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No se qué rumbo decidirá la justicia en el caso de Edwin Oviedo Picchotito, quien está injustamente detenido. No tengo una bolita mágica que me diga: “Edwin enfrentará este juicio en libertad y demostrará su inocencia de la grave acusación que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado le imputa”. Estoy segura que jamás Edwin Oviedo Picchotito ordenó matar a alguien y que la muerte trágica de quien en vida fue señor Manuel Rimarachín Cascos se debió a razones completamente ajenas a la situación judicial de Tumán.

 

En un documento público que hace meses escribiera desde el Penal de Chiclayo el empresario y ex dirigente nacional deportivo Edwin Oviedo Picchotito, publicado por diversos medios de comunicación, señaló de manera contundente que si el fiscal Juan Manuel Carraso Millones tiene pruebas fehacientes de su culpabilidad no debe pedir 26 años de prisión, sino cadena perpetua.

 "Les pido y ruego a todos los señores periodistas de todos los medios de comunicación a no dejarse sorprender por el señor fiscal Carrasco Millones de quererme incriminar sin ninguna prueba de los hechos de los cuales soy absolutamente inocente y si el fiscal tuviera una sola prueba de mi responsabilidad le pido que solicite cadena perpetua y no 26 años”, señala la misiva difundida ampliamente a nivel nacional.

  Vuelvo a corroborar lo escrito por Edwin Oviedo. Las acusaciones del fiscal Carrasco Millones son "mentiras e infamias" y es "lamentable y doloroso" para él y su familia atravesar una acusación de esta naturaleza, que lo tiene privado de su libertad por más de un año. Nadie sabrá en su verdadera dimensión el dolor lacerante que causa esta acusación a la familia y amigos. Nadie entenderá el sufrimiento de su esposa, hijos y hermanos, quienes no dejan de preguntarse por qué a ellos les pasó esta desgracia.

 Cuando rebobino mis recuerdos y me estaciono en pasajes de lo que se hizo y se dejó de hacer en Tumán reflexiono y pregunto si alguien es capaz de almacenar tanto odio contra una persona.

Y entonces vuelvo a interrogar si lo que hoy le sucede a Edwin Oviedo es resultado de la maldad de las personas carentes de temor en Dios. Será que no le perdonan que vino a Lambayeque y logró que Pomalca sea una agroindustrial sostenible, que llevara al futbol lambayecano a su máxima expresión, que fuera amigo de todos.

Entonces, ¿por qué tendría que haber planeado la supuesta muerte de dirigentes? El testigo principal que lo acusa ya no es parte del proceso.

 

JUICIO DEBE INICIARSE

Quienes trabajamos en el Grupo Oviedo y sabemos de los valores con los que nos hemos formado en nuestra vida personal, familiar, profesional y empresarial negamos rotundamente trabajar al lado de personas carentes de ética y profesionalismo. Nuestras acciones lo demuestran. Lo que con la salida del Grupo Oviedo en Tumán ha ocurrido en los últimos años es lamentable, es materia de un análisis imparcial y científico que con el tiempo se hará.

Por ello saludo que se haya logrado finalmente llegar a una acusación en el caso de “Los Wachiturros”, el que estaba paralizado hace más de un año, la parte legal ha hecho una serie de pedidos para lograr que avance el trámite, necesitábamos la acusación, porque tenemos que ir a juicio oral, porque es en esa etapa que vamos a demostrar la inocencia de Edwin Oviedo Picchotito.

Como lo ha explicado el abogado César Nakazaki Servigón, tras el pedido de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, en marzo iniciaremos el juicio por la muerte de Percy Farro Vitte, también atribuida a Edwin Oviedo.

De tal manera que lo que en las próximas horas se resuelva sobre la situación del empresario Edwin Oviedo Picchotito, para quien se ha solicitado la comparecencia simple a cambio de la prisión preventiva y se ha ofrecido una caución económica que garantice llevar un debido proceso, es muy válido y sentará jurisprudencia en la corte de justicia lambayecana.

 

¿CUÁL ES EL RIESGO?

Ahora no hay nada que ponga en riesgo el cese de prisión preventiva del empresario Edwin Oviedo Picchotito en el proceso que se le sigue como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Wachiturros de Tumán”. Los motivos por los cuales se dictó la prisión ya no existen, entre ellos que si Oviedo estaba en libertad obtenga la declaración de los cuatro testigos que son la base de todos sus casos, es decir del colaborador eficaz y los tres familiares de las víctimas, quienes ya han declarado; por lo tanto lo que le preocupaba al fiscal está desvirtuado completamente.

La caución de 300 mil soles mediante un inmueble que tiene un valor de casi medio millóؚn de soles garantiza ante este juzgado lo que vaya a determinar la justicia lambayecana. El empresario Oviedo Picchotito exige llevar un juicio en igual condición a los otros procesados, porque como bien lo señala el abogado Nakazaki “una cosa es un proceso y otra cosa es una cacería”.

Yo agrego ante qué figura estamos en este caso, porque si no se aplica la justicia tal como lo manda la ley de nuestro país no habría cómo reparar el daño hecho a un empresario que desde antes de toda acusación ya se había declarado inocente.

Creo que la audiencia del pasado 3 de enero dejo sin argumentos legales al fiscal Juan Carrasco Millones para que Edwin Oviedo recobre su libertad.

Juez Carlos Chanamé Chumán tiene usted una gran oportunidad como administrador de justicia: hacer valer la ley tal como es y no para lo mediático, o el qué dirán los vocales, la prensa, los políticos, etc. Solo espero justicia nada más.

 

Socióloga, periodista, especialista en Comunicaciones.

IGUALES CONDICIONES PARA TODOS: LA JUSTICIA MEDIÁTICA NO ES JUSTICIA. OVIEDO TIENE ARGUMENTOS LEGALES PARA RECOBRAR SU LIBERTAD

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  • La Constructora Rodema EIRL conforma el consorcio que en noviembre pasado se adjudicó contratación de más de nueve millones en la Gerencia Regional de Agricultura.

 

Alerta activada. En noviembre del año pasado, la Gerencia Regional de Agricultura adjudicó la buena pro al Consorcio Hidráulico Culpón para la elaboración del expediente técnico del proyecto y ejecución de la obra: “Creación del Servicio de Protección y Control de Inundaciones en los márgenes izquierdo del río La Leche en el sector el Culpón”. El precio ofertado por dicho consorcio superó los nueve millones 200 de soles.

 

Producto de la referida adjudicación, el mencionado consorcio formalizó el Contrato N° 000128-2019-GR.LAMB/GRA, el 5 de diciembre del 2019, para lo cual la representante legal común del consorcio y a la vez gerente general de la empresa Constructora Rodema EIRL, Rosa Pérez Gutiérrez, suscribió el documento contractual sin presentar con anterioridad la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento como requisito obligatorio, razón que está considerada en la Cláusula Séptima del referido contrato.

 Ante la omisión, se dejó constancia que el consorcio antes de suscribir el contrato se comprometió mediante una declaración jurada a presentar la garantía en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato, como así lo establece el párrafo segundo del artículo 54 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado mediante D.S. N° 148-2019-PCM, compromiso que efectivamente fue cumplido dentro del plazo previsto por el adjudicatario mediante la presentación de la respectiva Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento emitida por la Entidad Financiera SECREX CESCE.    

 La adjudicación adquiere relevancia debido a que el consorcio ganador está conformado por: Constructora y Servicios Rodema EIRL, Negocios y Representaciones Stiven EIRL, las personas Julio César Quiroz Ayasta, Galecio Bobadilla Casas y la empresa Constructora Convecal.

 

ANTECEDENTES PREOCUPANTES

Precisamente la empresa Constructora Rodema EIRL, representada por la Rosa Pérez Gutiérrez, mantiene serios cuestionamientos evidenciados en informes de la Contraloría General de la República.

 A Rodema EIRL se le cuestiona por las deficiencias técnicas y las serias irregularidades en las que habría incurrido para obtener la buena pro para la ejecución de obras en el departamento de Piura. Por ejemplo: la descolmatación del Dren 1308, en el valle del Bajo Piura (por cinco millones 885 mil 704 soles); la descolmatación del Dren Sechura, en el valle de igual nombre (por cinco millones 912 mil 438 soles), y la rehabilitación del dique izquierdo del río Piura (por siete millones 174 mil 892.66 soles), entre otras.

 La misma empresa también tuvo observaciones realizadas por Contraloría a su intervención en el proyecto de rehabilitación de la Avenida Don Bosco, valorizada en cuatro millones 227 mil 21.16 soles, así como en la construcción de infraestructura de defensas ribereñas en Nuevo Hualapampa – Huarmaca, para que se consorció con la empresa Macro Constructores.

 Otras irregularidades detectadas por Contraloría, que involucran a la empresa, están referidas a la obra: “Mejoramiento de la defensa ribereña en el río Piura, sector La Huaquilla- distrito y provincia de Morropón”.

Rodema EIRL fue contratada en reiteradas oportunidades por el Gobierno Regional de Piura y diversas municipalidades de la misma jurisdicción. Solo en el 2017 fue contratada al menos 13 veces por un monto ascendente a 71 millones de soles para realizar trabajos, principalmente del proceso de reconstrucción, según el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

 

ADJUDICACIÓN EN AGRICULTURA

En la edición 1145, Expresión, se dio cuenta de una irregularidad implícita en la que habría incurrido el Consorcio Hidráulico Culpón, en cuanto uno de sus consorciados, en este caso la empresa Constructora Convecal SRL, al momento de la presentación de su oferta y la adjudicación de la buena pro a su favor, alcanzó información domiciliaria contenida en su Registro Nacional de Proveedores - RNP, que no era concordante con la que se encontraba consignada en su Registro Único de Contribuyente - RUC, requisito indispensable para que su RNP mantenga su vigencia.

 Pese a este hecho, que debió ser advertida por el Comité Especial, el Consorcio Hidráulico Culpón se adjudicó la obra en el río La Leche.

POR IRREGULARIDADES EN PROYECTOS REALIZADOS EN PIURA: CONSORCIO QUE EJECUTARÁ OBRA EN EL RÍO LA LECHE TIENE A INTEGRANTE CUESTIONADA

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El 27 de diciembre del 2019, la comuna chiclayana convocó el procedimiento, bajo la modalidad de Subasta Inversa, para adquirir 269 mil 230 galones de Diesel B5-550 (petróleo), que serán utilizados para operar las unidades móviles menores y la maquinaria pesada de uso para el recojo de los residuos solidos de la ciudad, así como la prestación del servicio de seguridad ciudadana, el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en algunos sectores críticos y el ornato en general.

 

En febrero el 2019, al inicio de la gestión del actual alcalde, Marcos Gasco Arrobas, se declaró en emergencia la recolección de los residuos solidos en el distrito de Chiclayo, condición que permitió que por acuerdo de concejo se contratara directamente durante tres meses a la empresa Veolia Servicios Perú para prestar el servicio de alquiler de 10 compactadoras y el servicio del recojo de los residuos sólidos, que por ese entonces se encontraba colapsado, esto con la finalidad de paliar la emergencia declarada, asignado para este fin más de un millón 800 mil soles, contratación que ha sido considerada irregular por la Oficina de Control Regional de Lambayeque, adscrita a la Contraloría General de la República.

 Dicha entidad ha establecido la existencia de responsabilidad penal y administrativa entre el alcalde, regidores y funcionarios que permitieron la contratación de la empresa y concluye en que se generó un perjuicio económico al municipio superior a los 240 mil soles.

 

COMPRA EN EL 2019

Respecto al combustible, la adquisición realizada en el 2019 por el ayuntamiento chiclayano tuvo el mismo objeto que el de este año, para lo cual se realizó el procedimiento de Subasta Inversa con la finalidad de comprar 134 mil 924 galones de Diesel B5-550 (petróleo), resultando ganadora la empresa Grupo Petrocaña SAC.

 La empresa, luego de ofertar 12.20 soles por galón del líquido carburante, suscribió el contrato correspondiente a finales de marzo del 2019 por un monto de un millón 646 mil 72 soles, iniciando el abastecimiento del producto adjudicado en abril año, considerándose en el documento contractual que el acuerdo tendría vigencia hasta que el combustible sea consumido en su totalidad.

 En cuanto el nuevo proceso convocado en diciembre del año pasado este tiene como prioridad el abastecimiento del carburante durante el 2020 bajo los mismos términos considerados en las bases del procedimiento selectivo, en las cuales - igualmente - se establece un plazo de entrega subjetivo; es decir, hasta que se alcance el consumo total del producto, mas no se considera un flujo de abastecimiento o un cronograma diario de consumo, con el agravante que no se identifican las unidades que utilizarán el combustible que se adquiera y el galonaje que estas emplearán en las labores para las que sean asignadas.

 

¿MÁS DE LO NECESARIO?

Este hecho genera cierta suspicacia respecto al volumen presuntamente sobreproporcionado que la actual gestión edil pretende adquirir este año, sobre todo porque la flota vehicular menor y, fundamentalmente, la maquinaria pesada y el número de compactadoras para el recojo de los residuos sólidos no se ha visto incrementado. A ello se suma que no todas las unidades están operativas.

 Algunas de las unidades existentes fueron sometidas a reparación, mas no fueron renovadas, lo que en buena cuenta permite presumir que la adquisición en los volúmenes que la entidad edilicia busca comprar estaría sobredimensionada, hecho que debe ser materia de indagación por parte de los fiscalizadores (regidores) y los entes de control respectivos.

 Como precedente se tiene que durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, hoy encarcelado, se detectaron compras irregulares de combustible, las cuales fueron realizadas utilizando la modalidad del fraccionamiento, procedimientos de selección amañados, como así también con precios sobrevalorados en cantidades sobredimensionadas, recurrentemente dirigidas a un determinado proveedor.

 Por estas adquisiciones, el exburgomaestre fue materia de enjuiciamiento, al igual que los funcionarios involucrados y el proveedor favorecido.     

EN COMPARACIÓN AL 2019: MPCH PRETENDE COMPRAR EL DOBLE DE COMBUSTIBLE

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La ampliación del Aeropuerto José Quiñones Gonzales, la ejecución del tramo de la Autopista del Sol correspondiente al departamento y la concesión del Terminal Marítimo de Puerto Eten son, para la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, las obras prioritarias para el desarrollo. La institución cumplirá 119 años de servicio el próximo 27 de enero.

 

Su presidente, Carlos Burgos Montenegro, refiere que el principal objetivo de la centenaria institución para el presente año es liderar la lucha de la sociedad civil para que se concreten los tres proyectos que – anota – le darán a Lambayeque ventajas competitivas en la macro región nororiental y afianzarán el crecimiento de la inversión privada.

 “Son obras emblemáticas y de carácter nacional que generarán un gran impacto en el departamento, pero que, además, no requieren de presupuesto del Estado”, menciona.

 

AEROPUERTO DE CHICLAYO

Burgos Montenegro comenta que en la ampliación del Aeropuerto José Quiñones Gonzales, que implica la remodelación del terminal de embarque y desembarque de pasajeros, la torre de control, la estación de rescate, el taller de mantenimiento, la planta de combustible, hangares y bloques sanitarios, solo se requiere que el Estado agilice las gestiones para que se habiliten los más de 300 millones de dólares que se demandan.

 La remodelación y ampliación del aeropuerto se ejecutaría en un área total de 228 mil metros cuadrados.

 “El proyecto ya fue aprobado, desde el año pasado se iniciaron los trabajos de ampliación de la pista de aterrizaje en dos mil 693 metros de longitud y una serie de obras complementarias como plataformas de aviación comercial general, de carga y estacionamiento de las aeronaves. Ahora se necesita que se habilite el presupuesto para el terminal en sí”, manifiesta.

 El presidente de la cámara de comercio destaca que si bien Lambayeque ha logrado la conectividad internacional con la presencia de Copa Airlines, como resultado de las gestiones realizadas por la institución, con la ampliación del aeropuerto será posible recibir aeronaves procedentes directamente de cualquier parte del mundo, lo que dinamizará la economía departamental.

 “Tenemos que exigir que se transfieran los 340 millones de dólares para las obras en el aeropuerto. Con la segunda etapa de la modernización del aeropuerto llegarían aviones de mayor capacidad, pero además tendríamos la oportunidad de exportar productos frescos que ya se están cosechando en la irrigación Olmos. Todo esto generará miles y miles de puestos de trabajo”, menciona.

 

AUTOPISTA DEL SOL

El segundo proyecto que para la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque tiene vital importancia es la ejecución del tramo de la Autopista del Sol, en la conexión Piura – La Libertad, cuyo avance es mínimo en comparación al alcanzado en los departamentos vecinos, principalmente por la lentitud de Provías Nacional para resolver el pago por las servidumbres y definir el recorrido de la vía, pese a existir los recursos y estar el proyecto concesionado hace diez años.

 “Se tiene que superar el problema de las servidumbres, el dinero está para que se justifique el pago a quienes se asumen como afectados, cuando en realidad serán beneficiados con la vía porque el trazo impactará considerablemente en la valorización de sus predios. Como cámara hemos promovido varias reuniones con los alcaldes distritales para ayudar a que se resuelva de una vez lo de las servidumbres y se dé inicio a los trabajos. Esta semana hemos estado en Reque, en una reunión en la que han participado los representantes de la localidad y a quienes se ha explicado la importancia de esta obra”, señala.

 

TERMINAL PORTUARIO

Como tercer proyecto prioritario se ubica al Terminal Portuario de Lambayeque, para el que se demanda la inversión de 577 millones de dólares y cuya ejecución está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.

 Burgos Montenegro asevera que Lambayeque no debe renunciar al justo derecho de contar con un terminal portuario que sirva de puerta de salida para los productos agrícolas, mineros e industriales de toda la macro región, por lo que considera que el gobierno nacional debe cumplir con el ofrecimiento hecho por el presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, de promover la concesión del proyecto a través de Proinversión.

 “No desmayaremos en nuestra lucha institucional por esas tres obras. Todas las instituciones de la sociedad civil coinciden en su importancia y como cámara de comercio vamos a liderar cuanta gestión sea necesaria para que se hagan realidad”, afirma.

 

MEJOR INVERSIÓN

El representante de la centenaria institución menciona que otro aspecto importante es coordinar con las autoridades regionales y locales a fin que en el presente año mejoren la ejecución de los presupuestos, teniendo en cuenta que a diciembre del 2019 el Gobierno Regional de Lambayeque y varios municipios devolvieron recursos al erario nacional.

 “Tenemos que seguir buscando espacios de coordinación, si bien hay autoridades que se resisten a escuchar las recomendaciones y propuestas de la sociedad civil, nuestro rol es seguir fiscalizando y proponiendo soluciones a los problemas que tenemos en Lambayeque. Como cámara de comercio nos interesa que las autoridades puedan trabajar pensando en generar atractivos para la inversión privada. Lo que el empresariado necesita son condiciones de accesibilidad, servicios básicos de calidad y seguridad para invertir”, indica.

 En ese sentido, refiere que las autoridades deben agendar la ejecución de obras viales, de agua, desagüe, electrificación trifásica, ordenamiento y limpieza pública.

 “Con esas condiciones no hay necesidad de tocarle las puertas al empresario. Al revés, el empresario vendrá a Lambayeque y buscará desarrollar sus inversiones. A la cámara le interesa que haya inversión, generación de puestos de trabajo y bienestar para todos”, señala Carlos Burgos.

 

CASO ‘VEOLIA’

Respecto al informe de la Contraloría General de la República que confirma el perjuicio económico generado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ascendente a 249 mil 750 soles, por la irregular contratación de la empresa Veolia Servicios Perú para el recojo de los residuos sólidos, en el primer año del gobierno del alcalde Marcos Gasco Arrobas, el presidente de la cámara de comercio asegura que la conclusión del ente de control es la que se esperaba.

 El Informe de Auditoría de Cumplimiento emitido por la Contraloría General de la República, N° 029-2019-2-0425, indica que existe responsabilidad penal en Gasco Arrobas, 12 regidores y ocho funcionarios de la comuna, por haber contratado a Veolia trasgrediendo la normativa vigente para las contrataciones en el Estado.

 “Se veía venir un resultado así, porque es una gestión que mantiene una renuencia al diálogo. Se advirtió que esa contratación tenía vicios y lo mismo hicimos como sociedad civil respecto a la Ordenanza 07-2019, que autorizó el ingreso del tránsito pesado a la ciudad. La población recordará la marcha convocada por la sociedad civil como muestra de indignación ante la emisión de esa ordenanza, el Poder Judicial empieza a darnos la razón ordenando que se dé una nueva resolución en el juzgado de primera instancia que rechazó la acción de amparo que interpusimos junto a los colegios profesionales y la asociación de exportadores. Yo estoy seguro que el tiempo nos dará la razón”, manifiesta.

 Burgos Montenegro refiere que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que desde el año pasado investiga el caso ‘Veolía’, debería recoger el informe concluyente elaborado por la Contraloría y presentar la acusación correspondiente contra los involucrados.

 “Con los argumentos de carácter técnico formulados por la Contraloría, la fiscalía debería formalizar la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial. La reflexión a la que nos lleva lo sucedido respecto a la municipalidad de Chiclayo es que todas las autoridades en Lambayeque, algunas más que otras, incurrieron en graves desaciertos en su primer año de gestión, producto de no trabajar articuladamente ni escuchar a la sociedad civil.

CÁMARA DE COMERCIO CUMPLE 119 AÑOS DE CREACIÓN: BURGOS: “AEROPUERTO, AUTOPISTA DEL SOL Y TERMINAL MARÍTIMO SON PRIORIDAD”

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  • Candidata al Congreso por Perú Nación, con el N° 1, asegura que está preparada para representar y legislar por los intereses de Lambayeque.

 

“Hay dos cosas importantes que me mueven a postular al Congreso: el amor y los sueños que tengo para Lambayeque. Amor, porque soy lambayecana de nacimiento, porque he estudiado aquí, porque trabajo aquí y he formado a mi familia aquí. Los sueños, porque ansío ver a Lambayeque alcanzando nuevamente la grandeza que en algún momento tuvo, grandeza que se ha perdido por desidia de muchas personas que tuvieron la oportunidad y no han cumplido”, expone Cecilia Vidaurre Nieto, candidata al Congreso de la República con el N° 1 en la lista regional de Perú Nación.

 

Cecilia Vidaurre es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Piura – UDEP, maestra en Educación con Mención en Psicopedagogía Cognitiva por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, y doctora en Comunicación Social por la Universidad César Vallejo.

 

FISCALIZAR Y NORMAR

Comenta que la propuesta de Perú Nación es realista y acorde con lo que el país necesita en los próximos meses del nuevo Congreso.

 “Decir que vamos a plantear leyes de todo tipo es mentir, será difícil por el poco tiempo que habrá. Si se analiza el proceso para elaborar un proyecto legislativo, discutirlo y promulgarlo, se entenderá que no habrá mucho tiempo. Lo que estamos planteando es revisar qué leyes, que estando vigentes, no se están cumpliendo o no benefician al desarrollo económico, político y social de nuestro país”, sostiene.

 Refiere que en los períodos legislativos los parlamentarios han presentado cientos de proyectos que se han convertido en leyes, pero que carecen de objetivos tangibles para el país o que no se cumplen.

 “Lo que es fundamental es tocar la reforma política y judicial. Ambas son muy importantes, porque de lo contrario no se resolverá la crisis institucional y política que se presentó en el país. Hay que priorizar aquello que beneficie a la gobernabilidad en todo sentido”, manifiesta la candidata de Perú Nación.

 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Vidaurre Nieto, quien tiene más de 20 años dedicados a la docencia en universidades públicas y privadas, así como en escuelas de postgrado, anota que otra tarea fundamental es fortalecer el trabajo que instituciones como la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, cumplen para elevar los estándares de calidad en la formación de los futuros profesionales.

 A ello suma la necesidad de promover la valoración de magisterio nacional y la meritocracia en el sector educación, dotando a los maestros de las herramientas necesarias para desempeñar su función en condiciones óptimas, tanto en la zona urbana como rural.

 “El trabajo que está realizando la SUNEDU es positivo. Ya era hora que una institución supervise el trabajo de las universidades, porque de esta forma se ha podido medir la calidad del trabajo educativo que están realizan. Se abrieron muchas universidades con fines económicos o políticos y era necesario ordenarlas. El proceso de licenciamiento de universidades concluye pronto, en adelante tocará evaluar qué otras acciones se tomarán para seguir mejorando y si las decisiones que se adoptan son realmente efectivas. Como he mencionado, hay muchas leyes, varias muy buenas, lo que corresponde es verificar en qué condiciones se están cumpliendo y si se pueden mejorar”, manifiesta.

 La representante de Perú Nacional remarca que la promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología también es un aspecto sobre el que se debe trabajar a nivel legislativo, con el objetivo de reducir las brechas que aún existen en el Perú respecto a otros países de la región, cuyas universidades y escuelas superiores tienen amplia ventaja en dichos temas.

 Añade que es importante que se promuevan normas que permita fortalecer la gestión educativa de la enseñanza básica regular.

 “Hay cuentas pendientes con el sector educación que el Estado, en su conjunto, debe atender. Problemas como la deuda social a los maestros, la mejora de la infraestructura, la meritocracia, la evaluación correcta a los profesores. La educación es fundamental. Los niños son el futuro, los jóvenes el presente y ambos merecen recibir educación de calidad, con maestros bien capacitados y tratados con equidad por el Estado”, asevera.

 

ANEMIA Y DESNUTRICIÓN

Refiere que a la par de la mejora de la infraestructura educativa, el Estado debe orientar sus esfuerzos en reducir los índices de anemia y desnutrición crónica en los primeros infantes, porque solo de ese modo se asegurará que el educando explote al máximo sus capacidades cognitivas.

 “En Lambayeque la situación de la anemia y la desnutrición es crítica. El 46 % de los niños menores de cinco años que viven en Ferreñafe tienen anemia, según datos del sector Salud, y entonces vale preguntarse qué ha pasado con los millonarios recursos que destinó el gobierno regional a un programa para combatir precisamente este problema. Es necesario que se haga una fiscalización eficaz respecto a los resultados que dio la inversión de cinco millones de soles en zonas focalizadas como Cañaris e Incahuasi, donde se supone que trabajaron juntos los profesionales de Educación y Salud para reducir los índices de anemia y desnutrición. Ese proyecto se empezó a ejecutar en el 2011. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Quién ha medido el impacto de la inversión?”, cuestiona.

 Cecilia Vidaurre menciona que a nivel educativo está demostrado que si un niño supera la valla de los cinco años de edad y no ha revertido la desnutrición, su desarrollo intelectual se verá afectado de por vida.

 “En la educación la responsabilidad no solo es de quien lidera el proceso de aprendizaje, que es el maestro, sino que es necesaria la participación activa de todos los actores sociales, principalmente de la familia. Sabido es que la escuela refuerza las primeras enseñanzas que se dan en el hogar, por ello es importante que los padres tengan en cuenta que los hábitos saludables, la disciplina y los valores, tan necesarios para revertir el clima de desconfianza que existe entre los ciudadanos, se trabajan primero en casa”, señala.

 

FISCALIZACIÓN A ESSALUD

Por otro lado, considera que es pertinente que desde el Congreso de la República se impulse la conformación de un grupo investigador que indague a profundidad el manejo de los recursos de EsSalud y que la Contraloría General de la República revise detalladamente los procedimientos internos que se dan en la institución para cautelar el correcto manejo de los fondos que administra.

 “Desde luego, es necesario que se escuche a los trabajadores del seguro social. El gremio médico, de enfermeros, obstetras y técnicos conocen la problemática desde adentro y es pertinente escucharlos, atender sus demandas y recomendaciones para que de ese modo se alcance una solución integral a la problemática. El Congreso de la República sí puede intervenir en ese aspecto y a través de una comisión investigadora conocer también cuántos acuerdos, actas y compromisos para la mejora de los servicios se han suscrito hasta el momento y no se han cumplido por inoperancia de los responsables de EsSalud”, enfatiza.

Cecilia Vidaurre manifiesta que EsSalud debería convocar al diálogo a los trabajadores y empleadores en aras de alcanzar mejoras en el aseguramiento, toda vez que son estos quienes con sus aportes contribuyen al sostenimiento de la entidad.

 “Si solo en Lambayeque, que es una de las cinco regiones más importantes del país, se vive una situación tan crítica, donde un hospital puede tener hasta a 70 personas en los pasillos de emergencia, como sucede actualmente en el Almanzor Aguinaga, no es difícil imaginarse qué es lo que pasa en los demás departamentos, donde no hay hospital nacional o en las provincias donde solo hay módulos y policlínicos”, sostiene.

 

MEJOR CONTROL

Vidaurre Nieto refiere que las entidades de control deben afianzar su labor y en esa tarea los legisladores deben ser elementos de apoyo, a fin de contribuir en la función fiscalizadora.

 “La Contraloría General de la República es la primera que debe fiscalizar. Como congresista, me comprometo a fiscalizar a las autoridades locales y regionales, porque yo voy a representar a los ciudadanos, para que cada acto que realicen esté dentro de la normatividad que se exige y que el presupuesto sea bien utilizado, porque esa es la labor que le corresponde a los parlamentarios”, asevera la candidata.

 A ello suma que las autoridades elegidas por voto popular como alcaldes y gobernadores, así como los funcionarios de confianza y trabajadores del Estado, deben redoblar esfuerzos para asegurar que sus actos son, además de transparentes, eficientes y cautelosos de la correcta administración del dinero público, que es el resultado de los impuestos que paga la población.

 “Cada autoridad debe comprometerse a que los presupuestos que se asignan a sus entidades serán bien empleados para evitar los actos de corrupción. Los ciudadanos debemos ponerle un alto a la corrupción”, manifiesta.

CECILIA VIDAURRE NIETO: “LOS CIUDADANOS DEBEMOS PONERLE UN ALTO A LA CORRUPCIÓN”

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En el 2019 fuimos testigos de grandes acontecimientos en nuestro país en temas políticos, lo cual definitivamente repercutieron en el aspecto normativo laboral. Por esta razón, destacaré desde mi punto de vista los acontecimientos y normas más importantes en el plano laboral en el año que hace poco despedimos.

 

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Mediante DS 237-2019–EF, del 28 de julio, se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, con la finalidad de crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo que genere un empleo digno. Como todos sabemos, estas últimas décadas, nuestro país ha tenido un alto crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento no será posible mantenerlo solo en recurso naturales, sino en mejora en la calidad y competitividad, razón por el cual, es necesario fortalecer las inversiones en capital físico, mejorar el aprovechamiento del talento y habilidades de los peruanos.

Así, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, ha sido el resultado de trabajo conjunto y articulado llevado a cabo por los sectores público, privado y académico. Por esta razón, en forma muy breve analizaremos el punto de este Plan: Objetivo Prioritario 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno

En resumen este decreto define los siguientes ítems: a) la regulación laboral, b) el de promoción del empleo y el de c) fiscalización laboral

En este sentido, bajo esta norma que es el sustento para las próximas modificaciones al sistema laboral en muchos aspectos, se ha publicado el 4 de noviembre, el proyecto de modificación al Reglamento del DS 728. El proyecto contiene disposiciones relativas a la contratación laboral, la remuneración, la suspensión del contrato de trabajo, la protección contra el despido y los actos de hostilidad laboral, el uso de nuevas tecnologías en la emisión y entrega de documentos laborales, entre otras.

Un tema de mucho interés en favor de los empleadores, que trae este proyecto, será el rendimiento deficiente como causal de cese, que estará vinculado en la capacidad del trabajador, que actualmente ni la Ley ni el reglamento vigente tienen de una manera precisa su establecimiento como requisito para su aplicación en el cese en las relaciones laborales.

 

LAS PLATAFORMAS DIGITALES

El 7 de noviembre el Ministerio de Trabajo publicó una resolución que crea un grupo de trabajo que evaluará la condición de las personas que prestan servicios en las plataformas digitales como Glovo, Uber entre otras; grupo que tendrá que evaluar la regulación más idónea y garantizar los derechos fundamentales de estos prestadores de este servicio.

Este grupo determinará si estos trabajadores o prestadores de este servicio son considerados como dependientes o independientes, si deben ser mínimamente cubiertos con ciertos derechos como un seguro de salud, un seguro contra accidentes y un sistema de pensiones o la creación de un régimen especial.

Este grupo tiene hasta febrero próximo para emitir su informe.

 

MODIFICACIÓN A LA LEY AGRARIA

El 29 de diciembre el gobierno emitió el DU 043-2019, que modifica la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria. Con esta modificación los beneficios de esta ley serán ampliados hasta el 31 de diciembre del 2031, además serán también para el sector forestal y acuícola.

Sin embargo, ya no serán los mismos beneficios, sino que a partir de la modificatoria la Remuneración Mínima Diaria – RD, de un trabajador será de 39.19 soles, las vacaciones ya no serán de 15 días sino de 30; en caso de despido arbitrario la indemnización es equivalente a 45 RD por cada año completo de servicios con un máximo de 360 RD. Las fracciones anuales se abonan por dozavos, el aporte por seguro de salud será de 6 % y hasta el 2029 será de manera escalonada a 9 % como en el régimen general.

 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A raíz de los hechos sucedidos en McDonald’s y estando nuestro país obligado por tratados internacionales de implementar una política de prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento, así como el deber de los empleadores de identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos en el trabajo a sus trabajadores y también el derecho que tiene los trabajadores a estar informados de los riesgos de las actividades que prestan, el 24 de diciembre el gobierno publicó el DS 020-2019 TR, que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto Supremo N° 007-2017-TR.

Entre los principales cambios está que la Autoridad Administrativa de Trabajo brindará servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo, las cuales serán consideradas válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación al que alude el artículo 27 de la Ley N° 29783.

Asimismo se modifica la Ley General de Inspección que establece que en el caso de accidente de trabajo, seguido de muerte del trabajador, las actuaciones de investigación o comprobatorias deberán culminar en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogables por única vez hasta por el mismo plazo y por último, se establece una excepción a la prohibición de duplicidad de inspecciones, establecido en el DS Nº 017-2012 TR. Ello, en tanto señala que tal prohibición no será aplicable cuando se trate de inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales laborales y registro de trabajadores en planilla; así como en los casos de denuncia sobre incumplimientos de obligaciones.

 

MODIFICACIONES A LA LEY PROCESAL LABORAL

El 24 de julio el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución Ministerial N° 188-2019-TR, por el cual se conformó una comisión de expertos que analizarán y revisarán esta legislación en un plazo de 90 días hábiles y, de ser el caso, plantear su modificación. Por esta razón se han estado llevando a cabo propuestas en diferentes ámbitos para reforzar estas propuestas, que posiblemente sean aprobadas a fines de este mes.

Desde mi punto de vista, considero que la audiencia de conciliación no ha generado ningún beneficio en la celeridad, por el contrario es un paso “innecesario” de acudir a esta audiencia, lo que propondría se llevara a cabo una sola audiencia en todos los procesos laborales; la propuesta de ampliar las facultades a los jueces de Paz Letrado Laboral, que al final también son especializados en su nivel. Ellos deben llevar casos de mayor cuantía, como lo hacen los jueces de Paz Letrados Civiles, ver casos de homologación, de cese de actos de hostilidad.

Una propuesta que no se discute en los foros, pero que se ha analizado en muchos aspectos, es la ejecución de las sentencias, donde en esta etapa es plenamente escrita, cuando la norma tiende en esencia a ser oral. Consideramos que se debe de perfeccionar, en los próximos meses o años, que esta etapa también debe ser de prevalencia oral, claro con el apoyo de la tecnología, porque se está demostrando que los procesos se retardan o suman a la demora de un proceso laboral, la parte de la ejecución de las sentencias.

 

VIDA LEY

Mediante DU 044-2019, del 30 de diciembre, se modificó el Seguro Vida Ley, siendo ahora de carácter obligatorio desde el primer día de la relación de trabajo, cuando anteriormente este seguro era obligatorio cuando el trabajador mantenía una relación recién a los cuatro años. En este sentido los herederos de los trabajadores gozarán de las 16 remuneraciones en caso de muerte natural y de 32 en caso de fallecimiento por accidente de trabajo; así como 32 remuneraciones al trabajador en caso de invalidez total o permanente.

 

PLENARIOS JURISDICCIONALES

El 4 de octubre se realizó el VIII Pleno Jurisdiccional Laboral, que acordó dos puntos de carácter de derecho colectivo. Además de los derechos reconocidos por el fuero sindical se señala también a todos aquellos que hayan cesado en el cargo, si son objeto de un despido originado por su actividad sindical pasada, así como también protege a todo trabajador contra el despido y cualquier acto de hostilidad motivado por su participación en actividades sindicales.

Asimismo, en mayo se realizó un Pleno Jurisdiccional Laboral en Tacna donde se llegó a las siguientes conclusiones: Que el criterio para el pago de lucro cesante por consecuencia de un despido debe ser entendido como todos los ingresos dejados de percibir como consecuencia directa e inmediata del despido y no como las remuneraciones dejadas de percibir, cuya existencia real deberá ser acreditada a fin de determinar su cuantificación, tomando en cuenta las deducciones que podría obtener el ex trabajador en el periodo de cese.

Respecto al resarcimiento del daño moral, el pleno ha establecido que no se presume, sino que su existencia deberá ser acreditada con medios probatorios directos o indirectos, salvo los casos en los que además de vulnerarse el derecho al trabajo, también se hubieran vulnerado otros derechos fundamentales como el honor, la dignidad, u otros derechos de la personalidad, en cuyo caso deberá presumirse el daño moral.

 

(*) Abogado laboralista.

EN EL 2019: LOS CAMBIOS LABORALES MÁS IMPORTANTES

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