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OTRO REVÉS PARA LA FECOR: CASO ‘HERMANDAD DEL NORTE’ PASA AL JUZGADO ANTICORRUPCIÓN

Escribe: Semanario ExpresiĂłn
Edición N° 1130

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La jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Núñez Cortijo, emitió la Resolución N° 55 en el expediente del caso ‘Hermandad del norte’, declarando su inhibición para continuar revisando el proceso, remitiendo el expediente y todos los actuados al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Este hecho es similar al sucedido con el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, al cual la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró incompetente para continuar con el caso ‘Temerarios del crimen’.

 

La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, sufrió un nuevo revés, tras la decisión de la jueza Mary Núñez Cortijo de continuar revisando el caso ‘Hermandad del norte’ por considerar que no es competente, debido a que una de las imputaciones se centra sobre el delito de corrupción de funcionarios.

La decisión de la magistrada se motiva en la imputación realizada por la FECOR contra Heráclides Antonio Arenas Delgado, respecto al presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

 

INICIO DEL CASO

El 3 de noviembre del 2016, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, y de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – DIVICAJ, con la participación de 320 agentes y 34 fiscales, realizaron el operativo de desarticulación de la presunta organización denominada “Hermandad del norte”, capturando a 15 personas e identificando a otras 13 que se encontraban recluidas. De acuerdo con la fiscalía, la supuesta organización era responsable de delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.

 

Varios de estos hechos atribuidos a la ‘Hermandad del norte’ tienen que ver con asesinatos contra dirigentes de Construcción Civil, así como la presunta ejecución del homicidio contra el exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, sucedido el 23 de diciembre del 2015, supuestamente por orden de los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.

 

La tesis fiscal es que Cieza Herrera investigaba a las empresas de los hermanos Roncal Miñano para establecer la posible existencia de defraudación tributaria y/o lavado de activos, por lo que estos habrían intentado sobornarlo utilizando como intermediario al contador Heráclides Antonio Arenas Delgado. La FECOR sostiene que como el ofrecimiento dinerario no logró su objetivo, el funcionario de la SUNAT fue asesinado.

 

Tras el operativo del 3 de noviembre del 2016, el Poder Judicial, a través del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de la jueza Mary Núñez Cortijo, dictó el mandato de prisión preventiva contra los capturados, inicialmente por un período de 18 meses, el mismo que fue prolongado por un año más. En diciembre de ese año la Policía Nacional del Perú intervino a Arenas Delgado cuando se encontraba en un centro comercial de Chiclayo, pues sobre este pesaba la orden de captura.

 

En mayo de este año, Núñez Cortijo rechazó el pedido presentado por el fiscal a cargo de la investigación, Germán Montero Ugaz, para que se prolongue la prisión preventiva por seis meses, ordenando la inmediata liberación de los investigados. Uno de ellos, Alexander Siesquén Sampén, murió en julio del 2018 bajo mandato de prisión preventiva, pues la magistrada le negó la variación de la medida coercitiva por arresto domiciliario, pese a su grave estado de salud. Días después de la muerte, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre ese caso concluyendo que el hábeas corpus presentado por la defensa de Siesquén Sampén debió ser admitido y declarado fundado.

 

REQUERIMIENTO ACUSATORIO

Un mes antes que se ordenase la liberación de un grupo de investigados, el fiscal Germán Montero presentó el requerimiento acusatorio al despacho de Núñez Cortijo, solicitando cárcel para 47 presuntos integrantes de la organización.

 

El representante de la FECOR Lambayeque planteó que los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano reciban cadena perpetua como presuntos autores intelectuales del asesinato de Cieza Herrera, en tanto para el resto de imputados la aplicación de condenas que van desde los 15 a 35 años de cárcel.

 

NUEVA DECISIÓN

El 9 de septiembre, la jueza Núñez Cortijo emitió la Resolución N° 55, dando cuenta en su primer considerando que con la Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, del 10 de enero del 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso en su artículo segundo, literal d), que “los juzgados de investigación preparatoria del distrito judicial que a dicha fecha conozcan procesos por delitos de corrupción de funcionarios – trámite o ejecución – deberían remitirlos a los nuevos órganos jurisdiccionales especializados de investigación preparatoria, siempre que se encuentren en etapa de investigación o ejecución…”.

 

Núñez Cortijo menciona en su resolución que con la Resolución Administrativa N° 572-2018-P-CSJLA/PJ, del 15 de mayo del 2018, emitida por la presidencia de la Corte de Superior de Justicia de Lambayeque, se designó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria y al Décimo Juzgado Penal Unipersonal como órganos especializados en delitos de Corrupción de Funcionarios, facultados para conocer los procesos por los delitos tipificados en esta materia por el Código Procesal Penal, y que con la Resolución Administrativa N° 858-2018-P-CSJLA/PJ, del 18 de julio del año pasado, se ordenó que la remisión de expedientes a los órganos especializados.

 

“Revisado el presente expediente, se verifica que uno de los delitos que se le imputa al acusado Heráclides Antonio Arenas Delgado es de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo genérico, en agravio del Estado, previsto en el Artículo 397 del Código Penal, no habiéndose aún efectuado la audiencia de control de acusación, pues si bien es cierto el Ministerio Público emitió un requerimiento mixto en el incidente número 442, señalándose como fecha para la audiencia de debate para el día 10 de septiembre del año en curso, también es que la suscrita advierte recién que no resulta siendo competente para conocer el delito de corrupción de funcionarios, al existir en este Distrito Judicial un Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en el conocimiento de dichos delitos”, señala Núñez Cortijo en su resolución.

 

La magistrada anota que si bien se ha emitido requerimiento mixto por otros imputados y otros delitos, calificándose el caso como de crimen organizado, también es cierto que en el distrito judicial no se ha creado un juzgado especializado para el conocimiento de casos de crimen organizado, por lo que debe primar la especialidad en delitos de corrupción de funcionarios al existir un juzgado especializado a cargo de la tramitación de dichos procesos, a efectos de evitar nulidades posteriores, más aún si el Ministerio Público no ha solicitado la separación o desacumulación de dicho delito respecto al referido acusado, tal como lo contempla el artículo 51 del Código Procesal Penal, así como tampoco el abogado de Arenas Delgado ha solicitado la inhibición de Núñez Cortijo por dicha circunstancia.

 

PRECEDENTE ‘TEMERARIOS’

Añade que se debe tener en cuenta que recientemente se ha emitido un pronunciamiento en el mismo sentido por parte de un órgano superior jerárquico de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Expediente N° 06984-2018-61-1706-JR-PE-04), por lo que corresponde su inhibición de oficio por contienda de competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo N° 43, inciso 1), del Código Procesal Penal. La jueza hace alusión al caso ‘Temerarios del crimen’.

 

En consecuencia, Núñez Cortijo ha resuelto inhibirse del conocimiento del proceso, debiendo remitirse el expediente, así como todos los incidentes derivados del mismo, al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que este continúe con el trámite conforme a su estado.

 

El caso ‘Hermandad del norte’ es el segundo iniciado por la FECOR Lambayeque que pasa a manos del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Como se ha dicho, el primero fue el caso ‘Temerarios del crimen’, en virtud de la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones, contenida en su Resolución N° 18, del 16 de agosto pasado.

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