Sara Alvarado Cabrera fue nombrada fiscal superior provisional en Lima Centro y, con ello, dejó de estar avocada a la Carpeta Fiscal 2447-2014, la del caso “Limpios de la Corrupción”. Se fue sin haber presentado el requerimiento acusatorio ni el de sobreseimiento que se le encargó en 2023, y ocho meses después de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo la apercibiera otorgándole cinco días para hacerlo. En los pasillos del Ministerio Público de Chiclayo se comenta que el caso podría volver a manos del fiscal que fue relevado hace tres años, justamente por no acusar.
Alvarado Cabrera fue nombrada fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y designada en la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con retención de su cargo de carrera, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2399-2026-MP-FN, del 13 de agosto de 2026, suscrita por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas y publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de agosto. La resolución se sustenta en el Informe N° 002-2026-MP-FN-FSCN-FEDLA, que propone continuar la reestructuración de las fiscalías de lavado de activos para “garantizar la probidad y eficacia” en la conducción de esas investigaciones.
La misma resolución dio por concluidos su destaque en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo y su avocación, en adición a funciones, a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 y sus derivados: el caso conocido como “Los Limpios de la Corrupción”, seguido contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, y más de 170 personas, por presuntos delitos contra la administración pública —colusión, entre otros— y lavado de activos en agravio del Estado. El expediente, abierto en 2014, deberá ser reasignado a un nuevo fiscal.
El que no acusó
Por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2905-2016-MP-FN, del 22 de junio de 2016, el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, quedó a cargo del caso a dedicación exclusiva, con apoyo fiscal y logístico, del caso “Limpios de la Corrupción”.
Dos años después, el 22 de octubre de 2018, mediante la Disposición N° 337, Zapata Orozco declaró concluida la investigación preparatoria. Desde esa fecha, el paso procesal siguiente era formular requerimiento de acusación, de sobreseimiento o ambos, para lo cual, dado que se trata de un caso complejo, el plazo era de 30 días hábiles, que vencieron el 4 de diciembre de 2018. Ese pronunciamiento nunca llegó.
El 22 de agosto de 2019, mediante el Oficio N° 003559-2019, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque exhortó a Zapata Orozco a emitir el requerimiento correspondiente. El 21 de febrero de 2020, el Oficio N° 000823-2020-MP-FN-PJFS-Lambayeque, se reiteró esa exhortación recordándole que el caso llevaba más de cinco años de investigación fiscal, que se le había asignado a dedicación exclusiva con apoyo fiscal y logístico y que desde 2018 las investigaciones preparatorias estaban concluidas, por lo que debía pronunciarse “evitando aplazamientos innecesarios”.
El 5 de mayo de 2021, el entonces presidente de la junta, Alejandro Lamadrid Ubillús, le solicitó informar sobre el estado del caso y le recordó que en enero de ese año la Junta de Fiscales Superiores había acordado otorgarle plazo hasta fines de mayo de 2021 para culminar los requerimientos acusatorios pendientes. En su Informe del 10 de diciembre de 2021, Zapata Orozco atribuyó el retraso a la reducción del personal fiscal —sostuvo ser el único fiscal avocado a un caso con más de 170 imputados, sin apoyo de fiscales adjuntos ni provinciales— y a su condición de integrante del grupo de riesgo por la COVID-19, que lo obligaba a realizar trabajo remoto.
El acta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque del 4 de julio de ese año consigna que “pese al tiempo transcurrido (desde el año 2014) y a la condición de exclusividad” del fiscal Zapata Orozco, “no se ha logrado concluir con este proceso penal”, y que se acordó por unanimidad solicitar que se diera por concluido su avocamiento exclusivo, con retorno a sus funciones habituales, para lograr en el plazo más corto posible la redacción de los requerimientos pendientes. La misma resolución que recoge ese acuerdo añade que el propio Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo había solicitado la exclusión del fiscal responsable y la designación de un nuevo fiscal.
Así, por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 398-2023-MP-FN, del 16 de febrero de 2023, la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, dejó sin efecto la exclusividad de Zapata Orozco y designó en su reemplazo a la fiscal Alvarado Cabrera, en adición a sus funciones y hasta la culminación del caso. El cambio se produjo porque, con siete años de dedicación exclusiva, el fiscal no había presentado ni acusación ni sobreseimiento.
Se repitió la historia
Alvarado Cabrera fue designada en febrero de 2023 con el encargo de hacer lo que su antecesor no hizo, esto es, acusar o sobreseer. Su designación fue prorrogada por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque mediante los oficios N° 2061-2022 y N° 119-2023, y la propia resolución de la Fiscalía de la Nación la mantuvo en el caso “hasta la culminación” del mismo. Empero, habiendo transcurrido más de tres años el requerimiento sigue sin ser presentado ante el Poder Judicial.
El 24 de diciembre de 2025, en audiencia pública correspondiente al Cuaderno Judicial N° 05207-2014-275-1706-JR-PE-04, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, declaró improcedente un pedido de control de plazo formulado por la defensa de uno de los encausados, pero le otorgó a la fiscal el plazo de cinco días para que presentara su requerimiento de sobreseimiento, de acusación o ambos, bajo advertencia expresa de que, en caso de incumplimiento, se pondría el hecho en conocimiento de la fiscalía penal competente a fin de que evalúe una investigación por el presunto delito de omisión de funciones.
Ocho meses después de aquel apercibimiento, y a la fecha de su ascenso, no consta que el requerimiento haya sido presentado en los extremos principales de la carpeta. Siendo así, caso vuelve a quedar a la deriva, a la espera de que la Fiscalía designe a un nuevo responsable que deberá empezar por leer cientos de tomos antes de decidir si acusa o pide el sobreseimiento.
Colaboración eficaz fuera de plazo
Lo que sí ingresó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque fue otra cosa. El 30 de junio de 2026 se registró el Expediente N° 09464-2026-24-1706-JR-PE-10, por requerimiento de colaboración eficaz del Cuaderno CE N° 22-2014, presentado por la fiscal Sara del Socorro Alvarado Cabrera por el delito de lavado de activos (Ley N° 27765). Al 7 de agosto de 2026 el incidente figuraba “en calificación”, y la sumilla judicial consigna que el colaborador adjuntó un sobre cerrado cuyo contenido reservado no fue comprobado.
Lo más grave es que ese mismo cuaderno ya había sido rechazado. El Informe del 10 de diciembre de 2021, suscrito por el propio Zapata Orozco, consigna respecto del CE N° 22-2014/05-2016 que “mediante Disposición N.° 08 de fecha 25 de octubre de 2018 se denegó el acuerdo de colaboración eficaz solicitado”. Es decir, un acuerdo denegado por el Ministerio Público en 2018 reaparece ocho años después como requerimiento ante el juez, fuera del plazo legal y sin que se haya comprobado el contenido de la información ofrecida.
En los pasillos del Ministerio Público de Chiclayo se comenta que la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 retornaría al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco. La versión no ha sido confirmada oficialmente, pero basta enunciarla para advertir el despropósito: se trataría de devolver el caso al mismo fiscal que lo tuvo a dedicación exclusiva desde 2016 y que fue relevado en 2023 por decisión unánime de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque precisamente por no haber formulado acusación ni sobreseimiento.
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