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CASI 18 MILLONES DE SOLES EN JUEGO: EPSEL Y LA SOSPECHOSA CONDUCTA FRENTE AL ARBITRAJE DE LOS EMISORES DE CHICLAYO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1013

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El 24 de abril pasado la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, fue notificada de la demanda arbitral interpuesta por la contratista que tuvo a cargo la inconclusa obra de los emisores principales de Chiclayo. Desde ese momento, la empresa del agua tenía 15 días hábiles, que se vencieron el 16 de mayo, para responder a la pretensión que asciende a casi 18 millones de soles por presunto perjuicio económico. Sin embargo, un inusual retraso en la formulación de la respuesta de EPSEL ha levantado sospechas de todo tipo que apuntan a un posible interés en que el arbitraje se pierda. 

 

A inicios de semana las aguas se movieron en la entidad paramunicipal. Expresión alertó de la situación a la Contraloría General de la República que a través de su Oficina Regional Norte intervino en EPSEL para conocer detalles de la tramitación del arbitraje, sobre todo en lo referido a la respuesta que EPSEL debía alcanzar.

 

La inmediata acción de la Contraloría permitió conocer al mediodía del martes 16 que hasta ese momento la entidad de saneamiento no había emitido sus informes de contestación a la demanda arbitral, e incluso que el gerente general, Néstor Salinas Vásquez, anunciaba la convocatoria de un experto, radicado en Lima, para elaborar la contestación, en tanto se buscaría el cambio del árbitro designado por EPSEL, el abogado Edwin Zamora Millones.

 

LA CONTROVERSIA

En septiembre del 2014, siendo José Baca Távara (hoy recluido como investigado en el caso “Limpios de la corrupción”), gerente general de EPSEL, la empresa entregó la buena pro al Consorcio Sipán, integrado por las empresas Roaya y Aretsa, para la ejecución del proyecto de mejoramiento de los emisores principales de Chiclayo, valorizado en 86 millones de soles.

 

El expediente técnico para la obra fue elaborado por un equipo de ingenieros convocados siendo Percy Quesquén Díaz (también investigado del caso “Limpios de la corrupción”) presidente del Directorio de EPSEL. Se trata de los ingenieros Humberto Olorte Villarreal, Humberto Heredia Morales, José Alegría Olazábal, Rosa Meza Camacho y Luis Arismendi Morales, quienes cobraron aproximadamente 60 mil soles cada uno por su trabajo profesional.

 

El Consorcio Sipán inició en febrero del 2015 y al poco tiempo se empezaron a detectar anomalías en el expediente, lo que finalmente originó la paralización de la obra en noviembre del año pasado.

 

En total se han identificado 14 observaciones al expediente que elaboró el equipo liderado por Olorte Villarreal, entre ellas la incompatibilidad de la fórmula polinómica para la proyección presupuestal de la obra, así como problemas en la secciones transversales en la línea de los emisores, interferencias de los cruces en la zona urbana y omisión de los cruces aéreos.

 

Esta situación motivó a que EPSEL planteara ante la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque una conciliación con el Consorcio Sipán, aceptando la empresa hasta 26 valorizaciones por un monto aproximado de tres millones de soles.

Sin embargo, en febrero de este año el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, anunció la resolución del contrato ante el incumplimiento de las partes para la continuidad de los trabajos. Este hecho motivó a que el consorcio planteara el 11 de abril la demanda por la vía arbitral, la misma que fue notificada a EPSEL el 24 del mes pasado.

 

LA TRAMITACIÓN

El Consorcio Sipán presentó su demanda con doce pretensiones que suman un petitorio económico de 17 millones 718 mil 133.80 soles, confiriéndole a EPSEL 15 días hábiles para responder, contabilizados a partir del 24 de abril.

 

Ingresada la demanda, la Gerencia General de la empresa dispuso que la Sub Gerencia de Obras, a cargo del ingeniero Pedro Urdiales Esqueche, y la Gerencia de Administración y Finanzas, a cargo del contador Milton Calle Díaz, emitan sus respectivos informes técnicos y financieros en un plazo de cuatro días hábiles, los cuales servirían de base para responder a la demanda, tarea que finalmente tendría la Gerencia de Asesoría Legal. La labor consistía en responder a cada una de las pretensiones del consorcio.

 

Sin embargo, el lunes 15, en la víspera al vencimiento del plazo, la gerente legal de EPSEL, Graciela Flores Calizaya, comunicó a los auditores de la Contraloría que hasta ese momento no contaba con los informes, por lo que procedió a devolver la demanda a la Gerencia General a fin que disponga lo conveniente. Sin embargo, hasta las 5:00 de la tarde de ese día, Urdiales Esqueche y Calle Díaz no habían alcanzado los documentos requeridos.

 

Para la Contraloría, esta situación no permitía a la entidad ofrecer y presentar las pruebas que acrediten sus argumentos para contradecir la demanda hecha por el consorcio y de este modo salvaguardar los intereses del Estado.

 

EL RIESGO

El martes 16, a las 10 de la mañana, ingresó el Oficio N° 00586-2017-CG/GORECH, dirigido por William Boulanger Jiménez, contralor regional de Lambayeque, al gerente general de EPSEL, Néstor Salinas Vásquez, en el que le advierte que debe valorar los riesgos y disponer las acciones preventivas pertinentes para cautelar los intereses del Estado, las cuales deben ser comunicadas en un plazo no mayor de tres días hábiles.

 

En el documento, Boulanger Jiménez le hizo saber a Salinas Vásquez que EPSEL corría el riesgo de perder el arbitraje y, en consecuencia, quedar obligada a pagar la pretensión económica del Consorcio Sipán.

 

Es más, hace referencia a lo señalado en el inciso “c” del Artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, donde se indica: “Una de las partes no comparezca a una audiencia, no presente pruebas o deje de ejercer sus derechos en cualquier momento, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas que tengan a su disposición”.

 

“Debido a que la demanda arbitral es voluminosa y no se cuenta con los informes técnicos y financieros correspondientes que sirvan de base para responder las pretensiones del contratista, la entidad se encuentra en riesgo de no tener opción de responder y contradecir dentro del plazo las pretensiones del Consorcio Sipán, lo que podría conllevar a que estas sean consideraras aceptadas”, refiere el documento de la Contraloría.

 

Ese mismo día, en una reunión realizada en la oficina de la Gerencia General de EPSEL, Néstor Salinas anunció que la empresa cambiaría de árbitro y convocaría al ingeniero Miguel Salinas Seminario para asesore a EPSEL.

 

Hasta el cierre de este informe no se conoció si EPSEL cumplió con alcanzar su respuesta a la demanda, considerando que hasta el mediodía del martes la Gerencia Legal no recibía los informes correspondientes para redactar la contestación.

 

PELIGROSA CERCANÍA

Como se ha explicado, el Consorcio Sipán está conformado por las empresas Roaya y Aretsa, siendo el representante legal Rodolfo Cabada Paz, viejo conocido del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien además es presidente de la Junta de Accionistas de EPSEL.

 

Rodolfo Cabada es el mismo que en 1998 acompañó a David Cornejo Chinguel, como integrante de la lista que el movimiento fujimorista Vamos Vecinos presentó para la Municipalidad Provincial de Trujillo. Conforme consta en el archivo del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Cornejo postuló como alcalde y Cabada como segundo regidor.

 

Alertado de esta situación, el gerente de la Oficina Norte de la Contraloría General de la República, Nelson Guevara Altamirano, indicó que podría solicitarse al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el congelamiento de las cuentas de EPSEL en tanto no se esclarezca la situación de la empresa frente a las pretensiones del Consorcio Sipán y el porqué no se dio respuesta oportuna a la demanda.

 

+ NOTICIAS

  • De acuerdo al cronograma de obra, el proyecto de los emisores debió concluir en agosto del 2016, pero debido a los retrasos argumentados por la empresa en función del expediente técnico se fijó como fecha tentativa febrero de este año.
  • Contraloría habría iniciado un proceso de investigación contra los proyectistas que elaboraron el expediente técnico, quienes podrían ser sancionados e inhabilitados para el ejercicio profesional. 

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