Todo apunta a que el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, busca librarse de las posteriores responsabilidades que podría acarrear la denuncia presentada en su contra por la contratación del Consorcio Vial VI, empresa a la que se adjudicó la construcción de la carretera Ferreñafe – Hacienda Mamape, por más de ocho millones de soles. El caso está en manos del Ministerio Público.
Con Resolución Ejecutiva Regional n.° 000241-GR.LAMB/GR, del 20 de abril, el gobernador Jorge Pérez Flores, declaró la nulidad del Contrato de Obra n.° 0001-2024-GR.LAMB/ORAD, suscrito con el Consorcio Vial VI, empresa a la que en febrero pasado se adjudicó la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera Ferreñafe - Hacienda Mamape".
La decisión del gobernador regional se dio a pesar que el Gobierno Regional de Lambayeque hizo entrega del 10 % del costo del contrato al referido consorcio; es decir 897 mil 457.64 soles, pues decidió continuar con el contrato aun cuando fue advertido de la existencia de documentación falsa en la oferta del postor ganador, hecho que no fue revisado por el comité de selección.
La presentación de facturas falsas en dicho proceso de adjudicación por parte del Consorcio Vial VI fue denunciada antes de la firma del contrato por el consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita. Sin embargo, Pérez Flores hizo caso omiso a la carta que le fue dirigida el 13 de febrero pasado.
El hecho fue denunciado al Ministerio Público, el mismo que ha citado al gobernador y otros funcionarios a prestar su declaración por este caso. Además, la existencia de las facturas falsas fue corroborada por SUNAT.
El proceso
El 15 de diciembre del 2023, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el Gobierno Regional de Lambayeque convocó al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 79-2023-GR.LAMB – Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra vial.
Siguiendo el cronograma del proceso, el 7 de febrero de este año, el Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio Vial VI, conformado por la Constructora HT y Constructora Romasi SAC, suscribiéndose el contrato el 22 de febrero, siendo este firmado por el jefe regional de Administración del GORE Lambayeque.
La denuncia
El 13 de febrero pasado el especialista en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, el 13 de febrero comunicó por escrito al gobernador regional de la existencia de dos facturas de la Serie n.° 000352 y 360 emitidas el 25 de marzo del 2019 y el 15 de agosto del 2019, las mismas que – indicó en su misiva - fueron corroboradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT como “no autorizadas” para su impresión y, por ende, para su emisión, las cuales habrían servido al Consorcio Vial VI para ser adjudicado con la buena pro del proceso de selección.
El consorcio ganó la adjudicación con una oferta de ocho millones 974 mil 546.42 soles.
Sin embargo, la alerta de Chávez Pita no fue atendida por la gestión de Jorge Pérez, que – como se ha dicho – firmó el contrato el 22 de febrero y lo publicó días después en el SEACE.
Ante ello, el especialista denunció lo sucedido ante el Ministerio Público el 4 de marzo, detallando que los comprobantes presentados por el Consorcio Vial VI fueron utilizados para acreditar la propiedad del equipamiento estratégico requerido en las bases del proceso de selección.
“Dichas facturas fueron ofrecidas por el supuesto arrendatario Luis Fernando Hernández Tineo mediante e la Carta de Compromiso de Alquiler de Equipo y Maquinarias (Folio 041 de la oferta) suscrita por su persona, adjuntando a la misma los cuestionados comprobantes de pago Facturas) Serie 0001 N° 000352 y 000360 respectivamente (folios 042 y 043 de la oferta) supuestamente emitidas por la empresa JFA SCRL a favor del supuesto comprador Luis Felipe Hernández Tineo, las cuales fueron validadas por el Comité de Selección que tuvo a cargo el proceso referido, las mismas que, hasta la fecha y pese al tiempo transcurrido, no han sido corroboradas respecto a su autenticidad y veracidad vía el procedimiento de Fiscalización Posterior que debió ser por el Área competente, conforme lo establece la norma de las Contrataciones del Estado y lo solicitado por el Comité de Selección en el Acta del procedimiento de selección”, dice la denuncia.
En la denuncia están comprendidos, además del gobernador regional y los tres integrantes del comité de selección: Andrés Acosta Coronel, presidente; Jhonatan Orihuela Molina y Edson Tarrillo Clavo, miembros; el jefe regional de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, Carlos Escalante Gómez. Asimismo, Luis Felipe Hernández Tineo y Eufemia Adela Hernández Tineo. Tarrillo Clavo era jefe de Logística.
Pago de adelanto
Aun cuando se había denunciado la ilegalidad de los documentos presentados por el consorcio en su oferta y el Ministerio Público ya tenía en sus manos la documentación presentada por Chávez Pita, incluyendo la carta remitida por SUNAT en la que confirma que no había autorización vigente para la emisión de las facturas en cuestión, el gobierno regional pagó un adelanto ascendente al 10 % del monto de contrato, esto es: 897 mil 454.64 soles.
Los comprobantes corresponden al 6 de marzo, siendo en total cuatro documentos a favor del Consorcio Vial VI.
En tanto, el Órgano de Control Institucional – OCI, emitió un informe que corrobora lo señalado por Chávez Pita, y el Ministerio Público ha citado para el 20 de mayo al gobernador para que rinda su declaración.
Nulidad del contrato
Habiendo transcurrido dos meses desde que se firmó el contrato y habiéndose pagado casi 900 mil soles a favor de la empresa, Pérez Flores ha resuelto la nulidad del acuerdo, invocando la transgresión del numeral 64.6 del artículo 64 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
Dicho cuerpo normativo señala que: “Consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente”.
Es decir, el gobernador regional confirma lo que fue advertido el 13 de febrero.
El segundo artículo de la resolución de Jorge Pérez declara también la nulidad del proceso, sin indicar hasta qué etapa se retrotae y tampoco se indica de qué manera el Gobierno Regional de Lambayeque recuperará los casi 900 mil soles de adelanto.
Asimismo, resuelve remitir copias al Ministerio Público, siendo él uno de los funcionarios ya investigados por este caso.
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