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EXIGE RESPETO AL MANDATO DE LA CORTE SUPREMA: DEFENSA DE OVIEDO PIDE QUE SE INVESTIGUEN MOTIVACIONES PARA ACUSARLO POR HOMICIDIO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1058

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El coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, presentó el requerimiento acusatorio contra Edwin Oviedo Picchotito y otros personajes vinculados a la Empresa Agroindustrial Tumán, por la comisión del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín Cascos. Por este hecho, el representante del Ministerio Público pide para el también presidente de la Federación Peruana de Fútbol la pena de 26 años de prisión. El requerimiento fue presentante ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

 

La acusación de Carrasco Millones se da en el marco de la investigación iniciada por su fiscalía a la supuesta organización criminal denominada “Los Wachiturros”, donde se incluye a Oviedo Picchotito como cabecilla, cuyo principal centro de operaciones habría sido la azucarera Tumán.

El pedido del fiscal motivó la enérgica protesta del empresario, quien ha señalado que Carrasco Millones busca desconocer un mandato de la Corte Suprema de la República que lo obligaba a precisar cuáles eran las imputaciones en su contra, disposición que el operador del Ministerio Público habría incumplido hasta el momento.

 

“Se trata de una acusación nula, porque hace exactamente un año la Corte Suprema en última instancia definió que se le precisen las imputaciones al señor Edwin Oviedo. No hay un solo hecho que vincule al señor Oviedo con estos lamentables hechos (la muerte de Rimarachín). Eso pretendimos ejecutarlo con el juez de primera instancia y con la Sala de Apelaciones, pero lamentablemente ambas incumplen de manera reiterada el mandato supremo”, señala José Carlos Isla Montaño, abogado del empresario.

 

MANDATO DE LA SUPREMA

El defensor legal refiere que los mandatos de la Corte Suprema son firmes y tienen que cumplirse, por lo que no cabe discutir si las instancias inferiores están o no de acuerdo.

 

“Hace poco inclusive la sala de apelaciones anuló la resolución por la cual se otorgó cinco días más a los fijados por la Suprema al Ministerio Público para que precise las imputaciones contra el señor Oviedo, lo que implica que la precisión de cargos es nula y el último requerimiento acusatorio contra mi patrocinado también es nulo”, remarca.

 

Según indica el abogado, la defensa de Oviedo Picchotito recurrirá nuevamente ante la Corte Suprema de la República en búsqueda de la tutela judicial, a fin que se restablezca el presunto derecho conculcado.

 

“Ningún requerimiento acusatorio es firme, se basa en la precisión de cargos que en este caso no resisten al mayor análisis legal. El Poder Judicial va a rechazar de plano el requerimiento acusatorio, estamos convencidos que así ocurrirá. Ante el incumplimiento del fiscal Carrasco de un mandato supremo vamos a acudir ante la Suprema por tercera vez”, menciona.

 

LA RESERVA

Añade que el coordinador de la FECOR Lambayeque habría – además – violado el carácter de reserva que pesa sobre la investigación, al haber supuestamente hecho público el documento acusatorio antes que ingreso al despacho judicial.

 

“El fiscal ha vuelto a vulnerar el principio de reserva, porque el documento acusatorio ingresó el 6 de abril pero un día antes ya estaba propalado en un medio de prensa de Lima. El fiscal en menos de 24 horas confecciona un documento de 207 páginas, con casi 60 tomos y más de 40 mil folios. Más allá de ser un documento nulo, espurio y sin sustento legal vulnera el principio de imparcialidad que debe tener un fiscal. Aquí lo que tiene que investigarse es qué hay detrás de todo esto”, señala.

 

A decir del abogado existe una motivación ajena a cualquier criterio jurídico detrás de la acusación presentada contra Edwin Oviedo y esta tendría una relación directa con el manejo de la azucarera Tumán.

 

“Sabemos que el móvil inicial de esta investigación fue el control de la Empresa Agroindustrial Tumán y ahora que el Grupo Oviedo ha retomado el control de la empresa aparece un refrito, una denuncia del 2015. En tres años de investigación el Ministerio Público no avanza nada, lo único que hace es acusar o ampliar la denuncia sin un solo criterio jurídico. No existe ni un solo hecho que vincule al señor Oviedo con estos hechos”, sostiene.

 

Finalmente, Isla Montaño indica que los jueces inferiores y el fiscal Carrasco Millones argumentan que el mandato de la Corte Suprema es inejecutable.

 

“Los mandatos judiciales nos guste o no tienen que cumplirse y el fiscal Carrasco en algún momento tendrá que cumplir los mandatos de la Corte Suprema sin perjuicio de poder iniciar las acciones legales por haber atentado contra el derecho al buen nombre y a la reputación de mi patrocinado. El señor Oviedo desde el 2015 se puso a derecho”, advierte. 

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