El juez superior José Edilberto Rodríguez Tanta asumió la presidencia de la Corte de Justicia Superior de Lambayeque el pasado 2 de enero, cargado de expectativas y con un proyecto ambicioso que conduzca a promover cambios que permitan mejorar el actual sistema de justicia. Señala que hay un plan estratégico institucional del Poder Judicial al 2030, donde hay ejes sobre los cuales tienen que trabajar y retos que tienen que asumirse.
En entrevista con Expresión, refirió que la gestión que lidera tiene que ser planificada, transparente, basada principalmente en resultados. Es decir, que las acciones que se pongan en práctica realmente plasmen los cambios esperados, porque si no estarían demás. “Por ejemplo, hay que cambiar los temas burocráticos y apoyarnos mucho en el desarrollo tecnológico, aplicado al mejoramiento del servicio de justicia”, señala.
La autoridad judicial sostiene que a veces los presupuestos del Estado no son los óptimos para el adecuado funcionamiento de una institución. “Por ejemplo, para este año la Corte lambayecana tiene asignados 98 millones de soles de presupuesto inicial de apertura; pero cuando uno revisa los componentes el 90% es para planillas, entonces no tenemos gran cosa que hacer”, sentencia.
Cuando inicia la gestión, ¿Cómo encontró la carga procesal y qué acciones han tomado para tratar de reducirla?
Nosotros somos una Corte grande, estamos entre las cinco más grandes del país, tenemos 126 órganos jurisdiccionales, 154 jueces y una problemática de cerca de 1400 trabajadores. Uno de los problemas más fuertes es el manejo de los trámites, anualmente ingresan a la sede unos 88 mil expedientes, de los cuales se resuelve unos 70 mil y queda un porcentaje que incrementa la carga cada año, entonces allí hay un asunto por resolver. ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar ello? primero hemos hecho un diagnóstico, módulo por módulo, porque hay que ver cuál es el origen y las circunstancias que se están dando. Por ejemplo, se habla de falta de personal, pero una de las salidas importantes que estamos dando es la conformación de los módulos en penal, laboral, y estamos entrando a la oralidad civil, que implica que el juez ya no trabaja con el secretario, sino es todo un conjunto de profesionales. Si falta uno, entra el otro, porque la idea es seguir trabajando. Con el sistema antiguo el secretario era dueño del expediente, y si este se enfermaba o estaba de vacaciones, el otro secretario no quería asumir esa labor porque tampoco tenía el expediente, y decía que espere que venga el titular. La idea del módulo es que nadie es dueño del expediente, hay un trabajo en conjunto; no es fácil, pero estamos entrando en ese esquema.
¿En qué áreas se concentra la mayor carga de expedientes?
En penal hay un congestionamiento fuerte, los dos colegiados penales de primera instancia ya no se abastecen, por eso hemos ido sede por sede y hemos conversado con los jueces para ver cómo resolvemos esa problemática, allí se podría gestar un nuevo colegiado. El tema de la creación de órganos jurisdiccionales también está en la perspectiva, hay que ver dónde falta, pero también hay que dimensionar y ver su reubicación. Por ejemplo, tenemos un órgano transitorio de Familia en Lambayeque que nos han prorrogado por tres meses más, pero nos han ordenado que solo maneje 300 expedientes, entonces allí estamos tratando de potenciar mejor ese juzgado con mesas de trabajo. También nos han creado nueve juzgados (dos constitucionales, uno de Familia -los tres que existen tiene una carga de dos mil expedientes-; otro en Ferreñafe, uno de Paz Letrado en Pimentel y otro en Olmos) que serán un alivio grande, solo falta el tema presupuestal. Ya hemos tocado las puertas de los alcaldes para que nos apoyen con locales y lo están haciendo de manera diligente. Esperamos que estos juzgados descongestionen la carga procesal que tenemos.
La problemática en el área laboral se concentra en que tenemos juzgados que tramitan contenciosos administrativos, es decir procesos laborales con el sector público, y tenemos juzgados laborales que con la nueva ley tramitan el régimen privado. Entonces hemos detectado que los juzgados contenciosos han bajado bastante su carga, en cambio los del régimen laboral privado tienen agenta hasta el 2024. Teniendo ocho juzgados contenciosos, siete en Chiclayo, podríamos solicitar a Lima que los cambiemos y podamos potenciar. Estamos trabajando para solucionar este problema; sin embargo, hay un tema de vocación y de amor propio de los magistrados para resolver a tiempo los juicios.
Marcada expectativa
Usted ha fijado como uno de sus objetivos hacer viable el tema de la oralidad civil para dar celeridad al sistema de justicia, ¿Cuál es el beneficio más importante de ello?
El tema de la oralidad civil es un compromiso con la institución, yo vengo de esa cantera, por ello se ha designado a una administradora y se está conformando el módulo. Su aplicación integral comprende cuatro etapas: la gestión anterior dejó las dos primeras consistentes en la implementación de las salas de audiencia ubicadas en la sede de 7 de Enero. Pero ahora falta concretar la aplicación misma, que es convencer a los abogados, al trabajador y a los jueces sobre los beneficios de la oralidad. La idea es formar bien a los abogados, porque si ellos no están bien preparados definitivamente no nos va a ayudar mucho. El modelo implica que todo se resuelve en una sola audiencia, la parte demandante lleva su teoría del caso y tiene que saber exponerla, y el que contesta de igual modo, entonces el juez irá resolviendo las excepciones, las nulidades, hasta llegar a la etapa de medios probatorios, para luego sentenciar. La oralidad recién empezó en marzo del año pasado, y ya hemos tenido experiencia, como segunda instancia hemos desarrollado audiencias y en veinte minutos hemos resuelto casos.
La oralidad civil es el cambio más profundo para resolver casos en el menor tiempo, porque si vamos a seguir con las demoras quiere decir que no hemos avanzado nada. El juez tiene que estar bien preparado como verdadero director del proceso, escuchando a las partes y resolviendo de manera inmediata, si eso ocurre habremos ganado. El expediente físico va a desaparecer y prevalecerá el expediente judicial electrónico, todo se hace en el sistema. La tercera etapa implica que la oralidad civil también se aplique en los juzgados de provincias, ya hemos recorrido Jaén y San Ignacio para ver su implementación, porque así estaríamos hablando en el mismo lenguaje. Hay abogados que por su inexperiencia no pueden ingresar un archivo a la mesa de partes electrónica, de allí la necesidad de vincularnos con ellos para formarlos en esta nueva realidad.
Usted le da mucha importancia al tema tecnológico como un soporte al trabajo que realizan en la Corte.
Nosotros tenemos que apoyarnos mucho en el desarrollo tecnológico aplicado al mejoramiento del servicio de justicia, que venimos implementando en estas primeras semanas. Hemos creado una Oficina de Desarrollo Tecnológico, que forma parte de Informática, con dos personas inicialmente. Siempre he sostenido que Informática no es para cambiar el mouse de la computadora ni para bajar un programa, entonces estos profesionales se van a dedicar a gestar aplicativos que nos faciliten y ayuden a ser más eficiente el servicio. Por ejemplo, desde diciembre hemos tenido una dificultad con el Banco de la Nación (BN), que no admitía el pago directo de los depósitos judiciales, porque ellos querían como contraposición llamar al juez, al secretario o al administrador de los módulos para que les confirmen si el monto era cierto (el año pasado hubo una situación ilícita en el BN que está en investigación, de personal que duplicó depósitos judiciales). Eso en la práctica implicaba que un usuario haga su cola y al llegar a ventanilla le digan que iban a preguntar al juez, y si este no contestaba le decían que regrese mañana. Entonces aquí viene la importancia de tener una oficina de Tecnología, se ha elaborado un aplicativo que tiene una contraposición entre nosotros y el BN, nosotros ingresamos el número de depósito con el DNI y se ingresan todos los datos, y como estamos vinculados con la Reniec cuando abran el aplicativo del BN encontrará el número del depósito y hasta la imagen de la persona que está cobrando. Esa es nuestra humilde contribución para cambiar este estado de cosas.
Déficit de 120 trabajadores
¿El personal con que cuentan es el conveniente o tienen carencia?
Tenemos un déficit que está en el orden de los 120 trabajadores, pero esto puede aminorar con un tema de gestión. Por ejemplo, hay un mecanismo por el cual la Corte que más invierte puede jalar los recursos de otras sedes que no invierten, lo que nos podría facilitar a contratar personal a partir de marzo, así se reduciría esa brecha inicial. El presidente de la Corte Suprema ha observado la contratación del personal CAS, el cual ha sido cubierto sin haberse hecho un concurso, entonces se va a convocar considerando el tema de la meritocracia. Nosotros hemos tenido solo dos de estos casos, que ahora lo estamos convocando, uno de ellos es de un secretario del juzgado de Cutervo que el año pasado renunció y nos generó todo un problema, porque los concursos CAS demoran casi un mes y lo tiene que autorizar la sede central. Por eso he pedido que postulen los abogados que trabajan en esa provincia para que no estén renunciando y creando todo un problema. También hemos formado una comisión de meritocracia, para que tengamos una lista de trabajadores aptos, de tal manera que a la hora que se requiere un juez designarlos a ellos. Eso fomentará la competitividad y nos hará más transparentes.
¿Qué otras acciones realizan para optimizar la gestión?
Estamos haciendo reuniones con las distintas áreas de la sede en el propósito de que se integren, también les he pedido que compitan en editar sus propios boletines (la Presidencia ya sacó el primero), lo que queremos es que compitan, que se integren y se motiven, que los jueces expliquen una resolución. Siempre les digo que nosotros somos transitorios, que como servidores públicos tenemos el deber servir a la gente. Eso es lo que quiero que se impregne en ellos.
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