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ANTONIO RABANAL AFIRMA QUE ES URGENTE: CAPECO EXIGE REVISIÓN Y CAMBIOS A LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1049

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La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, Filial Lambayeque, emitió un enérgico pronunciamiento público en el que deja sentada su posición de lucha contra la corrupción y el direccionamiento de obras y supervisiones, exigiendo la revisión de la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado, la que – afirma - está hecha a la medida de quienes cometen actos irregulares.

 

“Durante este período, llamado de transición, lo único que se ha logrado es la repetición del mismo esquema corrupto que nos dejó el gobierno de Fujimori, con la sofisticación que nos trajo Odebrecht, además de la burocracia corrupta y el marco burocrático-institucional proclive a este tipo de manejo”, refiere Antonio Rabanal Rosales, presidente de CAPECO Lambayeque.

 

“Lo concreto es que los sucesivos regímenes políticos, sea de nivel nacional, regional o local, financiaron sus campañas y se enriquecieron con el diezmo de la obra pública, pagando favores a los contratistas digitados, con sobrecostos y otros artificios, que permiten solventar la corrupción de dimensiones astronómicas”, añade.

 

LEY CON TRAMPA

Acota que dentro de este marco conceptual el Parlamento, que elaboró la Ley de Contrataciones con sus sucesivas modificaciones, y el Ejecutivo, que la promulgó e implementó, han sumado esfuerzos y “en forma orquestada permiten la corrupción, siendo cómplices de este proceso de descomposición institucional generalizada”.

 

Rabanal Rosales explica que con la aplicación de la ley, después de aprobados los proyectos de inversión, se inicia el nombramiento de los comités de selección “a la medida” por parte de la entidad que articula los “términos de referencia”, “especificaciones técnicas”, “requisitos de calificación” y “factores de evaluación” para “adecuar en forma grosera las exigencias con las que gana el postor previamente arreglado y que evidentemente tiene que pagar su porcentaje para hacerse acreedor de la buena pro”.

 

“Son poquísimas las excepciones, la mayoría de los comités a nivel nacional están infectados de corrupción, los mismos que después de adjudicada la buena pro reparten la bolsa económica entre sus miembros y la mayor parte de la misma para el titular del pliego, que conduce todo el proceso para el financiamiento de futuras campañas electorales y, en paralelo, cometer enriquecimiento ilícito, llegando algunos casos emblemáticos a paraísos fiscales”, señala.

 

Antonio Rabanal denuncia que las licitaciones de consultorías para la supervisión, se otorgan de la misma manera y con porcentaje de coima más altos, de manera que el ganador también condicionado por el sistema. “No controla, no trabaja y el contratista tiene patente de corso para ampliaciones de plazo y adicionales, que se convierten en las famosas adendas que ya conoce la opinión pública”.

 

Por tales consideraciones, CAPECO propone que se ejecuten modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a fin de erradicar los factores susceptibles a la corrupción.

 

CAMBIOS NECESARIOS

Por ejemplo, que se cambié el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, debido a que según este el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento, pero en la práctica esto no se cumple porque no existe el conocimiento ni la experiencia necesaria.

 

“Ante esta constatación, al final, con artificios, el requerimiento lo hace siempre el Comité de Selección. El dispositivo debe ser cambiado en el sentido de que el organismo que formula el requerimiento es el que debe asumir su responsabilidad y no diluirla, como hacen los Comités de Selección, amparándose en el texto de la Ley que identifica solo al área usuaria”, explica Rabanal Rosales.

 

Asimismo, que se modifique el numeral 41.3 de la norma, donde se indica el mecanismo a ejecutar cuando se presentan discrepancias del procedimiento de selección, en procesos cuyo valor referencial es inferior a 50 UIT.

 

CAPECO señala que en estos casos el recurso de apelación lo conoce y resuelve el titular de la entidad, disposición que es una flagrante arbitrariedad ya que las partes son la entidad y los postores, por lo que no se justifica que en este caso las entidades sean juez y parte. Además el principal beneficiario de la corrupción es el titular y por disposición de este los comités de selección direccionan las obras y sus supervisiones, razón por la que en las apelaciones los titulares aducen absurdas consideraciones como sustento para declarar infundados los recursos.

 

“Este numeral debe modificarse con la creación de los Tribunales Desconcentrados para que se aboquen a resolver estas apelaciones. Tampoco se justifica la garantía del 3 % para apelar, ya que ello significa que uno tiene que pagar para defenderse. Eso debe eliminarse”, señala.

 

Por otro lado, refiere que los comités de selección deben estar conformados únicamente por ingenieros o arquitectos según la especialidad del objeto de la convocatoria. Cada uno de estos miembros deben tener el conocimiento técnico especializado y la experiencia debida para evaluar la propuesta ingenieril. Sugiere que uno de los miembros debe ser designado por el Colegio de Ingenieros, por el Colegio de Arquitectos o de la Cámara Peruana de la Construcción, de cada región.

 

Del mismo modo señala que es necesario eliminar el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a los requisitos de calificación.

 

Según explica Rabanal Rosales se sustenta esta eliminación porque en el rubro del personal clave se ha venido exigiendo doctorados y demás grados académicos para los residentes, supervisores y sus asistentes, aun cuando estos no van a efectuar ningún diseño ni resolver ningún problema técnico complejo, sino que únicamente se deben ceñir estrictamente al proyecto contratado.

 

“Solo el proyectista puede autorizar la modificación de su proyecto. Las exigencias de requerir personal especializado (Personal Clave) en áreas inherentes al proyecto ha sido una creación legal exprofesa para facilitar la corrupción”, afirma.

 

En lo relacionado a “experiencia del postor, ejecutor o consultor”, señalada en el mismo artículo, Antonio Rabanal indica que debe circunscribirse al significado que OSCE ha definido, es decir, al “tiempo acumulado en obras de la especialidad y efectuado en cualquier época” y no en términos de montos contratados y en plazos de los últimos diez años.

 

CAPECO también ha pedido que se elimine el artículo 30 del Reglamento, referido a “Factores de evaluación”.

 

“Se debe descartar este ítem tanto en el caso de ejecución de obras como en supervisión, por ser el vehículo más sofisticado para darle visos de legalidad a la corrupción. Se sustenta esta eliminación que estamos solicitando porque dentro de los Factores de Evaluación se inserta el Personal Clave y sus impredecibles calificaciones como doctorados y equivalentes; en obra no se requiere este personal”, asevera.

 

MÁS POR ELIMINAR

El presidente de CAPECO Lambayeque indica que en las Bases de Licitación se debe eliminar como característica particular la “sostenibilidad ambiental o social”, por ser su evaluación puramente subjetiva. Además, porque en la pre inversión del proyecto se evalúa la sostenibilidad de la misma.

 

“También en el cuestionado artículo 30 debe eliminarse el Ítem: “Entre otros” que es, sin vergüenza ninguna, otra creación intencional de los redactores del Reglamento susceptible de facilitar la corrupción al dejar una brecha abierta para que los comités de selección inventen a su libre albedrío todo lo que necesitan para el direccionamiento”, refiere.

 

Añade que debe modificarse también lo normado sobre “Metodología propuesta”, por ser su evaluación puramente subjetiva.  Asimismo, en la selección de “Consultores individuales” debe eliminarse la “Entrevista”, por ser otra creación de los redactores del Reglamento abierta a la subjetividad.

 

EL RNP

Por otro lado, Rabanal Rosales indica que según el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado, la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, tiene vigencia indeterminada y se señala que este no constituye barrera de acceso para contratar con el estado, como actualmente sucede.

 

“Se desconocen los derechos adquiridos, limitando el tiempo de la validez de la experiencia y con categorizaciones de oficio a los Consultores de Obras de las que solo el OSCE conoce las respectivas constancias que dice haber emitido y con re-categorizaciones arbitrarias después de las categorizaciones de oficio”, explica.

 

Agrega que Contraloría General de la República o el OSCE son los entes que deben designar a los supervisores de las obras públicas, para lo cual se debe elaborar el Registro Único de Supervisores por especialidades, para de esta manera evitar la vinculación entre la entidad y el supervisor.

 

“Se requiere promover la competencia en los procesos de selección, la eficiencia, la transparencia, y la calidad de las obras públicas. Solo será posible con una revisión radical del marco normativo de la Ley de Contrataciones con el Estado. Ante la constatación de una evidente crisis económica de las empresas constructoras, supervisoras y proveedoras de materiales domiciliadas en las distintas regiones del país es aberrante que las entidades liciten obras acumulando proyectos con el objeto de incrementar los montos licitados, para direccionar las mismas a empresas con capacidad financiera ya preconcebidas, lo que hace inaccesibles a las locales”, anota.

 

Precisa que ello se evidencia, por ejemplo, en el caso de las obras de descolmatación, cuando se acumulan 10 kilómetros de descolmatación en el río La Leche - Tramo II, con montos equivalentes a 20 millones 500 mil nuevos soles, exigiendo como requisito presentar como mínimo 32 tractores D-8 o de 300 HP. La obra – señala - debió fraccionarse en cinco o 10 frentes para ser accesible a las empresas locales.

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