Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán mostraron una vez más su preocupación por lo que consideran una suerte de impunidad que beneficiaría a los exadministradores judiciales de la azucarera, quienes han sido denunciados por diversos delitos, entre ellos organización criminal y lavado de activos.
Explicaron que la situación de la empresa agroindustrial a partir del inicio del clima de inestabilidad, iniciado en el 2015, los afecta directamente y habría ocasionado una pérdida superior a los 800 millones de soles.
Refieren que las administraciones judiciales instaladas desde el 2015 en adelante, han generado una distorsión absoluta del manejo empresarial, afectando de manera directa a los trabajadores, jubilados, viudas y herederos, pero además a la productividad y economía de todo el departamento.
Marcelino Llontop
Los trabajadores denunciaron ante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, a los exadministradores judiciales Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado, quienes lograron una resolución judicial en septiembre del 2015 que los legalizó en la conducción de la azucarera, aunque tenían el control de facto desde mayo de ese año.
Dicha administración habría abierto cuentas personales para depósitos de dinero por S/4 916 287, así como realizado pagos por servicios no ejecutados y por préstamos simulados.
Las presuntas irregularidades de la administración de Marcelino Llontop están denunciadas y se investigan en la Carpeta Fiscal n.° 216-2021. Los presuntos delitos son: lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado.
Alejandro Zevallos
También está denunciada la administración judicial de Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y César Sandoval Lozada. En dicha gestión se habrían aperturado cuentas bancarias en el BBVA Banco Continental y el Interbank a nombre de Alejandro Zevallos, a las que ingresaron recursos de la empresa azucarera.
La administración habría adquirido suministros por un S/1 970 302.16; pagado “gastos legales” por S/156 738.60 y recibos provisionales, pendientes de rendición, por un S/1 089 062.25.
César Sandoval
Otra administración denunciada es la dada por el Juzgado Mixto de Ferreñafe a favor de César Sandoval Lozada.
Entre las acciones de dicha administración se tienen el contrato con Alimenta Perú, suscrito en Bagua, por S/6 315 000, dinero que fue depositado en cuentas personales.
De acuerdo a la denuncia de los trabajadores, se hicieron dos depósitos: uno en una cuenta del Banco Continental, por S/3 015 000 y otro, en el banco Interbank, por S/3 300 000. De aquel período habría un faltante por rendir S/32 535 425.
Daniel Rioja
Del mismo modo se ha denunció a la administración de Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, la misma que tuvo dos períodos: del 21 de marzo al 24 de abril del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 31 de enero del 2018.
De los actos más saltantes de dicha administración se tiene que se habría aceptado un pagaré en Sechura por S/3 300 000 a favor de la empresa Multinegocios del Pacífico SAC, dinero que no habría ingresado a caja.
Esa administración otorgó poderes a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua, también a favor de Multinegocios del Pacífico SAC, por S/ 1 800 000, dinero que tampoco entró a caja.
Eric Benavides
Del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021 estuvo vigente la administración de Eric Benavides Timaná, concedida por el Juzgado Civil de Bagua.
Dicha administración habría realizado venta de azúcar en bolsas, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de S/25 180 724.17, dinero cuyo destino no se conocería.
Estos hechos y los antes mencionados forman parte de la Carpeta Fiscal n.° 018-2018, a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, donde se han acumulado las carpetas fiscales 07-2022, 20-2022 y 34-2022.
La empresa
Tumán dispone de 7800 hectáreas destinadas al cultivo de la caña de azúcar y 2000 hectáreas de tierras eriazas. Por lo menos, 1800 hectáreas están invadidas y el 90 % de las últimas están en la misma situación. Asimismo, las instalaciones de la fábrica están destruidas y el 50 % de los equipos y materiales han sido sustraídos.
Los 140 pozos tubulares que proveían de agua agrícola a los campos de la empresa han sido desmantelados y sustraídos, y toda la red de cables que proveían de energía eléctrica a los pozos tubulares ha sido robada.
La deuda de la empresa, según la SUNAT, es de S/820 000 000; la deuda laboral supera los 250 millones de soles; más de mil trabajadores jubilados no han recibido nada de su tiempo de servicios; la deuda a las AFP, ONP, EsSalud y la deuda comercial y a los sembradores de caña es altísima.
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