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EXPERTA EN TRIBUTACIÓN: “LAS NORMAS TRIBUTARIAS NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1115

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  • Gerente del Estudio Reynoso, María Astrid Reynoso de Vargas, afirma que la norma de comprobantes de pago que data de 1999 no contempla las circunstancias que ocurren alrededor de la prima “Fairtrade”, lo que perjudica a los productores agrarios.

 

La auditora y gerente del Estudio Reynoso, María Astrid Reynoso de Vargas, comenta desde su especialidad cuál es la realidad tributaria del sector agroexportador, señalando que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, desconoce las liquidaciones de compra emitidas a modo de constancia de transferencia de la prima “Fairtrade” por los exportadores a los productores que carecen del Registro Único de Contribuyentes – RUC, ocasionando que el ente recaudador grave a los primeros, así como a los segundos por considerarlos beneficiarios directos del fondo generado por la prima, que en realidad es un monto destinado a la construcción de carreteras e implementación de servicios básicos. 

 

En algún momento se habló sobre el hecho de que si la SUNAT reconociera los desmedros en la producción de agroexportables se podrían reducir los montos de tributación. Ahora hay problemas con las certificaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA, ente que, según el presidente de ADEX, pone más trabas de las que fijan los mercados receptores. ¿Cómo está la situación del sector desde el punto de vista tributario?

En este momento estamos sumamente preocupados porque hay una plaga de la mosca de la fruta que está afectando a todos los cultivos. Esto se descubrió en Lima al momento de abrir la fruta en los supermercados. Los empresarios del norte, de donde procede la fruta, han tenido una entrevista con SENASA para que explique por qué no detectó esta plaga. Nuestra preocupación ahorita es que se erradique de raíz esta peste, ya que si no se toman medidas rápidas habrá un perjuicio total para toda la producción lambayecana.

¿De cuánta pérdida se hablan?

De miles de soles en producción, ya que no nos van a recibir en ningún lado. SENASA dice que no tiene ningún informe de que haya habido esta plaga, que ellos no la han detectado, pero existen normas sanitarias y de inocuidad que deben cumplir todos los agroexportadores, las cuales indican que cuando hay una fruta en mal estado, inmediatamente se debe enterrar o quemar para evitar la proliferación de la mosca de la fruta. Sin embargo, la norma tributaria dice que para que te acepten la deducibilidad - porque esto se trata de un desmedro - se tiene que informar con 6 días hábiles de anticipación a la SUNAT para destruir el producto en presencia de un notario o juez de Paz. Si tú no comunicas esto, prácticamente no puedes deducir tributariamente esta pérdida.

Entonces, la norma sanitaria te dice que debes enterrar en el mismo día el producto, pero como la administración tributaria no acepta esta deducción inmediata mientras no haya comunicación, ni vaya un notario, las empresas han retenido su fruta en mal estado y estas son las consecuencias que ahora vemos.

¿No existe comunicación entre estos dos entes fiscalizadores, uno de la inocuidad y el otro del tema tributario para tener una norma equilibrada?

Como tributaristas tuvimos el caso de una empresa a la que no se le quiso hacer la deducibilidad y nos hemos ido en casación hasta la Corte Suprema, donde perdimos porque el órgano judicial cuestionó si nosotros contábamos con el informe de SENASA, pero este ente prácticamente nunca los emite y la prueba está en que ahorita que tenemos la plaga de la mosca de la fruta, ellos ni siquiera han detectado esta proliferación. Al final la Corte Suprema en su fallo de inicios del 2017 le dio la razón a la SUNAT, porque nosotros no contábamos con ese informe.

Esto genera jurisprudencia negativa en virtud de lo que los agroexportadores están trabajando…

Exacto. Las normas no están acordes con la realidad. Ahora nosotros como empresarios del sector exportador tenemos el caso del tratamiento contable y tributable de la prima “Fairtrade”. Para llegar a los mercados de destino, estos nos imponen cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales está que el productor agrario tenga una cadena de valor para que se implementen escuelas, carreteras, agua, desagüe, en la zona donde se desarrolla el cultivo, pues se busca la sostenibilidad social del productor agrario.

Si como exportadores nos preocupamos porque el productor agrario sea sostenible socialmente, entonces nos certifican con la prima “Fairtrade”, que es el premio justo para el productor agrario como beneficiario final.

Esta prima consiste en que el mercado de destino establece auditoras internacionales que no solo certifican al exportador, sino también la planta de proceso y las zonas de cultivos, las cuales deben tener las mínimas condiciones como baños, agua, el que sus hijos no trabajen en el campo, que haya escuelas donde los niños puedan asistir, etc. Los campos certificados tienen un plus, que es un premio por cada caja de exportación que se incluye en la factura del exportador, quien recibe el pago de parte del comprador del exterior y lo transmite al beneficiario final, que es el productor agrario.

¿A través de quién?, ¿de SUNAT?

No, cuando el exportador factura al cliente del exterior, en la factura de exportación tiene que agregarse la prima “Fairtrade” como un cargo adicional, pero el exportador es simplemente un recaudador que le trasmite este premio al productor agrario.

¿Quién administra este fondo social?

Los lineamientos de la primaestablecen que los productores agrarios tienen que organizarse en asociaciones a las cuales se les deposita el fondo para que ayuden con lo antes mencionado para su sostenibilidad. Esa función realmente le compete al Estado, pero ante su inacción, con estos fondos las asociaciones realizan ese trabajo social.

¿Y se está cumpliendo?

Sí. Las auditoras verifican que todo el dinero que recibe el exportador se lo transmita al productor agrario a través de las asociaciones y luego piden que se le diga cómo se ha invertido.

¿Y es un porcentaje mínimo?

Por cada caja de producto exportado, un dólar. El problema radica cuando el exportador  adquiere productos de productores que carecen de RUC. Según el reglamento de comprobantes de pago, está permitido emitir liquidaciones de compra. Entonces, cuando tiene que transmitirse esta prima “Fairtrade”, el exportador le emite al productor agrario estos comprobantes para que quede constancia de la transacción.

Sin embargo, cuando ha venido la SUNAT a fiscalizar a los exportadores, les desconoce el costo emitido en las liquidaciones de compra, aludiendo que, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, estas son para comprar bienes, mas no para cobrar ni consignar otro tipo de conceptos. Entonces gravan al exportardor con el impuesto a la renta el monto de esa prima.

¿Con cuánto les están gravando?

Con el 15 % que es la tasa del impuesto del sector agrario. Le quisimos hacer entender esto a la SUNAT en el proceso de fiscalización y simplemente nos dijo que ellos se basaban en la norma y el reglamento de comprobantes de pago no ha previsto esta situación. Yo les dije que dicha norma es de 1999 y no ha sufrido modificaciones, mientras que la norma “Fairtrade” es del 2015. Por eso digo que las normas tributarias no van acordes con la realidad

Por último, ha salido el Informe N.° 037-2017-SUNAT/5D0000, del 2017, en el cual dice que el productor agrario por la prima que recibe debe pagar también un impuesto a la renta porque él es el beneficiario final. O sea, grava al exportador y al productor primario, cuando realmente este último no aprovecha esa prima porque se gasta en hacer obras, en suplir la función del Estado.

¿El Estado se ha convertido en un verdadero perro del hortelano, que no hace ni deja hacer?

Y encima hace hasta doble imposición, porque le grava al exportador por algo que trasmite y no es beneficiario.

¿Y no se ha pensado en inconstitucionalidad de estos cobros?

Nosotros impugnamos estas resoluciones entre fines del 2017 e inicios del 2018 y la SUNAT no nos dio la razón. Ahora estamos en el tribunal fiscal, donde están los casos estancados.

Paralelamente a ello, como Cámara de Comercio hemos elevado una consulta institucional a la SUNAT exigiéndole que se pronuncie al respecto, ya que si ellos nos dicen que no es el comprobante idóneo la liquidación de compra, pues que regulen con cual debemos trabajar. No pueden decirnos simplemente no.

¿Y ese es un planteamiento que están haciendo solo los agroexportadores de Lambayeque?

El 2 de mayo estuve en Lima y sostuve una reunión con la Gerencia de Dictámenes Jurídicos que está a cargo de la evaluación de nuestra consulta y de emitir una opinión legal al respecto. Las personas que me atendieron se sintieron asombradas porque recién tomaban conocimiento de lo que está pasando. Nos llama la atención que esto lo dé a conocer Lambayeque y no haya habido ninguna comunicación a nivel nacional, pero me dijeron que si está sucediendo en Lambayeque, debe estar ocurriendo también en todo el Perú.

Las personas con las que estuve reunida me encargaron que  tratara de buscar un vínculo con todas las cámaras de comercio y empresarios a nivel del país para recoger la problemática y hacer llegar la voz de diferentes gremios.

Por esta razón es que me he reunido con la Asociación Regional de Exportadores - AREX y  ellos también tienen la misma problemática, pero no saben cómo sustentarla, entonces la parte técnica la estoy viendo yo. He asistido también a la reunión con presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, porque en Lima y el resto del país debe suceder lo mismo.

En el sector agroexportador no todas las empresas asentadas en Lambayeque tributan aquí. ¿Cuántas lo hacen en Lima?

Lambayeque es un departamento muy rico en producción, pero no en tributación, porque la mayoría de empresas son contribuyentes de Lima. Alrededor de un 80 % se va a Lima, realidad  que no pasa con Ica ni con La Libertad.

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