MP SUMA 31 CONDENAS POR CORRUPCIÓN EN LO QUE VA DEL AÑO
En el 2023, el Distrito Fiscal de Lambayeque se posicionó en el primer puesto a nivel nacional en productividad, al resolver más de 80 mil carpetas de investigación. A decir de la presidenta de la Junta de Fiscales, Carmen Mirada Vidaurre, el compromiso es mantener ese nivel de resolución de casos y avanzar en la lucha contra la criminalidad con investigaciones más céleres y eficaces.
Miranda Vidaurre explica que entre enero del 2023 y abril de este año, ingresaron a las fiscalías de Lambayeque (que comprende también a las provincias cajamarquinas de Jaén, San Ignacio y Cutervo), 112 mil 982 casos, de los cuales 55 mil 536 corresponden a delitos contra el patrimonio, siendo 27 mil 367 por hurto.
“Entre el 2023 y lo que va del año hemos obtenido cerca de ocho mil condenas en las fiscalías provinciales penales y mixtas corporativas”, destaca en diálogo con Expresión.
Avances fiscales
El Ministerio Público de Lambayeque cuenta con 42 fiscalías provinciales y 243 fiscales, quienes el año pasado lograron concluir 80 mil 591 casos, teniendo un promedio de productividad de 572 casos por cada fiscal, con lo que el distrito se ubicó como el primero a nivel nacional.
“Esto demuestra el esfuerzo permanente de los fiscales provinciales y adjuntos provinciales, así como del personal que labora en cada despacho fiscal, habiendo sido reconocidos por el señor fiscal de la nación, Juan Carlos Villena Campana, como el distrito fiscal, que a pesar de tener un menor número de fiscales en comparación con otros y con mayor densidad geográfica, ha logrado avanzar con éxito en la solución de los casos”, refiere.
Otro logro en el 2023 es la acumulación de 50 sentencias condenatorias de hasta 35 años de cárcel por el delito de organización criminal y otros, así como 60 condenas por delitos contra la administración pública (corrupción), cuyos involucrados deberán devolver los montos apropiados ilícitamente, que superan los siete millones de soles.
En la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, se logró el decomiso de 721 kilos de marihuana, 193 kilos de clorhidrato de cocaína, 74 kilos de alcaloide de cocaína y 15 kilogramos de Pasta Básica de Cocaína – PBC; así como 64 vehículos incautados y 119 sentencias condenatorias.
Respecto delitos de lesiones y agresiones, las fiscalías consiguieron mil 263 sentencias condenatorias y 39 cadenas perpetuas por violación sexual contra menores. En materia ambiental, 110 condenas y la imposición de reparaciones civiles por más de 880 mil soles.
En lo que va del año, el Ministerio Público de Lambayeque ha obtenido 31 sentencias condenatorias por delitos de corrupción.
Carga y recursos
“Cuando se implementó el Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, en el año 2009, se proyectó que cada fiscal tendría a su cargo aproximadamente 350 casos al año, como máximo. Sin embargo, hemos superado largamente esa posibilidad y ahora encontramos fiscales que tienen una carga de hasta mil casos por resolver, muchos de ellos a la espera de la programación de fechas para las audiencias en el Poder Judicial”, manifiesta la fiscal decana.
La falta de personal fiscal y administrativo es una limitante para el Ministerio Público. Carmen Miranda comenta que siendo aproximadamente 700 personas las que laboral en el distrito fiscal, el número es insuficiente para atender la totalidad de la carga.
Como ejemplo cita lo que sucede en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, donde hay sólo tres fiscales provinciales, seis adjuntos y 12 servidores administrativos.
Denuncias de Tumán
“Esta fiscalía atiende casos complejos, al igual que la fiscalía de corrupción de funcionarios, pero en este caso la situación se hace aún más crítica porque en la FECOR se ven también casos por lavado de activos, que son muy complejos de resolver. Por ello, por ejemplo, los trabajadores de la azucarera Tumán, que han denunciado malos manejos de los administradores judiciales, reclaman constantemente”, acota.
Explica que la denuncia de los trabajadores de Tumán inicialmente fue por irregularidades en el manejo de la empresa referida a los años 2020 y 2021, la misma que posteriormente se amplió incorporando hechos referidos a años anteriores, hasta llegar al 2016.
“Al incorporarse nuevos hechos y a nuevas personas, lo que se tiene que hacer es acumular y para probar el lavado de activos se necesitan pericias. Los trabajadores reclaman porque los tiempos van pasando, pero deben comprender que por la ampliación de las denuncias, y estando estas referidas todas al manejo de la empresa, el caso se va complejizando. No hay riesgo de prescripción, eso debe quedar claro”, indica.
Carmen Miranda comenta que no hay peritos suficientes para atender las necesidades en relación a los casos de lavado de activos. Señala que existe un proyecto que involucra la construcción de un ambiente específico para peritos, que se ubica en la sede del Ministerio Público en José Leonardo Ortiz, siendo esa la primera etapa. La segunda etapa es la asignación de presupuesto para la contratación de los peritos.
Refiere que se necesitan, mínimamente, 15 peritos, pues cada perito resuelve un informe cada cuatro meses en promedio. En la actualidad, para los casos de corrupción de funcionarios, se cuenta sólo con un perito contable.
Confianza en la institución
“La situación actual ha generado críticas negativas contra nuestra institución y eso es razonable. No podemos negar que lo que ha sucedido afecta la credibilidad de nuestra institución. Sin embargo, consideramos que tenemos que resurgir, sobreponernos y trabajar para que el Ministerio Público recobre el brillo que alguna vez tuvo. Hay que separar a los buenos funcionarios de los malos, a los buenos fiscales de los malos y eso la población lo sabe”, precisa.
Finalmente, Carmen Miranda considera necesario que los representantes en el Congreso de la República reflexionen con mayor detenimiento y amplíen el debate sobre las iniciativas que se han presentado respecto al sistema de justicia, concretamente a la creación de la Escuela Nacional de Magistratura, que pasaría a reemplazar a la Junta Nacional de Justicia.
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