Inaugurado en 1987, el establecimiento penitenciario de Chiclayo fue construido en el antiguo fundo Santa María del Rocío, en Picsi. Se concibió inicialmente para albergar a una población de 1200 internos, pero hoy tras sus paredes de concreto armado viven casi 4400 reos, configurándose como uno de los penales con mayor hacinamiento del país.
Pero si la cifra de internos ha ido creciendo año tras año, la cifra de personal de tratamiento no. Luis Fernández Ruiz, director de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario - Inpe, refiere que el penal de Chiclayo solo cuenta con tres psicólogos, número a todas luces insuficiente para dar la contención psicológica que se necesita.
“Por lo menos requeriríamos de cuatro psicólogos por cada mil internos por pabellón, pero ahora solo contamos con tres profesionales para toda la población de 4400 internos que tiene el penal. Necesitaríamos unos 20 psicólogos como mínimo. No tenemos ni uno por pabellón”, menciona.
Seguridad
Similar situación ocurre con los profesionales en trabajo social y con los servidores de seguridad. De estos últimos solo se cuenta con 120 agentes, quienes se dividen en tres turnos. Se requiere -asegura- entre 100 a 150 por turno para garantizar la seguridad de la cárcel.
“Tenemos un promedio de 40 agentes de seguridad por turno, pero descontemos al personal que realiza las diligencias hospitalarias. Son dos custodios por cada interno y a veces hay diez internos hospitalizados, es decir, son 20 servidores que tenemos fuera y en el penal nos quedamos solo con 20. Es un déficit tremendo. Gracias a las gestiones de la Presidencia del Inpe se designará personal a la zona norte de la escuela que se está clausurando para el ingreso de nuevos agentes”, manifiesta.
Destaca que, a pesar de la brecha de personal de seguridad, desde el 2021 no se reporta un motín en el penal, aunque nunca se descarta el riesgo de que una nueva revuelta ocurra.
Agrega que también es necesario el equipamiento del penal con herramientas tecnológicas como escáneres digitales para la detección de sustancias prohibidas u otros objetos.
“No tenemos en la puerta de ingreso o en los accesos al penal ese tipo de tecnología que nos sería de mucho ayuda para detectar el ingreso de sustancias. Ahora vemos que muchas personas las ingresan dentro de sus estómagos ingiriendo pastillas, eso es muy complicado detectar”, afirma.
Hacinamiento
Luis Fernández señala que tanto fue el nivel de hacinamiento que durante la pandemia se decidió trasladar a la población femenina de la prisión hacia el penal de Pacasmayo, debido a los motines que se registraron y que puso en riesgo incluso a las mismas internas.
“Este establecimiento penitenciario no estuvo diseñado para albergar dos tipos de población, tanto masculina como femenina. Fue a raíz de los múltiples motines que hubo en pandemia que se tornó demasiado peligroso que exista un ambiente donde estén albergadas mujeres, por eso se tomó la decisión de que todas vayan al penal de Pacasmayo, dado que se reaperturó para ese fin”, sostiene.
Actualmente, el penal solo cuenta con un espacio pequeño a donde van las presas antes de ser clasificadas y trasladadas. La cifra mensual de internas provenientes de Chiclayo que son derivadas a otros penales, Pacasmayo sobre todo, oscila entre diez y doce.
Agrega que el hacinamiento en el penal también se debe a que más del 30 % de la población penitenciaria en Chiclayo no cuenta con una sentencia, mientras que otros se encuentran recluidos por delitos menores. Por ejemplo, hay cerca de 80 internos por faltas contra la persona y 200 por omisión a la asistencia familiar.
“A través del Poder Judicial se están haciendo grandes esfuerzos para que los internos que llegan al penal sean sentenciados. Hoy, más del 65 % ya está sentenciado, pero aún es una cifra insuficiente. Deberíamos buscar otro tipo de alternativas, otras penas para estos señores”, menciona.
Refiere que con el alcalde de Picsi, Juan Coronado Sánchez, se ha avanzado en las coordinaciones para la obtención de la licencia social, a fin de lograr la tan ansiada ampliación del penal, dado que se cuenta con el terreno en este distrito para su edificación.
No obstante, esta no es una tarea fácil, dado que en Trujillo y Piura también cuentan con terrenos para la ampliación de pabellones, pero tampoco se ha obtenido la licencia social por parte de la población.
Resocialización
A pesar de todos estos problemas, el Inpe trabaja en la resocialización de los internos, a través del programa ‘Cárceles Productivas’. Un ejemplo es la labor que realizan en el taller de panadería, donde diez reclusos elaboran panes, dulces y por estas fechas también panetones, los mismos que cuentan con registro sanitario y están a la venta al público.
“El panetón se llama ‘Maqui’, aproximadamente diez internos lo fabrican. Este año tenemos registro sanitario para lanzarlo a la venta al público. La empresa ‘Dulce Maqui’ ha apostado por la rehabilitación de los internos a través de este rubro. Es un panetón de calidad que no tiene nada que envidiar a ninguna marca”, señala el director regional de Inpe.
Israel Zapata, maestro panadero que está a cargo del taller, señala que estos panetones son preparados con premezcla y en un día los internos pueden sacar hasta 80 unidades.
“Ya llevamos tres años trabajando acá, todos los años elaboramos panetones y siempre mejoramos el sabor. Esta Navidad tenemos la oportunidad de sacarlos a la venta, por lo que invitamos a la colectividad a adquirirlos. Por ahora vamos preparando 2000 panetones”, indica.
Otros talleres que funcionan en el penal son el de cuero, donde elaboran bolsos, billeteras, maletines y monederos; carpintería, donde se producen catres, cofres, y tallados; y costura, donde se fabrican batas hospitalarias.
Además, dentro del penal funciona el Centro de Educación Básica Alternativa ‘Ciro Alegría’, donde estudian 180 internos del régimen cerrado especial.
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