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FISCAL CARRASCO CARGA CONTRA LOS JUECES SUPREMOS: AFIRMA QUE CON ACUERDO PLENARIO AYUDARON A IMPLICADO EN EL CASO “ORELLANA”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1041

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Coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque señala que solo los fiscales que “archivan todo no son denunciados”.

 

El coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, habló fuerte contra los jueces supremos de la República, quienes el pasado 13 de octubre arribaron al Acuerdo Plenario 01-2017, señalando directrices para la aplicabilidad del Decreto Legislativo N° 1307, que regula los mandatos de prisión preventiva contra los investigados por casos de organización criminal.

 

La molestia del representante del Ministerio Público se hace evidente debido a que este participó de manera directa en los inicios de las investigaciones a la presunta organización “Los limpios de la corrupción”, en el 2014, cuando se desempeñaba como adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, alcanzando notable exposición mediática.

 

Y es que aplicando el Acuerdo Plenario 01-2017, la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, ordenó a fines de octubre la excarcelación de ocho de los involucrados en el caso, a quienes el Ministerio Público imputa una serie de ilícitos cometidos durante la gestión de Roberto Torres Gonzales como alcalde de la provincia.

 

Carrasco Millones señaló que la magistrada, al acogerse al acuerdo plenario para cesar la prisión preventiva que su judicatura había dispuesto con anterioridad, habría incurrido en el delito de prevaricato.

 

“El Acuerdo Plenario 01-2017, que se adoptó este año y que ha causado mucha polémica, trata una figura que se creó el año pasado, en diciembre, con el Decreto Legislativo 1307. Los acuerdos plenarios se aplican para el futuro y eso cualquier estudiante de Derecho lo sabe. No se aplican para el pasado. El magistrado que aplica un acuerdo plenario sobre decisiones pasadas o que ya haya adoptado, definitivamente comete prevaricato y eso es lo que correspondería para un juez que emite una resolución contraria a la norma”, indicó el fiscal el viernes último, en una jornada académica organizada por la Asociación de Abogados Previsionalistas del Perú y el Estudio Jurídico Asunción & Abogados.

 

SEÑALAMIENTO DIRECTO

“Lo único que es retroactivo es la norma benigna. Por ejemplo, si el delito de extorsión estaba penado con 15 años y luego se establece que la pena máxima es de 10 años, la condena contra una persona puede reducirse. Con los acuerdos plenarios no sucede eso, solo funcionan para los casos futuros. El acuerdo plenario que se aprobó el 13 de octubre de este año, en plena huelga del Poder Judicial, solo es aplicable para los casos futuros”, indicó Carrasco Millones.

 

El fiscal añadió que la decisión de los jueces supremos de la República, de aprobar el acuerdo plenario sobre el Decreto Legislativo 1307, obedece a la intención de estos de beneficiar a magistrados del Poder Judicial investigados por sus vinculaciones con la red que lideró Rodolfo Orellana.

 

“El plazo de las prisiones preventivas, en casos de crimen organizado, puede durar 36 meses; es decir, tres años, y pueden ser extendidos por 12 meses más. Estamos hablando de cuatro años. Ese es el plazo correcto que establece el Código Procesal Penal en el Artículo 34 y ese es el plazo que debieron permanecer las personas que salieron en libertad por este acuerdo plenario extraordinario. Gracias a ese acuerdo plenario un exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, vinculado al caso Orellana, salió en libertad. El objetivo no era darle libertad a otra gente, sino a una persona vinculada a ‘Los dioses de la justicia’ como los conocemos”, denunció Juan Manuel Carrasco.

 

LOS PLAZOS

Por otro lado, el fiscal se quejó por la lentitud con la que los magistrados del Poder Judicial atienden los requerimientos del Ministerio Público, sin considerar – dijo – que existen plazos por cumplir.

 

“Nosotros presentamos requerimientos y el principal problema de la fiscalía no es que no hagamos nuestro trabajo. El principal problema de la fiscalía es que tenemos plazos que cumplir y si un juez ante un requerimiento fiscal se demora un mes en declarar inadmisible un pedido y otro mes más para revisar la subsanación o declararlo improcedente, los plazos ya no son cuenta del Ministerio Público sino del Poder Judicial”, aseveró.

 

Lamentó que por tales retrasos el Nuevo Código Procesal Penal no resulte una herramienta realmente efectiva.

 

“Decían que este nuevo modelo procesal era lo máximo en descarga procesal y que con este íbamos a ser los mejores investigadores y los mejores jueces, pero hemos terminado igual que en el Código de Procedimientos Penales. Entonces, ¿dónde está la mejora? Yo no pienso que las mejoras sean las normas, las mejoras están en la actitud, sobre todo de los magistrados”, manifestó.

 

CONTRA EL CNM

Asimismo, el coordinador de la FECOR Lambayeque se explayó con severidad contra los procedimientos implementados por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, para evaluar y ratificar a jueces y fiscales. En su opinión, no debería existir un modelo único debido a que la función que ambos magistrados cumplen es diferente.

 

“Es incongruente que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe igual a un juez que a un fiscal, porque los jueces todo el día se dedican a emitir resoluciones. Nosotros los fiscales no emitimos resoluciones, nosotros hacemos investigaciones y todos los días estamos realizando diligencias fuera de la oficina, no estamos en la oficina. Por eso no resulta lógico que a un fiscal lo evalúen igual que a un juez. El juez tiene el tiempo suficiente para estar en su oficina y revisar toda la jurisprudencia y la doctrina que necesita para elaborar un documento, nosotros no”, afirmó.

Carrasco Millones manifestó además que la modificatoria aplicada al reglamento de ratificaciones del CNM resulta perjudicial para los fiscales “que hacen su trabajo”.

 

“Nuestro trabajo es totalmente distinto y eso el Consejo Nacional de la Magistratura no lo toma en cuenta. Más aún cuando hace unas semanas ha sacado una modificatoria del reglamento de ratificaciones en el cual establece que todo fiscal o juez que no tenga procesos, quejas o denuncias será ratificado automáticamente. Ese es un premio para los que no hacen nada. ¿Qué fiscal no tiene denuncias? Yo tengo 88 denuncias de las cuales 58 tengo archivadas”, comentó.

 

TRABAJO DIFERENTE

Insistió en las diferencias entre el trabajo fiscal y de los jueces, remarcando que estos últimos no son afectados por las estrategias de defensa que despliegan los abogados – según dijo – para distraer a los operadores del Ministerio Público y lograr que agoten el tiempo descuidando sus investigaciones.

 

“Los jueces casi no son quejados, donde están las quejas es en la fiscalía. Los fiscales tenemos más quejas porque esa es una estrategia de los abogados. Los abogados utilizan a terceras personas e incluso ellos mismos presentan denuncias con la única finalidad de distraer el trabajo de la fiscalía, porque esa es su finalidad. La estrategia de los abogados es presentar la mayor cantidad de quejas diciendo que el fiscal no los miró bien, que le guiñó el ojo, que porque tiene un mismo contenido que el otro abogado. Por todo, nos denuncian por todo”, precisó.

 

Finalmente, dijo que incluso los fiscales que archivan denuncias pueden llegar a la Fiscalía de la Nación, el máximo eslabón del Ministerio Público.

 

“Esa modificatoria del CNM de ratificar automáticamente a los que no tienen denuncias es un premio para los que archivan todos sus casos, porque el fiscal que archiva todo no va a tener ninguna queja. El fiscal que archiva homicidios o casos de organización criminal o contra grupos de poder no va a tener ni una sola denuncia, al contrario va a ser promovido inmediatamente y llegará a ser Fiscal de la Nación”, indicó. 

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