El 27 de diciembre del 2019, la comuna chiclayana convocó el procedimiento, bajo la modalidad de Subasta Inversa, para adquirir 269 mil 230 galones de Diesel B5-550 (petróleo), que serán utilizados para operar las unidades móviles menores y la maquinaria pesada de uso para el recojo de los residuos solidos de la ciudad, así como la prestación del servicio de seguridad ciudadana, el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en algunos sectores críticos y el ornato en general.

En febrero el 2019, al inicio de la gestión del actual alcalde, Marcos Gasco Arrobas, se declaró en emergencia la recolección de los residuos solidos en el distrito de Chiclayo, condición que permitió que por acuerdo de concejo se contratara directamente durante tres meses a la empresa Veolia Servicios Perú para prestar el servicio de alquiler de 10 compactadoras y el servicio del recojo de los residuos sólidos, que por ese entonces se encontraba colapsado, esto con la finalidad de paliar la emergencia declarada, asignado para este fin más de un millón 800 mil soles, contratación que ha sido considerada irregular por la Oficina de Control Regional de Lambayeque, adscrita a la Contraloría General de la República.

 Dicha entidad ha establecido la existencia de responsabilidad penal y administrativa entre el alcalde, regidores y funcionarios que permitieron la contratación de la empresa y concluye en que se generó un perjuicio económico al municipio superior a los 240 mil soles.

COMPRA EN EL 2019

Respecto al combustible, la adquisición realizada en el 2019 por el ayuntamiento chiclayano tuvo el mismo objeto que el de este año, para lo cual se realizó el procedimiento de Subasta Inversa con la finalidad de comprar 134 mil 924 galones de Diesel B5-550 (petróleo), resultando ganadora la empresa Grupo Petrocaña SAC.

 La empresa, luego de ofertar 12.20 soles por galón del líquido carburante, suscribió el contrato correspondiente a finales de marzo del 2019 por un monto de un millón 646 mil 72 soles, iniciando el abastecimiento del producto adjudicado en abril año, considerándose en el documento contractual que el acuerdo tendría vigencia hasta que el combustible sea consumido en su totalidad.

 En cuanto el nuevo proceso convocado en diciembre del año pasado este tiene como prioridad el abastecimiento del carburante durante el 2020 bajo los mismos términos considerados en las bases del procedimiento selectivo, en las cuales - igualmente - se establece un plazo de entrega subjetivo; es decir, hasta que se alcance el consumo total del producto, mas no se considera un flujo de abastecimiento o un cronograma diario de consumo, con el agravante que no se identifican las unidades que utilizarán el combustible que se adquiera y el galonaje que estas emplearán en las labores para las que sean asignadas.

¿MÁS DE LO NECESARIO?

Este hecho genera cierta suspicacia respecto al volumen presuntamente sobreproporcionado que la actual gestión edil pretende adquirir este año, sobre todo porque la flota vehicular menor y, fundamentalmente, la maquinaria pesada y el número de compactadoras para el recojo de los residuos sólidos no se ha visto incrementado. A ello se suma que no todas las unidades están operativas.

 Algunas de las unidades existentes fueron sometidas a reparación, mas no fueron renovadas, lo que en buena cuenta permite presumir que la adquisición en los volúmenes que la entidad edilicia busca comprar estaría sobredimensionada, hecho que debe ser materia de indagación por parte de los fiscalizadores (regidores) y los entes de control respectivos.

 Como precedente se tiene que durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, hoy encarcelado, se detectaron compras irregulares de combustible, las cuales fueron realizadas utilizando la modalidad del fraccionamiento, procedimientos de selección amañados, como así también con precios sobrevalorados en cantidades sobredimensionadas, recurrentemente dirigidas a un determinado proveedor.

 Por estas adquisiciones, el exburgomaestre fue materia de enjuiciamiento, al igual que los funcionarios involucrados y el proveedor favorecido.     

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