La Reserva Privada de Chaparrí está asentada sobre tierras de la Comunidad Campesina Muchick Santa Catalina de Chongoyape. Nació como una iniciativa pionera en el país para la conservación de especies de flora y fauna, caracterizada por la presencia del bosque seco. Sin embargo, en los últimos años se ha mantenido un conflicto recurrente por el adecuado manejo de los recursos, ensombrecido por acusaciones de tráfico de tierras y delitos ambientales.
El fiscal José Tejada Ramos de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque ha solicitado al Poder Judicial llevar a juicio a varios exdirigentes de la comunidad, así como a comuneros vinculados al presunto delito contra los recursos naturales en su modalidad de delitos contra los bosques o formaciones boscosas.
Entre los denunciados están los hermanos Hermenegildo y Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández. Se incluye también a Genaro Vera Roalcaba y Miguel Ángel Becerra Fernández.
Para estos, la fiscalía pide cuatro años de prisión por haber modificado el paisaje natural del área de conservación de Chaparrí.
Reparto de tierras
“La problemática de Chaparrí viene de hace muchos años. Nosotros hicimos las denuncias el 2017 por tráfico de tierras, tala de bosques, una serie de delitos cometidos por los expresidentes. Nosotros hicimos las denuncias pertinentes y ya hay una acusación por parte de la fiscalía ante el Poder Judicial, en la cual están pidiendo cuatro años de cárcel contra aquellos que cometieron delitos contra nuestra comunidad”, señala Marco Díaz Castillo, ex vicepresidente de la comunidad campesina.
A los imputados se les sindica de haber lotizado un área en el tercer sector de la reserva, denominado El Mirador, autorizando la construcción de un canal de riego con concreto y sus respectivos ramales, alterando el paisaje natural.
En la carpeta fiscal obran recibos que acreditarían la venta de las áreas lotizadas dentro del Sector El Mirador. La construcción del canal se corroboró con el acta de constatación fiscal realizada el 15 de septiembre del 2017.
Otro hecho que cuestiona el Ministerio Público es la construcción de una trocha con corte del cerro, en el sector La Montería, con un ancho aproximado de cinco metros; le levantamiento de un cerco en un área en el que se ha habilitado una posa cubierta con geomembrana y el cambio de uso de un espacio para crianza de ganado, terreno que antes fue parte del bosque seco.
También se denuncian alteraciones en el sector La Cascada, donde se construyó una mini central hidroeléctria, además de las construcciones de ladrillo con cemento que sirven de oficinas y almacén, baños y duchas. También construcciones de madera que sirven como dormitorios. De la misma forma se verificó la remoción de tierra, que según, se iba a realizar la construcción de habitaciones de ladrillo, y áreas de bosque quemadas.
Contra Segundo Culqui Mendoza, ex directivo de la comunidad, se le cuestiona haber autorizado a la Asociación de Productores Agropecuarios La Montería, re
A Juan Carrasco Fernández, se le acusa por haber realizado alteración del ambiente, puesto que en el terreno que posee como comunero, ubicado en el Cerro Racarrumi, se ha verificado la construcción de dos ambientes de abobe sin techo terminado, solo con guayaquiles, los cuales iban a servir de hospedajes. Asimismo, se observó la construcción de una cancha de fútbol y con ello la pérdida de especies forestales en regeneración.
Manejo de la comunidad
Marco Díaz Castillo denuncia que en la actualidad existen otros problemas relacionados a la comunidad y a la reserva, como el relacionado con Edibar Carrasco Vásquez.
Según explica, este habría tomado la presidencia de la comunidad de forma fraudulenta tras la realización de elecciones en las que no habrían podido ejercer el derecho a voto aproximadamente 300 comuneros.
“Circuló un nuevo padrón en el que incluyó a nuevos supuestos comuneros, con personas que no son de Chongoyape, con un proceso maniatado con un juez de Paz. Registros Públicos presentó una serie de observaciones, pero faltando dos meses para que culmine su mandato como presidente de la comunidad se logró inscribir con el mandato de un juez de Paz Letrado de Pucalá. Durante esos dos meses hizo una serie de irregularidades, como permitir la minería ilegal en La Montería, la depredación de más de cinco hectáreas de roca y tierra sólida, lo cual ha sido constatado por el Ministerio de Energía y Minas, y en la actualidad se ha dedicado a repartir terrenos dentro del área de la comunidad en el sector Picón”, denuncia.
Según el comunero, Carrasco Vásquez estarían vendiendo lotes, que están marcados y con nombres, como lo ha constatado la Policía Forestal.
“Han encontrado tala indiscriminada, con un perjuicio cuantioso, pese a que Registros Públicos le ha dicho al señor Carrasco Vásquez que ya caducó su mandato y que tiene que llamar a nuevas elecciones. Hasta la actualidad no llama a elecciones y se aferra al cargo y sigue comiendo una serie de delitos, incluso difamación y calumnia contra mi persona, amenazándome al igual que a mi familia. Responsabilizo a Edibar Carrasco, así como a los señores Heinz Plenge y Javier Ruiz de estar detrás de toda esta depredación. Ellos se decían salvadores de Chaparrí, lo cual es totalmente falso. Los estamos desenmascarando”, asevera.
Mesa de trabajo
Díaz Castillo comenta que se formó una mesa de trabajo técnico, en la que ha participado el Gobierno Regional de Lambayeque, la Policía Forestal, SERFOR, SERNANP y la Fiscalía Ambiental, para llegar a una solución pacífica y se evite lo que ahora se está viendo.
“El señor Edibar Carrasco está repartiendo las tierras como si fuera su charra, siendo Chaparrí el pulmón de todos los chongoyapanos y uno de los más importantes del Perú. Defendamos nuestros bosques secos, estos señores usan la pantalla de salvar Chaparrí o defender Chaparrí, pero lo único que defienden son sus bolsillos, porque todo el dinero que sacan de las ONG va para sus bolsillos. En nuestra comunidad nunca ha habido un proyecto de desarrollo o reforestación”, manifiesta.
Señala que otro aspecto a investigar es la administración de los recursos que genera la reserva y las donaciones que esta recibe.
“Al señor Heinz Plenge se le planteó que debía pagar por la servidumbre a la comunidad. La reserva es manejada por un grupo llamado ACOTUR, que estableció un convenio tripartito, pero cuando ese acuerdo se firmó la comunidad era presidida por el papá del presidente de ACOTUR. Todo era en familia. En la mesa técnica se le propuso al señor Plenge que se exponga la realidad y se establezca un cerco de las áreas de conservación privada para evitar problemas de invasión y todo lo demás. Puso el grito al cielo, porque decía que nosotros estábamos reduciendo el área de conservación privada, que íbamos a desaparecer Chaparrí. Venían incluso congresistas contra nosotros”, rememora.
Refiere, además, que en sector La Montería se vendieron dos mil 560 hectáreas a la empresa minera La Granja, área que la empresa después devolvió a la comunidad. Sin embargo, nadie saber qué se hizo con el dinero resultado de la venta, más de 350 mil soles.
“Otra propuesta nuestra fue que se generen áreas de expansión urbana de los pueblos que están dentro de la reserva, porque el hecho de estar dentro del área de conservación les impide desarrollarse, como es el caso del sector La Ramada, que no tiene servicios básicos. Se gestionó para que la municipalidad de Llama pueda realizar la instalación de servicios, pero la ley impide que se realicen ese tipo de trabajos dentro de un área de conservación privada”, menciona.
Relata que en la misma situación están Paredones, Majín, Mojonazgo, Tablazos y otros, pueblos que no se habrían beneficiado con la reserva.
“Los ingresos de Chaparrí solamente han servido para beneficio de un grupo, por eso hemos denunciado los malos manejos de la comunidad. Pedimos cuentas claras de los aportes que otorgan las ONG para Chaparrí, y que esos recursos se inviertan en el desarrollo de la comunidad”, enfatiza.
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