“Justicia que tarda no es justicia”, reza un conocido refrán tantas veces mencionado por quienes cargan con procesos judiciales durante largos años. Lambayeque no es la excepción a esta realidad, pues como distrito judicial su carga procesal es tal que cada juez debe realizar el trabajo que harían cinco magistrados en condiciones normales, tal como reconoce José Rodríguez Tanta, presidente de esta Corte Superior de Justicia.
El área que precisamente tiene más carga -sostiene el magistrado- es Penal, donde laboran 36 jueces. Él menciona que ya ha pedido en reiteradas ocasiones la implementación de un juzgado colegiado que vea casos de corrupción, a fin de lograr el desembalse de estos casos.
“En Penal tenemos la mayor sobrecarga. La producción de los jueces es del 500 %. Estamos solicitando que se implemente un juzgado colegiado, incluso para el tema anticorrupción, donde están los casos más sensibles. La gente se pregunta por qué estos casos se resuelven en cinco o seis años y es porque no tenemos un juzgado colegiado anticorrupción y eso nos afecta, ya que deben unirse los jueces de tres juzgados para armar un colegiado que solamente labora los viernes en ese tema, pues cada juez tiene ya su propia carga. Este pedido se lo hemos trasladado a Lima”, destaca.
Salas penales
Actualmente, Lambayeque cuenta con tres salas penales. El año pasado se implementó una cuarta sala penal, la cual fue de mucha ayuda, pero debió ser traslada a Jaén por cuestión de necesidad, indica Rodríguez Tanta.
“En Jaén hay una sola sala mixta que tiene más de 2000 expedientes, entre ellos penales, y justamente en Penal los casos se agendaban al 2026, incluso al 2027. Por eso esa sala transitoria está dando función en materia penal en Jaén”, explica.
Respecto a la necesidad de un colegiado anticorrupción, refiere que este pedido ya fue trasladado a la presidenta de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP), Elvia Barrios; así como al mismo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Además, refiere que han hecho algunas propuestas como que los dos colegiados que se tienen asuman los casos anticorrupción o que se instalen también nuevos juzgados de investigación preparatoria.
Avances
Pero no todo es malo. Dentro de este panorama de sobrecarga procesal se logró la creación de la Unidad de Flagrancia, ubicada en el distrito de La Victoria, la cual permite resolver casos en menos de 72 horas. El presidente de la Corte de Lambayeque indica que desde su inauguración el 20 de mayo de este año se han resuelto más de 250 casos en esta unidad.
La rapidez en la resolución de los casos en las Unidades de Flagrancia se debe a que estas estructuras judiciales se especializan en delitos descubiertos al ser cometidos o inmediatamente después, articulando directamente con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.
“A nivel nacional somos una corte modelo en Flagrancia, pues tenemos mas de 250 casos resueltos. Incluso logramos resolver un caso en tan solo 35 minutos”, destaca.
Procesos
El magistrado resaltó que cada año la Corte Superior de Justicia de Lambayeque supera las metas establecidas. Por ejemplo, indicó que el 2022 se resolvieron 96 mil expedientes, el año pasado 103 mil y este año ya se ha superado la cifra del 2023.
No obstante, los casos que ingresan siempre son más que los resueltos. El año pasado, a pesar de resolver 103 mil expedientes, ingresaron 110 mil nuevos a los cuales se suman los que quedan rezagados de otros años.
Ante esta situación -señala- se han implementado nueve juzgados, entre estos juzgados de Familia y juzgados transitorios no solo en Chiclayo, sino en Ferreñafe, Motupe y San Ignacio. “Antes teníamos juzgados con una agenda que corría un año de diferencia, ahora los casos se resuelven en meses”, puntualiza.
En total, en el distrito judicial de Lambayeque, que comprende también las provincias cajamarquinas de San Ignacio, Jaén y Cutervo, laboran 163 jueces.
Infraestructura
De otro lado, Rodríguez Tanta subraya que se han hecho esfuerzos por mejorar la infraestructura de las sedes judiciales, tanto para comodidad de los magistrados y servidores judiciales como también de los justiciables. En ese sentido, resalta la implementación de la sede ubicada en la avenida Luis González, donde funciona el Módulo Contencioso Administrativo.
“No era posible que los que llevaban procesos contenciosos administrativos, es decir quienes han sido sacados del Estado, tuviesen que trasladarse hasta a cinco lugares diferentes. Se ha creado este módulo que hemos implementado recién que está en Luis González, donde cuentan con todas las comodidades”, acota.
Añade que este año también se instaló la sede ubicada en Virgilio Dall Orso, donde funcionan los módulos de Paz Letrado, Familia, Violencia y Nueva Ley Procesal del Trabajo.
“En septiembre vamos a inaugurar el nuevo Archivo en nuestra Corte, porque el que teníamos era una casa de dos pisos que ya se caía, cuya infraestructura no estaba hecha para ese fin y ponía en riesgo a los trabajadores. En adelante, los expedientes irán disminuyendo, pues ya estamos en varios módulos con el sistema EJE (Expediente Judicial Electrónico), en un futuro ya no necesitaremos expedientes físicos, pero debe haber condiciones de trabajo para los que laboran en Archivo”, menciona.
En cuanto al palacio judicial que se ubicaba en la calle San José y que fue reducido a escombros tras un incendio ocurrido el año pasado, refiere que ya se encuentra totalmente demolido y será reconstruido con el diseño original, tal como ha sido el compromiso con el Ministerio de Cultura. Este bien se encontraba asegurado por Mapfre.
Carceleta judicial
Consultado por la situación de hacinamiento que se vive en la carceleta judicial, el magistrado señala que si antes podía haber hasta 130 detenidos, hoy esa cifra se ha reducido a menos de 60.
“El problema en la carceleta judicial era que la policía nos traía detenidos de todo tipo, a veces hasta los que eran solicitados por el fuero militar. También venían de otras cortes, lo cual nos generaba hacinamiento. ¿Qué pasaba con los ciudadanos que tenían procesos por alimentos? Que los abogados solicitaban a los jueces que les dieran dos a tres días para que consigan el dinero. Nosotros ya hemos hablado con los jueces y les hemos dicho que, si ya se les dio el plazo suficiente en el proceso civil y en la fiscalía, ya debe ser puestos inmediatamente a disposición y asumir sus responsabilidades”, manifiesta.
Consciente del problema que esto genera posteriormente en el recinto penitenciario de Chiclayo, señala que ya ha solicitado desde el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) la ampliación del penal o, en su defecto, la construcción de una nueva cárcel.
“Se hizo un censo el año pasado en colaboración con la Defensoría del Pueblo. Yo estoy concurriendo al penal. Son más de cuatro mil internos. Con ese grado de hacinamiento no se puede trabajar en la resocialización”, apunta.
+NOTICIAS
Deja tu Comentario