El decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Jorge Alva Hurtado, señala que la orden profesional, al igual que sus pares de otras especialidades, tienen diversas observaciones al proceso que desarrolla la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, que apunta a la rehabilitación y construcción de infraestructura en los departamentos afectados por El Niño Costero.
El gobierno nacional ha anunciado que en los próximos años se invertirán más de 27 mil millones de dólares en la restitución de los servicios interrumpidos o dañados por las lluvias, huaicos e inundaciones que azotaron el país entre enero y marzo pasado, así como en la construcción de infraestructura que modernice a las ciudades afectadas y en obras de prevención para eventos climáticos similares.
Sin embargo, el proceso no cuenta con mecanismos establecidos que faciliten la participación y fiscalización de la sociedad civil.
“Hay varios reclamos de la orden, sobre todo de algunos consejos departamentales. El que he escuchado con más frecuencia y énfasis es el de Piura, donde aparentemente se llegó a un entendimiento con el Ministerio de Agricultura y finalmente se desestimó la participación de veeduría del Colegio de Ingenieros del Perú”, comenta el decano.
LA CONFORMACIÓN
Señala que en todas las conferencias y presentaciones realizadas por el director de la ARCC, Pablo de la Flor Belaunde, no menciona para nada a los colegios profesionales, lo que – en su opinión – “no es una buena acción”, más porque el CIP y los consejos departamentales se han puesto a disposición del supremo gobierno.
“Particularmente la Autoridad para la Reconstrucción no nos ha convocado, pero sí lo están haciendo los diferentes sectores. En primera instancia firmamos un convenio con la exprocuradora Julia Príncipe y eso permitió que participemos en la revisión de diferentes obras, como los trabajos del agua y alcantarillado en el departamento de Loreto; también hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con Salud para realizar inspecciones y, del mismo modo, nos hemos entrevistado con el nuevo contralor Nelson Shack para que no se realicen revisiones posteriores a las obras. Él considera que es importante la participación de gente técnica de la sociedad civil, disposición que no hemos encontrado en la Autoridad para la Reconstrucción”, asevera.
Alva Hurtado señala que el Colegio de Ingenieros del Perú se ha pronunciado, por acuerdo del congreso del consejos departamentales, en relación al respeto que se debe dar a la posición de la ingeniería.
“Exigimos la participación de ingenieros técnicos en los organismos de su competencia, que no vengan abogados o economistas, posiblemente muy eficientes en su rama, pero no en la ingeniería. La ingeniería para los ingenieros, ese es el mensaje que estamos dando y que tiene que ser tomado por la Autoridad para la Reconstrucción”, acota.
Lamenta que el directorio de la ARCC esté conformado solo por ministerios y no se haya dado espacio de participación a los colegios profesionales o a otras organizaciones de la sociedad civil como las cámaras de comercio.
“Se necesita que este proceso esté liderado por técnicos, por gente que sepa, no que venga a aprender. La Autoridad para la Reconstrucción está confiando mucho en instituciones internacionales como Naciones Unidas, lo que está bien, pero también creo que debe darse más importancia a la ingeniería nacional”, señala.
LA CORRUPCIÓN
Jorge Alva precisa que la participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones, en procesos como el de la reconstrucción, es fundamental en la medida que ayudaría a la fiscalización de los recursos públicos, para de este modo evitar que el país siga viéndose afectado por la corrupción que al año le representa al Estado la pérdida de 12 mil millones de soles.
El decano nacional del CIP indica que si bien en muchos de los actos de corrupción relacionados a obras públicas hay ingenieros involucrados, la lucha contra este flagelo demanda de esfuerzos mayores de todos los actores sociales.
“Este es un problema de la sociedad en general. ¿Cómo es posible que un expresidente haya podido tener 20 millones de dólares de la corrupción? Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Vamos a ir por los que están abajo o empezamos por los que están arriba? Todas esas empresas, constructoras o estudios jurídicos que han defendido a la corrupción deben ser sancionados, lo mismo que los ingenieros. Debe haber sanciones incluso sobre el Poder Judicial mismo, porque muchas veces este ha apañado todas estas corruptelas”, afirma.
A FAVOR DE LAS CONTRATISTAS
Alva Hurtado dice conocer el problema de cerca y recuerda el rol que jugó como perito para desvirtuar el pedido realizado por Odebrecht, a través de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, para cobrar más de 70 millones de dólares por supuestos sobrecostos en la construcción del Túnel Trasandino.
“Ahí se vio el esfuerzo que hacía el contratista y algunas autoridades, e incluso miembros de distintas ramas del Poder Judicial para decir que mi informe no era el adecuado, se abrió un proceso, se quejó a los jueces y se terminó en el Tribunal Constitucional, que finalmente resolvió el caso y confirmó que no debía pagarse lo que pedía la concesionaria, pero ese es un caso. Como ese hay miles y en la mayor parte ha ganado siempre el contratista y, lo que es peor, muchas veces el contratista ponía al supervisor y este obviamente le decía no al propietario. Es más, muchas instituciones han estado a favor de los contratistas y esas cosas tienen que terminar y ese no es solamente problema de los ingenieros, es un problema generalizado de la sociedad civil”, refiere Alva Hurtado.
Añade que urge iniciar un proceso de restauración del Estado que asegure mecanismos transparentes y eficientes en la ejecución de obras, máxime porque el país necesita cerrar las brechas de infraestructura y no se dispone de la totalidad de recursos para hacerlo.
Manifiesta que una medida efectiva es el ingreso de gente honesta y experimentada en las funciones que el Estado requiere.
“Debemos tener equipos especializados que realicen seguimientos a las obras y no esperar al final para que intervenga la Contraloría, cuando ya no se puede hacer nada. El seguimiento debe ser antes, durante y después y tiene que participar la sociedad civil, pero es necesario también que se nos escuche, que se nos dé el lugar adecuado”, enfatiza.
CALIDAD UNIVERSITARIA
El también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, se pronunció en relación al reclamo que diversos sectores han planteado para que el Colegio de Ingenieros del Perú impida la habilidad profesional a los egresados de programas de complementación académica, cuya formación carecería de calidad.
Alva Hurtado señala que la llamada a intervenir es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU.
“No puede ser que cada universidad buena, bonita y barata dé para todo títulos a nombre de la Nación. ¿Entonces cómo se distingue que tal ingeniero es de una universidad a, de una universidad b o de una universidad c. Yo eliminaría, en primera instancia, que los títulos sean a nombre de la Nación”, indica.
Explica también que la SUNEDU debe dedicarse exclusivamente a fiscalizar la calidad universitaria y no a poner trabas a las casas superiores más antiguas para el licenciamiento.
Según refiere, la superintendencia pone obstáculos para que las universidades nacionales alcancen el licenciamiento mientras que el Estado no otorga los recursos suficientes para mejoras y equipamiento, lo que las pone en desventaja con las universidades privadas que sí disponen de presupuestos y califican con mayor facilidad en el proceso.
“La privadas pasan por agua tibia, en cambio de las universidades nacionales solo una, que es la Agraria La Molina, se ha licenciado, mientras que la Universidad de Huanta ha logrado el licenciamiento por orden judicial. ¿Y las otras universidades? Estamos trabajando dos años en el licenciamiento y cada vez cambian a las comisiones de revisión o sacan nuevos parámetros. Entonces, tenemos un desánimo para esto, porque pareciera que hubiese una corriente que dice que a las universidades nacionales no hay que licenciarlas, que solo se haga con las privadas que son más jóvenes y tienen mayor poder económico. Yo soy un convencido que las universidades públicas deben ser las mejores, como sucede en Chile, en Argentina, en Ecuador, en todos los países vecinos, como en cualquier parte del mundo”, precisa.
Añade que en la superintendencia debe participar personal especializado y que conozca de universidades públicas. “No puede haber solamente gente que es completamente ignorante de la realidad que tenemos en las universidades públicas del país”, afirma.
Finalmente, Alva Hurtado señala que tampoco existe confianza en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE.
“Nosotros no creemos en la acreditación nacional y entonces nuestro estatuto nos exige la acreditación no voluntaria, sino obligatoria para cada una de las escuelas y que sea internacional. ¿Por quién? Por miembros del Acuerdo de Washington. De nuestras 28 escuelas profesionales ya tenemos 20 acreditadas y en eso sí creemos”, resalta.
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