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  • Recordó que el gobierno fujimorista hizo en Lambayeque la Vía de Evitamiento, el Parque Miguel Grau de La Victoria, construyó más de 1,400 kilómetros de carreteras hasta Piura.
  • Durante el Fenómeno de El Niño en 1998 trabajó directamente con el pueblo en la reconstrucción de distritos y caserios afectados por el fenómeno natural.

El candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular con el Nº 1, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, volvería a representar a Lambayeque, de acuerdo a las preferencias electorales e intención de voto que ubican al fujimorismo en el segundo lugar en el departamento.

Aguinaga Recuenco es médico,, cursó estudios profesionales en las universidades Federico Villarreal, y  en la Universidad Mayor de San Marcos, donde realizó segunda especialidad en cirugía general y estuvo cuatro años y medio en Francia en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo del profesor Louis Francois Hollender, haciendo cirugía gastríca, tiene un Diplomado en administración de los servicios de salud de la Universidad San Ignacio de Loyola,  es médico de cabecera del líder y fundador de Fuerza Popular Alberto Fujimori, ex presidente de la república en sus dos períodos  gubernamentales. Durante el gobierno fujimorista fue ministro de Salud (1999-2000) y en el 2006 fue elegido como congresista, representando al departamento de Lambayeque. Se desempeñó como presidente del Congreso en el 2009. A representado al Perú en el extranjero por varias oportunidades.

A Alejandro Aguinaga Recuenco se le recuerda en el distrito de Mórrope por su actuación rápida como viceministro de salud al combatir una epidemia de rebrote de peste bubónica entre los años 1994 -1995, que después de 16 semanas está fue vencida, siendo expuesta en la Organización Panamericana de la Salud, organización que reconoció al Perú por su rápida respuesta sanitaria.

En entrevista con Expresión, refirió “No vamos a permitir que nuestra región Lambayeque continúe olvidada y la pobreza siga creciendo. Juntos reactivaremos nuestra región, ya antes lo hicimos y ahora lo volveremos hacer. En Lambayeque estamos unidos, estamos de vuelta para hacer en este departamento lo que se ha dejado de hacer hace mucho. Tenemos experiencia, capacidad, idoneidad y le vamos a devolver al pueblo lambayecano la fe en sus autoridades.Haremos un gobierno concertador, la vacuna llegará para todos. Saldremos de la pobreza y devolveremos la seguridad ciudadana a todo el país”.

Doctor Alejandro Aguinaga, ¿Lambayeque es fujimorista?

Lambayeque es un pueblo agradecido con un gobierno como el del ex presidente Fujimori que hizo buena obra en nuestro departamento, obras que permanecen intactas como la Vía de Evitamiento, la reconstrucción de carreteras, colegios, parques, muchísima obra que está en el corazón de los lambayecanos.

El fujimorismo asegura una inmediata reactivación económica

Se lo garantizo al pueblo lambayecano al que volveré a representar. Sabemos cómo lo haremos, para ello el principal impulso será a la agricultura, nuestros hermanos del campo hoy abandonados tendrán la oportunidad de contar con créditos y apoyo directo para impulsar la agricultura para consumo interno y externo, haremos que PRONAA asegure la adquisición de sus productos de manera inmediata. También apoyaremos de inmediato a los Comedores Populares para que se impulse la alimentación de niños, niñas, ancianos, madres gestantes, de miles de ciudadanos que han perdido su empleo, nuestro objetivo es asegurar la alimentación de todos los peruanos.

En Lambayeque se han perdido más de 300 mil puestos de trabajo, el índice de anemia en nuestros menores de edad está por el 39% cifra de suma preocupación para el futuro de Lambayeque.

Vamos a impulsar muchas obras públicas, carreteras, colegios, drenes y otras que aseguren una mejor calidad de vida de los lambayecanos y de todos los peruanos.

Esta campaña política les está trayendo serias dificultades

Rechazo la politización de la justicia en nuestro país, es injusto e inexplicable como en plena campaña se le restringe a nuestra lideresa su derecho a movilizarse en todos los departamentos de nuestra patria a escasos días del proceso de Elecciones Generales para que los electores conozcan nuestro Plan de Gobierno. El lunes tuvimos que realizar el primer mitin virtual en el Parque San Jorge , quinto sector de Urrunaga del Distrito de José Leonardo Ortiz, teníamos todo listo para que Keiko estuviera con todas las bases y escucharan de manera directa su mensaje y al no poder hacerlo tuvimos que poner en marcha nuestra capacidad de organizaciñon y gracias a la tecnología Keiko se puso en contacto con los representantes de bases y miembros de Fuerza Popular y los diversos medios de comunicación de inmediato transmitieron en señal abierta las incidencias de nuestra concentración partidaria a través de la internet.

Sin embargo el Juzgado ha autorizado de manera excepcional que Keiko viaje a las regiones.

Si el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, Víctor Zúñiga, autorizó hoy, de manera excepcional, a nuestra candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajar a diferentes regiones del país. Según la resolución 99 de dicho juzgado, establece que Fujimori Higuchi podrá ausentarse por los días del 21 de marzo al 12 de abril del presente año. Se dieron cuenta que esto podría originar un bumerán en favor de nuestra lideresa.

Doctor Alejandro Aguinaga, la lideresa de su partido político Fuerza Popular afirmó que “de ninguna manera” disolvería al próximo Congreso, así este sea obstruccionista en un eventual gobierno fujimorista, ¿suscribe la declaración de Keiko?

Totalmente, y lo dice con convicción y firmeza. Como ella lo ha manifestado, a diferencia del 2011 y 2016, nuestra lideresa se fortalece con los activos del gobierno del injustamente encarcelado expresidente Alberto Fujimori, porque en el gobierno de su padre es donde más se trabajó por Lambayeque y todo el norte peruano, porque el norte es fujimorista. En este tercer intento para llegar a palacio de gobierno, ella responde por el actuar de Fuerza Popular en el Congreso disuelto y ha sido clara cuando ha referido que le faltó poner “paños fríos” a la bancada fujimorista. Keiko jamás disolvería el Congreso.

¿Fue un error que no se aceptara el diálogo que reclamaron Kucynski y Zavala?  ¿Reconoce que Fuerza Popular fue obstruccionista?...

Faltó entendimiento, aceptación y, como lo ha dicho nuestra lideresa, Fuerza Popular fue confrontacional. Sin embargo, hay que recordar que al ministro Zavala se le dio el voto de confianza que solicitó, tuvo la votación más grande, se le dieron las facultades que pidieron y las leyes de presupuesto. La desconfianza la generó el señor Kuczynski

¿Hay o no hay responsabilidad que asuma con entereza Fuerza Popular respecto a la crisis política del actual quinquenio?

Como lo ha manifestado Keiko Fujimori, tenemos que ponernos en el momento de esa coyuntura, había ya bastante evidencia de denuncias, de información en contra del señor Kuczynski y las voces eran mayoritariamente a favor de la vacancia. Mirando y haciendo un análisis de lo que sucedió, no solo fue Fuerza Popular, hubo varios grupos políticos que se mostraron y votaron a favor de la primera vacancia no lograda.

Sin embargo, recordemos que sin Fuerza Popular no había manera que pase siquiera la moción, ustedes tenían entre 65 y 70 congresistas en ese momento…

Sí, pero la evidencia que se había revelado era bastante fuerte. Y bueno, ya luego en el segundo proceso articulado y promovido por el señor Villanueva, el señor Kuczynski renuncia. Fueron momentos muy difíciles.

¿Reconoce que al final perdieron todos? De la fórmula presidencial elegida en el 2016, ninguno está hoy en palacio de gobierno. Fuerza Popular pasó de 73 a 15 congresista. ¿Hay alguna autocrítica?

Es indudable que pudimos hacer las cosas mejor, que esta atmósfera de confrontación nos hizo daño a todos. Si alguien se ha sentido ofendido frente a las actitudes ocurridas, pedimos disculpas. Hace poco, nuestra lideresa a través de un medio escrito pidió perdón al pueblo peruano por esta conducta que jamás volverá a repetirse. De los errores se aprende.

A diferencia del 2011 y 2016, esta elección encuentra debilitada la figura de la candidata presidencial, de acuerdo a las encuestas. ¿Por qué decide Keiko Fujimori postular por tercera vez a la presidencia?

Si bien es cierto que los porcentajes de las encuestas son mucho menores a los que se tenían en el 2016, hoy en día Keiko Fujimori tiene una fortaleza espiritual muy grande. En enero del año 2020, ella anunció una pausa en la política, esa era su intención, desconectarse un buen tiempo, un par de años. Sin embargo, al ingresar por tercera vez a prisión, al sumarse la pandemia y la declaración de estado de emergencia en la que nuestro país está hace más de un año, y viendo el crecimiento de la pobreza, extrema pobreza, el desempleo y la grave crisis económica, es que las bases, sus cercanos colaboradores, le empezamos a cuestionar si debía o no, en circunstancias difíciles para el país, mantener una pausa o, por lo menos, intentar ayudar contribuyendo al debate de ideas, con un equipo técnico, y presentando un plan de gobierno.

Cuando Keiko sale de prisión, lo conversa con su familia y llega a la conclusión de que por lo menos debía hacer el intento. Y es así que está intentando por tercera vez llegar a la presidencia. Y en la convocatoria de este equipo técnico se ha ido más allá del fujimorismo. Hemos convocado a personalidades que han sido nuestros críticos, como Fernando Rospigliosi y Nano Guerra García, decisión que todos hemos sabido respetar.

Si Keiko Fujimori resulta elegida presidenta, tendrá un Congreso fragmentado, sin mayoría, y probablemente afronte un escenario similar al que afrontó PPK. ¿Keiko disolvería el Legislativo si este es obstruccionista?

Contundentemente, afirmo que de ninguna manera lo haría. Eso que quede bien claro. He sido congresista, tengo experiencia y sabemos articular para buscar coincidencias, lograr consensos y creo que con las bancadas que se avizoran en el futuro Congreso hay espacios de coincidencia. Y eso es lo que se tiene que buscar. Primero ir buscando todos los conceptos importantes, grandes, en salud y economía y sobre la base de ello, se irán construyendo los puentes.

¿Con qué partido puede el fujimorismo realizar alianzas o tener acercamientos en el nuevo Congreso?

No quiero dar nombres de partidos, lo que puedo afirmar es que habrá coincidencias con quienes defiendan la Constitución, con quienes defiendan el modelo económico, que es la economía social de mercado, y con quienes rechacen el populismo y la izquierda radical. Yo creo que en este aspecto político hay varios grupos.

Según las encuestas publicadas a nivel nacional, Keiko Fujimori tiene el mayor antivoto, con 70 %. A pocos días de las elecciones generales ¿Cómo puede revertir Fuerza Popular esta cifra a menos de tres semanas de las elecciones?

Lo haremos con fe, paciencia y humildad, en principio. Seguiremos haciendo uso de todos los medios en los que comuniquemos nuestro plan de gobierno. En Fuerza Popular estamos optimistas. Para nosotros lo importante es que, por lo menos, escuchen nuestro plan. Poco a poco, a través de las ideas que tenemos, estoy seguro que iremos convenciendo a más peruanos.

Si resultan ser elegidos partido de gobierno, ¿qué harán en los primeros 100 días?, ¿Cómo piensan contener la pandemia?

Hay varios objetivos. En primer lugar, defender la vida y la economía, esto no es una dicotomía, como lo ve la izquierda, que plantea “vida o economía”, no, se tiene que salvar ambas cosas a la vez. Y lo que planteamos desde Fuerza Popular es una serie de medidas bajo el concepto de “Perú Abierto”. ¿De qué nos sirvieron los meses de sacrificio, de estar encerrados y en cuarentena? Lamentablemente, no nos sirvió para nada. Se debió aprovechar este tiempo para la construcción de plantas de oxígeno, para aumentar las camas UCI, pero nada de eso ocurrió.

¿Qué planteamos? En el control del virus sabemos que vamos a convivir con este, pero tenemos que controlarlo, para eso lo que el doctor (Ernesto) Bustamante plantea es la aplicación de 70 mil pruebas moleculares diarias, no pruebas rápidas, porque esa fue una pésima decisión que tomó el señor Vizcarra, esta posición la defiende, sostiene y comunica nuestra lideresa Keiko Fujimori

¿El país está en la capacidad para 70 mil pruebas diarias?

Sí, y creo que ahora hay cada vez más laboratorios, más tecnología, los resultados salen mucho más rápido.  Creo que estamos en la capacidad y tenemos que implementarlos para que estas pruebas se hagan y, de ser posible más, sería mejor.

En segundo lugar, proponemos la construcción de por lo menos 100 plantas de oxígeno y que este sea distribuido gratuitamente por parte de las Fuerzas Armadas. Se entregarán concentradores de oxígeno para llegar a las partes más alejadas. En tercer lugar, la aplicación de la vacuna. El Estado tiene que enfocarse en la primera línea y en la población vulnerable. Tenemos que convocar a la empresa privada para que puedan aplicar la vacuna de manera gratuita.

¿Está a favor de que los privados adquieran vacunas contra el COVID-19? porque, según refirió, las van a administrar de manera gratuita. ¿Existe un compromiso real de ello? Las pruebas moleculares, a un año del inicio de la pandemia, siguen costando entre 250 y 400 soles.

Ha habido varias voces de diferentes gremios que lo han señalado así, y lo que tendríamos que hacer es justamente un convenio con la empresa privada, al que solo se les puede permitir tener vacunas y aplicarlas de manera gratuita. Entonces, yo creo que sí se puede garantizar.

¿Cuáles son los ejes de su programa ‘Perú Abierto’?

Para poder abrir nuestro país tenemos que reducir el período del toque de queda. El problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Si partimos de ese principio, por ejemplo, los supermercados deberían tener la posibilidad de abrir las 24 horas del día, si desean; lo mismo con los restaurantes, en vez de que funcionen solo en la hora de almuerzo, porque en las noches no pueden servir. Debemos tener la posibilidad de abrir los horarios y los espacios., permitir que los restaurantes usen sus patios y veredas. Tiene que haber una sana convivencia entre minería y agricultura. El factor del conflicto entre ambos aspectos es el agua, lo que tiene que haber es una priorización del agua. El agua será primero para el consumo humano, segundo, para la agricultura y la ganadería y, por último, para las actividades extractivas. Agro sí y mina también. Tenemos que sacar adelante todas nuestras actividades económicas.

Usted se vacunó, ¿puede contarnos cómo se dio su inmunización contra el COVID?

Recibí la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19, siendo parte del equipo de investigadores de los ensayos clínicos. Fue en noviembre del año pasado cuando - como consecuencia de haber cumplido una labor de consultor con el equipo investigador de los ensayos clínicos de la vacuna - la universidad informa al Instituto Nacional de Salud y a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas que se iba a dar autorización al equipo que estaba trabajando en ensayos clínicos para la vacuna.

En el ensayo clínico se le consultaba sobre acciones de salud pública.

Cuando me proponen la vacuna experimental, evidentemente acepté. Yo no soy alto funcionario del Estado ni tengo cargo de confianza, es una situación diferente a quienes están inmersos en estudios clínicos. Fue el equipo de investigación de la Cayetano Heredia el que me ofreció la vacuna. Estos ensayos son privados, con fondos privados y que no tienen que ver con recursos del Estado. Están los voluntarios dentro de los ensayos clínicos y el equipo que trabaja los ensayos. Es en ese grupo que soy asistido para poder recibir la vacuna. Esto es completamente diferente a lo que se viene discutiendo sobre los altos funcionarios del Estado.

¿Fue un privilegiado al vacunarse, usted y su esposa?

No tomé como un privilegio el poder inocularme la vacuna, sino como una acción en que se reconocía al personal de salud, que estaba ligado a su trabajo en el ensayo. Después, cuando pasó el tiempo, hice la solicitud para saber si mi esposa podía también vacunarse, y la respuesta fue que sí se podía. Consulté con la coordinación de ese grupo de trabajo. Ellos consultaron y después de un tiempo me informaron que podía ser vacunada. Incluí a mi esposa por ser vulnerable.

¿Qué sensación le causa la situación del expresidente Alberto Fujimori?

El expresidente Fujimori está sometido al rigor de los profesionales del odio. En el epílogo de su vida, a sus más de 80 años, no solamente carga con un conjunto de enfermedades que deterioran su salud, sino que está sometido al rigor de los profesionales del odio y eso tenemos que desterrarlo del país.

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO: “FUERZA POPULAR PLANTEA TOMAR 70 MIL PRUEBAS MOLECULARES DIARIAS Y CONSTRUIR POR LO MENOS 100 PLANTAS DE OXÍGENO”

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  • Fiscalía pide 18 años de cárcel en contra del exalcalde aprista.
  • Valverde pedía al Tribunal Constitucional que se anule la acusación, invocando la prescripción de delitos.

Una década después de sucedidos los presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad Distrital de Pítipo, durante el gobierno del aprista Manuel Valverde Ancajima, por fin se iniciará el juicio oral contra este y sus coprocesados, acusados por el Ministerio Público de las irregularidades que se detectaron en la obra de agua y alcantarillado que se financió con el programa Agua Para Todos.

El juzgamiento de Valverde Ancajima, quien quiso ser gobernador regional de Lambayeque en dos ocasiones (2010 y 2014), se ha postergado, gracias a una serie de maniobras que tuvieron su punto más alto cuando, junto a otro procesado, presentó un hábeas corpus en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho para lograr que se anule la acusación, llegando hasta el Tribunal Constitucional.

Tras idas y vueltas, este viernes 26 de marzo, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo ha programado para las 8:30 de la mañana la audiencia de instalación de juzgamiento.

EL CASO PÍTIPO

La obra de agua y desagüe en Pítipo debió concluir en el 2010, cuando Valverde Ancajima estaba en el último tramo de su gestión como burgomaestre. Ese mismo año el Partido Aprista Peruano, entonces en el gobierno nacional, lo convirtió en su candidato a la presidencia regional de Lambayeque y el edil se alejó de su municipio dejando la obra inconclusa, pese a que la totalidad del presupuesto se había gastado.

Como resultado de la paralización del proyecto que debió dotar de agua y alcantarillado a la capital del distrito, y a caseríos y centros poblados como La Libertad, La U, Cachinche y El Algarrobito, más de ocho mil vecinos se quedaron sin servicio, pese a los permanentes ofrecimientos de que la obra se culminaría.

De lo investigado, se determinó que los trabajados físicos avanzaron solo hasta el 75 %, en tanto el presupuesto de 10 millones de soles se agotó en su totalidad. Lo grave, es que la municipalidad de Pítipo pagó hasta 17 valorizaciones a favor del Consorcio Perú II, encargado de la ejecución del proyecto, por trabajos que no fueron realizados. Además, la obra fue aplazada hasta cuatro veces y a la empresa se le aceptó cartas fianzas vencidas.

CONSORCIO EJECUTOR

Los trabajos de saneamiento básico en Pítipo fueron encargados al Consorcio Perú II, que tuvo como representante legal a Manuel Cajilima Velásquez, a quien durante este tiempo se ha vinculado al excongresista Javier Velásquez Quesquén, muy cercano también al exalcalde Manuel Valverde. Para la supervisión fue contratada la empresa Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados.

Ambas empresas recibieron el pago total del presupuesto asignado para el proyecto, aun cuando las cartas fianzas que debían servir de garantía para el municipio se encontraban vencidas.

El Consorcio Perú II estuvo conformado por las empresas Power Producción SAC, Constructora Minka SRL, Pérez y Castro Ingenieros y Constructora Aro Contratistas Generales SRL. Las dos últimas empresas con domicilio fiscal en Piura y Ucayali, respectivamente.

DENUNCIA FISCAL

Las primeras denuncias por las irregularidades en la obra de Pítipo las presentó el ciudadano Riquelme Verona, quien en el 2010 se desempeñó como presidente del Frente de Defensa del distrito. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, a cargo del fiscal David Caballero Velezmoro, decidió abrir la investigación preliminar para determinar responsabilidades en la negligente ejecución de los trabajos.

Caballero Velezmoro ha pedido al Poder Judicial 18 años de prisión contra Valverde Ancajima, acusado por los delitos contra la administración pública en su modalidad de incumplimiento de deberes funcionales, colusión, peculado doloso y apropiación agravada en perjuicio del Estado.

La denuncia fiscal comprende también a Rodolfo Sandoval Santamaría, exgerente de la comuna; Óscar Barreda Bulnes, exjefe de Infraestructura; Dirma Huamán Campos, exjefa de Tesorería, y Víctor Hugo Chevez Villegas, exjefe del SIAF.

También han sido comprendidos Óscar Torres Labrín, ingeniero residente; Ana Cisneros Ibana, supervisora de la obra; Vanessa Borja Izquierdo, gerente general del Consorcio Perú II y Manuel Cajilima Velásquez, representante legal de la empresa ejecutora.

EL ENCUBIERTO

Para el fiscal Caballero Velezmoro, la actuación de Cajilima Velásquez en la obra de Pítipo responde a un procedimiento de encubrimiento, que le habría permitido beneficiarse directamente de los cobros efectuados por el consorcio ejecutor sin aparecer en los documentos suscritos entre la municipalidad y la empresa.

Cajilima Velásquez es acusado de colusión y peculado doloso, pues de acuerdo al Ministerio Público, este y Vanesa Borja Izquierdo, quien fungía como gerente de la empresa, “procedieron a elaborar valorizaciones de la obra conteniendo partidas y frentes de trabajo que en realidad no se habían ejecutado, contando para ello con la participación del residente de obra, Segundo Torres Alabrín, para de esta manera agotar todo el presupuesto de la obra, perjudicando los intereses del municipio de Pítipo”.

Caballero Velezmoro sostiene la tesis de que Cajilima Velásquez actuaba como representante encubierto del Consorcio Perú II y “en todo momento utilizó a terceras personas para que ostenten documentariamente la gerencia”. “Está demostrado que en realidad era él quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del consorcio”, se señala en la acusación.

Asimismo, el Ministerio Público halló un acta suscrita el 15 de enero del 2010, antes el juez de Paz de Pítipo, en la que el empresario se compromete a cancelar las remuneraciones adeudadas a los trabajadores de la obra. También, existe una carta del 5 de febrero del 2011, dirigida a la Cooperativa Financorp, en la que Cajilima Velásquez devuelve una carta fianza por adelanto de materiales para la obra de saneamiento.

A esto se suma que en el 2010 el entonces gerente administrativo del municipio distrital, Luis Osiris Tarrillo, declaró haber visto al empresario en las reuniones de coordinación de la obra; lo mismo que Torres Alabrín, residente del proyecto, quien declaró que fue este quien lo contrató para trabajar.

Otro hecho probatorio recabado por el Ministerio Público es que Manuel Cajilima compró un inmueble en la Urbanización Santa Victoria, inscrito con Partida Registral N° 02226071, con dinero de una cuenta bancaria a nombre del Consorcio Perú II. El empresario y su esposa, Gina Pozo Condezo, admitieron la adquisición ante la fiscalía.

AUDIENCIAS FRUSTRADAS

Formulada la acusación contra Valverde Ancajima y los demás coimputados por la obra de saneamiento de Pítipo, hasta en cinco oportunidades se frustró la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

La ausencia de los abogados impedía que la entonces magistrada Yolanda Gil Ludeña, titular de dicho órgano jurisdiccional, desarrolle la audiencia en la que debía determinarse si el exalcalde de Pítipo, los exfuncionarios y los técnicos y representantes del Consorcio Perú II, debía ir o no a juicio oral.

La incertidumbre acabó en septiembre del 2016, cuando Gil Ludeña ordenó que Manuel Valverde y compañía comparezcan ante los tribunales.

JUICIO NO EMPIEZA

El 5 de enero del 2017 debió realizarse la audiencia de instalación del juicio oral contra los presuntos responsables de la obra trunca en Pítipo, en el despacho de la juez María Vásquez Vásquez, del Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo. Sin embargo, la diligencia no se realizó por la huelga judicial.

Se reprogramó entonces para el miércoles 22 de marzo, a las 8:30 de la mañana, pero nuevamente fue imposible el inicio del juicio oral debido a que parte de los abogados y procesados estuvieron ausentes.

Los abogados de Rodolfo Sandoval, Oscar Barreda y Ana Cisneros alcanzaron con antelación escritos al juzgado justificando su ausencia con el argumento que tenían otras audiencias a las que acudir, en tanto algunos imputados, como el mismo Manuel Valverde, señalaron a través de sus abogados la imposibilidad de asistir a la audiencia por encontrarse fuera de Chiclayo, teniendo problemas para desplazarse debido a la interrupción de las carreteras por los huaycos de ese año, por El Niño Costero.

La magistrada ordenó, a pedido del Ministerio Público, que el inicio de juicio oral se reprograme para el 17 de julio del 2017, disponiendo que si los acusados no se presentaban se les daría condición de reo contumaz. La audiencia tampoco se concretó, fijándose el 29 de mayo del 2018 como fecha de inicio. Empero, no acudieron dos de los imputados, uno de ellos Manuel Cajilima Velásquez, quien fue declarado reo contumaz.

Meses después, el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Anticorrupción de Lambayeque, declaró que era imposible instalar el juicio oral debido a que el Tribunal Constitucional tenía en curso la resolución de un hábeas corpus presentado contra la jueza Yolanda Gil Ludeña por haber admitido la acusación fiscal.

El magistrado resolvió reservar la programación de la audiencia de juicio oral hasta que el Tribunal Constitucional emita su pronunciamiento. El hábeas corpus se sustentó en que supuestamente la acusación de la fiscalía no se realizó de manera correcta y eso vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.

El recurso, presentado por el exgerente de la municipalidad de Pítipo, Rodolfo Sandoval Santamaría y Manuel Valverde Ancajima estuvo pendiente de resolución desde abril del 2018 en la Sala 2 del Tribunal Constitucional, hasta que el 17 de diciembre del año pasado el TC declaró improcedente el recurso. Los demandantes, entre otras cosas, invocaban la prescripción.

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  • El Expediente 3047-2011-0-1707-JR-PE-01 contiene más de tres mil folios, gran parte de ellos conformando el material probatorio recabado por el Ministerio Público.

DIEZ AÑOS DESPUÉS: SE INICIA JUICIO CONTRA MANUEL VALVERDE POR OBRA DE SANEAMIENTO DE PÍTIPO

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  • El regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jony Piana Ramírez, alertó que hasta la fecha la gestión edil de Marcos Gasco ha contratado a cerca de dos mil 500 personas como locadores de servicios.
  • El concejal deslizó la posibilidad de que en la comuna chiclayana podrían haber “trabajadores fantasmas”.

Este es el tercer año en lo que va de la gestión del burgomaestre Marcos Gasco Arrobas al frente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Si bien actualmente se encuentra internado y quien dirige de forma encargada los destinos de la comuna es el primer regidor, Junior Vásquez Torres, las labores ejecutivas en el ayuntamiento no han parado y, por lo tanto, tampoco las denuncias. En diálogo con Expresión, el regidor Jony Piana Ramírez alertó que desde el 2019 hasta la fecha la actual administración ha gastado más de 10 millones de soles en contratos a locadores de servicios.

Piana Ramírez señaló que desde hace dos años venía solicitando a las gerencias y subgerencias correspondientes de la municipalidad el reporte de cuántos trabajadores exactamente ha contratado la gestión de Marcos Gasco y hace dos semanas le entregaron la información solicitada, aunque sin mucho detalle. Precisó que en el 2019 se firmaron un promedio de mil 300 contratos por locación de servicios; en el 2020, mil 30; y entre enero y febrero de este año, un total de 117. En suma, aproximadamente dos mil 500 personas fueron contratadas bajo esta modalidad.

“Esto hace una cifra superior a los 10 millones de soles solo en locadores de servicios, porque no estamos hablando de los CAS (Contratación Administrativa de Servicios), que es otro rubro donde también hay cientos de contratos. Esa es una información que estamos procesando, pero de los locadores sí tenemos las cantidades aproximadas. En promedio, la municipalidad gasta 450 mil soles mensuales en estos contratos, que significan más de cinco millones de soles al año. Este año entre enero y febrero ya se superaron los 900 mil. Si sigue así, esta gestión va a terminar gastando alrededor de 20 millones de soles en locadores de servicios”, aproximó.

CONTRATOS INJUSTIFICADOS

Piana Ramírez apuntó que en líneas generales lo que han hecho estos contratos es “estorbar” la gestión administrativa, pues se genera una sobrecarga de trabajadores. Al respecto, contó que en el 2019 en la oficina de Logística incluso podía encontrarse a dos trabajadores ocupando un mismo escritorio.

Añadió que existen decenas de contratos por hasta 30 mil soles y otros que en realidad son subcontratos, es decir, los mismos trabajadores contratados han requerido de más personal. De esta forma, se han creado cargos, como el de coordinador interinstitucional, cuya asignación es de 10 mil soles, según detalló el munícipe.

“Cada una de estas cosas se ha hecho pensando en cómo violar la ley, cómo no superar las ocho UIT (Unidades Impositivas Tributarias) y en algunos casos, tal como estamos estudiando, podría haber fraccionamientos y por ende muchos trabajadores fantasmas. Este es un proceso de investigación largo que estamos haciendo. He venido solicitando desde marzo del 2019 esta información, he pedido todos los contratos, las razones, solicitudes, el expediente de cada uno de ellos, pero conseguí que por lo menos me entregaran la lista de contratos hace 15 días. Tampoco tengo el informe de Presupuesto, que lo he solicitado, pero vamos a insistir”, alertó.

CONSECUENCIAS

Explicó que aún si el alcalde Marcos Gasco lograse al término de su gestión concretar todas las obras que Chiclayo requiere y la ciudad quedase como un “anís”, tal como lo prometió su antecesor, de nada serviría, pues sería imposible sostener toda esa infraestructura, ya que el presupuesto de la comuna se consume en gastos corrientes y el pago de las remuneraciones.

“Tenemos un presupuesto de apertura del cual el 90 % se va en gastos corrientes y el 10 % en gastos de capital. Es insuficiente para sostener una sociedad, incluso en las mejores condiciones. El deterioro va a ser mayor. Por cada calle, avenida o urbanización que se arregla, se deterioran otras dos. El problema se irá agravando mientras no se enfoque en solucionar el problema de fondo de los gastos corrientes y las remuneraciones. Eso pasa por disminuirlos y aumentar más bien los de capital”, apuntó.

Este año, el Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad de Chiclayo es de 165 millones 873 mil 432 soles. Hasta la fecha se ha ejecutado el 16.8 %.

Sostuvo que hay contratos que no tienen ninguna justificación, como uno que se hizo por 30 mil soles en el 2019 para que un trabajador elabore un estudio sobre la planta de transferencia de residuos sólidos, cuando este ya había sido desarrollado y estaba en fiscalía. Adicionó que otros contratos por similar monto son para elaborar estudios de diamantina de las obras de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios.

“Ha habido tanta incompetencia e ineptitud, que han contratado gente que les solucione los problemas a los gerentes y subgerentes. Contratan personas para que hagan el trabajo que ellos no pueden hacer, pero estas personas terminan estorbándose entre ellas. Al final lo que hacen es obstaculizar, vuelven compleja la administración pública y además generan mejores condiciones para la corrupción. Si quieres corrupción, tienes que mantener las cosas totalmente oscuras, difíciles. En cambio, si simplificas las cosas, es mucho más fácil detectar los niveles de corrupción. La municipalidad se ha convertido en una agencia de empleos y además muchos de los funcionarios han sido escogidos no por su capacidad o conocimiento, sino por amistad, afinidad política o entorno familiar”, afirmó.

DENUNCIAS

Por otro lado, comentó que los regidores en minoría han presentado una serie de denuncias fiscales, pero el Ministerio Público no ha sido diligente en su accionar. Por ejemplo, cuestionó que el caso ‘Veolia’, lleve dos años y que hasta ahora la fiscalía no haya formalizado la denuncia penal, pese a que hace más de un año la Contraloría emitió un informe donde encontró responsabilidad penal en el alcalde Marcos Gasco, doce regidores y ocho funcionarios.

El 5 de abril del 2019 la Municipalidad Provincial de Chiclayo otorgó la Buena Pro en el Proceso de Contratación Directa N° 001-2019-MPCH, a la empresa Veolia para que asuma con su maquinaria el servicio de limpieza por un período de 90 días. A este hecho le antecedió la declaratoria por el desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos.

Entre los hechos que se cuestionaron estaba el que Veolia no contaba al momento de la adjudicación del contrato con la autorización correspondiente para brindar los servicios de operadora de residuos sólidos, requisito exigido en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos.

“Luego hemos presentado en diciembre pasado una denuncia penal por el contrato de diez automóviles para recuperar espacios públicos. Fue un contrato por 30 días en donde a la empresa que había puesto la segunda cotización le devolvieron el expediente para que corrija y terminó haciendo una cotización más baja por día y se llevó así la adjudicación. Hicimos una denuncia por malversación de fondos y colusión agravada, no tenemos respuesta”, indicó.

Asimismo, refirió que han presentado múltiples denuncias por funcionarios que no cumplían con el perfil técnico requerido para el cargo.

COMPACTADORAS

Recientemente, la Contraloría también alertó que la Subgerencia de Residuos Sólidos de la comuna chiclayana realizó modificaciones sin sustento a las especificaciones técnicas, que generan un riesgo a la libertad de concurrencia y transparencia del procedimiento de selección para la Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS, que pretende la compra de compactadoras para el servicio de limpieza pública.

“Era ‘vox populi’ dentro del concejo que había un posible direccionamiento, incluso se voceaba qué empresa podría ser la ganadora, porque además había un indicio muy claro. Cuando hay contratos de este tipo, las empresas tienen que adaptar las compactadoras y hacerles algunos cambios para ajustarse. No se entregan antes de los 90 días, salvo que ya las tengan listas y sepan que van a ganar. Acá solamente se dio un plazo de entrega de 30 días después de la adjudicación. Eso era sorprendente, de modo que se puso en alerta a los regidores”, señaló.

Añadió que las bases se aprobaron por las áreas de Logística, Administración y Asesoría Legal, antes de llegar a la Gerencia General, pese a que el estudio de mercado señalaba que en las condiciones en que se hacía la licitación no era posible que existieran postores ni calcular el monto total.

“(Los funcionarios) Se creen blindados, piensan que están haciendo las cosas bien. Por lo general, este tipo de personas no tiene reparos, ha perdido la capacidad de avergonzarse. El alcalde Marcos Gasco sigue pensando que es el mejor alcalde que ha tenido el Perú (…) Viven en un mundo paralelo y para ellos la corrupción no tiene mayor importancia, se consideran inmunes a cualquier cosa, pero lo que sí está claro es que hay una gran incapacidad, ineptitud y lamentablemente los chiclayanos y la ciudad son quienes pagan las consecuencias de esta gestión”, advirtió.

 

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La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, con la asistencia técnica del OTASS, ha formulado un proyecto de inversión que permitirá mejorar el caudal de agua potable en calidad y cantidad para las localidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Similar iniciativa se tiene para las provincias de Lambayeque y Ferreñafe.

“Son proyectos de inversión con un monto de 66 millones de soles para la construcción de una nueva planta de tratamiento, así como una nueva línea de conducción Boró – Planta, valorizada en 25 millones de soles aproximadamente. Estamos en estos momentos finiquitando la formulación del proyecto”, refiere Eduardo Vásquez Figueroa, jefe de la Oficina de Obras y Proyectos de EPSEL.

OTRAS PLANTAS

El funcionario añade que también se está considerando proyectos para la construcción de dos plantas de tratamiento de agua potable adicionales: una para el noreste de las administraciones de EPSEL, que abarca a Ferreñafe, con sus distritos, que permitiría, además, mejorar el abastecimiento de Mochumí, Túcume, Íllimo y Pacora, llegando incluso hasta Jayanca.

“Con la planta que se va a trabajar en Ferreñafe queremos ir más allá y llegar, quizá hasta Mórrope, donde la población está padeciendo por la presencia de arsénico en el agua. Esta sería una planta ubicada en Ferreñafe, para garantizar calidad y continuidad del servicio”, explica.

La otra planta de tratamiento estaría ubicada en Boró. Para esto se está gestionando ante el Gobierno Regional de Lambayeque el financiamiento.

Dicha infraestructura permitiría abastecer a localidades como Monsefú, Reque, Puerto Eten, Ciudad Eten, Santa Rosa y Pimentel.

“Estos proyectos se están persiguiendo hace tiempo y estamos en proceso de avanzar con los expedientes. Ya hemos tenidos dos reuniones con las autoridades regionales y estamos próximos a firmar el convenio respectivo para que nos ayuden a financiar los expedientes técnicos”, manifiesta Vásquez Figueroa.

RECURSOS

El proyecto de mejoramiento del abastecimiento de parte norte del departamento, incluyendo Ferreñafe, tendría un costo aproximado de 270 millones de soles, mientras que el proyecto para la zona sur, demandaría una inversión de 150 millones de soles, en promedio.

“Son inversiones que van a beneficiar a la región Lambayeque, y creemos que tenemos que ir más allá. Hay localidades que aún no están consideradas en proyectos de este tipo como, por ejemplo, Nueva Arica, Oyotún y Mocupe, que sufren con el abastecimiento de agua. Es posible que se pueda incluir a estos distritos en el proyecto sur”, refiere.

Añade que con el gobierno regional se realizarían las gestiones para que sea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el que otorgue el financiamiento para la ejecución de los trabajos.

“Lo que queremos también es avanzar hacia un nuevo sistema de almacenamiento de agua en Boró, esto con la construcción de una nueva laguna, esto con una proyección hacia los próximos 20 años. Otro aspecto fundamental es el cambio de los colectores de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, que en un 65 % ya cumplió su vida útil, lo que origina los constantes colapsos. Ese también es un proyecto de inversión bastante grande que estamos trabajando y en el cual vamos a necesitar de la participación financiera del Ministerio de Vivienda”, detalla.

OBRAS NO TRANSFERIDAS

Sobre la transferencia de proyectos de agua y alcantarillado ejecutados por las municipalidades a EPSEL, Vásquez Figueroa refiere que hasta el 2018, de 40 proyectos ejecutados solo 10 estaban bajo la administración de la empresa del agua, debido a que la mayor parte de los trabajos no han sido liquidados, concluidos, se encuentran abandonados, judicializados o en arbitraje.

“En el gobierno de Alan García, con el shock de inversiones, se financiaron directamente, a través del Ministerio de Vivienda, muchos proyectos en Lambayeque. Sin embargo, por muchos motivos, entre ellos la construcción en terrenos que no son de propiedad de los municipios, han retrasado la entrega de los proyectos. Hay obras judicializadas o con expedientes con saldo de obra, situaciones que han impedido que nosotros podamos operarlas al 100 %. Hay estaciones de bombeos, reservorios y pozos tubulares que aún no podemos utilizar”, explica.

Este es el caso de la obra de saneamiento de Lambayeque pueblo, que aún no pasa a manos de EPSEL, y en la que se ha encontrado piezas hechizas, las cuales han generado la interrupción del servicio de agua potable a la población.

PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA: EPSEL PROYECTA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE TRATAMIENTO

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  • A través de una medida cautelar, el Poder Judicial devolvió a la carrera electoral a los candidatos Hildomaro Rodríguez Alvarado, de Alianza Para el Progreso, y Edgar Cayotopa Martínez, de Acción Popular.
  • El 12 de marzo fue la fecha límite para la exclusión de candidatos por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Tras una serie de idas y vueltas, de improcedencias, exclusiones, apelaciones e incluso fallos judiciales, finalmente son 94 los candidatos que competirán por las cinco curules que tiene Lambayeque asignadas en el Congreso. El presidente del Jurado Electoral Especial – JEE, de Chiclayo, Edilberto José Rodríguez Tanta, señaló que fueron 108 aspirantes los que inicialmente se postularon (18 partidos, cada uno con una lista de seis postulantes), de los cuales quedaron 92, y a los se añadieron dos más por medio de un amparo judicial.

Los candidatos beneficiados con esto último son Hildomaro Rodríguez Alvarado, de Alianza Para el Progreso, y Edgar Cayotopa Martínez, de Acción Popular.

DECISIONES JUDICIALES

Rodríguez Tanta explicó que las resoluciones administrativas de los organismos autónomos como el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, no son revisables, tal como lo indica el artículo 142 de la Constitución, además de ser dictadas en instancia final y definitiva, según el artículo 181.

No obstante, acotó que el Tribunal Constitucional y las normas internacionales también han establecido que una institución por más autónoma que sea no puede ser autárquica. En consecuencia, las resoluciones del JNE sí están sujetas a revisión cuando afectan algún derecho fundamental.

“Lo que hemos hecho es acatar las decisiones, aún cuando discrepamos, porque estas exclusiones ya fueron revisadas, no solo por los tres miembros que formamos parte del Jurado Electoral Especial, sino por otros cinco miembros que revisan en Lima, es decir ocho en total, pero una jueza ha decidido una medida cautelar. No podemos desconocer esta disposición porque sería irrespetar el estado derecho, pero será bajo su responsabilidad que se admitan a estos candidatos”, manifestó.

IMPROCEDENCIAS Y EXCLUSIONES

Rodríguez Tanta explicó que, desde noviembre del año pasado, el JEE ha venido capacitando a los personeros y representantes de las organizaciones políticas, a fin de que se familiaricen con el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes – SIJE, y puedan llenar las hojas de vida de sus candidatos. Sin embargo, igual se presentaron dificultades hasta el 22 de diciembre a las 11:59 de la noche, momento en el cual el sistema se cerró.

“Las dificultades se generaron porque muchos de los representantes de las organizaciones políticas hicieron el llenado de las hojas de vida desde Lima, por lo cual no tenían todos los datos de los candidatos en las regiones. Por eso, desde el inicio se declararon improcedentes algunas candidaturas, incluso toda la lista de Unión Por el Perú fue declarada improcedente, porque no presentaron un acta. Finalmente, Lima revirtió esta decisión y se admitió su participación”, comentó.

Asimismo, Rodríguez Tanta manifestó que a futuro debería evaluarse que los errores en la consignación de datos o el hacer una declaración incompleta no sea causal de exclusión, sino solo de amonestación o multa, en línea con el proyecto propuesto en el 2016 por el JNE para modificar la Ley Orgánica de Elecciones.

“De repente eso podríamos cambiarlo, porque a veces los candidatos pretenden ponderar el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero nosotros también les decimos que es un derecho de la ciudadanía saber que todo lo declarado es conforme a ley, además que esa es una declaración jurada de buena voluntad. Entonces, creo que eso podría manejarse en adelante y evitar todos estos problemas”, argumentó.

MIEMBROS DE MESA

Por otro lado, apuntó que el JEE también ha excluido a 121 miembros de mesa, debido a que en una misma mesa de votación no puede haber parientes hasta el segundo grado de consanguineidad, es decir, hermanos. Señaló que en muchos casos los fiscalizadores han tenido que ir hasta las casas de estos ciudadanos para comprobar el parentesco.

“Cuando esto ocurre, el que sigue sube. Para eso están los suplentes. Si excluyen al segundo miembro, el tercero ocupa su lugar y el suplente pasa a ser tercero”, explicó.

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y NEUTRALIDAD

Sobre el tema de propaganda, precisó que los candidatos tienen toda una normativa que deben conocer respecto a en qué lugares pueden poner su propaganda electoral. Aunque, más allá de las reglas, indicó que por sentido común los aspirantes al Congreso deberían saber que no pueden pegar propaganda en paredes de predios ajenos, cuyos propietarios no les han autorizado, ni en instituciones públicas.

Precisó que para esta labor trabajan articuladamente con las municipalidades, que ayudan a través de sus ordenanzas para regular aún más la propaganda electoral. Contó que también han realizado operativos con la fiscalía para retirar todos los adhesivos que habían sido pegados en lugares que no correspondían.

No obstante, comentó que las sanciones en este tema son leves y no pasan del retiro de la propaganda y, en el caso de la reincidencia, la imposición de multas.

“En cuanto a la publicidad, hay un formato que deben cumplir, ya sea para ponerla en un panel, en televisión, en las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. Esta debe presentarse antes al Jurado, que evalúa si hay algún color que no corresponde o si se está poniendo el nombre del alcalde de la jurisdicción, que pertenece a una organización política y que podría influenciar”, anotó.

Respecto a la neutralidad, afirmó que ningún funcionario público o autoridad puede hablar a favor en contra de algún candidato. Además, el JNE verifica que no se lesione ningún derecho en el discurso político que manejan los candidatos. Para ello, este organismo cuenta con un tribunal de honor conformado por Delia Revoredo Marsano, Oswaldo Hundskopf Exebio y Gastón Soto Vallena.

“No se puede lesionar el derecho de nadie. Yo no puedo decir que voy a botar a todos los extranjeros en el Perú porque todos son delincuentes. Tenemos una ley de inmigración, que protege sus derechos. La propaganda tiene que manejarse respetando esos límites”, aseveró.

PERSONAL

Actualmente, el JEE cuenta con 24 personas que trabajan de forma permanente desde noviembre pasado en el desarrollo del proceso electoral. Posiblemente – afirmó Rodríguez Tanta – lo hagan hasta junio, en caso haya segunda vuelta, que es lo más probable. Estas personas trabajan en diferentes áreas, siendo una de las más activas la de Acciones Educativas, que se encarga de la difusión y organización de actividades orientativas, además de trabajar de la mano con las universidades y medios de comunicación.

Además, indicó que hasta el final de marzo trabajará un grupo jóvenes, que fue capacitado para realizar la revisión de las hojas de vida y esta semana ingresarán 308 más que serán capacitados para ser fiscalizadores en los locales de votación. Todo este personal es transitorio.

PROCESO ELECTORAL

En tanto, el funcionario exhortó a la población a acudir el 11 de abril de forma ordenada a votar, respetando los horarios estipulados, según el último dígito del DNI. Apuntó que los locales de votación con mayor riesgo de aglomeración son el colegio San José, que recibe a siete mil 500 electores, y el Elvira García y García, que acoge a cinco mil 500.

Explicó que los fiscalizadores en los locales de votación estarán prestos para ayudar a las personas con discapacidad o adultos mayores que acudan a sufragar, además de verificar que no ocurra ningún hecho de discriminación.

“El año pasado tuvimos un caso de una chica transexual que llegó a votar. Le tomaron fotos y las subieron a redes sociales. La Defensoría nos envió todo el procedimiento y lo remitimos a Lima. Eso dio lugar a una resolución para garantizar el derecho al voto de las personas trans”, puntualizó.

La norma a la que hace referencia es la Resolución Jefatural Nº 000062-2021-JN/ONPE, que aprueba el protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral.

Refirió que el día de las elecciones habrá fiscalizadores de chaleco azul, que pertenecen a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, y otros de chaleco rojo, que corresponden al Jurado Electoral Especial.

“Queremos que los ciudadanos tengan realmente la seguridad de que estas elecciones serán las mejores que se han celebrado en el departamento. Que la gente elija a quien tenga que elegir, lo que queremos es que conozcan quién es su candidato para que más tarde no se sientan estafados”, manifestó.

RESTANDO EXCLUSIONES: UN TOTAL DE 94 CANDIDATOS COMPITEN POR CINCO ESCAÑOS EN LAMBAYEQUE

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