza al 44.4 %. Esta cifra se ha mantenido casi igual en los seis años anteriores al 2017: en el 2012 (44.5 %), 2013 (46.4 %), 2014 (46.8 %), 2015 (43.5 %) y 2016 (43.6 %).  

Estas cifras se acentúan en el plano rural, donde el 2012 la anemia alcanzó el 53 %; el 2013, 51.7 %; el 2014, 57.5 %; el 2015, 51.5 %; el 2016, 53.4 %; y el 2017, 52.6 %.

Datos de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, revelan que en Ferreñafe el 46 % de los niños menores de cinco años tiene anemia, en Lambayeque el 35 % y en Chiclayo el 27 %.

Ante ello, los productores de arroz han decidido plegarse a la campaña nacional contra la anemia a través de la producción y comercialización de arroz fortificado.

“Todos sabemos el problema de la anemia en el Perú y desde la institución tenemos que contribuir a la sociedad para acabar con este problema que afecta a los niños, especialmente, a los menores de cinco años. Entonces, ya hemos estado trabajando en este tema y hemos decidido ingresar masivamente a la producción arroz fortificado con hierro, vitaminas y zinc. Visualizamos que en los próximos dos años todo el mercado irá hacia el arroz fortificado”, refiere Tomás Padilla, presidente de APEMA.

Remarca que en otros países como Estados Unidos y Costa Rica existen normas que obligan a los productores a la fortificación del arroz, escenario que aún no se da en el Perú, pero al que se debe apuntar dada la necesidad de hacer frente a la anemia como problema de salud pública.

“En otros países como Costa Rica y Estados Unidos se han dado leyes, pero aquí es la industria del arroz la que dice: ‘Nosotros vamos hacia eso’, porque así se den leyes quienes las tienen que cumplir son los empresarios y nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Esperamos que en los próximos dos años toda la producción de arroz incluya la fortificación”, asevera.

Tomás Padilla acota que la fortificación del arroz representará un incremento mínimo en los costos de producción.

“Lo que apuntamos es a reducir el consumo de arroz a granel, que actualmente es del 80 % en el mercado nacional. Para garantizar que la fortificación tenga resultados y se asegure la inocuidad del producto este debe estar embolsado, ese es el paso que debemos dar en la industria arrocera nacional”, precisa el presidente de APEMA.

 

BENEFICIOS

La fortificación del arroz con hierro y 10 micronutrientes puede reducir en un 40 % la brecha nutricional en la población. Por ejemplo, aporta ácido fólico y vitaminas B12, B3, B6 y A, lo cual disminuye la anemia y también los defectos del tubo neural.

Además, aporta Zinc y vitamina E, los cuales mejorarán la respuesta inmune ante infecciones que originan diarrea e infecciones respiratorias agudas como la neumonía. Asimismo, el hierro y las vitaminas del complejo B mejorarán el metabolismo energético.

 

COMPRAS ESTATALES

Alfonso Garcés cometa las compras de arroz de los programas sociales del Estado, básicamente Qali Warma, son muy bajas.

“El Perú consume más o menos 140 mil toneladas mensuales de arroz privado, que proyectadas al año son un millón 700 mil toneladas y Qali Warma consume 23 mil toneladas al año, de las cuales el 50 % son de arroz son fortificado. Más o menos, Qali Warma consume el 1.5 % del total nacional. En consecuencia, el volumen es mínimo. La propuesta es que sea masivo con costos básicos, lo ideal sería al mismo precio de un producto no fortificado, pero es justamente esto lo que nos va a dar un valor agregado que nos podría proteger de las importaciones. Este es un plan integral en el que APEMA o la Sociedad Nacional de Industrias no son las únicas que tienen la solución, sino es una tarea de toda la sociedad y quien debe liderar el proyecto es el gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es dar la iniciativa y decir que aquí estamos presentes porque queremos apoyar en la reducción de la anemia”, enfatiza.

MOLINEROS APUESTAN POR LA MASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: PROPONEN COMERCIALIZAR ARROZ FORTIFICADO EN BOLSA PARA LUCHAR CONTRA LA ANEMIA

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  • Candidata de Contigo perdió la tenencia de su hijo en proceso judicial.

 

Las elecciones extraordinarias al Congreso de la República han puesto en vitrina pública a candidatos para todos los gustos y de todos los colores. De los 110 que compiten por alcanzar uno de los cinco cupos de la representación parlamentaria por Lambayeque, cinco tienen sentencias por alimentos.

 

Se trata de un postulante de Renacimiento Unido Nacional, una de Contigo, uno Alianza Para el Progreso, uno del Partido Morado y uno de Democracia Directa, según información publicada en la plataforma habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE.

 

RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL

Los candidatos por Renacimiento Unidos Nacional son, en orden de lista, Jeancarlos Agip Vásquez, Franco Amado Cotrina Romero, Antero Monsalve González, Elizabeth Vigo Alcántara y Ruth Cotrina Barboza. De estos, el Jurado Electoral Especial de Chiclayo ha declarado improcedente de la candidatura de Cotrina Romero, quien se encuentra en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE.

Franco Cotrina Romero es natural de Santa Cruz de Cajamarca y se desempeña como médico pediatra del Hospital Regional de Lambayeque desde el 2015, habiéndose graduado en 1996 en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG.

Fue regidor provincial de Santa Cruz por el Partido Aprista Peruano, postuló para alcalde de dicha jurisdicción en las elecciones del 2006 y el 2010, a regidor nuevamente en el 2014 por el Frente Regional de Cajamarca y otra vez a alcalde en las elecciones del 2018 por el partido Podemos Por el Progreso del Perú.

Ha reportado ingresos de 102 mil soles al año y tiene una sentencia por alimentos recaída en el Expediente N° 2008-0096-JPGLSC.

 

CONTIGO

La lista congresal del Partido Político Contigo, antes Peruanos Por el Kambio – PPK, la integran Gerardo Saavedra Colmenares, Carlos Balarezo Mesones, Erika Valdivieso López. Iván Fernández Paz y Sara Vidarte Mena. Esta última ha sido declarada improcedente en su inscripción, aunque falta el pronunciamiento final del JNE.

Vidarte Mena, natural de Chiclayo, trabaja como docente para la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, habiéndose formado como educadora en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Su nombre aparece en cuatro procesos judiciales: el seguido en el Expediente N° 7478-2017, actualmente en curso en el Juzgado Civil de José Leonardo Ortiz, por violencia familiar; otro en el Expediente N° 0056-2017-0-1714-JP-PE-02, ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz, también por violencia familiar, el mismo que se encuentra concluido y en el que aparece como agraviada; el seguido en el Expediente N° 01480-2010-0-1706-JR-FT-04, en el Cuarto Juzgado de Familia, también por violencia familiar, actualmente concluido, y el que se desprende del Expediente N° 07832-2017-0-1706-JR-FC-06, ante el Sexto Juzgado de Familia de Chiclayo.

Este último proceso fue iniciado por el padre de su hijo, quien demandó al Poder Judicial la tenencia del menor, la misma que le fue concedida el 28 de abril de este año al probarse el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba el niño.

 

ALIANZA PARA EL PROGRESO

En Alianza Para el Progreso los candidatos al Congreso de la República por Lambayeque son: Humberto Acuña Peralta, Ana Ravines Merino, Julio Vásquez Peralta, Irma Chanamé Morales y Guillermo Segura Díaz.

El candidato con sentencias por alimentos es Guillermo Segura Díaz, exregidor y ex alcalde accesitario de Chiclayo, además de ex gerente regional de Trabajo.

Segura Díaz, nacido en Chongoyape, es abogado de profesión por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, docente de la Universidad César Vallejo y fue docente de la Universidad Señor de Sipán.

Tiene tres sentencias por procesos de familia. La primera dada por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo en el Expediente N° 1314-92, la segunda por el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque en el Expediente N° 562-2003 y la tercera dada por el Primer Juzgado de Paz Letrado – Familia de Chiclayo en el Expediente N° 00813-2011-0-1706-JP-FC-01.

En el primer proceso quedó obligado al pago de una pensión de manutención de 250 soles mensuales, en el segundo al 15 % del haber mensual bruto y en el tercero al 18 % de sus ingresos mensuales.

 

PARTIDO MORADO

La lista del Partido Morado por Lambayeque la integran Hansel Paz Muro, Víctor Pozo Chávarry, Jhonattan Mendoza Aguirre, Aurea Ordinola Brenis y Yolanda Vilcabana Manayay. De este grupo se tiene el caso de Víctor Pozo Chávarry, sentenciado por alimentos en el Expediente N° 672-2009 dictada por el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque, la misma que terminó en conciliación.

Pozo Chávarry, nacido en Chongoyape, es abogado y hasta el 2014 trabajó como sub director de la Institución Educación 10112 de Lambayeque. Estudió Educación Primaria y Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

 

DEMOCRACIA DIRECTA

Los postulantes por Democracia Directa son: Germán Melendres Ramos, Jenny Medina Rumiche, Carlos Cornetero Panta, Yuliana Cueva Lazo y José Nole Ramírez.

Quien tiene en su haber una sentencia por alimentos es Carlos Cornetero Panta, natural de Ferreñafe, quien desde el 2002 se desempeña como técnico en enfermería en el Hospital Agustín Arbulú Neyra de EsSalud, ubicado en la vecina provincia.

Cuenta, además, con estudios en Gestión de Salud en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

Cornetero Panta fue sentenciado en el Expediente N° 00397-2013-1707-JP-FC-01, dada por el Juzgado de Paz Letrado. Reporta ingresos de 26 mil soles mensuales.

POR LAMBAYEQUE: CINCO SENTENCIADOS POR ALIMENTOS QUIEREN LLEGAR AL CONGRESO

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