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DEUDA ASCIENDE A MÁS DE 40 MIL DÓLARES: EXGERENTE DE SODIMAC RENTÓ LOCAL PARA GIMNASIO Y SE FUE SIN PAGAR EL ALQUILER

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1053

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Rafael Salazar Orozco creyó que dando en arriendo el amplio inmueble que posee en la intersección de las calles Junín y Colón, en el centro de Chiclayo, estaba haciendo un buen negocio, pero se equivocó. Por más de año y medio el local de dos pisos y que había sido recién remodelado fue ocupado por la empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL, representada por Alejandro Oliva Victorio, quien puso en funcionamiento un gimnasio, incumplió el contrato y se fue dejando el inmueble no solo en pésimas condiciones, sino además debiendo más de 40 mil dólares de alquiler.

 

El 14 de enero del 2016 Salazar Orozco y Oliva Victorio acudieron ante el notario Henry Macedo Villanueva y suscribieron el contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Junín N° 379, con un área de mil 40 metros cuadrados.

 

De acuerdo a la cuarta cláusula del contrato, Oliva Victorio, quien se había presentado como gerente de Sodimac Chiclayo, en representación de la empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL, se comprometió a pagar como renta mensual, desde el 15 de enero del 2016 al 14 de diciembre del 2017 la suma de cinco mil 500 dólares americanos, monto que sería cancelado por adelantado, y desde el 15 de enero del 2017 hasta la finalización del acuerdo un total de seis mil dólares.

 

Además, el arrendatario asumía las obligaciones por los servicios y se comprometía al pago de 11 mil dólares como garantía. Todas las operaciones debían realizarse a través del Banco de Crédito del Perú – BCP.

 

El contrato fue por cinco años y concluía el 31 de diciembre del 2020. En este también se estableció que el arrendador no asumía responsabilidad alguna frente a los órganos de control por el incumplimiento del arrendatario.

 

En la décimo cuarta cláusula se estableció que el contrato quedaba resuelto si el ocupante del inmueble incumplía cualquiera de las obligaciones asumidas. También que en caso de controversia o litigio que no podían resolver por mutuo acuerdo se sometían a lo estipulado por el Código Civil y acudirían al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

 

Oliva Victorio, quien fungió de garante solidario respecto de las obligaciones contraídas por la empresa, recibió además por conducto notarial un acta de entrega del local, en la que se detalló el equipamiento y las condiciones en las que se encontraba el inmueble “sin averías, ni rajaduras ni huecos ni perforaciones de ninguna clase”.

 

INCUMPLIMIENTO

“Empezaron mal, porque todo el 2016 se retrasaron en el pago y entre enero y septiembre del 2017, mes en que se fueron, no pagaron ni un sol. Me quedaron debiendo ocho meses. El señor Oliva Victorio y su socio, Eduardo Hoyos Cuesta, argumentaban que no podían cumplir porque la renta era muy alta. De cinco mil 500 dólares la bajé a cuatro mil 500 y tampoco pagaron”, comenta Rafael Salazar.

 

Oliva Victorio no solo dejó de pagar el alquiler, sino también los servicios de luz y agua potable que debieron ser asumidos por el propietario del inmueble. Por el incumplimiento del alquiler entre enero y septiembre del 2017 se acumuló una deuda de 40 mil 500 dólares.

 

Entre abril y agosto del año pasado, Rafael Salazar cursó diferentes cartas notariales a Alejandro Oliva exigiendo el pago del alquiler. Incluso, dio cuenta de la situación a la empresa empleadora de este por su comportamiento siendo gerente general de una cadena comercial en Chiclayo.

 

“Él se presentó haciendo gala de que era gerente de esa empresa y siendo esta una empresa reconocida asumí que se trataba de una persona seria. Lamentablemente me equivoqué. No fue así”, comenta.

 

SIN CONCILIACIÓN

El 23 de julio recurrió al Centro de Conciliación Concertar de Chiclayo para buscar una solución a su demanda, audiencia a la que Oliva Victorio no acudió. Un mes después, en julio del año pasado, Salazar Orozco acudió al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Lambayeque para invocar el desalojo del arrendatario.

 

“Al ver que yo había accionado ya en ese sentido no tuvo más que desocupar el local y se trasladó a un inmueble en la Avenida Libertad, en Santa Victoria. Lo que han hecho es cambiar la razón social de la empresa y dejó de figurar Alejandro Oliva como gerente. Eso demuestra que es su modus operandi, parece que hubieran tenido la intención de entrar y estafar, no pagar arriendos y luego cambiar de razón social y desaparecer”, señala.

 

La empresa A&E Muscle and Fitness Group SRL no solo le quedó debiendo a Salazar Orozco. El 6 de febrero de este año la Caja Piura remitió una carta notarial que llegó al local de la calle Junín requiriendo el pago de una deuda vencida de 16 mil 872.4 soles, otorgándole 24 horas de plazo para su cancelación.

 

Lo increíble es que el 27 de febrero Alejandro Oliva Victorio, Eduardo Hoyos Cuestas y Alejandra del Pilar Flores Arana, quien fue secretaria del gimnasio, fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú cuando supuestamente intentaban asaltar al taxista identificado como Aladino Suárez Becerra.

 

El caso N° 2406074505-2018-1135-0 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo se encuentra bajo la dirección de la fiscal Dora Hidalgo Rodríguez. Como sustento se tiene el Informe Policial S/N-20018-REGPOLAMB-COM.IS-PNP DEL NORTE.

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