Ex directivos se habrían apropiados de más de 200 millones de soles
Las denuncias penales contra las administraciones judiciales que tuvieron a cargo el “desarrollo” de la empresa agroindustrial Tumán, parecen estar estancadas en el Ministerio Público, lo cual impide que se avance con las investigaciones y los responsables que han llevado a la crisis y a la miseria a la empresa azucarera sean castigados con todo el peso de la ley.
Mientras tanto, la empresa se encuentra paralizada y los trabajadores no reciben sus salarios y beneficios sociales desde el año 2015, cuando en la otrora “gran azucarera del norte” la masa laboral y sus familias vivían con tranquilidad. “Ahora, la situación es muy distinta, viviéndose en situaciones extremadamente difíciles”, reveló Gilberto Carrasco Lucero, abogado del Frente de Defensa de los Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.
“Es de importancia que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para desbloquear esta situación y garantizar los derechos de los trabajadores. Además, se requiere de investigaciones diligentes ante las denuncias presentadas y la implementación de soluciones que permitan reactivar las operaciones de la empresa de manera justa y transparente. Los trabajadores no deben ser los principales afectados por esta problemática”, señaló.
Hace tres años
Carrasco Lucero detalla que desde el año 2021; es decir, hace tres años, se han presentado denuncias penales ante el Ministerio Público por parte del Frente de Defensa de los Trabajadores de la empresa Tumán, por apropiación y supuesta desaparición de más de 200 millones de soles.
Estas denuncias –añade- están dirigidas contra aquellos trabajadores que asumieron cargos como administradores judiciales desde el año 2015. Dichos administradores judiciales no habrían actuado de forma favorable para los intereses de los trabajadores y la empresa, sino que por el contrario, habrían empeorado aún más la situación social y económica de los empleados y sus familias.
La sucesión constante de administraciones judiciales agravó aún más la situación en la azucarera, cuyas disposiciones provenían de diversos juzgados y distritos judiciales.
Lo más preocupante -señala- es que a pesar de haber denunciado en su momento y oportunidad a las cuestionadas administraciones judiciales, el Ministerio Público no haya actuado con la debida diligencia para investigar y solicitar la sanción penal que corresponda. Todo esto mantiene desprotegido a los trabajadores, quienes siguen padeciendo las consecuencias de la grave situación.
“Se hace imperativo que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, identifiquen las responsabilidades y tomen las medidas necesarias. No puede permitirse que esta situación de abandono y negligencia se prolongue aún más”, acotó.
Campos sin siembra
Desde el año 2015, la empresa Tumán dejó de sembrar y cosechar caña de azúcar, limitándose únicamente a consumir lo que ya estaba sembrado y a vender esa producción, cuyos dineros nunca ingresaron a la caja de la empresa sino a cuentas personales de los administradores judiciales, lo que implica un posible desvío de fondos y un manejo irregular de los recursos de la empresa, en detrimento de los trabajadores y de la propia sostenibilidad del negocio.
“Es una situación que denota un grave incumplimiento de las funciones y responsabilidades de los administradores judiciales designados, lo que nos lleva a actuar para no permitir que este tipo de prácticas irregulares queden impunes”, señaló.
Auditoria de parte
Los trabajadores, a través de su Frente de Defensa, realizaron una investigación e incluso una auditoría administrativa en la empresa azucarera, con el objetivo de determinar los ingresos y egresos de dinero.
Los resultados ha dejado preocupada a la masa laboral, apuntando a un presunto desvío de fondos y un manejo fraudulento de los recursos de la empresa por parte de los administradores judiciales, en una conducta que constituiría en graves delitos.
Es fundamental y crucial -señala- que se restablezca la legalidad y la transparencia en la administración de la empresa Tumán, y que se haga justicia en favor de los trabajadores.
Primera denuncia
Los trabajadores agremiados en el Frente de Defensa, presentaron una denuncia inicial ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, en el año 2021. Esta denuncia se encuentra en la carpeta fiscal número 261-2021, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe.
A la fecha, no hay resultados a pesar de estar el periodo de investigación preliminar próximo a vencer, siendo necesario que la representante del Ministerio Público actúe con diligencia y celeridad, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, tomar una decisión sobre si continúa o no con la investigación contra la administración judicial que dirigió Marcelino Llontop Suyón en compañía de Diógenes Bocanegra Irigoín y Jorge Antonio Paredes Delgado.
“Mientras ello ocurre, los trabajadores de la empresa Tumán sufren graves perjuicios a causa de esta situación, por lo que es imperativo que las autoridades competentes le den prioridad a este caso y tomen las medidas necesarias para proteger sus derechos. No puede permitirse que el paso del tiempo perjudique aún más a esta comunidad laboral”, dijo el letrado.
Más denuncias
Posteriormente, se interpuso otras denuncias contra las administraciones judiciales de César Augusto Sandoval Lozada, Alejandro Zevalles, Daniel Rioja y Manuel Guillermo Martínez, las que se encuentran en la misma situación de espera.
“El denominador común que se ha descubierto, es que las ventas del producto que producía la empresa agroindustrial Tumán, era que todo se vendía, pero el dinero se depositaba a las cuentas personales de los administradores judiciales, perjudicando a la empresa y a los trabajadores, los que ahora ven como los bienes de la empresa se venden como chatarra”, señala Carrasco Lucero.
No pueden justificar
A la actualidad, todas las denuncias que se han interpuesto, desde el 2015 al año 2022, -explica- se han acumulado en la Carpeta Fiscal N° 018-2018, la que se encuentra a cargo del fiscal José Luis Jaramillo, quien ha tomado algunas declaraciones de los involucrados, entre ellos a César Augusto Sandoval Lozada, quien habría podido justificar el dinero que recibió en sus cuentas.
“En sus cuentas se registra depósitos de dinero por parte de la empresa Alimenta Perú. Dicha empresa depositó 6 millones de soles, de los cuales una parte se depositó en la cuenta de César Augusto Sandoval Lozada, y otra parte se depositó en la cuenta del tesorero de la administración judicial”, explicó.
Frente a esa situación -afirma- se ha considerado necesario que se le ponga la atención adecuada, presentando peritajes de parte para demostrar la cantidad de dinero que debió ingresar a la empresa y que no está registrado.
“El Ministerio Público también ha considerado necesario realizar una pericia contable. En mayo del 2023 se nos informó que había presupuesto para realizarla, pero a la fecha aún no tenemos resultados”, detalló.
Otra preocupación de los trabajadores es que el plazo de investigación de la carpeta fiscal N° 018-2018 ya está por vencer y el fiscal aún no decide si acusa o sobresee.
“La preocupación es que al término del plazo el fiscal sobresea o acuse sin tener los fundamentos que el acto penal requiere para acusar, caso contrario se irá al archivo definitivo”, resaltó.
Inventaron crímenes
“En la afectación a la empresa Tumán y en las investigaciones realizadas en contra de los inversionistas, hay intereses subalternos, así como un sinnúmero de actos dolosos e incluso se han inventado crímenes para evitar la presencia de inversionistas, por parte de algunas autoridades que ya no están en el Ministerio Público.
Para mejorar la situación económica, laboral y social de la empresa Tumán, no existe interés de los defensores del Estado e incluso del mismo procurador, quien a la fecha no se presenta a ninguna investigación a pesar de haber sido debidamente notificado”, explicó.
Millones tras millones
El letrado no descartó la existencia de una “mano negra” con vínculos de intereses en la crisis que se vive en la empresa Tumán, la que ahora ha puesto al descubierto y ha llevado a determinar la existencia de una deuda laboral de 250 millones de soles.
En compromisos tributarios, hasta el 2023, Tumán tenía una deuda de 200 millones de soles. Además, por año, desde su crisis, Tumán está dejando de percibir 110 millones de soles anuales.
En la azucarera -sustenta- no hay siembra, no hay cosecha, no hay molienda, la que ahora se hace imposible porque la fábrica no está en buenas condiciones e incluso algunos accesorios han desaparecido.
“Luego de las administraciones judiciales, surgieron nuevos millonarios en Chiclayo. Desde el 2015 los trabajadores no perciben haberes y beneficios sociales. Se hace necesario que cuanto antes se realice la pericia oficial del Ministerio Público contra las ex administraciones judiciales y evitar que en juicio los responsables de la desgracia en Tumán puedan encontrar alguna forma de evadir su responsabilidad”, indicó.
Caos en propiedades
En este disturbio, se ha producido un gran desorden lo que significa ganancias de algunos. Hay invasión de tierras de Tumán, aprovechamiento y explotación particular de las tierras, así como aprovechamiento de su patrimonio, al no existir un directorio legal.
“Hace poco un tráiler cargado de caña de azúcar de Tumán fue intervenido por la Policía, pero el Ministerio Público dispuso se le entregue al señor Alejandro Zevallos como presunto depositario, y cuando se le solicitó lo devuelva, se ha negado a hacerlo, aprovechándose del caos que existe en la azucarera”, dijo Carrasco Lucero.
Descabezado
En estos momentos – relata- no existe directorio en la empresa agroindustrial Tumán. De facto aparece Alejandro Zevallos, quien está tratando de utilizar los pocos recursos que quedan de la empresa.
“El señor Alejandro Zevallos no tiene mandato judicial, él y sus acompañantes se están imponiendo por la fuerza a los trabajadores; sin embargo, el Ministerio Público no avance con las investigaciones y vía la legalidad vuelva el orden a la empresa azucarera”, sentenció.
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