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GORE Lambayeque pretendería revertir terreno propiedad de azucarera Pomalca

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1353

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  • Presuntos invasores recibirían condenas de hasta cinco años de prisión y han solicitado someterse a la terminación anticipada.
  • Predio invadido de más de 30 hectáreas debe ser restituido a la azucarera, legitima dueña de esta propiedad usurpada hace 9 años.
  • Pérdida económica es incalculable.

El CPC Walter Culqui Carrera, gerente general de Azucarera Pomalca, denunció que Hebert Mejía Ramírez, uno de los actuales poseedores de las tierras invadidas en Samán, propiedad de la empresa, acudió a la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque para solicitar se declare los predios de la empresa en abandono, con el objetivo de apropiarse definitivamente de más de 30 hectáreas de este dominio en el campo San Miguel, valorizado en varios millones de soles, situación que deberá ser dilucidada por Asesoría Legal del Gobierno Regional de Lambayeque.

El funcionario de la Azucarera Pomalca refirió que está situación es anómala porque cuando se tomaron por asalto las tierras de propiedad de la azucarera, se denunció la invasión, se demostró la propiedad, se realizaron las denuncias policiales, fiscales y el Poder Judicial inició un juicio contra los presuntos invasores, identificados como los incitadores de esta acción ilegal.

Tras nueve años del inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público, éste acusó por usurpación a los invasores del predio Samán, requiriendo al Poder Judicial que imponga cinco años de pena privativa de la libertad.

Es así que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que despacha el fiscal José Eduardo Céspedes García, formuló acusación por el delito de usurpación agravada, contra ocho personas, quienes habrían invadido de manera violenta un área aproximada de 30 hectáreas del predio Samán, en el campo San Miguel de propiedad de Azucarera Pomalca.

Historia del caso

Culqui Carrera relató a Expresión que el hecho se produjo el 30 de septiembre del 2015, habiendo trascurrido 9 años para que se formalice la investigación contra Teodosia Culqui Culqui, América Mendoza de Montalván, Dina Muñoz Livaque, Julián Anticona Dominguez, Darío Muñoz Livaque, Juan Eleuterio Saavedra Gonzáles, Henry Petter Huauya Huamán y Rosa Gonzáles Munayalle, entre otros, solicitando una pena privativa de la libertad de 5 años. Asimismo, la empresa Pomalca ha solicitado la restitución del predio usurpado conforme a ley.

A la fecha, este proceso se encuentra en la etapa de juicio oral ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que despacha el juez Juan Cubas Bravo, en donde algunos de los acusados como Dina Muñoz Livaque, Darío Muñoz Livaque, Juan Eleuterio Saavedra Gonzáles y Rosa Elvira Gonzáles Munayalle habrían aceptado su responsabilidad penal por el delito de usurpación agravada, solicitando acogerse a la conclusión anticipada en el juicio.

Rara situación

Uno de los actuales poseedores de las tierras invadidas de propiedad de la empresa Pomalca, Hebert Mejía Ramírez, ha recurrido ante la Gerencia Regional de Agricultura para solicitar se declare en abandono parte de la tierra usurpada y, pese a la oposición formulada por la empresa, se emitió la Resolución Gerencial Regional N° 0453-2022-GR.LAMB/GRA, del 28 de diciembre del 2022, declarando ilegalmente el abandono y la reversión del área a favor del Estado.

Esta situación, sin justificación legal, bajo el argumento que dicha área no está siendo utilizada para la agricultura, cuando se trata de un espacio invadido desde el 2015 por los acusados. Actualmente, este procedimiento se encuentra en segunda instancia, y será el Gobierno Regional de Lambayeque el que resuelva la apelación interpuesta por la empresa Azucarera Pomalca.

“El Gobierno Regional de Lambayeque debe emitir un pronunciamiento final y contundente en respeto a la propiedad de privada, dando la razón a la empresa Pomalca, que es propietaria del predio invadido, conforme a una jurisprudencia de la Corte Suprema, evitando impunidad y que traficantes de terrenos continúen realizando este tipo de acciones ilegales. El Estado está obligado a respetar la propiedad privada, vivimos en un Estado de Derecho y exigimos garantías para las inversiones”, señaló Walter Culqui Carrera.

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