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  • Se basa en Juicio mediático, interferencia de autoridades, conflictividad social y agresiones.

 

El viernes 6 de marzo se instaló el juicio oral contra Edwin Oviedo Picchotito. La acusación de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, pide en su contra 26 años de prisión y el pago de una reparación civil por su presupuesta participación como autor mediato en la muerte del ex trabajador de construcción civil Percy Farro Witte, ocurrido en mayo del 2015. Sin embargo, el proceso ha quedado en suspenso, toda vez que la defensa del empresario azucarero solicitó la transferencia de competencia; es decir, que el juicio se desarrolle en otra sede judicial.

 

El requerimiento fue presentado en aplicación del inciso 1 del Artículo 40° Código Procesal Penal, por el cual se solicita la transferencia de competencia del proceso penal contra el empresario azucarero de la Corte de Justicia de Lambayeque a su par de La Libertad o, alternativamente, a la Corte Superior Nacional Especializada en Criminalidad Organizada con sede en Lima.

Según la defensa, existen “circunstancias insalvables que perturban gravemente el normal desarrollo del proceso seguido” contra Oviedo Picchotito, las mismas que afectarían en la etapa de juzgamiento sus derechos fundamentales de presunción de inocencia, defensa, debido proceso e imparcialidad judicial.

“El propósito de la presente solicitud es tener la oportunidad de un juicio justo y equitativo en un lugar diferente a Chiclayo, con todas las garantías y sin interferencias o presiones extraprocesales, que es el estándar mínimo que se puede conceder a todo ciudadano, más aún cuando está acusado por un hecho delictivo de suma gravedad y con consecuencias penales de privación de libertad casi de por vida”, se lee en el escrito presentado ante el Segundo Colegiado Penal de Chiclayo, que es el tribunal encargado – por el momento – de juzgar al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Ante el recurso presentado, el órgano jurisdiccional ha dispuesto la formación del cuaderno correspondiente, correr traslado a los demás sujetos procesales y disponer la elevación del incidente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

 

LAS CAUSALES

Conforme se explica en la solicitud, el Artículo 39 del Código Procesal Penal establece que la transferencia de competencia se dispone cuando circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o inminente el peligro incontrolable contra la seguridad del procesado o su salud, o cuando sea afectado gravemente el orden público.

Al respecto, la Corte Suprema ha considerado una diversidad de criterios o cuestiones para declarar procedente o fundada la transferencia de competencia.

La defensa de Edwin Oviedo argumenta como causales cuatro circunstancias que, a su criterio, afectan el normal procesamiento del empresario: juicio mediático respecto al caso y sobre la persona del acusado; injerencias y declaraciones informales de las autoridades sobre la persona del acusado; manifestaciones colectivas y presión social sobre el Poder Judicial en contra de Oviedo Picchotito y violencia ejercida contra este y su abogado César Nakazaki Servigón.

“El juicio mediático, las declaraciones informales de las autoridades, la persecución social del caso, la presión social de los tumaneños sobre el Poder Judicial y la violencia contra la defensa, constituyen circunstancias insalvables que vienen afectando y afectarán el normal desarrollo del juzgamiento y en especial los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, debido proceso y a la imparcialidad judicial”, refiere el escrito.

Lo que se busca – añade – es que el juicio por la muerte de Percy Farro Witte sea “justo y equitativo, en un lugar donde las actuaciones judiciales y especialmente las decisiones no estén rodeadas de un ambiente de conflicto, interferencias de autoridades lugareñas, presión social o violencia contra los sujetos procesales, de modo tal que se haga plena realidad de los principios de presunción de inocencia e imparcialidad judicial”.

“La defensa solicita un estándar mínimo de juzgamiento ajeno a cualquier situación o interferencia extraprocesal, que pueda lesionar o poner en duda la imparcialidad objetiva de los juzgadores y en especial la decisión final que adopten. Este estándar mínimo no se viene garantizando a Edwin Oviedo, quien además de ser el único procesado en cárcel, es presentado en los medios como culpable y la presión social de los pobladores o trabajadores azucareros de Tumán lo presentan como culpable antes que lo decida el Poder Judicial”, se lee.

 

JUICIO MEDIÁTICO

La defensa expone que la influencia de la justicia mediática en los jueces ha sido considerada por el Tribunal Constitucional peruano en el Expediente N° 0478-2017-PHC/TC: “Los jueces corren el riesgo de resultar influenciados por los juicios paralelos o mediáticos, que muchas veces, habiendo tabla rasa de las mínimas garantías del debido proceso, pretenden que la institución de la prisión preventiva sea aplicada como una sentencia anticipada o aquél que, sin mediar aún un justo proceso, la mayoría de la población o un sector con capacidad de posicionamiento mediático ya ha ‘juzgado’ como culpable”.

En la jurisprudencia nacional, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en su Transferencia de Competencia N° 4-2017, declaró fundado el recurso asumiendo en su fundamento décimo octavo que el juicio seguido contra Jaime Bardales Ruiz había suscitado gran importancia en los medios de prensa escrita y en la ciudadanía, ya que fue alcalde de Sullana.

Similar decisión y fundamento se utilizó en la Transferencia de Competencia N° 14-2014, en el proceso seguido contra Wilfredo Oscorima Núñez, ex gobernador regional de Ayacucho, pues la defensa logró demostrar con recortes periodísticos que era imposible conducir un proceso con las exigencias razonables de objetividad, seguridad, garantía y eficacia.

“La repercusión pública del caso que ha captado el interés de la población y las presiones mediáticas, han sido consideradas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema como circunstancias insalvables que perturban el normal desarrollo del proceso y que dan lugar a la cuestión de competencia planteada, como se sostiene en el fundamento 3.7 de la Transferencia de Competencia Nº 7-2014 (caso: César Joaquín Álvarez Aguilar)”, se precisa.

Para la defensa, el motivo del juicio mediático radica en la existencia de una completa situación de conflictividad y violencia social con relación al manejo o administración de la Empresa Agroindustrial Tumán, en la que intervienen activamente dirigentes y trabajadores, no solo participando en la violencia colectiva, sino también en procurarse la administración y los ingresos económicos por el comercio del azúcar, “de ahí que cualquiera que se oponga a sus intereses es atacado y vilipendiado, tachado de mafioso o criminal”.

“La Defensoría del Pueblo ha considerado a Tumán como uno de los principales focos de conflicto social en la región Lambayeque”, explica.

Se añade que como Edwin Oviedo un empresario conocido en la localidad y habiendo este desempeñado el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, “los medios de comunicación han desarrollado un juicio mediático sobre el caso, dedicándole portadas y páginas interiores que lo presentan de forma negativa y como si fuera culpable”.

En la solicitud de transferencia de competencia se han adjuntado las portadas de los periódicos locales que desde agosto del 2015 han dado cobertura al caso Oviedo, con titulares que – a decir de los abogados – constituyen el “juicio mediático” definido como causal para que el recurso sea amparado por la Corte Suprema.

 

INJERENCIAS Y DECLARACIONES

La defensa argumenta que de acuerdo a la jurisprudencia, “el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo segundo numeral 24, inciso ‘e’, de la Constitución Política, configura una norma directa y vinculante para todos los poderes públicos, que opera tanto en las situaciones extrapenales, pero sobre todo en el ámbito procesal”.

En atención a ello, señala que las autoridades (y también los particulares) “no deben formular juicios informales acerca de la imputación que pueda haber en contra de una persona”.

Se indica que la violación a la presunción de inocencia puede producirse por declaraciones directas de los funcionarios públicos efectuadas a los medios de comunicación o mediante comunicados de prensa.

“No solo el juicio mediático en Chiclayo acontece en contra del proceso seguido contra Edwin Oviedo Picchotito, sino particularmente la sostenida exposición mediática de autoridades vinculadas al sistema de justicia, quienes emiten declaraciones sobre el proceso penal y la persona del acusado solicitante, todo lo cual contribuye a exacerbar la presión mediática sobre el Poder Judicial, sobre los jueces que conocen del caso, en sus distintas fases, en especial la que corresponderá al juzgamiento, poniendo en riesgo el principio de imparcialidad judicial en su vertiente objetiva, pues no cabe duda que la presión mediática socaba de forma paulatina la libertad de decisión en casos en los que concurren circunstancias que no se pueden controlar intra proceso”, se lee en el recurso.

Como pruebas de la presunta afectación se adjuntas declaraciones (desde agosto del 2015) de las expresidentas de la Junta de Fiscales de Lambayeque Giovanna del Río Carreño y Mariana Vásquez Zagaceta, así como del actual titular del Ministerio Público, Jorge Vera Arteaga, y del fiscal coordinador de la FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones.

 

PRESIÓN SOCIAL

Como tercer causal que justificaría la trasferencia de competencia del juicio contra Edwin Oviedo a la Corte de La Libertad o a la Suprema, se argumenta la existencia de manifestaciones colectivas y presión social sobre el Poder Judicial contra Edwin Oviedo.

En una situación similar, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha sostenido el fundamento jurídico de que “una de las formas en que se dan estas circunstancias insalvables es cuando los vinculados al proceso tienen una especial trascendencia en la localidad en que se desarrolla la causa, de suerte que pueden generar manifestaciones colectivas o de los medios de comunicación que pongan en peligro la imparcialidad o independencia de los magistrados” (Transferencia de Competencia N° 4-2017 Sullana.

Pronunciamientos parecidos ha tenido la Corte Suprema en las Transferencias de Competencia N° 7-2017 Santa y N° 28-2005 Apurímac, en las que se señala que “las amenazas a los sujetos procesales y las presiones mediáticas (…) harían rebasar el control de la autoridad, situación que no permitiría llevar razonablemente el desarrollo de un correcto proceso judicial”, y que “ante probable acaecimiento de manifestaciones colectivas, de presiones ciudadanas y mediáticas e, incluso de amenazas a los sujetos procesales, podría poner en peligro la propia imparcialidad o la independencia de los jueces”.

“Con las publicaciones y/o notas periodísticas de los diarios que circulan fundamentalmente en la ciudad de Chiclayo se acreditará la circunstancia de grave conflictividad social y repercusión social alrededor del caso objeto del proceso penal y de la persona del acusado Edwin Oviedo Picchotito, así como de manifestaciones colectivas y presiones ciudadanas y mediáticas contra el Poder Judicial en relación al caso de homicidio de los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, que se atribuyen en calidad de autor mediato a Edwin Oviedo y, además, uno de los de los principales acreedores por tanto con derechos económicos sobre dicha empresa, que se maneja con administradores judiciales. Todo lo cual genera una situación de alto riesgo para la prosecución del proceso en su etapa de juzgamiento y decisión”, se indica en el recurso presentado por la defensa.

Como pruebas, la defensa adjuntó publicaciones periodísticas que datan desde octubre del 2012.

 

ACCIONES DE VIOLENCIA

La defensa señala que como “como consecuencia de la conflictividad social existente con relación a la administración de la Empresa Agroindustrial Tumán y la presión social sobre el Poder Judicial contra Edwin Oviedo, se han producido concretas circunstancias de violencia física de suma gravedad contra los sujetos procesales que afectan el juicio justo y equitativo que todo proceso penal debe tener, así como se lesiona gravemente el derecho a la defensa que todo ciudadano goda por mandato constitucional”.

Se detalla que el 15 de diciembre del 2015 Oviedo Picchotito fue agredido tras declarar en la sede del Ministerio Público, hecho que fue abordado por medios escritos locales con titulares como: “Tumaneños casi linchan a Oviedo”, “Oviedo fue agredido a su salida de la fiscalía”, “Atacan a Oviedo tras declarar en fiscalía”.

Asimismo, se informa que el 28 de enero del 2020, el abogado del empresario azucarero César Nakazaki “fue agredido e insultado a su salida de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque”. Medios de comunicación local y nacional noticiaron que “integrantes del Sindicato Unitario de Tumán le lanzaron huevos y lo llamaron corrupto”.

 

LA IDONEIDAD

La defensa sostiene que con la transferencia de la competencia a una nueva sede judicial se busca que se siga poniendo en riesgo la presunción de inocencia de Oviedo Picchotito, se garantice el derecho de defensa, el debido proceso y la imparcialidad judicial, “condiciones básicas o mínimas para estimar un juicio justo y equitativo”.

“Dichas circunstancias, como se ha demostrado, obedecen a circunstancias de conflictividad social, presión mediática, presión social, injerencia de autoridades y hasta actos de violencia contra los sujetos procesales”, señala el recurso presentado.

“La doctrina nacional ha señalado que la transferencia procede cuando el proceso puede generar manifestaciones colectivas o de los medios de comunicación social de tal entidad que pongan en peligro la imparcialidad judicial; cuando el ambiente social o cultural, en general, de la localidad del juicio ponga en peligro el ejercicio de defensa; o cuando hay intereses de diversa índole que puedan afectar la seguridad de las partes y de los órganos de prueba y el correcto discernimiento de la causa”, se añade.

En su escrito, la defensa técnica del empresario refiere que “para el juicio mediático y las turbas que realizan manifestaciones colectivas violentas, Edwin Oviedo debe ser condenado sí o sí”.

“El resultado para ellos solo puede ser uno: Edwin Oviedo condenado a 26 años de pena privativa de la libertad. De esa forma derrotan al adversario empresarial y se hacen del control total de la empresa azucarera, De ahí que la necesidad del cambio de radicación (sede judicial)”, se especifica.

En consecuencia, se propone al Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, perteneciente a la Corte de La Libertad, sede que permitiría el traslado adecuado de los testigos y peritos ofrecidos, así como el traslado de los acusados. “Por lo demás, el Código Procesal Penal prevé los mecanismos procesales para la práctica de las pruebas y en especial el de los colaboradores eficaces y testigos protegidos, que en el presente caso son en total 5”, acota la defensa.

Alternativamente, se propone como lugar donde debe transferirse el proceso al Juzgado Penal Colegiado de la Corte Nacional Especializada en crimen organizado, con sede en Lima, “que tiene todas las condiciones y facilidades logísticas para el desarrollo de la actividad probatoria en juicio, cuenta con jueces especializados titulares y una sede adecuada para el control de cualquier mínima reacción que pretenda alternar el normal de desarrollo del proceso”.

 

SUSPENSIÓN DEL JUICIO

La defensa solicitó en la audiencia de instalación del juicio oral la suspensión del juzgamiento en aplicación del artículo 52 del Código Procesal Penal, que dispone el efecto suspensivo del incidente de transferencia de competencia, que es una de las cuestiones de competencia del Título IV de la Sección III de la Jurisdicción y Competencia.

El planteamiento, presentado al Juzgado Penal Colegiado fue admitido por los magistrados a fin de que se le dé trámite en la Corte Suprema de la República, la misma que – según explica César Nakazaki – tiene un plazo máximo de tres días, de acuerdo a norma, para pronunciarse.

A la decisión del colegiado se ha sumado la de suspender el conteo del plazo de la prisión preventiva que pesa actualmente sobre Edwin Oviedo, quien fue recluido por mandato del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo en diciembre del 2019, decisión que fue ratificada por la sala penal de apelaciones el último día de ese año.

El mandato coercitivo sobre Edwin Oviedo es de 18 meses, el mismo que vence en junio próximo. De acuerdo a lo indicado por su abogado defensor, este queda en suspenso hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema.

ESPERA PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPREMA: DEFENSA DE OVIEDO ARGUMENTÓ POR QUÉ SU JUZGAMIENTO DEBE LLEVARSE A OTRA SEDE JUDICIAL

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  • Estudios fueron adjudicados en diciembre pasado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  • Inversión asciende a casi tres millones de soles.

 

“Chiclayo, una desordenada ciudad de casas a medio terminar y destartalados mototaxis que viajan a saltos por los mismos lugares”. Así describe a la capital de Lambayeque Sebastián Montalva, en un reportaje sobre la Ruta Moche publicado en El Mercurio, de Santiago de Chile, y replicado por varios medios de la región, entre ellos La Nación, de Bueno Aires.

 

La intención de Montalva fue trasladar la percepción de los turistas que recorren los magníficos sitios arqueológicos entre Lambayeque y La Libertad, donde florecieron culturas preincas como la Mochica, Sicán y Chimú.

En el mismo reportaje el periodista dice lo siguiente de la capital liberteña: “Trujillo, una ciudad bastante más ordenada y que tiene un colorido y fotogénico centro colonial”.

Lo descrito no es ficción. Para nadie es un secreto la ventaja urbanística que Trujillo ha logrado en las últimas décadas frente a Chiclayo, aun cuando las condiciones geopolíticas y económicas de esta ciudad han sido mayores.

La clave del avance trujillano radica en la planificación, que pese a haber tenido deficiencias ha dado resultados tangibles.

 

DOCUMENTO VIGENTE

Actualmente Chiclayo, en cuyo distrito capital habitan aproximadamente 552 mil habitantes según el último censo del 2017, y con una población provincial de 799 mil, carece de una herramienta técnica que permita la regulación de su crecimiento.

El documento vigente fue formulado en el 2009 sin una visión metropolitana pese a las características de la zona conurbada, con un período de vigencia del 2010 al 2015. Sin embargo, su aprobación por el concejo provincial fue recién en el 2016, por lo que se trata de un plan desactualizado.

Aquel documento, formulado como iniciativa de la sociedad civil, a través de los colegios profesionales y universidades locales, recibió la resistencia de las autoridades de ese momento, principalmente del alcalde Roberto Torres Gonzales, hoy encarcelado.

Fue tal la oposición al Plan de Desarrollo Urbano – PDU 2010-2015, que algunos regidores oficialistas llegaron al extremo de agredir física y verbalmente al decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque cuando exponía la necesidad de su aprobación ante el concejo.

 

PLANES TRUNCOS

Desde luego, el PDU de hace más de una década no es la única herramienta que ha buscado el ordenamiento de la ciudad. Cuando aún existía el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR, varios de sus técnicos colaboraron con la formulación del Plan Director de 1992, el mismo que se aprobó con un horizonte de 20 años, pero que estuvo vigente hasta enero del 2016. En total 24 años.

De lo propuesto por el Plan Director gran parte quedó en el tintero. Se proyectó el ensanche de calles, la prolongación de vías previa expropiación de predios, la regulación del coeficiente de construcción (máximo de pisos a construir por zonas), la habilitación de nuevos espacios públicos, la obligatoriedad del tendido de redes de electrificación y telefonía en un sistema subterráneo y más, muchas mejoras más que nunca se aplicaron.

Viajando en el tiempo, aparece el plan de la década del 70, que a diferencia de los otros dos fue aprobado con financiamiento. De su ejecución fue posible definir el trazo actual de las avenidas más importantes de la ciudad como la Augusto B. Leguía, la creación del único complejo para el comercio mayorista (Moshoqueque), la construcción del único Parque Zonal (el de La Victoria), la conexión de vías, la construcción del Centro Cívico, donde están los edificios de las entidades estatales y otros proyectos, que se complementaron además con la ejecución de las iniciativas de vivienda social del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, entre 1980 y 1985.

 

LO DESPERDICIADO

Sin embargo, otras valiosas herramientas fueron postergadas, olvidadas, desaprovechadas e incluso desaparecidas por las autoridades locales. Chiclayo accedió al programa de Ciudades Sostenibles impulsado por Naciones Unidas. De hecho iba a ser ciudad piloto en el Perú, pero el desinterés municipal echó el esfuerzo por la borda.

Logró que se elaboren los Mapas de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos que nunca fueron tomados en cuenta. Incluso el gobierno danés financió el estudio para un Sistema Metropolitano de Transporte Masivo, el mismo que hoy está inubicable.

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, y una universidad local financiaron el estudio Geo Chiclayo, para el manejo de los residuos sólidos, que nunca fue aplicado, en tanto la corrupción alejó a la cooperación suiza que hasta el 2018 financiaba el proyecto Chiclayo Limpio para resolver el problema de la basura y su tratamiento final.

Como cereza del pastel se tiene que la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, contrató a un equipo técnico (financiado por el ministerio) para elaborar un Plan de Desarrollo Metropolitano, pero debido a las diferencias entre las posiciones del alcalde David Cornejo Chinguel (también encarcelado) y los profesionales, este dispuso su cambio, lo que generó que al fin de su mandato no solo se contamine el proyecto Chiclayo Limpio, sino también quede en nada lo del plan.

 

DESPUÉS DE EL NIÑO

Entre enero y abril del 2017, Chiclayo, la ciudad sin pendiente en el suelo, con un colapsado sistema de agua y alcantarillado, con tuberías inexistentes por el paso del tiempo en varias partes de su jurisdicción y sin sistema de drenaje pluvial (aunque alguna vez lo tuvo), resultó una de las urbes más golpeadas por el Fenómeno El Niño, evento que se caracteriza por sus fuertes lluvias que originan desbordes e inundaciones.

En sí, de las cuatro regiones del norte del Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad), la tercera fue la más golpeada, sumando 41 mil damnificados, 93 mil afectados, cuatro mil 400 viviendas colapsadas, cuatro mil 500 casas inhabitables y más de 19 mil afectadas, según cifras oficiales.

La respuesta del Estado fue la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y la aprobación de un Plan de Reconstrucción que contempla una serie de obras de urgente necesidad, como el drenaje pluvial para Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, los distritos que forman parte de la zona metropolitana y agrupan a la mayor población de la provincia.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda decidió lanzar, para todas las provincias afectadas por El Niño, un concurso para la elaboración de los planes de desarrollo, acondicionamiento territorial y desarrollo metropolitano, el mismo que inicialmente fue declarado desierto, pero que además presentó observaciones de la Contraloría General de la República por vicios en el proceso.

 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Superado el asunto, el 2 de diciembre del 2019 el Comité de Selección designado por el Ministerio de Vivienda adjudicó la buena pro para la contratación del “Servicio de consultoría para la elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en las regiones de Lambayeque y La Libertad, bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios”, proceso dividido en ítems.

De ese modo, la formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial para Chiclayo y los planes de Desarrollo Urbano – Tipo 3, para las localidades de Cayaltí – Zaña, Picsi, Oyotún, y Pucalá – Huaca Rajada, y Tipo 2 para Tumán, ha sido adjudicada al Consorcio Planes Norte, conformado por las empresas Instituto de Consultoría S.A., HK Consulting SAC e Inmobiliaria Alpamayo S.A.

La contratación, ascendente a un millón 698 mil 800 soles (aproximadamente 488 mil 160 dólares americanos), tiene como plazo de ejecución 225 días calendario para el caso del Plan de Acondicionamiento Territorial – PAT, de Chiclayo y 175 días para los planes de desarrollo urbano de las localidades citadas.

Desde el 2 de enero a la fecha, la contratista ha debido presentar su Plan de Trabajo y avanzar en el segundo entregable, que comprende el diagnóstico y la primera etapa de capacitación, respecto al PAT de Chiclayo. A los 215 días de iniciado el período contractual, aproximadamente en agosto próximo, debe tenerse la versión final del estudio para ser entregada a la municipalidad provincial y aprobada por el concejo para la emisión de la ordenanza que lo ponga en vigencia.

Previo a ello, el consorcio debe recibir la conformidad de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano – DUDU, del Ministerio de Vivienda.

 

DESARROLLO METROPOLITANO

El 2 de diciembre pasado el Ministerio de Vivienda también otorgó la buena pro para la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano PDM, Chiclayo – Lambayeque, con un financiamiento de un millón 246 mil 800 soles (aproximadamente 358 mil 275 dólares americanos), para ser formulado en 325 días calendario.

La contratación se ha realizado con el Consorcio Mavek SAC – Protec SAC – Luis Rojas, conformado por Mavek Consultoría y Proyectos SAC, Protec SAC y Luis Teófilo Rojas Jaimes.

De acuerdo al cronograma, en estos momentos el consorcio debe estar elaborando el tercer entregable del PDM. El plan debe ser aprobado por el consejo provincial, tras la revisión de la DUDU.

El mismo consorcio ha recibido la contratación para elaborar los planes metropolitanos de Trujillo y Chepén – Pacasmayo, en La Libertad, valorizados en un millón 780 mil soles y un millón 803 mil 600, respectivamente.

Siendo así, a semanas de cumplir 185 años de creación política, la provincia de Chiclayo tendrá por primera vez un Plan de Acondicionamiento Territorial y uno de Desarrollo Metropolitano. Ojalá que ambos documentos no pasen a la fila de los planes truncos o desperdiciados.

POR PRIMERA VEZ EN 185 AÑOS: CHICLAYO TENDRÁ PLAN METROPOLITANO Y DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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  • Anula dos procedimientos de contratación por “errores” del comité de selección.

 

Mientras el alcalde Marcos Gasco Arrobas se dedica a viajar, la comuna de Chiclayo sigue siendo un caos. A la consultoría adjudicada en enero pasado para la elaboración del expediente técnico del proyecto de seguridad ciudadana, en la que el municipio dejó vencer los plazos sin firmar contrato, se suma ahora la nulidad de dos buenas pro, proyectos que suman casi un millón de soles debido a que el comité especial vulneró lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado.

 

En la Edición 1153, Expresión informó sobre la “Elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana”, consultoría adjudicada el 27 de enero de este año a la empresa Loyng Ingenieros SAC, cuyo representante es Paúl Candiotty Calderón, que ofertó el servicio por 218 mil 2.05 soles.

De acuerdo a las bases del procedimiento, en el Capítulo III – “Del contrato”, se señala que “los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 141” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es decir, a partir del 27 de enero, día en que se adjudicó la buena pro, corrían los días para que en atención a lo señalado por la norma vigente se suscriba el acuerdo contractual entre el municipio y Loyng Ingenieros SAC.

El artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala en su literal a) que “dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para el perfeccionamiento del contrato”.

Se indica que en un plazo que no puede exceder los dos días hábiles siguientes de presentados los documentos la entidad (en este caso el municipio), suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad.

“A los dos días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato”, indica el dispositivo legal.

Expresión se comunicó con Loyng Ingenieros SAC, recibiendo atención de Azucena Farfán, identificada como secretaria del representante legal de la empresa, quien señaló a este medio que habían cumplido con la presentación de los documentos, en el plazo señalado por Ley (ocho días hábiles) a la municipalidad, esperando que se les notifique para la firma del contrato.

Ante la inacción del municipio, procedieron a presentar dos escritos pidiendo se aplique la norma de contrataciones, otorgando cinco días de plazo para la suscripción del contrato y tampoco recibieron respuesta. Finalmente, se conoció que el terreno en el que la consultora debía elaborar el expediente técnico no pertenece a la municipalidad.

Según el mismo artículo 141 de la ley de contrataciones, la comuna, al desistirse de la firma del contrato, ya no puede concursar bajo ninguna otra modalidad la elaboración del expediente.

 

PARQUE EN REMIGIO SILVA

El 12 de febrero, a pocas horas de emprender viaje rumbo a Alemania para realizar estudios sobre la transformación digital de ciudades inteligentes y el cambio climático, Marcos Gasco Arrobas, firmó la Resolución de Alcaldía N° 160, declarando la nulidad de oficio del Procedimiento de Selección – Adjudicación Simplificada N° 014-2019-MPCH/CS, para la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de recreación pasiva en el parque José Carlos Mariátegui, Urbanización Remigio Silva II Etapa – Chiclayo”, ordenando que se retrotraiga a la etapa de evaluación y calificación, “a efectos que el comité de selección corrija la vulneración a la normativa de contrataciones del Estado”.

La historia comienza así: en diciembre del 2019 se aprobó el expediente de contratación de la referida obra con un valor referencial de 466 mil 706.64 soles, designándose a través de la Gerencia General del municipio al comité de selección, presidido por Junio Farro Capuñay, como presidente, e integrado por Luis Balarezo Flores y Wilder Chafloque Castro, como integrantes.

Las bases administrativas se aprobaron el 20 de diciembre y ese día se convocó al proceso a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Sin embargo, el propio comité, con el Informe N° 005-2020, del 6 de febrero de este año, solicitó la nulidad del proceso.

¿La razón? El comité admitió ofertas económicas presentadas cuyo monto ofertado estaban por debajo del monto inferior permitido, pese a que el numeral 28.3 del Artículo 28, del Decreto Legislativo N° 144, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, señala que las entidades deben rechazar las ofertas que se encuentren por debajo del 90 % o sean 10 % del valor referencial de la contratación.

Además de admitir ofertas que trasgredían el Artículo 28 del Decreto Legislativo N° 144, el comité “incurrió en error al momento de determinar el puntaje de los postores respecto a su oferta económica”, lo que generó un incorrecto orden de prelación debido a que consignó el máximo puntaje a ofertas con un monto mayor al límite inferior establecido en las bases.

“De lo expuesto podemos colegir que el comité de selección ha incurrido en error al momento de la evaluación y calificación de las ofertas, lo que ha generado un incorrecto orden de prelación para el sorteo electrónico y asimismo un incorrecto otorgamiento de la buena pro, toda vez que con esto se vulnera al principio de competencia, asimismo contraviene lo señalado en el numeral 74.2 del Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado referente a la evaluación de las ofertas y por ende es causal de nulidad”, indica Gasco Arrobas en su resolución.

En el artículo cuarto de la resolución, la autoridad dispone la remisión del expediente a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de las responsabilidades a que hubiese lugar por la declaración de nulidad y “de ser el caso se inicien las acciones administrativas que correspondan”.

 

SANEAMIENTO EN SAN MIGUEL

El mismo día, Marcos Gasco emitió la Resolución de Alcaldía N° 161-2020, declarando la nulidad de oficio del Procedimiento de Selección – Adjudicación Simplificada N° 017-2019-MPCH/CS, convocado para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la UPIS San Miguel, distrito de Chiclayo”, debiendo retrotrarse el proceso hasta la etapa de integración de bases, también para “rectificar el error incurrido respecto al valor referencial y por ende corregir la vulneración a la normativa de contrataciones del Estado”.

El expediente de dicha contratación fue aprobado el 31 de diciembre pasado, consignándose el valor referencial ascendente a 577 mil 552.09. La organización, conducción y ejecución del proceso estuvo a cargo del comité conformado por los mismos actores que en la obra de Remigio Silva.

Ese mismo día se aprobaron las bases administrativas del procedimiento.

Sin embargo, recién el 4 de febrero de este año el comité emite el Informe N° 04-2020 solicitando la nulidad del proceso debido a que el monto señalado en las bases no correspondía al consignado en el expediente de contratación.

“El valor referencial que se enuncia en la plataforma del SEACE al momento de convocar el proceso de selección difiere del valor referencial que se enuncia en las bases administrativas”, se lee en la resolución.

Y es que mientras en el SEACE se consignó como valor referencial 577 mil 552.09 soles, en las bases administrativas el monto era de 577 mil 562.09, diez mil soles menos.

Lo sucedido trasgredía lo indicado en el inciso c) del Artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a la transparencia, donde se señala que “las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad”.

Por lo sucedido, Gasco Arrobas también dispuso que se dé cuenta a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios.

LA MPCH ES UN CAOS: GASCO RECONOCE QUE SU GESTIÓN VULNERA LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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  • La Universidad Particular de Chiclayo dejará de prestar servicios educativos oficialmente el 19 de agosto del 2021.
  • Exigen al nuevo Congreso la derogatoria de los Decretos Supremos Nº 016-2019 Y Nº 034-2019, que brinda ‘salvatajes’ a las universidades públicas.

 

Los líos al interior de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH, no tienen cuando acabar. Han transcurrido ocho meses desde que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, denegara el licenciamiento institucional a la casa de estudios superiores, mediante  la Resolución de Consejo Directivo Nº 098-2019-SUNEDU/CD, del 23 de julio pasado, pero el tiempo los problemas solo se han agravado.

 

A casi año y medio de que la universidad cierre definitivamente sus labores educativas, mientras desde la alta dirección confían aún en que el nuevo Parlamento interpele al ministro de Educación por lo que consideran una “violación a la autonomía universitaria”, el Frente de Defensa de la UDCH, presidido por José Leopoldo Cabrejos Yovera, exige la salida del Alberto Ortiz Prieto, hasta hoy rector del recinto educativo.

 

LICENCIAMIENTO

La Universidad Particular de Chiclayo fue creada el 24 de enero de 1985, mediante la Ley Nº 24086, la cual sería posteriormente modificada por la Ley Nº 24778. Seis años después, el 30 de octubre de 1991, la Asamblea Nacional de Rectores, a través de la Resolución Nº 997-91-ANR, le otorgó el reconocimiento definitivo de funcionamiento.

El 17 de octubre del 2016 la Universidad Particular de Chiclayo presentó ante la SUNEDU su solicitud formal para someterse al proceso de licenciamiento. Solo dos meses después el órgano adscrito al Ministerio de Educación notificó a la universidad que en 49 de los 50 indicadores analizados había encontrado observaciones, por lo que le requirió que acreditase información sobre la subsanación de estos.

Pese a contar con solo 10 días para levantar las observaciones, el 12 de enero del 2017 la UDCH solicitó a la SUNEDU una ampliación del plazo para remitir la información solicitada. Dicha acción se repetiría hasta en seis oportunidades en que la universidad remitió documentación, la cual fue considerada “inconsistente e  imprecisa, siendo insuficiente para emitir un pronunciamiento respecto a las Condiciones Básicas de Calidad”, según se desprende en la resolución.

 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Una de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por SUNEDU para el licenciamiento institucional es la disponibilidad de personal docente a tiempo completo en no menos del 25 %.

Al respecto, según la Carta Notarial remitida por el Frente de Defensa de la UDCH a Alberto Ortiz Prieto, a los ocho meses de solicitado el licenciamiento se despidió sin causa a alguna a un aproximado de 30 docentes nombrados a tiempo completo, motivo por el cual la universidad no pudo acreditar tener ni el 10 % de estos.

“No ha podido garantizar que cuenta con una plana docente permanente, que desarrolle su función pedagógica y académica, dado que menos del 10 % de los docente con carga lectiva tiene un régimen de dedicación a tiempo completo”, se lee en la resolución.

El Frente de Defensa también cuestiona el incumplimiento de la condición básica referida al desarrollo de líneas de investigación, pues consideran que con el despido de los 30 docentes se dejó sin recursos humanos para cumplir dicho requerimiento.

Además, responsabiliza a Ortiz Prieto de no haber alcanzado la condición de “Equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones como bibliotecas, laboratorios, talleres, entre otros”, puesto que el 30 de enero del 2018, mediante la Resolución Nº 066-2018-CU-UDCH, se aprobó “hacer un corte contable sobre el concepto de goce vacacional y liquidar a todos los que han acumulado vacaciones”.

Según se lee en la carta notarial, los beneficiados con dicha medida habrían sido Ortiz Prieto y el director de Recursos Humanos Hugo Rolando Rivera Barboza. El primero habría cobrado en cuatro cuotas de julio a octubre del 2018 un total de 885 mil 15.04 soles, mientras que el segundo en una sola cuota 68 mil 744 soles.

Se manifiesta en el escrito notarial que con 952 mil 959.04 soles que se cobró en total se hubiese podido equipar a las facultades con laboratorios y talleres.

Asimismo, los representantes del Frente de Defensa de la UDCH señalan que entre el 2015 y el 2018 existen informes técnicos de “gastos excesivos y no razonables” en pasajes nacionales e  internacionales, alimentación, alojamiento, asesorías, multas, entre otros, que superarían los ocho millones de soles, lo cual afectó el patrimonio de la universidad e impidió que se logre el licenciamiento.

 

MÁS CUESTIONAMIENTOS

En el punto 7 de la carta notarial se denuncia que el local del edificio central administrativo de la universidad no se encuentra dentro de los bienes inmuebles de la misma, sino que sería propiedad del Banco Continental, entidad que la mantendría hasta que la casa de estudios superiores pague la total del arriendo financiero que superaría los siete millones de soles. 

Además, refieren que si bien Ortiz Prieto fue elegido en junio del 2015 y su período termina dentro de cuatro meses, la UDCH no tiene legalmente Asamblea Universitaria, pues las elecciones de enero del 2017 para representantes docentes ante dicho órgano de gobierno fueron anuladas judicialmente, no habiéndose realizado desde entonces un nuevo acto plebiscitario.

Asimismo, cuestionan que tanto Ortiz Prieto como otros funcionarios tengan procesos penales por fraude en la administración de la universidad, estafa agravada, apropiación ilícita y falsedad ideológica, según el Caso Nº 3229-2018, que obra en la Primera Fiscalía Provincial Penal; mientras que otros trabajadores tengan procesos por fraude en la administración de personas jurídicas, tráfico de influencias y organización criminal, según la Carpeta Fiscal Nº 2693-2019, en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa.

Para el Frente de Defensa de la UDCH, todo ello amerita la renuncia de Ortiz Prieto al cargo de rector. “De todo esto se deduce que pareciera que usted no quiso el licenciamiento de la Universidad Particular de Chiclayo, no estuvo en su voluntad; por lo tanto usted es el único responsable del no licenciamiento institucional y el cierre de su servicio educativo el próximo año… En consecuencia, resulta ilógico e irracional que siendo responsable de la extinción de nuestra casa superior de estudios y viole sus leyes, la siga conduciendo, utilizando sus recursos que le quedan”, se lee.

 

DEROGATORIAS

Por otro lado, el Frente de Defensa de la UDCH denuncia ante los nuevos parlamentarios un presunto trato desigual a las universidades del país, por su condición de públicas y privadas. Precisamente, cuestionan la emisión del Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU, del 19 de octubre pasado, en el que se aprobó la ejecución de un plan de emergencia para las universidades públicas con licencia institucional denegada por SUNEDU.

Dicha norma tiene por finalidad que las universidad públicas puedan ejecutar un plan de emergencia durante el plazo máximo de cese establecido, es decir dos años, después del cual podrán volver a solicitar la licencia institucional en un nuevo procedimiento, de acuerdo al marco legal.

Además, denuncian el Decreto de Urgencia Nº 034-2019, del 24 de diciembre pasado, mediante la cual se incorpora la Décimo Segunda Disposición Complementaria Final a la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria, la cual estipula que el Ministerio de Educación conformará una comisión reorganizadora en aquellas universidades públicas con licencia institucional denegada, a fin de obtener el licenciamiento.

“Es clara y evidente la discriminación que cometen las autoridades con las universidades privadas y el privilegio para las públicas al otorgarles hasta tres oportunidades para su licenciamiento… (Los decretos) devienen en violatorios a la Constitución Política e impopulares, por lo que deben ser derogados”, manifiestan en el documento dirigido a la opinión pública.

LO CULPAN DEL NO LICENCIAMIENTO: FRENTE DE DEFENSA DE LA UDCH EXIGE SALIDA DE ORTIZ PRIETO

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