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NORBIL VEGA: “DEBE APROBARSE LA MUERTE POLÍTICA PARA LOS CORRUPTOS”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1140

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El Partido Popular Cristiano – PPC, inscribió sus listas a nivel nacional para participar del proceso electoral congresal de enero próximo. En Lambayeque, el N° 1 de la lista, Norbil Vega Orozco, remarca que la histórica agrupación ha adoptado una serie de acuerdos para el próximo período parlamentario. Uno de ellos es trabajar iniciativas legislativas por bancada.

 

Norbil Vega manifiesta que el PPC enarbola cuatro grandes ejes temáticos de cara al próximo Congreso: Reforma política, reforma judicial, preservación del capítulo económico de la Constitución de 1993 y lucha contra la inseguridad ciudadana.

 

REFORMA POLÍTICA

“Como partido entendemos la necesidad de seguir avanzando en la reforma política para darle al país mayor equilibrio en cuanto al ejercicio del poder y, sobre todo, contribuir a la lucha contra la corrupción, a fin de evitar que ese mal general del país siga carcomiendo o infiltrándose en los cimientos del Estado, generando daños incalculables para la sociedad”, indica Vega Orozco.

El candidato pepecista asevera que si bien se estima que en el Perú se pierden 12 mil millones de soles al año por los casos de corrupción, su repercusión es mayor debido a que impacta directamente sobre la institucionalidad, la gobernanza y el desarrollo del país, al desviarse recursos que deberían emplearse para la mejora de sectores como salud, educación, servicios básicos y comunicaciones.

“Por estas consideraciones es que el PPC está proponiendo, como parte de la reforma política, que aquellas exautoridades sentenciadas por corrupción nunca más puedan postular a un cargo de elección popular y que, al igual que cualquier funcionario público involucrado en temas de corrupción, tampoco puedan trabajar para el Estado. Debe aprobarse la muerte política para los corruptos”, enfatiza el candidato al Congreso.

 

REFORMA JUDICIAL

Vega Orozco comenta que lo referido a la reforma judicial también es fundamental, pues existen casos complejos que han revelado las debilidades que tienen aún las instituciones encargadas de administrar judicial en el país.

“La defensa de la autonomía de las instituciones es un compromiso que todos debemos asumir y, en ese sentido, desde el Congreso debe realizarse un trabajo legislativo diligente que permita fortalecerlas, no solo para que dispongan de recursos suficientes para que cumplan una buena función, sino también para que no existan interferencias de ningún tipo en su desempeño”, señala.

Detalla que entre las propuestas del Partido Popular Cristiano se tiene la de incrementar el número de integrantes del Tribunal Constitucional a 11 o 15 miembros. Actualmente el máximo intérprete de la constitución tiene siete integrantes.

“La razón de esta propuesta radica en que es necesario dotar al Tribunal Constitucional de mayor pluralidad y evitar que se generen situaciones de polarización entre sus integrantes. Lógicamente, también es necesario mejorar el mecanismo actual de elección de los magistrados del TC, de tal manera que pueda garantizarse un procedimiento transparente y sin que los partidos políticos pongan cuotas de postulantes, como se vio en el Congreso disuelto, lo que finalmente desencadenó en la severa crisis política que vivimos a fines de septiembre pasado”, explica.

Respecto al Tribunal Constitucional, Norbil Vega comenta que otro de los planteamientos del PPC es que sea este el encargado de evaluar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a fin de zanjar la discusión generada hace meses respecto a si deben o no ser los propios congresistas quienes revisen estos pedidos.

“Hemos visto en el Congreso disuelto cómo de manera grosera se hizo blindaje de personajes a los que debía levantarse la inmunidad parlamentaria para facilitar el accionar de la justicia y eso es algo que no se debe permitir, como tampoco ir al extremo de eliminar esa prerrogativa constitucional que protege el ejercicio de fiscalización que tiene el legislador. A fin de establecer un equilibrio a la discusión, nuestro partido propone que sea el Tribunal Constitucional quien califique si corresponde o no el levantamiento de la inmunidad cuando lo requiera la justicia”, detalla.

 

ECONOMÍA SOCIAL

Asimismo, Vega Orozco remarca la posición del PPC de cautelar el capítulo económico de la Constitución Política de 1993.

“Nosotros creemos en una economía social de mercado con rostro social. No podemos permitir que se concreten los planes que mantienen algunos sectores de cambiar a rajatabla el capítulo económico para volver al Estado en una pesada maquinaria con empresas estatales que terminan siendo agencias de empleo para los gobiernos de turno. Ese modelo que tuvimos hasta antes de los 90 no se puede repetir, los recursos de los peruanos no se pueden asignar para pagar sueldos y servilismo laboral con trasfondo político. La economía debe seguir siendo abierta a la participación privada, pero con estricto respeto de la legislación laboral, social y medioambiental que existe y se puede ir mejorando en el país. Eso lo tenemos bastante claro en el PPC”, asevera.

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