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DEFENSA DE SAMUEL RONCAL APELA PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1062

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Por considerar que no existen argumentos legales que justifiquen la ampliación de la prisión preventiva por 18 meses contra el empresario Samuel Roncal Miñano, presunto integrante de la organización criminal “La hermandad del norte”, su defensa apeló la resolución de la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

 

El abogado Jovino Castillo Castillo argumentó que la medida de la jueza viola la garantía de la defensa procesal por no haber dado respuesta, en ningún extremo de la resolución impugnada, a los argumentos de la defensa de Roncal Miñano respecto a la improcedencia del requerimiento de prolongación de prisión preventiva.

 

Además, precisa que la resolución de la jueza, dada el 30 de abril, transgrede la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, pues existiría clara contradicción en las razones que da la magistrada para justificar la prolongación de la prisión preventiva.

 

A ello se suma la presunta violación al principio de legalidad procesal penal, al imponer un plazo de prolongación de prisión preventiva de 18 meses a un caso de criminalidad organizada, pese a que esto no está contemplado en el Código Procesal Penal.

 

El letrado refiere que se debió declarar improcedente el requerimiento fiscal por falta de fundamentación de todos los presupuestos materiales y constitucionales, como son: circunstancias que importen especial dificultad de la investigación o del proceso; circunstancias que importen una prolongación de la investigación o del proceso; peligro procesal en sus dos vertientes sustracción de la acción de la justicia u obstaculización de la actividad probatoria; y principio de proporcionalidad.

 

“El Ministerio Público se ha encargado de oralizar su requerimiento escrito de prolongación de prisión preventiva sin haber cumplido con la carga procesal de fundamentación de forma exhaustiva, tanto en fundamentación fáctica, fundamentación legal y fundamentación constitucional, respecto a cada uno de los presupuestos materiales y constitucionales de la prolongación de la prisión preventiva antes de la audiencia”, refiere Castillo Castillo.

 

Añade que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque tampoco habría cumplido con la carga de la prueba al no objetivar mínimamente las razones por las que solicitó la prolongación de la prisión preventiva, como es la especial dificultad de la investigación; la especial prolongación de la investigación y del proceso; el peligro procesal en sus dos vertientes y el presupuesto constitucional del principio de proporcionalidad.

 

“No se aprecia en el requerimiento escrito y menos en el oral una fundamentación suficiente, exhaustiva y con los elementos objetivos necesarios que acrediten en el grado de probabilidad cualificada para requerir una medida de tal naturaleza por el plazo de 12 meses y menos por uno creado por la juez de garantías, de 18 meses de prisión”, remarca el letrado.

 

En el debate, la defensa técnica del procesado Samuel Antonio Roncal Miñano, argumentó que dicho requerimiento debía de declararse improcedente por cuanto el Ministerio Público no había cumplido con la carga procesal de fundamentación exhaustiva y suficiente respecto de cada uno de los presupuestos, pese a las exigencias del artículo 122 inciso 5 del Nuevo Código Procesal Penal - NCPP y la Casación N° 626-2013-Moquegua, que establecen directrices de cumplimiento obligatorio (la última doctrina jurisprudencial vinculante) tanto para el requerimiento de la prisión preventiva como para la prolongación al afectar también la libertad personal.

 

Explicó que esta exigencia había sido recogida por la Sala Penal Nacional en diversas resoluciones, siendo uno de ellas la emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el Expediente 91-2011 (Anexo A), mediante Resolución N° 6, de fecha 29 de setiembre del 2016; esto es, como la obligación del Ministerio Público de fundamentar su requerimiento por escrito, de forma exhaustiva por cada uno de sus presupuestos incluidos el de proporcionalidad y antes de la audiencia, esto con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la defensa eficaz y el derecho al tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa con anticipación.

 

Refiere que la omisión de la juez penal inobservaría principios y garantías fundamentales previstos en los artículos VI del Título Preliminar, 253, todos del NCPP; el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política de 1993; el artículo  8.2.c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.3.b, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desarrollados en la Casación N° 626-2013-Moquegua.

 

Jovino Castillo advierte que el fiscal Germán Montero Ugaz no fundamentó los presupuestos materiales de la prolongación de prisión preventiva de forma exhaustiva y el presupuesto constitucional de proporcionalidad ni siquiera lo mencionó, causando una grave indefensión.

 

“Los presupuestos materiales de la prolongación de prisión preventiva no fueron suficientemente o exhaustivamente motivados, pues incluso existe una contradicción al confundir especial dificultad con prolongación de la investigación del proceso, menos que se haya objetivizado con elementos de convicción graves para sustentar la especial dificultad de la investigación y menos del peligro procesal y qué decir del principio de proporcionalidad”, señala.

 

La defensa de Roncal Miñano indica que el principio de proporcionalidad es el presupuesto constitucional que debió ser argumentado con mayor rigurosidad para justificar el pedido de prolongación. Sin embargo, “no se dijo ni una sola palabra al respecto”.

 

Anota que el Tribunal Constitucional reconoce al principio de proporcionalidad como un presupuesto material de las medidas cautelares penales o de coerción procesal.

 

“Por eso que el juez penal al implementar medida cautelar contra una persona no solo debe limitarse a comprobar la concurrencia de los presupuestos materiales, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, o la especial dificultad o prolongación del proceso, sino que además debe verificar con igual exigencia que la clase e intensidad de la medida cautelar que adopte estén justificadas”, añade.

 

Castillo Castillo refiere que en el presente caso se ha producido una indefensión porque no se ha tratado mínimamente, en ningún extremo del auto cautelar apelado, los argumentos esgrimidos en la audiencia correspondiente sobre la improcedencia del requerimiento fiscal de prolongación de la prisión preventiva, por no haber cumplido de forma escrita, previa a la audiencia, para garantizar la igualdad de armas, de forma suficiente y exhaustiva de los presupuestos materiales y constitucionales, así como de los medios objetivos que sustentan su pretensión.   

 

En tanto, en relación a la resolución de la jueza indica que se evidencia una clara contradicción en su razonamiento, pues en primer término no define bien los dos supuestos normativos de circunstancias que importen una especial dificultad de la investigación o circunstancias que importe una prolongación del proceso, y tampoco se define bien si estas circunstancias concurren simultáneamente o como dice son disyuntivas.

 

“Por último no define si deben ser acreditados o solo invocados, por lo que provoca una nulidad procesal absoluta por motivación contradictoria”, enfatiza Jovino Castillo.

 

INTRODUCEN ESCRITO

El abogado cuestiona que en la audiencia de prolongación de prisión preventiva el fiscal sorpresivamente introdujo un escrito solicitando que el plazo de prolongación de prisión preventiva no debía ser de 12 meses sino de 18, argumentando que siendo un caso complejo correspondía la aplicación del artículo 274, inciso 1, parágrafo b), que permite la extensión de la medida por año y medio.

 

“Pese a advertir a la juez penal de garantía que una de las características de toda medida cautelar, más aún de una prisión preventiva o su prolongación, es el principio de legalidad procesal, esta, haciendo caso omiso a ello, ha creado un nuevo plazo, combinando circunstancias de los literales c) y b) del numeral 1 del artículo 274 del NCPP”, subraya la defensa, añadiendo que Núñez Cortijo habría incurrido en un gravísimo error al crear una norma limitativa de derecho estableciendo un nuevo plazo.

 

Jovino Castillo también señala que la juez en la parte considerativa del auto apelado aceptó indebidamente lo que el Ministerio Público fundamentó sobre la concurrencia automática de los dos supuestos de hecho: circunstancias que importen una especial dificultad del proceso y circunstancias que importen una prolongación del proceso, cuando ambas premisas resultan excluyentes entre sí, esto es, o se invoca una u otra causal pero no de forma simultánea.

 

“Resulta un error de la juez penal equiparar ambos supuestos normativos respecto a una misma circunstancia, en este caso la complejidad del proceso, conforme a lo señalado en el considerandos del auto impugnado”, refiere.

 

Más aún, porque según refiere su defendido no ha realizado durante la investigación preparatoria actos obstruccionistas que impidan la continuidad del proceso.

 

“Todo lo contrario, su comportamiento en este proceso penal ha sido el de impedir más bien que el Ministerio Público realice actos de obstrucción y permitir encausar al proceso en su estado natural, impidiendo dilaciones indebidas”, sostiene.

 

De otro lado, señala que deben existir nuevos argumentos y datos objetivos para establecer circunstancias que importen una especial dificultad, conforme ya lo ha señalado la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

 

No obstante, la juez señaló que al estar involucrados delitos perpetrados por una organización criminal, esto genera por sí misma la complejidad, así como el comprender innumerables procesados, investigados bajo un marco de actuación como organización criminal, lo que en sí mismo genera una prolongación en el proceso especial dificultad en el proceso.

 

“Lo que aquí se alega no es negar que el presente caso sea complejo, sino que los fundamentos utilizados por la fiscalía son los mismos que utilizó en el requerimiento de prisión preventiva y que fueron materia de pronunciamiento tanto en primera como segunda instancia; alegaciones que ya han merecido pronunciamiento al resolverse la prisión preventiva”, anota Castillo Castillo.

 

Es más, enfatiza que quien generó la demora en la actuación probatoria fue la propia fiscalía y no la defensa, por lo que es pertinente que se revoque la resolución que amplía la prisión preventiva a mi patrocinado.

 

+NOTICIAS

  • Un aspirante a colaborador eficaz imputa a Samuel Roncal Miñano y a su hermano Carlos de ser los autores intelectuales del asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera ocurrido el 23 de diciembre del 2015.
  • El sábado 5 de mayo fue detenido en Lima el empresario Carlos Roncal Miñano, contra quien la juez Mary Núñez ordenó prisión preventiva por 36 meses en diciembre del año pasado, argumentando debilidad en su defensa y peligro procesal como falta de arraigo domiciliario. 

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