Una vez más la investigación del caso “Los limpios de la corrupción” está en el ojo de la tormenta. Esta vez, Expresión tuvo acceso a documentación que prueba que tanto el juez, que decidirá si otorga o no la prórroga de seis meses más para continuar la investigación preparatoria por lavado de activos y asociación, y uno de los peritos contratados por el Ministerio Público para elaborar los informes económicos – financieros, son hermanos, advirtiéndose en tal sentido un conflicto de intereses.
Mediante Disposición N° 292, del 18 de octubre del 2017, el fiscal Sergio Zapata Orozco, responsable del caso, designó a los peritos contables Rómulo Francisco Burga Díaz, César Augusto Casanova Quesquén y Alicia Reyna Montoya para que realicen las pericias económicas al exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, sus exfuncionarios y demás personajes del entorno, inmersos en la investigación signada con la Carpeta Fiscal N° 2447-2014.
En la Providencia N° 2079, del 6 de noviembre del año pasado, a solicitud de la defensa técnica de los imputados Juan Miguel Valdivia Goycochea y Joel Ugaz Cubas, Zapata Orozco señaló que los peritos tenían 120 días como plazo para la entrega de sus informes.
Al día siguiente, el 7 de noviembre, los peritos contables en mención prestaron juramento ante el fiscal, integrante de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.
Una semana después, el 15 de noviembre, el contador público colegiado Rómulo Francisco Burga Díaz puso de conocimiento en forma verbal al titular de la investigación que había elaborado un Informe Pericial Contable de Parte a solicitud Misael Delgado Mendoza, uno de los involucrados en el caso.
CAMBIO DE PERITO
En ese contexto, mediante Disposición N° 293, del 17 de noviembre del año pasado, Zapata Orozco dispuso subrogar al perito contable Rómulo Burga Díaz en la continuación y desarrollo de la elaboración de las pericias contables de la carpeta Fiscal N° 2447-2014 y mediante Disposición N° 298, del 11 de diciembre, designó en reemplazo al perito contable Rubén Leonardo Carrillo, para que se sume al equipo de profesionales contratado por el Ministerio Público. Es así que el 12 de diciembre este prestó juramento ante su despacho.
Con fecha 28 de mayo de este año, a las 15:50:23 horas, el fiscal Sergio Zapata presentó ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del magistrado ReynaldoLeonardo Carrillo, hermano del perito reemplazante, el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria vinculada al sistema de crimen organizado, señalando que se requiere la ampliación del plazo en seis meses, con la finalidad de concretar, entre otros puntos, “los resultados de la Pericia Contable Financiera respecto al delito de lavado de activos, medio de prueba necesario y suficiente, con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de desbalance patrimonial y el origen de los bienes obtenidos por los integrantes de la organización criminal…”, en el caso “Limpios de la corrupción”.
CONFLICTO DE INTERESES
En consecuencia, si el juez ReynaldoLeonardo Carrillo decide prorrogar el plazo de investigación preparatoria beneficiará directamente a su hermano, pues este es uno de los tres profesionales a cargo de elaborar la pericia contable-financiera, quienes no han cumplido con entregar el informe correspondiente en el plazo de 120 días establecido en la Providencia 2079, de fecha 6 de noviembre del 2017. El plazo venció en mayo pasado.
En tal sentido, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo debería inhibirse de ver el requerimiento fiscal a fin de mantener la neutralidad en sus decisiones, en este emblemático caso que está próximo a cumplir cuatro años.
Pese a que recién el próximo 17 de septiembre se realizará la audiencia para debatir la prórroga de la investigación preparatoria por los delitos de lavado de activos y asociación, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo continúa desacumulando imputaciones del expediente principal, Carpeta Fiscal N° 2474-2014.
SIN PENALIDADES
Más grave es aún la situación si se considera que se contrató a los peritos para que en plazo establecido y con un costo determinado realicen un trabajo específico, contrato que evidentemente no se ha cumplido.
Ante esta situación, conforme lo estipulan las normas de contrataciones, el Ministerio Publico debió penalizar el incumplimiento y exigir a los peritos la entrega inmediata del servicio contratado. Sin embargo, Expresión corroboró que a más de cuatro meses de vencido el plazo los peritos continúan trabajando.
Este hecho resulta por lo menos cuestionable considerando que similar situación fue utilizada por los mismos fiscales para exigir una condena contra José Baca Távara, cuando en su calidad de gerente general de EPSEL no cobró penalidades a la empresa Triveca y le amplió el plazo para culminar el servicio contratado.
Otro hecho que llama la atención es que el fiscal Zapata Orozco presentó su requerimiento el 28 de mayo a las 03:50 de la tarde, cuando el horario de la Mesa de Partes del Poder Judicial es hasta las 03:30 de la tarde. El documento no debió ser recibido. Si el fiscal lo presentaba el 29 de mayo era extemporáneo, pues la norma exige que un documento de este tipo tiene que presentarse tres días antes de vencer el plazo.
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