Concesionarios del Comedor Estudiantil presentaron documentos falsos.

El 24 de mayo ingresó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios la denuncia interpuesta por los presuntos ilícitos de colusión desleal agravada, falsificación de documentos y omisión de denuncia contra las actuales autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, por presuntas irregularidades en el manejo del comedor estudiantil.

La denuncia fue presentada por Juan Manuel Antón Pérez y Antonio Escajadillo Durand, quienes consideran que el rector Jorge Oliva Núñez, la jefa de la Oficina de Abastecimiento, July Alvarado Ventura y el jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, Luis Lucero Carrasco, son responsables de los ilícitos junto al representante del Consorcio Naylamp, William Morales Roncal, el socio de la empresa GHA SRL, Henry Díaz Valera, y el estudiante Luis Díaz Guevara.

Los denunciantes señalan que el pasado 21 de abril, mediante Resolución N° 355-2016-R, el rector de la casa superior convocó al procedimiento de Contratación Directa Nº 002-2016/UNPRG, para la adquisición de menús para los estudiantes beneficiarios del comedor de la universidad, presupuestada en 667 mil 544 soles.

Según reza el documento, Henry Díaz Valera, padre del estudiante incluido en la denuncia, quien pertenece al grupo que respalda a la gestión de Oliva Núñez, constituyó el 22 de febrero de este año, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Bustamante, de la provincia de Bagua, la empresa Servicios Generales GHA SRL, con domicilio en la vivienda donde reside el alumno, ubicada – de acuerdo a la ficha RENIEC, en la calle Yahuar Huaca del distrito de La Victoria – Chiclayo.

La empresa recientemente constituida se asoció con el empresario Roger Alarcón Flores para participar en la contratación del comedor universitario bajo el nombre de Consorcio Naylamp, haciéndose de la buena pro el 22 de abril, imponiéndose sobre la empresa D&R Servicios Flores EIRL, que antes ya había prestado el mismo servicio a la universidad.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que el consorcio ganador no cumplió con las especificaciones técnicas y los perfiles requeridos, tal como lo denunció en el ámbito administrativo la empresa D&R Servicios Flores EIRL el 3 de mayo pasado.

SIN EXPERIENCIA

De esto se desprende, por ejemplo, que las ayudantes de concina carecen de experiencia como exigen las bases y que ninguna de las 12 personas enlistadas para la manipulación de alimentos reúne las condiciones del perfil, lo que también sucede con el personal de lavado de servicios y limpieza.

“El Consorcio Naylamp debió ser descalificado por presentar en su expediente a personal que no cumplía con el perfil requerido para el deservicio de alimentación en el comedor universitario. Sin embargo, ante el evidente direccionamiento para declararlo ganador, mediante Acta de fecha 22 de abril de 2016, se le otorga la buena pro, consignando como monto adjudicado la suma de 667 mil 544 soles, incluidos los impuestos de ley”, reza la denuncia.

De acuerdo al Artículo N° 86 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, las resoluciones que aprueban las contrataciones directas requieren “obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal” en el informe o informes previos con los cuales sea posible justificar la necesidad y procedencia de la contratación.

CARNÉS FALSOS

Los denunciantes aseguran en su escrito dirigido al Ministerio Público que lo antes expuesto no es lo único irregular. A esto se suma la presunta presentación de documentación falsa con la finalidad de ganar la contratación.

Esto porque los carnés de salud presentados por los maestros de cocina Kris Cabrera Calderón y Segundo Tenorio Suárez; por la encargada de la manipulación de alimentos Ana Zuloeta Julca, y los ayudantes del lavado del servicio Segundo Toro Díaz, Ermita Frías Peña y Verónica Páucar Iriarte, habrían sido adulterados.

“Dichos documentos no tienen número de registro y su llegado se ha efectuado a mano. En dicho contexto de ilicitud, la Sub Gerencia de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con fecha 9 de mayo, emitió la Carta N° 135/MPG-SGS-2016, que contiene el Informe N° 076-2016-MPCH-LAC, deja constancia expresa que los carnés son falsos, porque las personas no están registradas en los días que se señala la supuesta emisión de los mismos”, señala la denuncia.

A esto se añade los carnés de salud a nombre de Mónica Vásquez Rubio y Lesly Rubio Estela, que presuntamente fueron obtenidos el 21 y 22 de marzo pasado y en los que se señala que dichas personas laboran en el cafetín y el comedor de la universidad. Es decir, un mes antes que el Consorcio Naylamp reciba la buena pro de la concesión.

PRESUNTOS DELITOS

El Artículo N° 427 del Código Penal vigente tipifica al delito de Falsificación de Documentos Públicos al precisar que: “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador…”.

“Las empresas Servicios Generales GHIA SRL y la otra representada por Roger Alarcón Flores se dedican al transporte y venta de alimentos, bebidas y tabacos, esto consta mediante un contrato que hizo con el programa nacional del Estado QaliWarma, como operador logístico. Otro de los puntos que ha sido observado, es que no cumple con uno de los principales requisitos que es la antigüedad en la experiencia que presenta, pues el último trabajo que realizó supuestamente en este rubro fue desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2014, por lo que tiene diez meses y quince días de antigüedad  y según las bases se requería una empresa con un año mínimo de experiencia. A esto se suma, que consigna la dirección de su local de Bagua en Jirón Sargento Lores 723, un local de 20 mt2 que se encuentra actualmente en construcción y que lo presentan como si fuera un gran almacén”, detalla la denuncia.

Los denunciantes señalan que todos estos actos ilícitos, generaron que los dirigentes y estudiantes beneficiarios del Comedor Universitario tomaran las instalaciones de la universidad el 2 de mayo, denunciando las pésimas condiciones de atención y salubridad, así como la vinculación del estudiante Díaz Guevara con el socio de la Empresa Servicios Generales “GHIA” SRL. 

Asimismo, el segundo párrafo del Art. 384º del Código Penal tipifica al Delito de Colusión Desleal Agravada, al preciar que: “El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa".

“Dicha conducta resulta imputable a los denunciados Jorge Aurelio Oliva Núñez; a la jefa de la Oficina de Abastecimiento, July Alvarado Ventura, y Jefe de Asesoría Jurídica, Luis Carrasco Lucero, en razón que de los elementos de convicción acopiados y que se aportan a la presente investigación existe evidencia razonable de la existencia de un concierto de voluntades con los interesados para defraudar el patrimonio del Estado -Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”, enfatiza la denuncia.

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