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MARVIN PALMA: “NO ESTOY A FAVOR DEL PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA KENJI FUJIMORI”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1033

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El congresista Marvin Palma Mendoza, uno de los que forman el grupo juvenil de la bancada de Fuerza Popular, dice estar en contra del nuevo proceso disciplinario iniciado por la agrupación contra Kenji Fujimori Higuchi, pues considera que es una mala señal la que proyecta el partido al cuestionar la libertad de expresión entre sus militantes. 

 

“Desde el momento en que ingresé a Fuerza Popular tengo el mejor concepto de un partido político.  Fuerza Popular es admirado por los otros partidos del país. Nosotros somos una fuerza que debate internamente una vez a la semana, todos los martes nos reunimos para exponer nuestros puntos de vista, reímos y hasta nos peleamos. Juntos tomamos una decisión. Si la decisión de la mayoría es votar a favor o en contra de algo se respeta en el pleno del Congreso de manera uniforme”, comenta el legislador por Lambayeque.

 

Sin embargo, refiere que aun cuando considera que la bancada fujimorista se maneja con “admirable disciplina”, esta no debería utilizarse para sancionar a quienes piensan diferente a la mayoría, razón por la que se manifiesta en contra del proceso interno al que se ha sometido nuevamente al último de los hermanos Fujimori.

 

Cuando se votó la cuestión de confianza presentada por el expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ante el Congreso de la República, Kenji Fujimori fue el único de los integrantes de la bancada naranja que se mostró a favor, lo que fue tomado por sus compañeros de partido como un acto de indisciplina.

 

En el Expediente 03-2017 del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular se señala que son seis las supuestas infracciones que habría cometido el Fujimori Higuchi, referidas a algunas publicaciones realizadas en Twitter y por haberse cubierto la boca cuando se debatía en el pleno el nuevo proyecto antitranfuguismo que planteó la agrupación.

 

POSICIÓN EN CONTRA

“No estoy de acuerdo con la nueva apertura del proceso disciplinario contra el congresista Kenji Fujimori. Es cierto, somos una fuerza política disciplinada y votamos de manera uniforme, y un voto en contra de nuestros acuerdos internos no representa mayor cambio porque somos 71 congresistas, por lo tanto si un congresista nuestro vota en contra o manifiesta con sus acciones una posición distinta a la de la mayoría me parece válido y no considero que esa es una razón justificada para que se la abra un proceso disciplinario”, afirma Palma Mendoza.

 

El legislador asegura que la democracia interna de la bancada permite que sus integrantes expresen sus opiniones discrepantes, pero la consigna de Fuerza Popular es que en pleno el voto sea en bloque y en función del acuerdo de mayoría.

 

“De acuerdo a nuestras funciones, como lo manda la constitución, nadie nos puede limitar y si un congresista está en contra de algo debe respetarse su posición. La función congresal no está sujeta a impedimentos y debe existir respeto por la libertad de expresión, por esta razón no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo contra Kenji Fujimori”, asevera.

 

NO HAY FRACTURAS

Pese a las fricciones internas, Marvin Palma afirma que es poco probable que la bancada de Fuerza Popular se fracture y que Kenji Fujimori pueda formar un nuevo grupo parlamentario, teniendo en cuenta que esto ahora es posible luego que el Tribunal Constitucional declarara la ilegalidad de la modificatoria al Reglamento del Congreso de la República que impulsó la representación naranja, al impedir que los legisladores disidentes formen nuevas bancadas.

 

Recuerda que tan pronto se emitió el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley Antitransfuguismo, hubo tiempo suficiente para que los congresistas que querían alejarse de las agrupaciones a las que actualmente pertenecen formen nuevas bancadas, tal como sucedió con el Frente Amplio, cuyos disidentes formaron el grupo de Nuevo Perú.

 

“Si hubiera habido un grupo de congresistas de Fuerza Popular con intenciones de apartarse lo hubiera hecho en su momento. Kenji lo ha dicho y todos los congresistas lo manifiestan: somos una fuerza política, una sola, nadie quiere separarse ni dividirse, si nosotros lo hubiéramos querido hacer ya hubiera pasado. Sí podemos discrepar, como lo estoy haciendo ahora. Insisto, no estoy de acuerdo con el nuevo proceso disciplinario abierto contra Kenji Fujimori”, asevera.

 

EL INDULTO

Respecto al pedido de indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori, Palma Mendoza sostiene que tanto la lideresa de Fuerza Popular como su hermano Kenji tienen claro el objetivo de la excarcelación. Sin embargo, ambos lo buscan con mecanismos distintos.

 

“Keiko es líder de un partido y ella está a favor de la libertad de su padre y lo manifestó con el hábeas corpus que presentó ante el Poder Judicial. Ella busca la libertad del expresidente Fujimori de una manera institucional, cumpliendo la promesa de campaña de que no iba a usar su poder político para ello. Lo de Kenji Fujimori es una condición más humanitaria, en una relación de hijo a padre. Él no quiere que su padre siga en prisión, quisiera que este pueda disfrutar de sus hijos y de sus nietos y en ese sentido se debe entender que ambos luchan de forma distintas. Yo pienso que todos los hijos del señor Fujimori quieren su libertad, pero cada uno tiene su forma de buscarla”, señala.

 

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EN FORO MACRO REGIONAL: DISCUTIERON SOBRE LA FORMALIZACIÓN PREDIAL EN EL DEPARTAMENTO

 

A iniciativa del congresista Marvin Palma Mendoza, el Congreso de la República, con la colaboración del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal – INICAM, la Fundación Konrad Adenauer y la Federación de Pueblos Jóvenes de Chiclayo, realizó el Foro Macroregional “Los asentamientos humanos en el marco del desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Chiclayo”.

 

La actividad se desarrolló en atención a que el 70 % de la ocupación en las ciudades del país se ha realizado mediante el asentamiento informal, lo que ha elevado los costos de la habilitación urbana para el Estado y genera problemas de ordenamiento, como la ocupación de áreas en riesgo, la desarticulación vial, la falta de áreas para la implementación del equipamiento social y la falta de áreas de recreación.

 

“Este no es un problema local, sino nacional, y las familias en los pueblos jóvenes y los asentamientos humanos quieren formalizar sus predios y tener la seguridad de contar con un título de propiedad. En ese sentido nosotros estamos en constantes reuniones, después de ocurrido El Niño Costero, porque quienes han sido más afectados son los pueblos jóvenes y como estas familias deben ser atendidas por el proceso de reconstrucción, es necesario que se avance en la formalización de los predios, porque de otra forma no será posible hacer inversiones del Estado, debido a que las viviendas se ubican en terrenos públicos, de privados, en litigio o en los que no se puede aplicar la expropiación”, explica el congresista.

 

Palma Mendoza añadió que se han iniciado coordinaciones con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, a fin de ayudar en las gestiones a los representantes de los pueblos jóvenes y asentamientos humanos que carecen aún de saneamiento físico legal, para que puedan iniciar o concluir los procesos correspondientes.

 

“Estamos enfocados en que las personas y los dirigentes de los pueblos jóvenes conozcan cuáles son las trabas y por qué hasta ahora no se puede concretar su formalización.  Otro problema muy serio es el del catastro, porque las municipalidades manejan uno distinto al que tiene EPSEL o la Superintendencia de Registros Públicos. Lamentablemente no tenemos una herramienta única y tampoco un plan de desarrollo urbano que permita definir cuáles son las zonas en las que deben asentarse las familias o generarse las nuevas habilitaciones urbanas”, manifiesta.

 

Finalmente, el parlamentario por Lambayeque precisa que las viviendas que interés social que impulsa el gobierno nacional no solo deben ser accesibles en costos, sino también seguras y que garanticen las comodidades y servicios básicos para el desarrollo de las familias.

 

“No creo que el proceso de reconstrucción vaya a corregir el serio problema de ubicación de viviendas en zonas vulnerables, por ello es importante que las organizaciones de base y las autoridades locales puedan impulsar estas medidas y cambios, necesarios para la seguridad de las familias”, señala.

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