Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un embarazo adolescente es el que se produce entre los 10 y los 19 años de edad. Las estimaciones mundiales calculan que anualmente dan a luz 16 millones de chicas adolescentes de 15 a 19 años, aunque los promedios ocultan importantes diferencias regionales. Además, el número de embarazos supera con creces estas cifras, ya que hay que sumar los abortos.

El embarazo a temprana edad constituye un problema de salud pública, amplía las brechas sociales y de género. Asimismo, vulnera los Derechos Humanos y se asocia con riesgos para la salud, tanto de la gestante como de sus hijos e hijas; aumentando el número de recién nacidos de bajo peso al nacer, partos distócicos y prematuridad, etc.

Todo esto se constituye muy frecuentemente en un obstáculo para su desarrollo psicosocial, repercutiendo negativamente en oportunidades educativas y laborales, así como contribuyendo a perpetuar ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud.

El embarazo en adolescentes no solo se asocia con un inicio temprano de las relaciones sexuales o falta de información, detrás de este también se esconden muchas historias de abuso y violaciones sexuales.

En pandemia

Hoy, en tiempos de pandemia, se advierte que el incremento de embarazos de adolescentes es del 12 % en todo el país (Atencio MINSA), lo cual tendrá una repercusión directa con el incremento de la muerte materna.

La situación presentada por la pandemia puede representar un retroceso en el trabajo que se venía realizando con este grupo etario. Es necesario implementar nuevas maneras de proporcionar a los adolescentes y los jóvenes información acerca de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ayudarlos a franquear temores como el miedo a contagiarse de Covid-19 al salir en busca de ayuda, dificultad para trasladarse a los servicios de salud, desconocimiento de las instancias que pueden orientarlas, saturación de los sistemas de salud, entre otras barreras que pueden encontrar.

Es urgente que se adopten medidas integrales que respondan al carácter multifactorial del fenómeno, en especial aquellas relacionadas con prevención y atención de la violencia sexual. Los servicios esenciales de Salud Sexual y Reproductiva deben proporcionar el acceso y suministro de los métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, atención obstétrica, prenatal y posnatal; atención posterior al aborto y en caso de violación. Lo contrario implicará aumentar la presión ante embarazos no deseados y obligará a quienes decidan abortar a buscar servicios inseguros que pueden traer complicaciones posteriores, poniendo en riesgo su vida y salud, así como una demanda incrementada en los servicios de salud formales.

Promovamos a una atención respetada y de  calidad en el marco del cumplimiento de sus Derechos Humanos, siendo la etapa adolescente no menos importante en los tiempos que vivimos y que necesita de todo el apoyo del gobierno central, regional y local.

(*) Obstetra, past decana del Colegio de Obstetras del Perú – Consejo Regional XI.

Deja tu Comentario