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PARA ENVIAR A PRISIÓN A JORGE INCHÁUSTEGUI: FISCALES LE MINTIERON AL PODER JUDICIAL PRESENTANDO DOCUMENTOS FALSOS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1062

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  • Durante 32 meses estuvo privado de su libertad a pedido de los investigadores del caso “Limpios de la corrupción”.
  • Fiscales Zapata Orozco, Carrasco Millones, Elías Bravo, Tejada Ramos, Arteaga Vera y Díaz Gonzáles responden a la Fiscalía Suprema de Control Interno por presunto prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad, rehusamiento y omisión.

 

Mediante Resolución N° 2134 la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público analiza la denuncia interpuesta contra Juan Carrasco Millones y otros cinco fiscales más a quienes se les imputa una serie de delitos en el marco de la investigación por la presunta red criminal “Los limpios de la corrupción”.

 

Por los delitos de fraude procesal, prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales, la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público investiga a Carrasco Millones y a cinco fiscales más de Chiclayo, luego de la denuncia que formuló Jorge Incháustegui Samamé, quien fuera enviado a prisión preventiva como supuesto integrante de la red criminal “Los Limpios de la Corrupción” y posteriormente absuelto en primera instancia del delito de asociación ilícita para delinquir.

 

Los investigados son Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; además el fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, Jorge Arteaga Vera y la fiscal superior adjunta superior del mismo despacho Lili Díaz Gonzáles.

 

Incháustegui Samané ha denunciado los referidos fiscales por presentar informes falsos para sustentar el proceso investigatorio y la medida de prisión preventiva en su contra.

 

La Fiscalía Suprema de Control Interno a cargo de Víctor Raúl Rodríguez Monteza, después de una revisión preliminar, consideró pertinente instaurar una investigación para reunir los elementos de juicio y pruebas indispensables que permitan esclarecer los cargos atribuidos a los persecutores del delito, solicitándole sus descargos respectivos. Sin embargo, de ser encontrados responsables de los delitos que se les imputan podrían ser condenados hasta con cinco años de cárcel.

 

A los fiscales denunciados se les cuestiona no haber realizado debidamente los actos de investigación ni haber trabajado con un equipo multidisciplinario, conforme lo precisaron en su oportunidad, conformado por la Contraloría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, un equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Bienes (CONABI) y la Unidad de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior.

 

Incháustegui Samamé, refiere que la denuncia interpuesta prueba cómo de manera permanente, emitieron requerimientos, disposiciones y providencias citando hechos falsos en la carpeta de investigación registrada con el número 2447-2014 de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo.

 

El exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo refiere que en la citada carpeta, donde no aparece ni como testigo, surge de repente el Informe 120-14 DIRTEPOL, dirigido al fiscal Juan Carrasco Millones el 4 de setiembre del 2014 y el mismo día dicho fiscal lo hizo suyo y suscribe el requerimiento de control de comunicaciones, incurriendo en el delito de prevaricato.

 

MENTIRAS Y MÁS MENTIRAS

Añade que en el punto 11 del requerimiento suscrito por el fiscal Carrasco Millones aparece su nombre, Jorge Incháustegui Samamé, al lado de la relación de funcionarios públicos que habrían generado ingentes cantidades de dinero, que supuestamente eran guardadas en sus propios domicilios o invertidas en bienes como vehículos, inmuebles, otras propiedades, y en algunos casos trasladadas al extranjero y colocadas paraísos fiscales, conforme aparecía del indicio probado del reporte de migraciones de salida del país, teniendo como destino Panamá, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba y otros.

 

Al referirse a los viajes a países como Argentina, Holanda y Chile, conjuntamente con su esposa e hijos, el investigado manifestó que eran absolutamente falsos. El exfuncionario refiere que su única vinculación con Holanda fue el Aeropuerto de Ámsterdam, que sirvió de escala cuando viajó a Suiza y que contó con la aprobación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo con la finalidad de afinar detalles para la suscripción del convenio para el Proyecto Chiclayo Limpio. En lo que respecta a Chile, sostuvo que no conoce dicho país y que la única vez que su esposa viajó a dicho destino fue en el año 1996, antes de celebrar su matrimonio e incluso antes conocerse con ella.

 

Agrega que mención aparte merece el viaje realizado a Argentina, a donde fue con su esposa y sus dos menores hijas.

 

“Hubiera sido fácil averiguar, si se trata de investigar la verdad, pues, resulta que el viaje lo hice tras adquirir un paquete turístico en Saga Falabella y este fue cancelado en puntos por compras realizadas por mi empresa Arqconsa, la que realizó la construcción de un inmueble y los materiales fueron adquiridos en Sodimac, lo que les permitió realizar este único viaja familiar, que por cierto no discrepa con el nivel de vida que ostenta mi familia”, afirma.

 

Señala que la Fiscalía afirmó que adquirió una camioneta en 26 mil dólares y que sus ingresos no guardaban relación con la compra del bien adquirido. Sin embargo, los fiscales no habrían investigado que el mismo día que depositó a la empresa Nor Autos 18 mil 500 dólares recibió el mismo importe por la venta de una camioneta que había adquirido vía crédito con financiamiento del Banco Interbank, conforme lo acreditó con los voucher de la citada entidad financiera.

 

Detalla que para sustentar dichas afirmaciones los citados fiscales refirieron haber trabajado supuestamente con un equipo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y todo un equipo multisectorial conforme lo manifestó el fiscal Sergio Zapata Orozco en el requerimiento de convalidación de detención preliminar.

 

“En la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del Fiscal del Ministerio Público, se ha generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un Equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencias Financiera, Equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, un Equipo de Peritos contables, equipos de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior, entre otros”, informó Zapata Orozco, titular de la investigación al juzgado.

 

Para Incháustegui Samamé, las aseveraciones suscritas por los fiscales Juan Carrasco Millones y Sergio Lucio Zapata Orozco son total y absolutamente ilícitas y pese a ello sirvieron para conseguir que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria acepte los requerimientos realizados, los que terminaron en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, mandatos de detención e incautaciones y allanamientos.

 

HECHOS INVENTADOS

“¿Cómo los fiscales denunciados podrían haberse equivocado tanto si contaban con un equipo interdisciplinario para investigar? La respuesta es que los fiscales denunciados, no realizaron los actos de investigación correspondiente, no trabajaron con el equipo multidisciplinario y armaron una historia fraudulenta, mintiendo conscientemente y cometiendo el delito de prevaricato”, señala Incháustegui Samamé.

 

“Han mentido hasta en el hecho de que las entidades del Estado mencionadas dentro del equipo interdisciplinario hayan participado y eso se acredita con la respuesta de la responsable de la Unidad de Administración de la Comisión de Bienes Incautados en la que aclara que CONABI no participa de modo alguno en la etapa de la investigación fiscal, previa a la entrega de bienes en mención, por ende no existe un informe elaborado por CONABI en los términos señalados.

 

Además resalta la nula participación de las entidades como Registros Públicos e Inteligencia Operativa del Ministerio del Interior, de fecha 30 de setiembre 2014, donde consigna el allanamiento de su vivienda ubicada en la calle Torres Paz 533, segundo piso. Sin embargo, cuando allanan la casa intervienen en el primer piso que es la vivienda de sus padres, totalmente distintas según los Registros Públicos. Incluso teniendo autorización para ingresar a una vivienda ingresaron y levantaron acta de incautación a dos viviendas en un total abuso de autoridad.

 

Pero hay más. El ex funcionario indica que pasa lo mismo con la nula participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, quienes solo tomaron conocimiento de los hechos posterior a la intervención realizada el 30 de setiembre del 2014 y, por ende, posterior a la investigación preliminar y los supuestos informes de inteligencia realizados.

 

“Es decir, se sustentaron los requerimientos argumentando que su trabajo de investigación había contado con la participación de la División de Lavado de Activos, sorprendiendo a las autoridades judiciales, quienes aceptaron los pedidos, detenciones allanamientos, incautaciones, levantamiento del secreto de las comunicaciones, confiados en la participación de entes especializados, cuando en realidad esto era total y absolutamente falso, pues estas entidades fueron llamadas a realizar sus informes posteriormente”, remarca.

 

Añade que los fiscales formularon requerimientos incluyendo hechos falsos, lo que constituye el delito de prevaricato y no solo ello sino que gracias a dichas afirmaciones, sin verificarse en ningún elemento de convicción, lograron fallos contrarios a la ley en los juzgados, lo que constituiría el delito de fraude procesal.

 

OFICIALES SUPLANTADORES

Otro de los cuestionamientos que hace Incháustegui Samamé es al informe Nº136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAM mediante el cual los oficiales Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden, solicitan a la Tercera Fiscalía Penal la detención preliminar contra 22 integrantes de la red criminal “Los Limpios de la Corrupción”, dedicados a cometer delito de corrupción de funcionarios.

 

El exfuncionario revela que los citados oficiales que suscribieron los supuestos informes de inteligencia, en la investigación que según las normas son de estricta responsabilidad del fiscal, no prestaban servicios en dicha unidad, cuyos sellos utilizaron para tramitar su requerimiento conforme lo ha dejado establecido el jefe del Oficina de Inteligencia de Chiclayo,  mediante Oficio Nº 1027-2015 Región Policial Lamb/ORI-SEC que dice: “al revisar copia de dicho documento se puede apreciar los nombres de dos oficiales que firmaron si bien es cierto trabajan en Chiclayo, no han prestado servicios en esta Jefatura, desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente sean de esta unidad”.

 

Para Incháustegui, la respuesta de la autoridad policial deja entrever que los fiscales denunciados, habría cometido el delito de fraude procesal, para el cual habría recibido el apoyo de los policiales que suscribieron el documento, quiénes sustentan hecho falsos y en segundo punto utilizan sellos de una unidad donde no trabajan.

 

En su denuncia un indignado Incháustegui hace ver al fiscal supremo que después de años de investigación, tiempo en el que incluso estuvo privado de su libertad, el Ministerio Público no ha sido capaz de imputarle un solo hecho de corrupción y lo ha mantenido cautivo llegando incluso a ofrecerle aceptar la comisión de cualquier delito para obtener su libertad.

 

ROSARIO DE QUEJAS

Contra el fiscal Juan Carrasco Millones está en curso un rosario de quejas presunto abuso de autoridad, irregularidad en el ejercicio de sus funciones e inconducta funcional, las mismas que se encuentran en etapa de investigación en la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, las que se formularon desde mediados del año 2017 a la fecha.

 

Una de las denuncias contra el citado representante del Ministerio Público fue la interpuesta por el abogado Luis Verona Sampértegui el 12 de febrero del 2018, ante la Fiscalía Superior del Órgano de Control Interno del Ministerio Público, en el cual detalla el incumplimiento de las normas establecidas para los beneficios de los colaboradores eficaces. Dicho proceso se encuentra para el pronunciamiento de la fiscalía superior.

 

Por otro lado, el fiscal Zapata Orozco es investigado por su accionar en el caso de Transportes Línea, donde se habría blindado al exfuncionario Percy Quesquén Díaz caso que reabierto recientemente ante nuevos hallazgos difundidos por nuestro equipo de investigación. Este mismo personaje goza también del privilegio de la libertad en la investigación del caso “Limpios de la corrupción”, a pesar de graves hechos de corrupción contenidos en la carpeta fiscal donde coinciden nuevamente Percy Quesquén como investigado y Sergio Zapata como investigador.

 

+NOTICIAS

  • Incháustegui Samamé fue absuelto en primera instancia del delito de asociación ilícita para delinquir y recobró su libertad al vencerse el plazo de prisión preventiva por lavado de activos, delito por el cual hasta el momento no es procesado. La sentencia que lo absolvió fue anulada por la instancia superior y deberá ser nuevamente juzgado.

 

 

TAMBIÉN EN EL CASO “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”: FALSIFICARON FIRMA DE POLICÍA EN INFORMEPARA PEDIR INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

 

El 4 de septiembre del 2014, el fiscal Juan Carrasco Millones, entonces adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, recibió el Informe N° 12014-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, en el que se solicitó el trámite de la autorización correspondiente para el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la interceptación a 29 números telefónicos manejados por los presuntos integrantes de la organización denominada “Limpios de la corrupción”, liderada por el entonces alcalde de la provincia Roberto Torres Gonzales.

 

El documento señala que era de conocimiento público por información de fuente abierta que en la Chiclayo “se cometían actos de conversión, ocultamiento y transferencia de bienes y dinero producto de actos ilícitos relacionados con los delitos de corrupción de funcionarios, colusión, concusión, peculado y otros, ejecutados por servidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, EPSEL, el SATCH y otras entidades en complicidad con empresarios (personas naturales y jurídicas) y utilizando testaferros para no ser descubiertos”.

 

Se indicó que “además existiría una red de corrupción organizada enquistada en el sistema de administración de justicia y fiscalización, que otorgaría proyección a los malos funcionarios a cambio de prebenda económicas con la finalidad de evitar sean sancionados”.

 

En ese sentido, en el informe se solicitó al fiscal Carrasco Millones que gestione ante órgano judicial correspondiente la orden del levantamiento del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica de los 29 números, todos correspondientes a equipos celulares, “a fin de identificar plenamente y desarticular a los integrantes de la organización criminal”.

 

El documento lleva dos firmas: la del suboficial Luis Electo Rojas Neciosup, acompañada del sello de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial, y la del coronel Luis Farfán Silva, entonces jefe de la OFINTERPOL Chiclayo.

 

Sin embargo, la firma que aparece en el documento y que supuestamente corresponde a Luis Farfán Silva no corresponde con la que aparece en su ficha RENIEC, por lo que se presunta que esta fue falsificada para validar la solicitud. 

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