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DENUNCIAN USO Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: En perjuicio de Cooperativa Agraria Úcupe y extrabajador

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1352

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Con fecha 2 de febrero del 2024, la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, representada por su presidente, José Torres Bello, junto a Leoncio Guevara Cabrera, interpuso una denuncia contra Santos Álvarez Chero, Sigifredo Ricardo Piminchumo Huerta y Carlos Tello Chicoma, este último en su condición de juez de Paz de Nuevo Mocupe, por la comisión de los presuntos delitos de falsificación de documentos, uso de documento falso y falsedad ideológica.

Según la denuncia, las personas señaladas habrían fraguado la realización de supuestas asambleas de la Cooperativa Agraria de Producción Úcupe LTDA, que supuestamente se realizaron los días 24 de octubre y 5 de noviembre del año 2023, en las que se habría elegido un comité electoral y a un nuevo Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la organización, redactándose las presuntas actas que certificaban dichas decisiones.

Los denunciantes refirieren que, al tomar conocimiento de la presentación de estos documentos por el denunciado Santos Álvarez Chero ante la Oficina Registral de Chiclayo para su inscripción, se apersonaron a las oficinas de los Registros Públicos de Chiclayo para realizar la lectura del título en trámite, encontrando que quien aparece convocando a una de esas supuestas asambleas era el denunciante Leoncio Guevara Cabrera.

Guevara Cabrera afirma que nunca convocó a dicha asamblea, que no ha participado de ninguna reunión de esa naturaleza, que además no había firmado ninguna constancia de convocatoria y que la firma que aparece en la constancia de convocatoria, de fecha 13 de noviembre de 2023 y que figura certificada por el juez de Paz de Nuevo Mócupe, no le pertenece.

Aparecen fallecidos

Además, el presidente de la Cooperativa manifiesta que revisando la relación de los supuestos asistentes se advierte que habían participado y firmado asistencia 7 personas fallecidas en los años 2002, 2003, 2007, 2020, 2021 y 2022, por lo que era materialmente imposible que personas difuntas hace 20 años aparezcan suscribiendo actas de asistencia a asamblea.

Para acreditar este hecho presentaron ante el fiscal a cargo de la investigación las 7 fichas RENIEC que daban cuenta que eran personas extintas.

Reconocen delitos

Todos estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público y a la fecha se tramitan en la Carpeta Fiscal N° 871-2024, ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.

En su declaración rendida el 25 de marzo del 2023 ante el Fiscal Máximo Medina Lucano, a cargo de la investigación, el denunciado juez de Paz de Nuevo Mocupe, Garcilaso Tello Chicoma, reconoció haber cometido el delito imputado en su contra y que el denunciante Leoncio Guevara Cabrera no había asistido a su despacho judicial a certificar su firma y menos había tenido el DNI de Guevara Cabrera para certificar su firma. Asimismo, atribuyó la responsabilidad de los hechos a su codenunciado Santos Álvarez Chero, de quien dijo fue a su despacho judicial a las 9:30 de la noche del día 13 de noviembre del 2023 con los documentos y que este le pidió que certificara los mismos, ante lo que aceptó sin tener ningún documento original a la vista.

Asimismo, el denunciado Santos Álvarez Chero en su declaración en sede fiscal realizada el día 5 de marzo de 2024, reconoció ante el fiscal haber cometido el delito de uso de documento falso y de falsificación de documentos, pues respondió de la manera siguiente a una de las preguntas: “Es cierto, hemos presentado documento falso como la convocatoria a asamblea en la que falsifiqué la firma del señor Leoncio Guevara Cabrera”.

Principio de oportunidad

Santos Álvarez Chero ha presentado un escrito ante el fiscal Medina Lucano solicitando acogerse al Principio de Oportunidad, figura jurídica que utilizan las personas que cometen delitos, aceptan la culpabilidad y reparan el daño causado.

El abogado Eduard Becerra, defensor de Leoncio Guevara Cabrera, explica que este beneficio no le correspondería porque habría cometido dos delitos y la pena para el delito de falsificación de documentos tiene un máximo de 10 años, por lo que excede en exceso el límite permitido.

Adelantó que se opondrá a dicho pedido y solicitará que se sigan realizando actos de investigación y que se sancione ejemplarmente con la pena que corresponda a quienes han reconocido haber cometido los delitos denunciados en perjuicio de los denunciantes.

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