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POR PEDIR INFORMACIÓN SOBRE EL LICENCIAMIENTO: UDCH DESPIDIÓ A DIRIGENTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES NO DOCENTES

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1107

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  • Administración de Ortiz Prieto ha cursado cartas de predespido a casi 50 trabajadores por la misma razón.

 

Aproximadamente 50 trabajadores no docentes de la Universidad de Chiclayo corren el riesgo de perder sus empleos por el único hecho de haber pedido al rector, Alberto Ortiz Prieto, información sobre el proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU. La solicitud la canalizaron a través de su sindicato, sin embargo, para la administración ello constituye un “atentado” contra la imagen de la institución. El secretario general y otros dirigentes del gremio ya fueron despedidos.

 

A fines de este año vence el plazo para que todas las universidades del país se licencien ante la SUNEDU, debiendo para ello cumplir con las ocho condiciones básicas de calidad, que consideran una serie de indicadores que abarcan desde el funcionamiento administrativo hasta el equipamiento e infraestructura.

De acuerdo a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, promulgada en julio del 2014, las universidades que no garanticen las ocho condiciones básicas de calidad y, por lo tanto, lo logren el licenciamiento ante la SUNEDU, deberán suspender sus exámenes de admisión y dejar de funcionar en un plazo no mayor a dos años después de emitida la resolución con respuesta desfavorable por parte del ente supervisor. La decisión de la superintendencia es inapelable e irrevocable.

 

TENSIÓN EN LA UDCH

Preocupados por la situación de la Universidad de Chiclayo de cara al licenciamiento, los integrantes del Sindicato de Trabajadores No Docentes elevaron al rector de la casa de estudios, Alberto Ortiz Prieto, un documento solicitando que este informe sobre los avances que se tenían hasta el año pasado para que la UDCH logre el objetivo.

Dicho documento fue publicado en la página en Facebook del sindicato, lo que fue tomado por las autoridades de la casa universitaria como un atentado contra la imagen de la institución, procediendo estas a emitir cartas de predespido a los firmantes del documento.

“La preocupación de nuestro sindicado empezó desde el 2017, cuando el entonces secretario general le envió un oficio al señor rector haciéndole ver sus errores, sobre todo preocupados por el despido de trabajadores. En julio de ese año se había despedido a los docentes nombrados. Nuestra preocupación se centró en que todo despido arbitrario originaba procesos judiciales contra la universidad y, en consecuencia, el pago de mayores costos en perjuicio de su economía. Por atender dichos procesos se iba a descuidar el proceso de licenciamiento. Sin embargo, como toda la comunidad ya sabe, el señor Ortiz Prieto hizo caso omiso. Ante ello, en el 2018 planteamos a la Asamblea Universitaria la vacancia del rector, argumentando de manera concreta que no había interés en el proceso de licenciamiento”, relata Víctor Eugenio Chávez, secretario general del sindicato.

 

PEDIDO DESESTIMADO

El pedido formulado por el gremio ante la asamblea que integran, además de Ortiz Prieto, los docentes Danilo Escobar Gutiérrez, Walter Díaz Salazar, Tadeo Marcial Guarderas, Sofía Tamayo Palacios, María Almeyda Zambrano, Lito Becerra Angulo, Marco Cieza Montalvo, Luis Campos Contreras, Julio Frías Arica, Martha Gutiérrez Manzaneda, Dagmar Urbina Ramírez, Martha Piscoya Riojas, Flor Obregón Vara, Norma Millán Liza, Percy Morante Gamarra, Yolanda Castro Yoshida, Rita Coronel Bullón, Jesús León Ángeles, Ascención Moreno de la Cruz y Herbert Alvites Bullón fue desestimado.

“Eso hizo que crezcan las represalias contra los trabajadores, buscando cualquier motivo para ir en nuestra contra. Él maneja a la Asamblea y al Consejo Universitario, tenemos pruebas de que eso es desde años anteriores y solo acuden a las reuniones para decir: ‘Sí señor’. En el documento en el que pedimos su vacancia pusimos que él no tenía preocupación porque la universidad no es de él, sino de la promotora. A él no le interesa que la universidad licencie”, asevera Eugenio Chávez, quien laboró más de 32 años en la UDCH hasta que fue despedido.

 

CONDICIONES BÁSICAS

Según los dirigentes del Sindicato de Trabajadores No Docentes, la universidad no cumpliría con las condiciones básicas que exige el proceso de licenciamiento, lo que pone en peligro su funcionamiento para los próximos años, al existir indicios de que no lograría el visto bueno de la SUNEDU.

Alfredo Gómez Silva, secretario del Defensa del sindicato, comenta que acudieron a Lima para solicitar información a la superintendencia y que allá se les comunicó que analicen si la UDCH reunía los estándares e indicadores mínimos para licenciarse. Tiempo después conocieron de manera extraoficial, a través de otras fuentes, que tres universidades de Lambayeque no lograrían el proceso: la Universidad de Lambayeque (tal como sucedió a fines del año pasado), la Universidad Juan Mejía Baca y la Universidad de Chiclayo.

“Cuando se oficializó que la Universidad de Lambayeque no había logrado el licenciamiento se acrecentó nuestra preocupación y por eso es que pedimos información al rector sobre 21 indicadores del licenciamiento, sin tener nuevamente respuesta”, refiere Gómez Silva.

Añade que la universidad debió haber reinvertido en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento para cumplir con los estándares exigidos por la SUNEDU, e incluso que hasta febrero del año pasado la casa de estudios tenía cerca de ocho millones de soles en sus cuentas bancarias, recursos que pudo utilizarse en el mejoramiento de las condiciones.

“La universidad ya recibió una resolución adversa de la SUNEDU y por eso empieza en el plan de adecuación para levantar las observaciones. Eso pasó en marzo del 2018. Ante ello empezamos a actuar como sindicato. No solo hemos denunciado que no esté trabajando por el licenciamiento, también que en pleno proceso de licenciamiento él se haya pagado 800 mil soles por indemnización de vacaciones, que haya viajado junto al Director de Personal al extranjero, y otras irregularidades más”, menciona.

 

REDUCCIÓN DE REMUNERACIONES

Las fricciones entre el Ortiz Prieto y el sindicato van más allá de los planteamientos formulados por el gremio. Los dirigentes mencionan que en octubre del 2017 el rector decidió anular de manera unilateral los incrementos remunerativos y el año siguiente los efectos de un laudo arbitral conseguido por los sindicalizados ante la negativa de la universidad de acudir a la negociación colectiva.

Explica Alfredo Gómez que cuando obtuvieron el laudo favorable, la gestión de Ortiz Prieto hizo efectivo el incremento remunerativo no solo a los sindicalizados, sino también a todos los trabajadores administrativos y a él mismo. Sin embargo, cuando anuló los incrementos solo aplicó la decisión a los integrantes del sindicato, descontándoles además lo recibido a partir del laudo, medida que no adoptó con el resto de beneficiarios.

“Empezó con la hostilización, enviándonos a los sindicalizados a trabajar en dependencias en las que no cumplimos ninguna función: a unos los envió al Edificio de Miraflores, donde no hay atención, a otros al de Pedro Ruiz y Quiñones donde no se cumple ninguna función y a otro grupo lo depositó en un ambiente de biblioteca en la ciudad universitaria en el que solo hay sillas”, refiere.

 

MESA SIN RESULTADOS

Ante la amenaza de despido masiva contra los agremiados del sindicato, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo convocó a una mesa de diálogo entre los trabajadores y la universidad, la misma que tuvo dos sesiones sin que se llegue a un entendimiento. El representante de la UDCH, abogado Ángel Gamarra Uceda ratificó que las cartas de pre despido no serían anuladas argumentando que los trabajadores infringieron el reglamento interno al avalar la publicación realizada por el sindicato respecto al proceso de licenciamiento.

Víctor Eugenio y Alfredo Gómez ya han sido despedidos de la universidad, al igual que los dirigentes Jesús Eneque Sánchez, secretario de Economía; Enrique Paucar Terrones, secretario de Organización y César Paz Farro, secretario de Prensa y Propaganda.

“No entiendo cuál es la finalidad del rector. Hay cerca de 50 trabajadores que no cumplen ninguna función en la universidad y ganan sus sueldos todos los meses. ¿Qué pretende? No lo sé. Las funciones de ese personal han sido reemplazados por personal contratado que él maneja”, sostiene el secretario general del sindicato.

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