La detención del ex presidente de Lambayeque Yehude Simon Munaro era cuestión de días. El lunes 24 de febrero el equipo especial del caso Lava Jato, con autorización del Poder Judicial, desplegó el operativo de captura contra el también expresidente del Consejo de Ministros y uno de sus colaboradores más cercanos, Enrique Salazar Torres, quien durante su administración regional ocupó la gerencia general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.
Tras las declaraciones del exintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simões Barata, dadas el 31 de enero en Brasil a los fiscales del caso Lava Jato, la situación de Yehude Simon, líder del partido Juntos por el Perú, se hizo compleja.
Barata señaló que Odebrecht destinó dinero de la Caja 2, asignada para el pago de sobornos, para financiar la campaña reeleccionista de Simon Munaro al Gobierno Regional de Lambayeque en las elecciones del 2006.
Dijo que los pagos se habían hecho a través de empresas “offshore” a dos ‘codinomes’, que aparecen en las planillas de la Caja 2, “Gorno” y “Terco”, y que otra parte se había realizado en dinero en efectivo en Lima.
El ex hombre fuerte de la constructora brasilera, quien está sujeto a un acuerdo de colaboración eficaz, declaró que las personas identificadas como receptores del dinero son: Javier Málaga Cocchella, ya fallecido, y Enrique Salazar Torres.
Javier Málaga Cocchella fue un conocido asesor de Simon Munaro durante su permanencia como presidente del Consejo de Ministros, en el segundo gobierno aprista, en tanto Salazar Torres, además de la gerencia del PEOT, asumió varias veces (incluida la campaña congresal del 2011), la coordinación de campaña del líder humanista.
En cifras, Jorge Barata habló de un financiamiento ascendente a 300 mil dólares divididos en varias partidas, parte de los cuales se destinó al pago de una encuesta para medir la intención de voto en las regionales del 2006 y a la contratación de un asesor.
“Es así que durante la campaña se contrató a una empresa encuestadora Vox Populi para que elaborara una investigación de opinión pública destinada a identificar las intenciones de voto para las elecciones regionales así como un asesor de campaña política, Eliseo Piris Thenarde, la empresa se llamaba Set Comunicación de Marketing LTD”, relató Barata a los fiscales.
De acuerdo a lo señalado por el director de la consultora Vox Populi, esta recién empezó a operar en abril del 2007, tal como consta en su registro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
OPERATIVO DE CAPTURA
Ya desde octubre del año pasado la situación se tornaba latente para Simon Munaro. Con anterioridad Jorge Barata había precisado a los fiscales del caso Lava Jato que Odebrecht había entregado sobornos en el Proyecto Olmos.
Como primer indicio apareció el ‘condinome’ “Sipán”, que el mismo Barata refirió que podía haber estado atribuido a Yehude Simon.
Con las declaraciones dadas, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de Simon Munaro y Salazar Torres, ambos residentes en Lima, así como el allanamiento de sus viviendas y demás propiedades.
Sobre Simon se dispuso el allanamiento de la casa que ocupa actualmente su familia, ubicada en el distrito de Surco, así como de una vivienda ubicada en la Urbanización Santa Victoria en Chiclayo y de tres propiedades (terrenos) en el distrito de Puerto Eten.
En el caso de Salazar Torres, la intervención de su casa ubicada en Miraflores – Lima, y del departamento de su propiedad ubicado en Santa Victoria – Chiclayo.
La detención, por el plazo de diez días, fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la juez María Álvarez Camacho.
LA TESIS
Para la fiscalía, Odebrecht habría financiado la campaña reeleccionista de Simon Munaro con el objetivo de hacerse de la concesión del Proyecto Olmos.
Sin embargo, en el 2006, cuando se habría dado el financiamiento de la compañía brasilera al entonces candidato del Partido Humanista Peruano, la concesión de Olmos ya se había entregado, toda vez que el contrato fue suscrito entre el Estado Peruano y la constructora en el 2004.
El Ministerio Público sindica a Simon Munaro como cabecilla de una organización criminal, con la cual incurrió en los delitos de lavado de activos y colusión.
El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, ha estimado que el también ex congresista por Lambayeque podría recibir hasta 12 años y 11 meses de cárcel solo por el delito de lavado de activos, considerando - según la prognosis elaborada por su despacho – que Simon Munaro no tiene antecedentes penales.
Esto último se desprende debido a que el líder de izquierda recibió el indulto por error judicial (sentencia equivocada) sobre el delito de apología al terrorismo, por el que fue condenado inicialmente a 20 años de prisión. Yehude Simon recobró su libertad tras ocho años de encierro y el Estado Peruano, en la persona del expresidente Alejandro Toledo Manrique, le pidió disculpas por la injusticia cometida en su contra.
La fiscalía estima que la misma condena (12 años y 11 meses) podría recibir Enrique Salazar Torres.
PERJUICIO AL ESTADO
El despacho del fiscal José Domingo Pérez reconoce que si bien el contrato de concesión del Proyecto Olmos, para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase, se firmó en el 2004, el acuerdo se habría celebrado sin que la concesionaria fijara de manera válida la tarifa máxima por el precio del agua, lo que habría generado un perjuicio económico de más de 50 millones al Estado Peruano.
Se indica que el 14 de mayo del 2004, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó la remuneración unitaria máxima presentada por BNP Paribas en la que se establecía que el Estado Peruano debía pagar 0.0628 centavos de dólar a Odebrecht por metro cúbico de agua trasvasada.
Empero, la fiscalía considera que BNP Paribas estableció el monto de la tarifa de agua asumiendo que la inversión total en el trasvase de Olmos sumaba 147 millones 284 mil dólares, sin deducir el cofinanciamiento de 77 millones de dólares que hizo el Estado Peruano.
“Una distribución proporcional a los montos de aportes del Estado Peruano y el concesionario [Odebrecht] determinan que la remuneración máxima que se debió recomendar resulta US$0.0343; lo que según la fiscalía, al haberse comprendido el US$0.0341 resultante del aporte del Estado Peruano al costo de inversión de la obra pública, significó un indebido beneficio económico para la constructora brasileña”, se precisa en el requerimiento de detención presentado por la fiscalía contra Simon Munaro.
La concesión del trasvase Olmos fue otorgada por el Estado Peruano a la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, subsidiaria de Odebrecht, para que asumiera la construcción, operación y mantenimiento del Túnel Trasandino, la Presa Limón y demás infraestructura que permitiera el aprovechamiento de las aguas del río Huancabamba en la cuenca del Pacífico.
LOS OTROS INVESTIGADOS
A Simon Munaro y Salazar Torres se suman en condición de investigados: Eduardo Zárate León, expresidente del Consejo Directivo del Peot; Jorge Pasco Cosmópolis, exgerente de Promoción de Inversiones del PEOT; Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font – Quevedo y Patrick Barclay Méndez, exmiembros de Proinversión; René Cornejo Díaz, ex presidente de Proinversión, así como Luis Yulfo Zender y Alberto Rojas Morote.
Quienes también han pasado a calidad de investigados son los exgobernadores de Lambayeque Nery Saldarriga de Kroll y Humberto Acuña Peralta, contra quienes la Contraloría General de la República ha encontrado responsabilidad penal por aprobar modificaciones al contrato de la concesión del trasvase Olmos.
Con el Informe de Auditoría N° 5658-2019-CG/APP-AC, sobre el "Contrato de Concesión Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”, la Contraloría General de la República identificó responsabilidades administrativas y penales en 16 exautoridades y exfuncionarios del Gobierno Regional de Lambayeque y el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT.
También se convierten en investigados los exconsejeros regionales Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Bazán Zárate, Óscar Zeña Santamaría, Maritza Mocarro Monja, Andrés Palma Gordillo y Ana Toro Gálvez (todos del período 2011-2014), así como a los gerentes del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Francisco Gayoso Zevallos y Juan Saavedra Jiménez.
Además, los exfuncionarios Marty Llontop Samillán, Víctor Sánchez Correa, Víctor Quijano Chávez y Luis González Vélez, quienes se desempeñaron como asesores legales.
SIN PREOCUPACIONES
Mientras los integrantes del Equipo Especial del caso Lava Jato realizaban los allanamientos en Chiclayo, el exgobernador Humberto Acuña Peralta, electo congresista por Lambayeque, dijo lamentar la situación de Simon Munaro y ser respetuoso de las decisiones del Ministerio Público en las investigaciones.
“Lamento mucho la situación del señor Yehude Simon. Yo he acudido como testigo, he acudido las veces que me han llamado y eso me impide expresarme más en el tema y dar más declaraciones. Sin embargo, el país necesita saber toda la verdad y a las personas que están involucradas en actos de corrupción”, manifestó.
En las indagaciones fiscales referidas a Olmos aún falta determinar a quién corresponde el ‘codinome’ “Charlie”, también existente en los registros de la Caja 2 de Odebrecht, desde la cual se realizó el pago de sobornos. Al respecto, Humberto Acuña señaló no tener preocupación.
“Estoy dispuestos a participar y a acudir a las instituciones del Estado como son la fiscalía y el Poder Judicial o la Contraloría las veces que sean necesarias. Yo no estoy preocupado por el tema de los ‘codinomes’. Quizá digan que así dicen todos, pero yo puedo decir que estoy tranquilo. Yo no estoy preocupado por ‘codinomes’ porque a mí nunca me han dado ni un sol”, aseveró la ex autoridad regional.
“Soy respetuoso de las decisiones del Estado, esperamos que ellos (Simon y Salazar) puedan defenderse y aclarar las cosas, caso contrario la fiscalía es la que tiene que hacer su trabajo. Por mi parte quiero que sepan, también para darle tranquilidad a mi familia, es que estoy tranquilo. No tengo ninguna preocupación por el tema de los ‘codinomes’”, anotó.
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ENRIQUE SALAZAR TORRES: "NUNCA NEGOCIAMOS CON EL PROYECTO OLMOS"
En enero del 2017, Enrique Salazar Torres, ex gerente general del PEOT, ofreció una entrevista a Expresión (Edición 997) en la que abordó lo que para entonces era un rumor: que en la tramitación y ejecución del Proyecto Olmos se habían cometido actos de corrupción.
A continuación, algunos extractos de las declaraciones de Salazar Torres, hoy detenido junto al ex presidente regional Yehude Simon por supuestamente haber recibido dinero de la compañía brasilera para financiar la campaña electoral del 2006.
“Todo lo que está pasando nos pone en sospecha a todas las personas que de manera laboral o contractual hemos tenido que ver en forma directa o indirecta con Odebrecht, que seamos vistos con un cartel en el pecho que nos señala como delincuentes, requisitoriados o apestados, cuando las cosas son muy distintas”, dijo Salazar Torres a Expresión.
“Descarto que en el Proyecto Olmos, desde su propuesta hasta su ejecución, haya habido algún acto de corrupción. Simplemente no hubo nada de los que se dice y especula porque las cosas, como es el caso de las obras de trasvase, se hicieron como deberían hacerse. Además, las cosas venían armadas desde Lima, con Proinversión”, mencionó el exfuncionario.
“Recuerdo que en una oportunidad estuvimos en una reunión en Proinversión y después que hiciéramos una explicación de las bondades del proyecto para Lambayeque y para el país, (Renpe Cornejo, entonces presidente de Proinversión), nos tiró los papeles a un tacho. Poco le importó que en la reunión estuviera el Concejo Directivo en pleno del Proyecto Olmos, que en ese momento lo presidía el fallecido Rumenos Scander”, señaló.
“Nosotros como gobierno regional andábamos día a día en Lima presionando en el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para desarrollar todas las cláusulas en cuanto a lo referente al financiamiento del proyecto. El exministro de Vivienda, Carlos Bruce, se opuso a que se hiciera el Proyecto Olmos bajo argumentos que no tenían asidero. Tenía la idea de dejar de lado la ejecución de trasvase del Proyecto Olmos, y que en su lugar se hagan mil pozos tubulares en la zona”, dijo Enrique Salazar en enero del 2017.
“He cumplido algunas funciones dentro del partido y de una cosa sí estoy seguro y puedo poner las manos al fuego por Yehude. Las campañas electorales de Yehude Simon siempre fueron franciscanas. Yo conozco bien a Yehude y sé que es una persona súper honesta y no creo que haya pedido o recibido algo o lucrado con alguna empresa como en la actualidad se especula”, resaltó Salazar Torres.
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