De acuerdo a la Ley N° 27482, “Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”, todos aquellos que tienen entre sus funciones la administración de recursos públicos deben presentar la declaración correspondiente ante la Contraloría General de la República, documento que permitirá evaluar el incremento de su patrimonio – en caso lo haya – y detectar indicios de enriquecimiento ilegal y otros delitos. Sin embargo, la norma no parece ser del todo clara para algunas autoridades de la localidad.
El Artículo 3 de la referida norma precisa que “la declaración jurada debe contener todos los ingresos, bienes y rentas, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, conforme al formato único aprobado por el Reglamento de la presente Ley”, indicándose en el artículo siguiente que la declaración deberá presentarse al inicio y durante el ejercicio de la función con una periodicidad anual.
Es decir, los funcionarios y autoridades deben presentar una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de sus períodos y, en lo sucesivo, una vez al año hasta finalizar el mandato o ejercicio de la función pública.
De no hacerlo en los plazos establecidos ni dentro del período de prórroga (15 días) – señala la ley –la omisión queda “bajo responsabilidad penal del titular del pliego correspondiente”.
ALCALDE DE CHICLAYO
En la Municipalidad Provincial de Chiclayo el alcalde Marcos Gasco Arrobas ha cumplido con la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de su mandato como autoridad. Sin embargo, algunos aspectos de esta llaman la atención.
Tal como consta en el documento, que es de acceso público en la Contraloría General de la República, Gasco Arrobas declaró tener como único ingreso, procedente del sector público, los nueve mil soles que percibe como alcalde de la provincia desde enero de este año, en tanto, pese a que es conocida su actividad empresarial (en el rubro gastronómico en Lima), no ha consignado ingresos del sector privado.
A ello se suma que Gasco Arrobas declaró poseer bienes valorizados en 930 mil soles y otros ingresos ascendentes a 75 mil soles, aunque no se especifica su procedencia. Lo que es público, de acuerdo a la norma vigente, es la información contenida en la segunda sección de la declaración de ingresos, bienes y rentas.
Para postular a la alcaldía de Chiclayo, Marcos Gasco presentó en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ingresos anuales por 216 mil soles, todos procedentes del sector privado, así como cuatro propiedades: una casa, un edificio y dos locales, todos en sociedad, valuados en aproximadamente seis millones 200 mil soles.
Si se compara las declaraciones del 2018 y el 2019 se notará una amplia diferencia en los montos detallados. Así, Gasco pasó de percibir más de 2016 mil soles del sector privado el año pasado a nada este año, y de tener bienes (inmuebles) en sociedad por más de seis millones de soles a unos valuados en menos de un millón.
REGIDORES PROVINCIALES
El primer regidor de Chiclayo, Junio Vásquez Torres, declaró a la Contraloría percibir dos mil 700 soles mensuales como único ingreso, procedente este del sector público (su dieta como concejal provincial), así como la posesión de bienes valorizados en 42 mil 743.31 soles.
Felipa Orosco Nunton, también regidora de Chiclayo, declaró que además de los dos mil 700 soles que recibe del sector público, recibe un ingreso mensual de 25 mil 180.80 soles procedentes del sector privado, sumando un total de 27 mil 880.80 soles los que administra cada 30 días. Respecto a bienes, declaró los valorizados en 436 mil soles.
El concejal Marino Olivera Cruzado declaró ingresos mensuales por tres mil 700 soles: dos mil 700 de su dieta municipal y mil del sector privado. Asimismo, un millón 205 mil soles en bienes y dos mil 500 soles por otros conceptos.
En tanto, el regidor Pedro Ubillús Falla declaró recibir todos los meses ingresos de 16 mil 280.50 soles procedentes del sector público. En bienes, declaró tres millones 930 mil soles. Sobre este existe información que en el comparativo de lo informado al Jurado Nacional de Elecciones en el 2018 y a la Contraloría, este año, no cuadra.
Ubillús Falla informó el año pasado que su remuneración brutal anual era de 142 mil 260 soles, toda procedente del sector privado, pues entre 1985 y el 2014 había laborado para Backus S.A. como gerente de ventas, cargo en que fue jubilado. Esto genera dudas respecto a de dónde procede la totalidad de los 16 mil 280.50 soles que ha declarado este año, entendiendo que de estos dos mil 700 corresponden a su dieta municipal. El pago de una pensión de jubilación otorgado por una AFP no se considera como ingreso del sector público.
Por su parte, la regidora Lucy Villegas Campos declaró ingresos mensuales de dos mil 700 soles (dieta municipal) y bienes por 329 mil 967 soles, en tanto el regidor Carlos Montenegro Gonzales informó que percibe tres mil 600 soles (dos mil 700 de dieta como regidor) y otros ingresos ascendentes a tres mil soles. Montenegro Gonzales, también conocido por su actividad empresarial, no declaró bienes.
El regidor Javier Montenegro Cabrera declaró ingresos del sector público por seis mil 100 soles, bienes por 293 mil 420 y 19 mil soles procedentes de otros rubros. Montenegro Cabrera trabaja como asistente administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Del mismo, María Berna Cleghorn declaró percibir únicamente los 2700 soles de la dieta como concejal.
Randy Vegas Díaz informó percibir dos mil 700 soles del sector público (dieta) y tener 25 mil 450 soles de otros rubros; Milton Espinoza Gonzales también los dos mil 700 del sector público, bienes ascendentes a 677 mil 625 soles y siete mil soles de otros rubros; Jony Piana Ramírez los dos mil 700 soles del sector público, 29 mil 233 soles del sector privado, bienes por 442 mil 521.57 soles y 245 mil 554.58 soles de otros rubros.
Andrés Puell Varas percibe dos mil 700 de su dieta como regidor y 930 soles del sector privado, tiene bienes por 36 mil 665.30 soles y siete mil 733 de otros rubros, en tanto Andrés Calderón Purihuamán recibe los dos mil 700 soles del sector público, mil 500 del sector privado y posee bienes ascendentes a 60 mil 420.34 soles.
Los regidores José Nakamine Kobashigawa y Ricardo Lara Doig son los únicos que no han presentado su declaración de ingresos, bienes y rentas. Este último, también incumplió el mandato de la ley en la gestión de David Cornejo Chinguel, tiempo en el que se desempeñó como regidor provincial.
Hasta el 2018, Nakamine Kobashigawa declaró ingresos anuales de 98 mil soles, así como la propiedad de dos vehículos: ambos valuados en 60 mil soles. De igual manera lo hizo Ricardo Lara, quien consignó ingresos del sector privado ante el Jurado Nacional de Elecciones por 96 mil soles, tres propiedades por casi medio millón de soles y 25 mil soles en bienes muebles.
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