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EN CORTE DE LAMBAYEQUE: GERENCIA MANTUVO EN PLANILLA A DOS SERVIDORES QUE NO TENÍAN VÍNCULO LABORAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1053

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El 19 de mayo del 2010, José Luis Chayán Ñique ingresó a laborar en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque como auxiliar judicial, bajo un contrato de trabajo a plazo fijo que venció el 31 de enero del 2011, fecha en que fue despedido. El trabajador logró que en junio de ese año se le reincorporara a través de un proceso de amparo seguido contra el Poder Judicial y en adelante firmó contratos de naturaleza accidental o suplencia, consignando en la cláusula primera de cada contrato que se obedecía a una orden cautelar emitida en el Expediente N° 994-2011. Seguido el proceso de amparo este resultó desfavorable a Chayán Ñique, por lo que debía ser separado. Sin embargo, en la Gerencia de Administración de la corte no se dieron cuenta del hecho sino hasta nueve meses después.

 

El proceso de amparo que José Luis Chayán inició contra la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue declarado improcedente con la sentencia N° 5 del 28 de diciembre del 2015, ordenándose la remisión del expediente al Juzgado Laboral de turno de Chiclayo para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. La sentencia fue declarada consentida el 11 de mayo del 2016 y el 17 de junio de ese año fue notificada a la Gerencia de Administración.

 

Sin embargo, pese a que el amparo resultó improcedente al trabajador y la administración de la Corte de Lambayeque había sido notificada de la decisión judicial, esta recién decidió extinguir la relación laboral con Chayán Ñique el 30 de marzo del 2017; es decir, nueve meses después de caída la medida cautelar que le permitió trabajar desde junio del 2011. El servidor fue notificado del fin del vínculo con el Memorándum N° 414-2014-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ.

 

NUEVO CONTRATO

Lo extraño de este caso es que entre el 1 de octubre del 2016 y el 31 de diciembre del año pasado, José Luis Chayán fue contratado como asistente judicial. En el contrato, como era lógico, no se especificó la vigencia de una medida cautelar a su favor y como fue despedido en marzo del 2017 este recurrió nuevamente al Poder Judicial solicitando la nulidad del despido, argumentando la desnaturalización del nuevo contrato.

 

La pretensión fue declarada fundada y el 21 de septiembre del Poder Judicial ordenó que José Luis Chayán sea repuesto en su cargo como asistente judicial u otro de igual jerarquía y que se cumpla con pagar a su favor las remuneraciones devengadas, las que dejó de percibir entre marzo y septiembre del 2017, más los intereses legales. Asimismo, se fijó en mil 200 soles los costos procesales.

 

La Procuraduría de la corte apeló y así el caso llegó a la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, cuyos magistrados, el 11 de enero pasado, revocaron la sentencia que le reconoció el derecho a reposición a Chayán Ñique, declarando infundada la demanda. La decisión fue adoptada por los jueces superiores Marco Pérez Ramírez, Cecilia Tutaya Gonzales e Ismael Rodríguez Riojas.

 

INFORME A LA CONTRALORÍA

En dicha resolución, este último magistrado pidió que se informara la Contraloría General de la República de la irregularidad cometida por la Gerencia de Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al haber mantenido entre julio del 2016 y marzo 2017 a José Luis Chayán como trabajador de la entidad pese a que el vínculo laboral se había extinguido por la improcedencia del amparo que lo mantenía en el puesto de auxiliar judicial.

 

Atendiendo la recomendación, el 18 de enero el presidente de la Segunda Sala Laboral de la Corte de Lambayeque, Marco Pérez Ramírez, remitió el Oficio N° 2373-2017-2SL-CSJLA a la Oficina Regional de la Contraloría, adjuntando las copias certificadas del expediente de Chayán Ñique para la entidad fiscalizadora procesa de acuerdo a sus competencias.

 

OTRO CASO

Similar situación es la de Leonor Llontop Chapoñán, quien fue contratada el 5 de abril del 2013 en atención a una medida cautelar dispuesta por el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, recaída en el Expediente N° 299-2013-25, que dispuso su reposición provisional como asistente judicial “hasta que concluya indefectiblemente el proceso judicial”, como fue consignado en la tercera cláusula del nuevo contrato.

 

Tres años después, el 11 de agosto del 2016, la Gerencia de Administración de la Corte le notificó a la trabajadora que el proceso que esta había iniciado contra la entidad había concluido con sentencia firme declarando improcedente su demanda de reposición, por lo que dejaría de laborar el 31 de ese mes. La comunicación se hizo a través del Memorándum N° 1081-2016-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ.

 

Sin embargo, Leonor Llontop fue nuevamente contratada del 1 al 30 de septiembre del 2016, mediante “contrato sujeto a modalidad” sin especificarse ni determinarse la modalidad ni la causa objetiva de la contratación. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de ese año, la servidora fue contratada bajo la modalidad de suplencia. Lo mismo sucedió del 1 al 31 de enero del 2017 y del 1 de febrero al 31 de diciembre del año pasado.

 

Increíblemente, pese a que Llontop Chapoñán tenía un nuevo contrato vigente hasta diciembre del año pasado, el 29 de marzo del 2017 recibió el Memorándum N° 418-2017-AP-UAF-GAD-CSJLA/PJ, en el que se le comunicó que el proceso de amparo del 2016 había resultado adverso a su persona y, por lo tanto, sus labores concluían el 31 de marzo.

 

En resumen, Leonor Llontop fue contratada en septiembre del 2016 sin que exista una medida de reposición provisional vigente y con un contrato que no especificó la modalidad ni causa objetiva de su contratación. Peor aún, fue contratada entre octubre de ese año y diciembre del 2017 bajo la modalidad de suplencia, pero la Corte extinguió el vínculo laboral en marzo del año pasado argumentando la caducidad de la medida cautelar, cuando era no había sido la razón de su nueva contratación como trabajadora.

 

Ante esta vulneración de sus derechos laborales, Llontop Chapoñán presentó una medida cautelar contra su despido irregular, la misma que fue rechazada en primera instancia en julio pasado. En apelación, la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, el 11 de enero de este año, resolvió anular la decisión del juez civil y ordenó que el órgano jurisdiccional emita un nuevo pronunciamiento.

 

Además, ante la irregularidad presentada por las contrataciones carentes de sustente que beneficiaron a Leonor Llontop, el caso ha sido informado a la Contraloría General de la República para que actúe conforme a sus atribuciones.

 

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  • El gerente de Administración de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque es Julio Sifuentes Nicasio.

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