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SALA APARTA A JUEZA GRANDEZ DEL CASO “TEMERARIOS”: NO ERA COMPETENTE PARA TUTELAR INVESTIGACIÓN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1127

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  • Sin embargo, ningún acto procesal es declarado nulo. Mandatos de prisión preventiva y sentencias por terminación anticipada siguen vigentes.

 

La insistencia de la defensa de los hermanos David y Noé Cornejo Chinguel, sindicados como cabecilla y lugarteniente, respectivamente, de la organización “Temerarios del crimen”, tuvo eco en la Primera Sala Penal de Apelaciones. Con fecha 16 de agosto, los magistrados superiores resolvieron apartar del caso a la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, y derivar el expediente y los actuados al Décimo Juzgado de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

 

En junio, Grandez Rojas declaró improcedente el recurso presentado por la defensa de los hermanos Cornejo Chinguel para que se aparte del proceso, sin considerar que dada la existencia de un Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios el caso debía pasar a manos de un juez de dicho ámbito, toda vez que los cargos imputados por el Ministerio Público versan sobre la administración pública.

Por requerimiento de la Fiscalía Especializada en Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, en noviembre del año pasado la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria emitió resoluciones ordenando la interceptación telefónica y luego la detención preliminar del entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, su hermano, regidores, funcionarios y empresarios, vinculados a la supuesta organización denominada “Los temerarios del crimen”.

Asimismo, la misma magistrada ordenó mandatos de prisión preventiva, avaló acuerdos de colaboración eficaz y emitió sentencias condenatorias de prisión suspendida a favor de quienes se acogieron a la terminación anticipada, entre ellos el exregidor Boris Bartra Grosso y el ex candidato regional Antonio Becerril Rodríguez.

Meses después, Grandez Rojas amparó nuevos requerimientos de la FECOR sobre este caso y en julio de este año autorizó la detención de un tercer grupo de investigados, emitiendo sobre estos 25 sentencias condenatorias, también de prisión suspendida, por terminación anticipada.

Ante la negativa de la magistrada de aceptar el pedido de declinatoria de competencia, con la Resolución N° 6, del 11 de junio pasado, los defensores de David Cornejo Chinguel y el exgerente de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna de Chiclayo, Isaías Merino Chavesta, ambos bajo mandato de prisión preventiva, apelaron a la instancia superior.

 

EL PEDIDO

El abogado Jovino Castillo Castillo, patrocinador de David Cornejo, argumentó que Grandez Rojas debía derivar el proceso y los actuados al Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios por razones de competencia y especialización, sustentando que el Decreto Legislativo N° 1342 modificó la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, en virtud de la cual se ha dispuesto que la competencia para los casos del numeral 18 del Artículo 3 de la referida norma deben ser conocidos por los juzgados y salas especializadas anticorrupción.

Castillo Castillo invocó, además, la Resolución Administrativa N° 001-201-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la cual se creó los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios, siendo que para el caso de Lambayeque se dio origen al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y al Décimo Juzgado Unipersonal Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, los mismos que entraron en funciones desde el 1 de marzo del año pasado.

La audiencia de revisión del pedido de Castillo Castillo, presentado el 8 marzo, fue programada inicialmente para el 29 del mismo mes y reprogramada hasta en dos oportunidades, revisándose finalmente en el despacho de Grandez Rojas el 3 de junio, emitiendo la magistrada su pronunciamiento ocho días después, desestimando el recurso.

 

DEFENSA DE LA JUEZA

Cecilia Grandez defendió sus fueros señalando que la declinatoria de competencia debió presentarse a los 10 días de formalizada la investigación contra los imputados, pero además que el fiscal, en este caso Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la FECOR Lambayeque, “decidió la competencia al enviar la comunicación de la emisión de la disposición de formalización preparatoria”.

“Presupone que el juez aceptó la competencia y, por tanto, los sujetos procesales no la cuestionaron oportunamente una vez que se avocó al conocimiento del asunto, por considerar que mal haría en remitir el proceso al Juzgado Anticorrupción cuando se ha excedido de sobremanera el plazo que la norma procesal otorga a las partes para deducir la declinatoria de competencia”, indicó la resolución emitida por la magistrada, añadiendo que cuando Castillo Castillo presentó el recurso habían trascurrido seis meses desde la formalización respectiva.

Grandez Rojas añadió que su juzgado ya había tomado conocimiento del proceso desde la etapa de diligencias preliminares, incluso había resuelto medidas de coerción procesal personal y terminaciones anticipadas, por lo que derivar el caso a otra judicatura “no solo ocasionaría una grave afectación al desarrollo del proceso sino también a la finalidad de la misma”.

En apelación, tanto Castillo Castillo como el abogado de Isaías Merino Chavesta refutaron los argumentos de la jueza, en tanto el representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción pidió a la sala que se confirme la decisión de Cecilia Grandez. El Ministerio Público ni los abogados de los demás investigados, que inicialmente se mostraron en contra del cambio de juzgado, asistieron a la audiencia de apelación.

 

FUNDAMENTOS DE LA SALA

Para la Primera Sala Penal de Apelaciones, Grandez Roja quebrantó el principio de congruencia procesal, pues resolvió un pedido distinto al que fue planteado por la defensa técnica de los hermanos Cornejo Chinguel, toda vez que se orientó la resolver sobre competencia por inhibición, recurso que no había sido sustentado por el abogado.

“De la revisión de la resolución recurrida (apelada) se advierte que la juez no ha expresado ninguna razón por la que alegue que ella sí tiene competencia material para conocer delitos contra la administración pública en el marco de una organización criminal, pues no ha efectuado el análisis de la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30077 en su texto vigente, tal como lo postula la defensa técnica de los procesados David y Juan Noé Cornejo Chinguel, por lo que en este extremo también se adolece de una motivación aparente, por cuanto los argumentos expresados por la juez no dan respuesta a los fundamentos de la parte recurrente”, señala la sala.

Los jueces superiores sostienen también que lo señalado por Grandez Rojas respecto a que el fiscal le fijó competencia al momento que le comunicó la formalización de la investigación preparatoria “no tiene ningún sustento legal y en virtud a que la competencia, ya sea material, territorial o funcional es fijada por la ley”. Aclaran, además, que el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones contra los investigados le fue asignado de manera aleatoria al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria y, en virtud de ello, los demás incidentes realizados fueron asumidos por dicho despacho.

Respecto a lo expuesto por la jueza de que ya ha emitido sentencias de terminación anticipada, la sala señala que estas fueron dictadas bajo el supuesto previsto en el Artículo 469 del Código Procesal Penal, circunstancia que no puede ser argumento válido para justiciar su competencia.

 

“En ese sentido, las medidas de prisión preventiva dictadas por la juez no validan necesariamente la competencia material, por cuanto estas medidas pueden ser dictadas por un juez mientras estuviere pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, tal como lo dispone el Artículo 52 del Código Procesal Penal”, aseveran los magistrados.

Por esas consideraciones, para la Primera Sala Penal de Apelaciones, la resolución emitida por Grandez Rojas en junio pasado adolece de motivación y debe declararse nula.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los dispositivos vigentes señalan que los órganos especializados en delitos de corrupción de funcionarios son competentes para conocer los procesos penales referidos a delitos contra la administración pública y considerando que el caso “Los temerarios del crimen” versa sobre una serie de actos delictivos relacionados contra la administración pública como peculado, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, organización criminal, entre otros, el caso debe ser asumido por el juzgado especializado anticorrupción.

 

SIN NULIDAD

Asimismo, la sala precisa que si bien Grandez Rojas no era competente para revisar el caso, la remisión a un juez especializado no perjudica el proceso, por cuanto no está en cuestión la imparcialidad de la magistrada y sus actos corresponden a los de un juez de garantías.

“La sala es enfática en señalar que los actos procesales como las medidas de coerción y las sentencias de terminación anticipada que han sido dictadas por la Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria mantienen su validez”, precisa la resolución.

La decisión superior fue adoptada por los jueces Zapata Cruz, Sánchez Dejo y Vásquez Ruiz.

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