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  • Sentenciados no son los que el Ministerio Público imputó inicialmente con el testimonio de David Ángel Guerrero, alias ‘Ñoño’, y del testigo clave 03-2016.
  • Decisión judicial confirma que tesis con la que la FECOR-Lambayeque comenzó el caso ‘Hermandad del norte’ era falsa.

 

El 10 de septiembre, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, en proceso de terminación anticipada, sentenció a los sicarios Jonathan Márquez Villegas y Frank Siccha Rodríguez como ejecutores del asesinato del auditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015.

 

Ambos sicarios, procedentes de Trujillo, reconocieron ante la magistrada haber ultimado a Cieza Herrera en las proximidades de su vivienda, ubicada en la Urbanización Santa Victoria de Chiclayo.

A Márquez Villegas se le condenó a 23 años y cuatro meses de prisión. El procesado, que actualmente purga condena por homicidio calificado, deberá esperar hasta el 18 de diciembre del 2044 para que se inicie la contabilización de la sentencia por el caso Cieza Herrera, la misma que se proyecta hasta el 17 de abril del 2098.

En tanto, Siccha Rodríguez fue sentenciado a 19 años de cárcel. Esta condena se contabilizará desde el 9 de marzo del 2029 hasta el 8 de marzo del 2048. Actualmente, este cumple condena por robo agravado.

Ambos sicarios se encuentran recluidos en Trujillo.

Con la decisión judicial, el caso Cieza Herrera da un giro de 180°, pues la tesis que inicialmente postuló la fiscalía era que el funcionario de la SUNAT había sido asesinado por otras personas, esto en base a las testimoniales que dieron el aspirante a colaborador eficaz David Ángel Guerrero Rodríguez, alias ‘Ñoño’, así como el testigo clave 03-2016, conocido como ‘El Perro’, en función de las cuales la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, inició el caso ‘Hermandad del norte’.

 

El caso

En noviembre del 2016, la FECOR, junto a la Policía Nacional, realizó un operativo en Chiclayo con el objetivo de ubicar y detener a los presuntos integrantes de la supuesta organización denominada ‘Hermandad del norte’, liderada aparentemente por los hermanos Sánchez Coronel, cuyos integrantes – según la fiscalía - habían participado en la muerte de Cieza Herrera, sindicándose a los hermanos y empresarios Carlos y Samuel Roncal Miñano como autores intelectuales.

La tesis fiscal señaló desde el inicio que los empresarios habían encomendado al fallecido Alexander Siesquén Sampén, alias ‘Cojo’, la contratación de los sicarios de la organización criminal, identificados como Jack Salazar Silva, alias ‘Periquito’, y Fulgencio Rivera Maza, alías ‘Zurdo’, indicados por el aspirante a colaborador eficaz David Ángel Guerrero Rodríguez y el testigo clave 03-2016 como ejecutores del crimen.

 

Cambio de actores

La fiscalía logró el mandato de prisión preventiva hasta por 36 meses contra los imputados, venciéndose el plazo de la medida coercitiva sin que se arribe a la certeza que los señalados como ejecutores del crimen lo eran en efecto. Es decir; los investigados iniciales fueron enviados a prisión en base a testimonios falsos.

Así, meses antes que se cumplan los tres años de iniciado el caso ‘Hermandad del norte’, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron en junio del 2019 la diligencia de reconstrucción de los hechos relacionados a la muerte de Cieza Herrera. Sin embargo, sorpresivamente presentó como ejecutores del crimen no a Salazar Silva y Rivera Mazza, sino a dos personas que en Trujillo habían aceptado la autoría del asesinato. Estos eran: Márquez Villegas y Siccha Rodríguez.

El cambio de tesis en la FECOR Lambayeque tomó por sorpresa incluso a los abogados de los imputados desde el principio en la investigación, pues no fueron notificados de la realización de la diligencia desarrollada en el lugar donde fue ultimado Cieza Herrera.

Para entonces, el fiscal Germán Montero Ugaz, cabeza de la investigación, señaló que los sicarios trujillanos habían sido contratados por Alexander Siesquén Sampén como supuesto intermediario de los hermanos Roncal Miñano, declaración que estos no han realizado.

 

Hechos falsos

La génesis de la investigación se sustentó, principalmente, en las declaraciones que dio a la fiscalía el aspirante a colaborador eficaz David Ángel Guerrero Rodríguez, a quien en un acto aún no esclarecido la fiscalía le otorgó también la condición de testigo clave e incluso buscó su excarcelación, porque presuntamente su vida corría peligro.

Guerrero Rodríguez, actualmente en prisión por otros crímenes, apuntaba a ser beneficiado con la excarcelación al supuestamente haber dado insumos valiosos para la investigación, los que han sido desvirtuados al emitirse la sentencia contra los sicarios trujillanos, la misma que fue declarada consentida el 5 de octubre pasado.

Esto se desprende de la resolución de sentencia emitida por la jueza Grandez Rojas, en cuyos considerandos no se incluye las versiones que durante más de tres años expuso Guerrero Rodríguez al Ministerio Público.

Empero, se considera que los sicarios señalan como intermediario a Siesquén Sampén, fallecido el 28 de julio del 2018, bajo mandato de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, hecho confirmado con el Acta de Defunción N° 500815045.

Por su parte, el testigo clave 03-2016 aseguró a la fiscalía que Siesquén Sampén se había reunido con Samuel Roncal Miñano para coordinar el asesinato de Cieza Herrera y que para ello se había contratado a ‘Periquito’ y ‘Zurdo’. Tales aseveraciones – siguiendo la lógica de la sentencia reciente – son falsas.

Es de mencionar que Márquez Villegas y Siccha Rodríguez no identifican a los empresarios Roncal Miñano como las personas que ordenaron el asesinato de Cieza Herrera, señalamiento que sí ha realizado, en reiteradas veces, David Ángel Guerrero, cuyo testimonio a la luz de los hechos carece de veracidad. Lo mismo sucede con el testigo clave 03-2016.

 

Sobreseimientos

El 2 de junio se realizó la audiencia virtual en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria en la que el fiscal Montero Ugaz presentó el pedido de sobreseimiento a favor de los procesados por la muerte de Cieza Herrera.

En un acto sin precedentes, el representante del Ministerio Público logró que la autoridad jurisdiccional apruebe el archivamiento o sobreseimiento de la investigación contra los supuestos cabecillas de la organización ‘Hermandad del Norte’, Epifanio Justo Sánchez Coronel, Santos Hermes Sánchez Coronel y Yelisthin Juan Sánchez Tello por el delito de sicariato con agravantes.

Asimismo, la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Criminal declaró fundado el pedido de sobreseimiento a favor de Alexander Siesquén por el presunto delito contra la tranquilidad pública en su figura de organización criminal, marcaje y reglaje en agravio del Estado y por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su figura de sicariato, en agravio de Luis Cieza Herrera. El sobreseimiento se dio dos años después de la muerte de Siesquén Sampén.

La fiscalía también presentó el pedido de sobreseimiento a favor de los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano por el presunto delito contra la tranquilidad pública en su figura de organización criminal.

Del mismo modo se archivó la investigación judicial contra los presuntos ejecutores directos del homicidio, Joseph Salazar Silva, alias ‘Periquito,’ y Fulgencio Rivera Masa, alias ‘Zurdo’, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de sicariato con agravantes en perjuicio de Luis Cieza.

El fiscal Germán Montero explicó al despacho judicial que “si bien es cierto en un primer momento se efectuó la imputación en contra de los investigados Joseph Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza, posteriormente se ha determinado científicamente la identidad dactilar de las huellas encontradas en la escena del crimen (Avenida Grau N° 952 Chiclayo) y las de la moto lineal abandonada, las cuales pertenecerían a dos personas distintas de las que la fiscalía había formulado imputación en la formalización y continuación de la etapa preparatoria”.

Lo extraño es que tan pronto la defensa de los inicialmente imputados observó que la tesis fiscal había variado, respecto a los ejecutores del crimen, la fiscalía presentó la pericia dactilar, prueba que se había realizado al día siguiente de la muerte de Luis Cieza; es decir, el 24 de diciembre del 2015. Lo que no queda claro es por qué si la pericia existía recién se dio a conocer tres años después de iniciadas las investigaciones.

CASO DIO GIRO DE 180°: PODER JUDICIAL SENTENCIÓ A SICARIOS POR ASESINATO DEL AUDITOR DE LA SUNAT

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La situación en la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, es más que alarmante. De acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Fianzas - MEF, al 13 de octubre, de los 193 millones 569 mil 45 soles que tiene la comuna como Presupuesto Institucional Modificado - PIM, solo se ha ejecutado el 37.4 %.

 

Dentro de esta partida se encuentran recursos destinados, por ejemplo, para los programas de asistencia a las personas con TBC, VIH-SIDA, con un presupuesto de un millón 140 mil 390 soles, de los cuales el municipio ha gastado solo el 8.9 %; es decir, 26 mil 904 soles; en tanto en el rubro de Programa Articulado Nutricional, con un presupuesto de 543 mil 108 soles, lo gastado a la fecha es del 37.4 %.

La emergencia sanitaria por el Covid-19 no puede constituir en excusa para justiciar la no ejecución de los recursos para programas sociales, toda vez que estos tuvieron prioridad de no paralización de acuerdo a los dispositivos emitidos por el gobierno nacional.

 

A cuenta gotas

Por otro lado, de la partida ‘Gestión integral de residuos sólidos’, de los 28 millones 446 mil 68 soles destinados para este año, la administración de Marcos Gasco presenta un avance en el gasto del 34.5 %, mientras que de los 10 millones 233 mil soles de la partida ‘Programa Nacional de Saneamiento Urbano’, la ejecución es del 17.4 %; es decir, un millón 658 mil 978 soles.

En la partida del ‘Programa de Saneamiento Rural’, que asciende a 373 mil 587 soles este año, lo gastado a la fecha es 16 %, lo que representa apenas 49 mil 414 soles; en tanto en la partida ‘Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular’, con un presupuesto de 12 millones 802 mil 993 soles, lo gastado llega solo al 1 %.

Asimismo, en la categoría presupuestal ‘Nuestras Ciudades’, con un millón 116 mil 940 soles, solo se ha ejecutado el 1.7 %; en la categoría ‘Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte’, con un millón 271 mil 319 soles de presupuesto, lo gastado representa el 12 % (143 mil 704 soles), mientras que en la categoría ‘Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado’, con siete millones 389 mil soles de recursos, el gasto es de 18.8 %.

En tanto, en la categoría ‘Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano’, que tiene 10 millones 374 mil 957 soles de presupuesto, lo gastado llega solo al 7.7 %; es decir, 790 mil 436 soles.

 

Plata de obras

Otro indicador negativo de la gestión de Marcos Gasco Arrobas como alcalde provincial es el avance en la ejecución del Presupuesto de Proyectos de Inversión; recurso destinado para obras públicas. En este rubro, la comuna de Chiclayo tiene una partida total de 60 millones 38 mil 768 soles, habiendo ejecutado hasta el momento el 7.2 %. Quiere decir que a mediados de octubre, iniciado el último trimestre del año, la comuna provincial ha ejecutado solo cuatro millones 330 mil 358 soles de lo que ha recibido para obras. Restan por ejecutar prácticamente 56 millones.

"Es lamentable, estamos en el último trimestre de la ejecución del año fiscal y sería bueno saber qué medidas se están implementando para revertir esta situación", señala el regidor Percy Espinoza Gonzales.

El concejal advierte que esta situación también se presentó el año pasado, por lo que no se alcanzaron las metas presupuestales.

"En la Municipalidad Provincial de Chiclayo no se tiene capacidad para la ejecución del presupuesto, y es necesario señalar que el próximo año no habrá continuidad de inversiones, por lo que hay en riesgo de que se reviertan millones de soles al erario nacional. Hay poco más de 45 proyectos que se debieron ejecutar este año, pero al revertirse el dinero ya no habrá forma de realizarlos", manifiesta.

Responsabiliza directamente a los funcionarios de la administración que lidera Gasco Arrobas, añadiendo que la proyección es que el municipio llegue apenas al 15 % de la ejecución del gasto del presupuesto de inversiones.

“El alcalde ha tomado el hábito de ausentarse la ciudad sin fecha de retorno cada cierto tiempo y suponemos que lo hace para buscar mayores recursos para la municipalidad, pero a la luz de lo que sucede con el presupuesto lo que debe hacer es quedarse a gestionar el gasto, porque hay recursos, hay dineros que en lo que resta del año no se podrán ejecutar y lo que sucederá es que toda esa plata se perderá, en perjuicio de la ciudad y de la población que necesita de obras tan elementales como el mejoramiento del agua y alcantarillado o las pistas y veredas”, manifiesta Espinoza Gonzales.

 

Sin avance presupuestal

¿Qué proyectos están pendientes de ejecución en la municipalidad de Chiclayo? De acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, están pendientes de ejecución las siguientes obras:

‘Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del pueblo joven Santa Teresita’, que hasta el momento tiene 0 % de avance presupuestal; el ‘Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de las veredas de las calles del pueblo joven Jorge Chávez’, con un millón 671 mil 564 soles de presupuesto y 0 % de avance, situación que se repite con el ‘Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana’, con una partida de 242 mil 225 soles.

Otros proyectos con 0 % de ejecución son: ‘Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de la Urbanización El Ingeniero I’, con dos millones 462 mil 448 soles de presupuesto; la ‘Rehabilitación de la avenida Angamos, desde San José hasta Leguía’, con un millón 24 mil 368 soles; la ‘Rehabilitación de la avenida Chinchaysuyo, desde la Panamericana Sur hasta la calle Amarantos’, con 744 mil 228 soles de partida; el ‘Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle 8 de Octubre y la calle Manco Capac’; el ‘Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la urbanización Villa El Salvador’, con un millón 337 mil 902 soles de recursos, y el ‘Mejoramiento de la transibilidad vehicular y peatonal del pueblo joven San Sebastián’.

En la misma situación están obras de pistas y veredas en la urbanización El Paraíso; la reparación de pavimentos en calles como Manuel Arteaga, Manuel María Ízaga, Miguel Grau, Sarmiento, Tarata, Leoncio Prado, Vicente de la Vega, Arizola, Raymondi, Lora y Cordero, Diego Ferré y Arica, con un presupuesto de un millón 38 mil 415 soles; el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del pueblo joven Ricardo Palma, de la UPIS Los Olivos y del pueblo joven Santa Rosa.

 

Proyectos educativos

Con 0 % de avance también están obras como la rehabilitación de la infraestructura educativa de la Institución Inicial N° 044 ‘Capullitos de Rosa’ (dos millones 645 mil 859 soles), de la Institución Inicial N° 037 ‘Virgen de la Luz’ (dos millones 390 mil 687 soles), de la Institución Inicial N° 003 ‘Los Pastorcitos de la Virgen de Fátima’ (tres millones 77 mil 689 soles); el mejoramiento del agua potable y alcantarillado de la Urbanización El Amauta, de la Urbanización La Florida, del pueblo joven Jorge Basadre y el mejoramiento de pistas y veredas en la Avenida Agricultura, entre la Avenida Jorge Chávez y la Avenida Leguía.

También la rehabilitación de la Institución Educativa N° 10002 – Urbanización El Paraíso (tres millones 214 mil 825 soles); la reparación del pavimento en las avenidas Angamos, José Balta, El Carmen, José Eufemio Lora y Lora, Luis González, Nacionalismo, Pedro Ruiz, Víctor Raúl Haya de la Torre y El Progreso (757 mil 377 soles), así como de las calles Arica, 7 de Enero, Los tumbos, Juan Fanning, Tarapacá y Las Diamelas (575 mil soles), y la recuperación de la infraestructura en la Institución Inicial N° 015 ‘Santa María de los Niños’ (908 mil 820 soles).

 

+NOTICIAS:

  • La Municipalidad Provincial de Chiclayo tiene, además, tres proyectos de inversión (obras) con el 1 % de avance; cuatro con el 2 % y dos con el 3 %.

“RESULTADO” DE LA GESTIÓN DEL ECONOMISTA GASCO: MPCH HA GASTADO SOLO EL 7.1 % DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS

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  • Los hospitales de la Red Asistencial Lambayeque tienen ocupadas la totalidad de camas UCI.
  • La Seguridad Social en Lambayeque ha dado el alta hospitalaria a cerca de tres mil pacientes.

 

Según los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que desarrolla el Seguro Social de Salud – EsSalud, cerca del 40 % de la población en Lambayeque ya se habría contagiado del Covid-19, cifra que se constituye como una de las más altas en el mundo. Al respecto, Cristian Díaz Vélez, médico epidemiólogo y jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, señaló que las proyecciones indican que se seguirán registrando fallecidos y nuevos casos positivos de Covid-19 que requieran hospitalización en lo que resta del año y posiblemente los primeros meses del próximo.

 

“El comportamiento de la población no fue el mejor, ni durante la cuarentena obligatoria, ni ahora que se levantó. La transmisión se sigue dando y se seguirá dando, es inevitable. Quizá cuando lleguemos al final de la pandemia ya no contemos los casos positivos, sino la gran cantidad de fallecidos”, manifestó.

Manifestó que la eventual llegada de la vacuna contra el Covid-19 es importante, pero será necesario contar con la capacidad logística suficiente para poder aplicarla a toda la población y con los estudios de seroprevalencia para saber en qué lugares se encuentran las personas más susceptibles al contagio y de mayor prioridad.

“Las vacunas no se van a colocar solas, debemos tener la capacidad logística necesaria para ponerlas a buen resguardo y usarlas de forma adecuada. Por ejemplo, si no tenemos una cadena de frío, se van a malograr. No se trata solo de esperar a que lleguen, sino de estar preparados. Tampoco es que llegue hoy y mañana ya todos van a estar vacunados. Pasarán varias semanas para que la cobertura esté por encima del 80 % de la población”, aseguró.

 

Descenso

Sin embargo, ratificó que el descenso de las defunciones y casos del nuevo coronavirus sí se viene dando. En el caso de la Red Asistencial de Lambayeque – RAL, desde hace varias semanas la cantidad de fallecidos diarios está por debajo de diez. El reporte de muertes de la seguridad social en Lambayeque a causa del Covid-19 es de mil 574, cifra que incluye a cien casos de Chepén y Jaén, provincias que forman parte de la cobertura de la RAL.

Del mismo modo, se pasó de 300 atenciones diarias en toda la red a entre 100 y 150.  De estos pacientes, aproximadamente el 40 % arroja positivo al virus.

Asimismo, refirió que en toda la RAL se han atendido a 80 mil pacientes, incluidos los que fueron vistos en triaje diferenciado y por las brigadas médicas. De estas, 31 mil han sido atenciones a domicilio por los equipos de respuesta rápida y se han tomado cerca de 37 mil pruebas serológicas.

Del mismo modo, señaló que la RAL ha otorgado el alta hospitalaria a un promedio de tres mil pacientes, de los cuales alrededor de mil se encontraban en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

“Quisiéramos que llegue el día en que ya no haya ningún fallecido, pero hasta ahora no sucede. Si bien ya no tenemos el riesgo de antes, aún no podemos bajar la guardia, porque es probable que más del 50 % de la población aún no se haya infectado. Mientras no tengamos una vacuna eficaz no podemos decir que la pandemia está controlada”, refirió.

 

Pruebas

Por otro lado, explicó que – si bien la RAL sí dispone de pruebas moleculares – su aplicación es más compleja, sobre todo para el trabajo de campo, por lo cual prefieren usar las rápidas o también llamadas serológicas.

“Tenemos pruebas moleculares, pero no en la misma cantidad que las serológicas. El problema con las primeras es que los resultados no son inmediatos, en cambio para el trabajo de campo diario con una prueba rápida se puede saber en 15 minutos si el paciente está o no infectado, a diferencia de las pruebas moleculares que requieren de un hisopado, conllevan muchas más medias de bioseguridad, además del transporte de la muestra y el tiempo de espera de los resultados que puede ser de tres a cinco días”, detalló.

Explicó que existen dos tipos de pacientes con prueba positiva: aquellos con anticuerpos IgG, es decir, aquellos que ya no están en etapa de contagio del virus, que son la mayoría; y los que tienen anticuerpos IgM, que sí están en fase activa de transmisión.

No obstante, puntualizó que para realizar seguir la cadena de transmisión del Covid-19 sí es necesaria la utilización de pruebas moleculares, pues el período de incubación del virus va desde los siete días.

En tanto, advirtió que las camas UCI de la RAL están ocupadas al 100 %, lo que genera que haya pacientes en lista de espera por acceder a una de estas. Asimismo, apuntó que ya se superaron los problemas con los Equipos de Protección Personal – EPP, y actualmente utilizan las mascarillas elastoméricas, cuyo uso es más prolongado.

 

Sintomatología

Por otro lado, resaltó que hay pacientes que son captados como asintomáticos, pero en los siguientes 14 días desarrollan síntomas. A ellos se les considera como “presintomáticos”. El reto – indicó - está en identificar quiénes se mantendrán sin síntomas durante todo el período de la enfermedad y quienes sí los desarrollarán posteriormente.

Resaltó que es notable la cantidad de fallecidos diabéticos, obesos, hipertensos y adultos mayores. En virtud de ello, están identificando a los pacientes, cuyo nivel de saturación está por debajo del 94 %, en vez de esperar a que lleguen a menos del 85 %, pues a ese nivel hay cuatro veces más probabilidades de fallecer.

Según el reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones – SINADEF, el 85.5 % de fallecidos a causa del Covid-19 padecía de obesidad.

“El problema está en convencer a los pacientes de ser hospitalizados, pues si ya de por sí es complicado hacerlo cuando presentan dificultad respiratoria, lo es mucho más cuando su saturación es de 94 % y no presentan síntomas. Sin embargo, son ellos los que tienen grandes chances de presentar un cuadro complicado en los próximos días”, subrayó.

En virtud de lo expuesto, afirmó que ahora la RAL cuenta con un equipo de siete psicólogos que visitan a los pacientes en sus domicilios para persuadirlos de que sean hospitalizados a tiempo.

 

Equipos de respuesta rápida

Graficó que actualmente hay 30 médicos que conforman los equipos de respuesta rápida de la RAL, quienes llegan hasta Chepén y Guadalupe, incluidos. Además, hay 15 biólogos que realizan trabajo de campo.

Indicó que los equipos de respuesta rápida evalúan al paciente sospechoso y, en caso de tener más de siete días con síntomas, se le toma la prueba serológica, pero – si son menos de siete – acude el biólogo a tomar la prueba molecular. Una vez confirmado el contagio, se determina si el paciente puede recibir tratamiento ambulatorio (leve y moderado) o amerita hospitalización (grave).

“La mitad de los pacientes que hemos atendido no han sido asegurados. El único criterio que tenemos para brindarle el servicio es que sea sospechoso de padecer Covid-19”, afirmó.

Del mismo modo, señaló que la RAL trabaja junto a las municipalidades un programa denominado ‘Lucha contra el Covid silencioso’, que incluye no solo el descarte con pruebas serológicas, sino el seguimiento diario de los pacientes a través de promotores de salud que son miembros de los comedores populares, vasos de leche y serenazgo. A cada uno de ellos se les asigna una manzana cerca a su domicilio y entrega un oxímetro de pulso para que en dicha área monitoreen a sus vecinos. Así pueden notificar de forma rápida a EsSalud cuando la saturación de alguno de ellos desciende de forma peligrosa.

“Desde la quincena de abril hasta fines de mayo salía del hospital a las 2:00 de la madrugada con mi equipo y a las 6:00 de la mañana ya estábamos de vuelta. Era el tiempo de mayor cantidad de pacientes, cuando no había camas, y si las había, no había oxígeno o puntos de oxígeno. Tampoco había empresas que realizaran la instalación de este elemento o el transporte para los balones. Hasta nosotros mismos no teníamos movilidad para los equipos de respuesta rápida. La gente fallecía frente a nosotros. No podemos bajar la guardia”, exhortó.

EN LAMBAYEQUE: EL 40 % DE LA POBLACIÓN YA SE HABRÍA CONTAGIADO DE COVID-19

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  • Proyecto fue contratado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  • Más de tres millones de soles en cuestión.

 

Diversas irregularidades fueron detectadas por el Órgano de Control Institucional – OCI, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la elaboración del expediente técnico y ejecución de una obra de agua en el distrito de Salas.

 

El proyecto, denominado ‘Renovación de captación superficial de agua, línea de conducción y colector secundario, construcción de cerco en la Municipalidad Distrital de Salas’, representó una inversión de tres millones 62 mil 908.62 soles.

Sobre este, OCI del Ministerio de Vivienda elaboró el Informe de Hito de Control N° 045-2020, a fin determinar que los trabajos se realizaron conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, estipulaciones contractuales u otras análogas que sean aplicables, así como para identificar la existencia de situaciones adversas.

 

Contratación

Los trabajos fueron contratados al Consorcio 4, conformado por las empresas Jagui SAC, Corporación CUPHER SAC y Néstor Esquivel Escobar, con el cual el Ministerio de Vivienda suscribió el Contrato N° 18-2918/Vivienda/VMCS/PNSU, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, el 6 de febrero del año pasado.

Entre las obligaciones contractuales, el consorcio asumió la responsabilidad de elaborar el expediente técnico en 30 días y ejecutar la obra en 150 días calendario, siendo el inspector encargado Wilson Ccalli Gutiérrez y el supervisor Daniel Romero Sipión.

Las actividades, de acuerdo a las anotaciones en el cuaderno de obra concluyeron el 12 de marzo de este año, estando la obra aún por recepcionar.

 

Expediente técnico

El informe evidencia que en el expediente técnico aprobado para el componente captación, con relación a los trabajos propuestos, la fuente de abastecimiento empleada difiere de la prevista en el Estudio de Ingeniería Básica, no evidenciándose el análisis técnico y económico comparativo de las alternativas de solución evaluadas, lo que podría generar el pago de mayores costos al tener que ejecutar obras de mayor envergadura.

“En la elaboración del expediente técnico se advierte que no se ha determinado la calidad del agua superficial del río Salas, a través de un análisis físico, químico y bacteriológico, situación que no garantiza que el agua sea apta para el consumo humano”, advierte el OCI.

Del mismo modo, se precisa que el expediente técnico aprobado contiene especificaciones técnicas y metrados inadecuadamente formulados, lo que afectó la correcta ejecución de los trabajos, ocasionado retrasos en la ejecución de la obra, así como la posibilidad de incurrir en el pago de mayores costos.

Quedaron evidenciadas incompatibilidades entre el expediente y otros documentos de la obra, que el presupuesto del expediente técnico aprobado fue elaborado incumpliendo las condiciones contractuales establecidas y que el contratista incumplió sus obligaciones, sobre todo en lo referido a la participación del residente de obra y el plantel técnico.

 

Primeros hallazgos

De la revisión selectiva a la documentación relacionada con el Hito de Control N° 4, OCI del Ministerio de Vivienda identificó situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra.

Así, por ejemplo, se estableció que en el componente de captación se valorizaron trabajos que no se ejecutaron de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas del expediente y tampoco se ejecutaron en su totalidad.

Este hecho – señala el informe del órgano de control – “puede afectar la calidad y vida útil de la obra y genera la posibilidad de que se reconozca el pago por trabajos que no cumplen los estándares técnicos requeridos o no fueron ejecutados”.

Por las incongruencias entre lo presupuestado, los trabajos físicos y las valorizaciones, OCI señala que se revelan deficiencias en el control técnico y económico por parte de los responsables de la dirección y supervisión de la obra, así como de los responsables del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.

 

Malos trabajos

En las visitas de inspección realizadas por los fiscalizadores de Contraloría se detectó que se han adicionado dos tuberías de 3 y 6 pulgadas que conducen aguas provenientes de zonas que no forman parte del proyecto y las vierten a la cámara húmeda que alimenta a la línea de conducción.

De acuerdo a los especialistas de control, esto puede generar que el sistema diseñado para el proyecto no asegure el abastecimiento mínimo de agua en época de estiaje, el logro del objetivo del proyecto y la finalidad pública.

“La situación descrita revela que el caudal que ingresa en la captación del proyecto, a la fecha de la visita de control, no sería suficiente, teniendo la necesidad de adicionar un mayor caudal mediante dos tuberías de PVC que conducen aguas provenientes de zonas que no forman parte del proyecto, situación que puede implicar que el sistema diseñado para el proyecto no asegure el abastecimiento mínimo en época de estiaje”, advierte el OCI.

 

Deficiente supervisión

Como se ha mencionado, el deficiente control y supervisión de la obra ha permitido la ejecución de acabados no establecidos en los planos y de trabajos defectuosos o incompletos, lo que ha conllevado a la aparición de grietas, fisuras y cangrejeras, así como otros inconvenientes en varios componentes del proyecto.

Asimismo, se ha establecido que dos muros de contención de concreto armado de la planta de tratamiento de agua potable han sufrido desplazamientos, revelado deficiencias técnicas vinculadas con dichas estructuras.

“Esta situación puede afectar la calidad y vida útil de la obra. Asimismo, genera el riesgo de que se reconozca el pago de trabajos que no cumplen los estándares técnicos requeridos”, indica el informe de control.

También, la deficiente control y supervisión de la obra ha permitido la ejecución del relleno compactado con material propio en la planta de tratamiento de agua potable con un material no apropiado.

 

Cuaderno de obra

OCI señala que la información registrada en el cuaderno de obra, certificados con datos inexactos y resultados de prueba de calidad indicarían la posibilidad que la resistencia de un muro de concreto armado en la planta de tratamiento de agua potable no cumpla con lo solicitado.

“Esta situación que puede afectar la calidad y vida útil de la obra y genera el riesgo de que se reconozca el pago de trabajos que no cumplen los estándares técnicos requeridos”, se precisa.

Control Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento concluye que la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 4 ha advertido seis situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra.

Contraloría hizo de conocimiento del ministro del sector de los hallazgos encontrados en la obra de Salas, a fin de que se adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

IRREGULARES MUY GRAVES: CONTRALORÍA HALLÓ VICIOS EN OBRA DE AGUA EJECUTADA EN SALAS

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  • Cerca de 400 pobladores del caserío Las Canteras en Pátapo serían afectados por la actividad minera de Edilberto Vallejos Coronado.
  • La Prefectura anunció que las autoridades del sector solicitarán al Ministerio de Energía y Minas la suspensión de las actividades extractivas en el sector Las Canteras, Pátapo.

 

Desde hace más de un año los pobladores del caserío Las Canteras en Pátapo mantienen una tensa relación con Edilberto Vallejos Coronado, ciudadano identificado con el código de Registro Integral de Formalización Minera – REINFO, Nº 010296219, quien se dedica a la extracción minera en dicho sector. Sin embargo, hace un mes la situación alcanzó su punto álgido, tras la ocurrencia de enfrentamientos, cuyo saldo ha sido ya varias personas heridas.

Yanet Vásquez Medina, una de las pobladoras afectadas, denuncia que el paso de los volquetes de propiedad de Vallejos Coronado por las calles del caserío vienen generan un perjuicio a los vecinos, pues hasta la fecha han chocado con la casa de una moradora, derrumbado un poste de alumbrado público y ocasionado malestar por la polvareda que dejan los vehículos a su paso, además del temor ante la ocurrencia de algún accidente.

 

Actividad minera

La población del caserío Las Canteras se dedica desde hace 40 años a la extracción minera. Germaín Tapia Sánchez, gerente de la empresa Cantera Pátapo La Victoria S.A., cuenta que antes dicha organización era una asociación de trabajadores posesionarios de las tierras, quienes se dedicaban a la minera no metálica artesanal. Tras trabajar 30 años de forma informal, en el 2012 iniciaron su proceso de formalización ante el Ministerio de Energía y Minas, al amparo Decreto Legislativo N° 1105.

Cinco años después, la empresa recibió su autorización para la práctica extractiva de manera formal. Tapia Sánchez manifiesta que para ello debieron tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ante el Ministerio de Cultura, documentos ante el Ministerio del Ambiente, obtener la licencia social por parte de los pobladores de la zona de influencia, sacar una autorización por parte de la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe (propietaria de las tierras), entre otros documentos.

La empresa Cantera Pátapo La Victoria S.A. cuenta actualmente con 412 trabajadores, de los cuales 40 trabajan de manera formal (todos los días de la semana). El resto lo hace seis días al mes de forma rotativa, debido a que desde el 2016 la organización se mecanizó y adquirió vehículos pesados para la extracción minera, con lo cual la demanda de personal disminuyó. Sin embargo, en aras de no dejar sin empleo a los pobladores del caserío Las Canteras es que se acordó con la comunidad esta mecánica de trabajo.

 

Conflicto

No obstante, en el 2017 se aprobó el Decreto Legislativo Nº 1293, mediante el cual se abrieron las inscripciones en el REINFO para las personas dedicadas a la actividad minera, cuya antigüedad sea mayor a cinco años. Bajo ese contexto – refiere Tapia Sánchez – habría obtenido Edilberto Vallejos Coronado la autorización para desarrollar su actividad extractiva en Las Canteras.

“Con el Decreto Legislativo Nº 1293 se inscribió mucha gente para el REINFO. El gobierno delegó la inscripción a la SUNAT, en vez de a la Gerencia de Energía y Minas, con lo cual no se realizó ningún filtro para constatar si lo postulantes se dedicaban o no a la actividad minera. Incluso, en el 2019 se retiró la condición de los años de antigüedad, con lo cual se dio carta abierta para que cualquiera que se inscriba pueda explotar al día siguiente, pero no han tenido en cuenta que la minería genera un impacto en la población”, manifiesta.

Apunta que Vallejos Coronado cuenta con un terreno de dos hectáreas contiguo al caserío Las Canteras. Para llegar a su predio debe pasar necesariamente por donde habita la población, en virtud de lo cual él ha abierto una nueva vía de acceso para los vehículos pesados. Esta situación ha motivado el reclamo de la población por los perjuicios antes descritos.

Por su parte, Yanet Vásquez señala que el jueves 8 de octubre la población del caserío Las Canteras estaba grabando el tránsito de los volquetes para tener evidencia de las denuncias cuando un grupo de personas foráneas, que serían trabajadores de Edilberto Vallejos, llegaron con piedras y armas blancas a agredirlos. En medio de la trifulca ella fue herida y – según afirma -  los agentes de la Policía que estuvieron presentes no intervinieron.

Según el certificado del médico legista al que tuvo acceso Expresión, Yanet Vásquez presentaba “signos de lesiones traumáticas recientes ocasionadas por un agente contuso duro y con filo”.

Asimismo, Yanet Vásquez menciona a miembros de la familia Mera Sánchez como socios de Edilberto Vallejos y partícipes también de los presuntos actos de hostigamiento y del enfrentamiento ocasionado aquel día.

Del mismo modo, refiere que Edilberto Vallejos tampoco se ha acercado a la población para comentarles acerca de los protocolos de bioseguridad que mantienen para la actividad minera ni tampoco conocen si sus trabajadores han pasado por las pruebas de descarte del Covid-19.

Por su parte, Ana María Soberón Rupay, pobladora también del citado caserío, señala que Edilberto Vallejos intenta deslegitimar sus reclamos, aduciendo que ellos son enviados por Germaín Tapia, ante la eventual competencia que generaría la extracción minera de ambos.

“El señor Ángel Mera Sánchez ha ido a una radioemisora diciendo que los pobladores apoyan a Edilberto Vallejos, pero eso no es cierto. Son solo seis o siete los vecinos que están de su lado, el resto nos oponemos por el perjuicio que nos genera”, denuncia Soberón Rupay, quien además añade que Edilberto Vallejos no vive en el caserío Las Canteras.

Sostiene que la Policía del sector estaría parcializada a favor de Edilberto Vallejos, toda vez que no intervienen cuando ocurren disputas entre sus trabajadores y la población.

 

Acción estatal

Debido a los continuos enfrentamientos, se desarrolló una mesa de diálogo virtual entre Edilberto Vallejos, Germaín Tapia como representante de la empresa Cantera Pátapo La Victoria S.A., la Prefectura, la Gerencia de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Comisaría de Pósope Alto, en la cual se arribó a la conclusión de solicitar al Ministerio de Energía y Minas la suspensión de las actividades extractivas en el sector Las Cánteras.

A juicio de Germaín Tapia, la solución no pasa por la suspensión de las actividades extractivas, sino por convocar a la población, que es la principal involucrada y afectada con la situación.

“He sido claro al señalar que el conflicto no es conmigo ni con mi empresa, sino con la población. El señor (Edilberto Vallejos) debe acercarse y explicarles cuales son las bondades de su proyecto, qué beneficios traerá. Los vecinos tienen todo el derecho a reclamar cuando ven que se vulneran sus derechos. La responsabilidad ambiental es fundamental en la actividad minera”, indica.

Por último, refiere que volquetes del gobierno regional estarían trasladando la maquinaria de Edilberto Vallejos a su terreno, hecho en el que concuerda también Yanet Vásquez. “Desde el 16 de septiembre vemos volquetes del gobierno regional respaldando su actividad minera”, denuncia la agraviada.

SE REGISTRAN ENFRENTAMIENTOS: POBLADORES EL CASERÍO LAS CANTERAS EN PÁTAPO DENUNCIAN PERJUICIOS DE LA ACTIVIDAD MINERA

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  • La UDCH cuenta con mil 800 procesos judiciales, de los cuales mil 600 son laborales.
  • El área administrativa de la universidad prepara un informe económico y financiero de la gestión del fallecido exrector Alberto Ortiz Prieto.

 

Tras el fallecimiento de Alberto Ortiz Prieto, nuevas irregularidades se han conocido de lo que ocurría al interior de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH. Según Danilo Escobar Gutiérrez, reconocido oficialmente como rector de casa de estudios superiores desde el 8 de octubre, mediante el Oficio N° 3677-2020-SUNEDU-021502, entre los pasivos que dejó la gestión anterior se encuentran dos multas: una por la no entrega de los formatos del cese de actividades y otra por encubrimiento de una denuncia por hostigamiento sexual.

 

Sobre el encubrimiento de la denuncia por hostigamiento sexual, señaló que la multa impuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, asciende a 40 mil soles y el autor de este hecho habría sido el exdirector de Bienestar Universitario.

En cuanto a la multa por no entregar los formatos F1, F2 y F3 sobre el proceso de cese de actividades la universidad, refirió que la multa alcanza el millón 900 mil soles.

Además, añadió que también hay otras multas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, y de la SUNEDU. La de esta última entidad es por denuncias que hiciesen los alumnos sobre malos tratos por parte de los docentes.

"Confiaba en Alberto Ortiz Prieto. No me sentí capaz de reclamarle y hacerle cambiar su política de administración de la universidad, pero ahora estoy conociendo realmente cómo era y estoy arrepentido de no haberlo enfrentado", dijo a Expresión Danilo Escobar.

 

REESTRUCTURACIÓN

Asimismo, aseguró que la UDCH tiene mil 800 procesos judiciales pendientes, de los cuales mil 600 son por temas laborales, en virtud de lo cual se ha conformado una comisión que buscará conciliar con los trabajadores, a fin de solucionar los reclamos. Del mismo modo, aseguró que su gestión ya tendió puentes de diálogo con los representantes del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la UDCH, con quienes han llegado a la conclusión de que la prioridad ahora es solucionar los problemas que dejó el extinto rector.

“Ya no estamos trabajando con el equipo de Alberto Ortiz Prieto. Todos ellos actualmente están en observación, en un proceso administrativo. Venimos estudiando la posibilidad de que ya no laboren en la universidad”, apuntó.

Añadió que la familia de Alberto Ortiz Prieto intentó crear una asamblea universitaria paralela para que juramentase a un nuevo rector, pero no contó con el apoyo de los docentes. A algunos de ellos se les cursó cartas de despido.

Al respecto, el 21 de septiembre se publicó en un diario local la convocatoria a una sesión extraordinaria de asamblea universitaria para elegir un comité electoral y encargar las funciones del rector. Sin embargo, mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 296-2020-CU-UDCH, se resolvió desconocer dicho llamado.

En tanto, apuntó que el actual administrador de la UDCH viene elaborando un informe económico que permita conocer el real estado financiero de la casa de estudios. Por lo pronto, se sabe que las planillas sí se están pagando a tiempo, pero desde hace casi un año no se hace efectivo el pago al Seguro Social de Salud – EsSsalud. Posteriormente, se realizará una auditoría externa.

“Sabemos que los egresos son mayores a los ingresos. No estamos bien. El administrador actual ampliará el informe que hizo el anterior. Una vez que lo tenga en mis manos me reuniré con el Consejo Universitario y luego con los docentes para finalmente hacerlo público a la comunidad en general”, apuntaló.

 

PEDIDO DE PRISIÓN

En cuanto al pedido de seis años de prisión que solicitase la Segunda Fiscalía Penal contra él y otros 21 funcionarios y exautoridades, aseguró ser inocente y estar llano a colaborar con el proceso judicial, pues durante el tiempo en que fue vicerrector académico - período sobre el cual se le investiga - no tuvo ninguna injerencia en la toma de decisiones de la universidad.

Tania Bravo Vigo, fiscal de la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo, solicitó la prisión por los presuntos delitos de fraude, para el cual pidió tres años, y asociación ilícita para delinquir, para el que pidió tres más.

Además de Escobar Gutiérrez, entre los investigados se encuentran Ricardo Mendo Otero, exadministrador; Ana Edgar Caramutti, expareja del fallecido exrector Alberto Ortiz Prieto; Walter Peralta Ortiz, primo hermano de Alberto Ortiz y exadministrador de la UDCH; Hugo Rivera Barboza, exdirector de Infraestructura y Recursos Humanos de la UDCH; Henry Chiclayo Vega, exdecano de la Facultad de Ciencias de Comunicación; Víctor Rojas Herrera exdecano de la Facultad de Derecho; Jorge Cubas Ruiz, exdecano de la Facultad de Arquitectura; Luis Gómez Segura, exsecretario general de la UDCH; el auditor Juan Vera Motta, entre otros.

En esta investigación estaban también comprendidos Alberto Ortiz Prieto y Roger Pingo Jara, quienes ocuparon el rectorado. Ambos han fallecidos.

Según la Asociación Civil Educativa del Norte -  ACEN, entidad fundadora y promotora de la casa de estudios en 1978, esto se trataría de un concurso real de delitos, por lo que las penas solicitadas por la fiscal se sumarían, con lo que serían un total de seis años de cárcel.

Desde la ACEN agregaron que la Fiscalía de Lavado de Activos también investiga a todos los involucrados e incluso ha solicitado apoyo a INTERPOL y la SBS para detectar si habrían hecho transferencias de dinero a cuentas en el extranjero.

 

LICENCIAMIENTO

Por otro lado, Escobar Gutiérrez afirmó que actualmente la UDCH cuenta con mil 600 alumnos entre las sedes de Chiclayo y Jaén, quienes vienen desarrollando de forma exitosa el ciclo virtual, a través de las plataformas ‘Canvas’ y ‘Zoom’. Antes de la denegatoria del licenciamiento había seis mil 234.

Por otro lado, señaló que hay una comisión que trabaja en lograr los tres años de gracia que concede la SUNEDU para poder emprender nuevamente el proceso de licenciamiento. En julio del 2019, esta superintendencia le denegó la licencia, tras no cumplir el 90 % de los indicadores básicos de calidad.

Dentro de las deficiencias que se encontró en la universidad resaltaban que el 80 % de los laboratorios no contaban con instrumentos de gestión para la identificación de peligros y control de riesgos, más del 50       % de los programas ofertados no tenían ambientes de enseñanza pertinentes, el porcentaje de docentes a tiempo completo estaba por debajo del 25 %, entre otras.

Al respecto, en marzo de este año el Frente de Defensa de la UDCH señaló que solo entre Ortiz Prieto y el exdirector de Recursos Humanos Hugo Rolando Rivera Barboza la universidad gastó 952 mil 959.04 soles, fruto de  la Resolución Nº 066-2018-CU-UDCH, del 30 de enero del 2018, mediante la cual se aprobó  “hacer un corte contable sobre el concepto de goce vacacional y liquidar a todos los que han acumulado vacaciones”.

Con ese dinero – refirieron – se pudo haber equipado las bibliotecas, los laboratorios y talleres.

“Le pido a todos los integrantes de la UDCH que nos unamos para sumar esfuerzos y sacar adelante a nuestra querida universidad. Los invoco a que no me dejen solo, porque así no podré”, exclamó Escobar Gutiérrez.

 

RECONOCE RECTOR DE LA UDCH: UNIVERSIDAD HA SIDO MULTADA POR LA SUNEDU, SUNAFIL Y EL INDECOPI

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