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FUE CONDENADO POR ESTAFA: CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE PIMENTEL FUE JUEZ DE PAZ TENIENDO SENTENCIA VIGENTE

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1069

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  • Wilfredo Pérez Vilela no ha consignado la sentencia en su contra en la declaración jurada de Hoja de Vida presentada al Jurado Electoral Especial – JEE de Chiclayo.

 

  • Actual presidente del JEE Chiclayo lo nombró juez de Tercera Nominación de Pimentel a tres meses de haber sido sentenciado a dos años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución.

 

El 7 de marzo del 2012, la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió la Resolución N° 266-2012, en el Expediente N° 35733-2008, confirmando la sentencia que condenó a Wilfredo Pérez Vilela por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, a dos años de pena privativa de la libertad, sujeta a un año de período de prueba. Pérez Vilela es actualmente candidato a la alcaldía distrital de Pimentel por el partido Vamos Perú.

 

Los magistrados Vidal Morales, Napa Lévano y Vásquez Arana arribaron a la decisión teniendo como antecedentes que el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, el 25 de agosto del 2011, había sentenciado a Pérez Vilela por el delito de estafa en agravio de Justina Espinoza Pérez, imponiéndole además de los dos años de prisión suspendida el pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

 

Pérez Vilela apeló el fallo que en primera instancia había adoptado el juez Omar Quispe Cama, recibiendo la confirmación del mismo por parte de los jueces superiores de la Corte de Lima.

 

LOS HECHOS

El Ministerio Público le atribuyó al procesado la responsabilidad de haber inducido a error, mediante engaño, a Justina Espinoza Pérez haciéndole creer que se encargaría de tramitarle un contrato de trabajo en el reino de España a cambio de la suma de mil euros, cantidad dineraria que fue cancelada por la agraviada en dos partes, la primera el 23 de mayo del 2007 y la segunda el 23 de julio del mismo año. El primer depósito se realizó en la empresa “Raíces”, teniendo como destinataria a la prima del procesado, Sofía Vilela Coronado, mientras que el segundo en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de Wilfredo Pérez.

 

“Cuando la agraviada ya contaba con su pasaporte remitió copias legalizadas de éste y otros requisitos a la empresa de mensajería ‘Raíces”, conforme se lo indicó el inculpado, con la finalidad de que se concrete el contrato de trabajo ofrecido. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido la agraviada no recibió el contrato ni la devolución de su dinero”, se expone en la resolución.

 

SUS ARGUMENTOS

Al apelar, Pérez Vilela dijo a los jueces superiores que el magistrado que lo condenó no tuvo en cuenta que en su conducta – supuestamente – no hubo el ánimo de inducir en error a la agraviada mediante engaño y otra forma fraudulenta, sino que existió entre ellos un contrato de préstamo de dinero por la suma de mil euros. Asimismo, refirió que el juez no había valorado los testimonios de dos testigos, amigos de ambos.

 

Sin embargo, los integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima consideraron que el fallo del juez Quispe Cama se sujetaba al mérito de los actuado y al derecho, toda vez que se comprobó la responsabilidad penal del procesado, “quien aprovechando el grado de confianza que tenía con la agraviada se benefició con el desprendimiento voluntario de dinero de esta, induciéndola a error mediante engaño, ya que le hizo creer que iba a conseguirle un contrato de trabajo en España, donde residía la prima hermana del procesado: Sofía Vilela”.

 

“Cuando recibió el dinero no se volvió a contactar con ella, lo expuesto se encuentra acreditado mediante la sindicación firme y categórica de la agraviada, quien narró de manera detallada, tanto en su denuncia, en su manifestación a nivel policial y a nivel judicial, las formas y circunstancias cómo se suscitaron los hechos”, señala la resolución.

 

MODO DE ESTAFA

Pérez Vilela le ofreció un contrato de trabajo en España para que Justina Espinoza trabajase como empleada del hogar, por lo que para el pago de los supuestos trámites tenía que entregarle los mil euros, equivalentes a más de cuatro mil soles.

 

“Señala la víctima que cuando le increpó al procesado su conducta, este le indicó que su prima no iba a trasladar a nadie a España mientras él no estuviese en ese país, comprometiéndose por tanto a devolverle el dinero, hecho que la agraviada ha acreditado mediante el documento de fecha 13 de octubre del 2007, del cual se desprende que el procesado recibió de la agraviada la suma de mil euros y que dicha cantidad debía ser devuelta el 31 de octubre de ese año”, recoge el fallo de la sala, en el que se precisa además que los testigos que Pérez Vilela dijo tener del hecho que él consideraba como un préstamo certificaron que en realidad se trataba del desembolso de dinero a cambio de un contrato de trabajo que nunca se hizo efectivo.

 

Es más, estos testigos fueron quienes le prestaron parte del dinero a la agraviada para esta pueda depositarlo en la cuenta de Pérez Vilela.

 

La sala evidenció una serie de contradicciones en las diversas declaraciones del procesado, toda vez que primero declaró que el dinero supuestamente prestado por Justina Espinoza era para trámites judiciales y para pagar una deuda con su prima residente en España, mientras que después involucró a su propia esposa en la presunta tramitación de un contrato de trabajo.

 

“Se aprecia que la versión del procesado resulta ser inconsistente y solo un mecanismo de defensa destinado a evadir la responsabilidad penal que le alcanza por la perpetración del delito investigado. (…) Por lo que este colegiado, al revisar los agravios contenidos en el recurso de apelación del procesado no encuentra fundamento alguno que persuada en absolver al recurrente, encontrando la resolución apelada conforme a derecho, al haberse llegado a establecer fehacientemente la responsabilidad penal del sentenciado Wilfredo Pérez Vilela, presentando los elementos necesarios para que la conducta ilícita que se le atribuye sea considerada típica, antijurídica y culpable”, indica textualmente la sentencia confirmatoria.

 

El proceso judicial comprendió también a Sofía Vilela Coronado, a quien se le acusó por el delito de estafa y tráfico ilegal de migrantes, extremos que finalmente fueron sobreseídos a favor de esta.

 

El 15 de febrero del año pasado, el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima declaró rehabilitado a Wilfredo Pérez Vilela, quien para entonces, conforme lo indicó el órgano jurisdiccional, no había cumplido con pagar la reparación civil confirmada en el 2012.

 

FUE JUEZ

Lo escandaloso de este caso es que pese a que la sentencia contra Pérez Vilela había sido confirmada en marzo del 2012, desde el 24 de julio de ese año este empezó a ejercer funciones como juez de Paz de Tercera Nominación de Pimentel, cargo que ocupó hasta diciembre del año pasado, en mérito a las Resoluciones Administrativas N° 324-2012-P-CSJLA/PJ y 523-2013-P-CSJLA/PJ, siendo presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el magistrado Carlos Silva Muñoz.

 

Esto quedó acreditado con el Oficio N° 071-2017, emitido por el coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte de Lambayeque a Wilfredo Casas Ramírez, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, quien requirió información sobre Pérez Vilela, involucrado en la entrega presuntamente irregular de certificados de posesión sobre terrenos con partida registral asentada en el distrito de Pimentel.

 

Silva Muñoz, actual presidente del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, es quien debe revisar el pedido de inscripción de la lista municipal del partido Vamos Perú para el distrito de Pimentel, la misma que encabeza Wilfredo Pérez Vilela.

 

HOJA DE VIDA

En la declaración jurada de Hoja de Vida presentada para el presente proceso electoral, Pérez Vilela ha informado al Jurado Electoral Especial de Chiclayo poseer estudios universitarios de Derecho en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, donde también ha seguido estudios de postgrado. En la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, no existen registros de sus grados académicos.

 

En la misma declaración tampoco ha consignado información sobre la sentencia que le impuso el Poder Judicial por el delito de estafa, la misma que quedó firme y ejecutoriada. 

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