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PIDEN QUE EL GOBIERNO SE PREOCUPE POR LA ECONOMÍA: CONFIEP Y GREMIOS DE LAMBAYEQUE SE UNEN POR EL DESARROLLO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1115

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Lambayeque es el primer departamento visitado por la flamante presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, María Isabel León de Céspedes, quien se reunió con los representantes de los gremios locales, con los se comprometió a trabajar de manera estrecha en defensa del crecimiento económico y de obras fundamentales como el Terminal Portuario.

A su llegada a Chiclayo, León de Céspedes fue recibida por el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales, y el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, quienes le expusieron algunos de los aspectos más relevantes del departamento, sobre todo los referidos a la reconstrucción, el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios de salud.

La presidente de la CONFIEP, gremio que forma parte del directorio de EsSalud, visitó los hospitales Naylamp y Luis Heysen Incháustegui, con el objetivo de conocer la problemática que actualmente afecta a miles de asegurados con el cierre de parte del primer nosocomio y el embalsamiento de atenciones.

Del mismo modo, María Isabel León se reunió con los representantes de las micro y pequeñas empresas de la macroregión norte, a fin lograr su articulación e inserción en la CONFIEP.

En diálogo con Expresión, la dirigente gremial abordó diversos temas de la coyuntura nacional, ratificando su posición en contra de lo que denomina la judicialización del país y el uso excesivo de medidas de coerción como la prisión preventiva.

 

MEDIDAS MENOS GRAVOSAS

“Tenemos un alto ruido político, confrontación entre los poderes del Estado y eso genera inestabilidad. Respecto a la carcelería, personalmente es un tema que veo con preocupación, pues no considero necesario abusar de ella. Las prisiones preventivas no necesariamente significan justicia, hay muchísimos casos de personas que han sido enviadas a prisión por tres años y después han terminado siendo inocentes. Esos tres años de prisión preventiva no se los devuelve nadie, como tampoco la reputación si es que resultan inocentes”, asevera León de Céspedes.

Sostiene que el sistema de justicia debe optar por medios menos gravosos como el arresto domiciliario, el uso de grilletes electrónicos o mandatos de comparecencia restringida, para aquellos investigados que muestran disposición de colaborar con la justicia.

Lo dicho por la presidente del CONFIEP sintoniza con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina y, particularmente en el Perú, situación que se hizo más compleja con la emisión del Decreto Legislativo 1307, que incrementa hasta 48 meses el mandato cautelar para casos de criminalidad organizada.

“Si vemos la cantidad de presos que tenemos en las cárceles, no solamente los políticos evidentemente, el 40 % no tiene sentencia firme. Eso nos debe llevar a reflexionar sobre cuáles casos ameritan una prisión preventiva. No es lo mismo un caso de asesinato que uno de corrupción. A los involucrados en estos últimos se les puede dar impedimento de salida y el Estado cumplir su función de cautela, evitando que se escapen del país, las cosas podrían hacerse de otra manera y con mayor prudencia”, sostiene.

Reconoce, sin embargo, que el debate sobre la prisión preventiva se avivó recientemente en el país con los mandatos dispuestos sobre políticos vinculados a casos de corrupción, pese a que la norma procesal permite dicha medida desde el 2004.

“Es posible, pero también hay que tener en cuenta que la figura de organización criminal se legisló en el gobierno del presidente Humala. Los partidos políticos no son organizaciones criminales y lo que vemos es que se les está tratando de esa manera y al final veremos que casi todos los partidos han recibido aportes que no han sido declarados. Están todos en la misma situación. El tema es si esto realmente es una organización criminal o una forma en la que han trabajado cometiendo faltas administrativas. No creo que lo adecuado sea criminalizar a los partidos políticos en el país”, menciona.

 

ECONOMÍA FRENADA

En tanto – refiere – la economía nacional se mantiene estancada. León de Céspedes afirma que la CONFIEP ve con preocupación la ralentización del crecimiento.

“Hemos llegado a lo que se llama una meseta en la economía, no tenemos mayor crecimiento, estamos en una situación plana y necesitamos seguir creciendo porque cada punto del Producto Bruto Interno – PBI, significa la reducción de 0.3 % de pobreza. Necesitamos crecer, no mantenernos ni bajar, porque si reducimos en crecimiento habrá más peruanos que caigan nuevamente en la pobreza”, señala.

En ese sentido, anota que lo que le corresponde a los promotores de la inversión es generar riqueza, trabajo, bienestar y contribuir a la reducción de la pobreza. Para ello se hacen necesarias las condiciones adecuadas.

“Necesitamos que el gobierno entienda que tiene que ser un promotor de la inversión, porque no tiene los recursos para hacer frente a todas las necesidades de infraestructura y logística que tiene el país”, manifiesta, añadiendo que ello pasa también por reducir las barreras burocráticas que hoy impiden el aumento de las inversiones y la formalización de los agentes económicos.

 

TRABAS BUROCRÁTICAS

“Los niveles de obstrucción que tiene la regulación asfixian cualquier intento de crecimiento. Nosotros tenemos muchos cuellos de botella en la legislación, normas que no se cumplen o que son muy complicadas de cumplir y que generan retraso en la inversión. Sería interesante que el Estado haga una revisión de normas y estas puedan aligerarse. Yo no digo que se abran y se eliminen los candados, sino que estos sean realmente los que se necesitan sin caer en excesos”, asevera.

León de Céspedes menciona también que una negativa experiencia del país es que en cada cambio de gobierno se modifican las políticas de Estado sin dar continuidad a las iniciadas previamente, como sucedió, por ejemplo, con el Plan de Diversificación Productiva del gobierno de Ollanta Humala Tasso.

“No se entienden como políticas de Estado sino de gobierno. Lo que necesitamos es tener institucionalidad y políticas de largo plazo para diferentes aspectos, eso es muy importante. Tenemos un montón de normas que no han sido reguladas, como por ejemplo la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que está esperando su regulación hace más de un año y aún no se reglamenta. Necesitamos un Estado que sea más eficiente, que haga las cosas pensando en el país, en destrabar los problemas que hay para que la inversión pueda generar bienestar”, explica.

Cita como otro ejemplo el puerto de Paracas, obra que fue concesionada por Proinversión y que pese al inicio de los trabajos se ha visto paralizada por una controversia generada por el SENASA.

“Como país tenemos que pensar bien que si vamos a invitar a los inversionistas extranjeros a venir tenemos que ofrecerles proyectos bien desarrollados, no hechos un mes antes y luego sorprenderlos en el camino con una serie de trabas”, acota.

 

Infraestructura y legalidad

Sobre infraestructura, María Isabel León menciona que obras como el Terminal Portuario de Lambayeque, en Puerto Eten, se constituyen en ejes para el desarrollo del comercio a nivel nacional.

La ejecución de obras como esta – indica – hace necesaria también una revisión de Ley de Contrataciones.

“Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para atraer a los capitales extranjeros y convencerlos de arriesgar en obras de infraestructura. Como país tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley, ofrecer seguridad jurídica para todos los inversionistas, porque no podemos atraerlos para luego dejarlos sin el control necesario de que se cumpla la legalidad. Miremos lo que ha pasado en Las Bambas, donde la empresa ha hecho una inversión importante, ha cumplido los compromisos con la comunidad y se vio inmersa en situaciones posteriores a los acuerdos a los que había arribado, sin que el Estado pueda garantizar que las vías estén liberadas para el tránsito de su logística. Ese es un claro ejemplo de que es necesario imponer la ley”, manifiesta.

Finalmente, León de Céspedes afirma que toda reforma política o judicial es importante para el país siempre y cuando se respete la institucionalidad. Para ello – precisa – se debe respetar la constitución y la independencia de poderes.

“No podemos imponer desde otros poderes del Estado que las cosas se hagan de una forma u otra. Al Congreso yo le pediría prudencia, que mantenga la calma y la intención de diálogo. El gesto del presidente Martín Vizcarra de convocar a los voceros de los partidos políticos me pareció muy positivo, pero no debe quedar ahí. El diálogo no es de un solo día, es permanente, hay que tener apertura para conversar y no patear el tablero”, enfatiza.

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