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ACUÑA Y EL TRASVASE OLMOS: LA COMPLEJA SITUACIÓN DEL EXGOBERNADOR REGIONAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1153

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  • Humberto Acuña Peralta pasó a condición de investigado por el Equipo Especial Lava Jato.
  • Fiscalía solicitó al Poder Judicial orden de impedimento de salida en su contra.
  • Para la Contraloría, en su gestión se aprobó la modificatoria del contrato de concesión con Odebrecht.

 

En septiembre del 2011, el entonces gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, firmó un acta de trato directo con la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, con el objetivo de reiniciar las obras de perforación del Túnel Trasandino. Con el acuerdo, las partes se comprometieron a someter a peritaje el perjuicio económico financiero y los sobrecostos generados por los estallidos de roca en la obra y pagar lo correspondiente a la constructora al contado. Esa es una de las causales por las que el hoy electo congresista ha pasado, junto a otras 15 exautoridades y funcionarios regionales, de testigo a investigado por el Equipo Especial del caso “Lava Jato”.

 

Pagar al contado el perjuicio económico y los sobrecostos presentados en la construcción del Túnel Trasandino significó la modificación del contrato de concesión firmado entre el Estado Peruano, representado por el Gobierno Regional de Lambayeque, y la empresa, subsidiaria de Odebrecht.

De acuerdo a la cláusula 3.3 del contrato, suscrito en el 2004, el camino correcto para resolver controversias de este tipo era el siguiente: estimar los montos y en función de estos prolongar el período de concesión, que originalmente es de 20 años de acuerdo al contrato.

Para el Ministerio Público, que se haya pagado al contado 49 millones 326 mil dólares por perjuicio económico y sobrecostos a la concesionaria representa una de las consecuencia de lo que la Contraloría General de la República, en el Informe de Auditoría N° 5658-2019-CG/APP-AC, publicado en diciembre pasado, denomina como la “desnaturalización del contrato”.

“Si se ampliaba la concesión, como dice la cláusula 3.3, Odebrecht hubiera recibido en el tiempo 470 millones de dólares, porque el tiempo estimado era de 12 años, adicionales a los 20 que indica el contrato. La pretensión de Odebrecht era cobrar 74 millones de dólares por sobrecostos y nosotros solo le pagamos cinco, como dijo el perito”, señala Humberto Acuña a Expresión.

 

CONCLUSIONES DE CONTRALORÍA

En el informe de la Contraloría, referido específicamente al Trasvase Olmos, se señala a Acuña Peralta como responsable penal de haber generado, junto a los otros coinvestigados, un perjuicio al Estado que supera los 17 millones de dólares.

De acuerdo al voluminoso documento, Humberto Acuña no solo firmó el acta de trato directo, sino que además dio luz verde a adendas que también modificaron el contrato de concesión.

La apreciación de la Contraloría sobre la participación de Humberto Acuña y Yehude Simon Munaro, actualmente detenido, como extitulares del Gobierno Regional de Lambayeque en la tramitación del Trasvase Olmos es muy disímil. Mientras que al primero lo halla responsable, sobre el segundo no existe pronunciamiento. Sin embargo, la fiscalía sí considera que Simon Munaro también ocasionó perjuicio al Estado, el mismo que supera los 50 millones de dólares.

“La fiscalía ha agarrado el informe de la Contraloría y por eso nos ha comprometido como investigados. Eso está bien. Nosotros tenemos, durante el proceso, todo el derecho de demostrarle a la fiscalía por qué se tomaron esas decisiones. La Contraloría cuestiona por qué le pagamos a Odebrecht al contado y no le ampliamos la concesión 12 años. Si hubiéramos hecho lo segundo se le hubiera pagado más de 400 millones de dólares. ¿Estamos a favor o en contra del Estado?”, cuestiona Acuña Peralta.

Añade que si se hubiera ampliado la concesión del Trasvase Olmos la posición de la Contraloría hubiera sido aún peor.

“Hubiera dicho que nos coludimos con la empresa. Nosotros siempre hemos defendido los recursos de todos los peruanos”, asevera.

 

SUS ARGUMENTOS

El exgobernador reconoce que tal como lo han hecho las otras 15 exautoridades y funcionarios señalados por la Contraloría con responsabilidad penal y administrativa por el Trasvase Olmos, tuvo la oportunidad de presentar ante la entidad de control los argumentos que aún esgrime, pero eso no fue suficiente para generar convencimiento.

“La cláusula 3.3 del contrato la activó la gestión anterior, que encargó un informe financiero a la Universidad del Pacífico para que estime los sobrecostos y el perjuicio económico. La Contraloría nos cuestiona también haber pagado los honorarios del perito Jorge Alva Hurtado, pero si no lo hacíamos Odebrecht hubiera puesto su perito y ese sí le hubiera aprobado el pago de los 74 millones de dólares que reclamaba por sobrecostos”, enfatiza.

Como se ha mencionado, la controversia con la concesionaria se centraba en dos conceptos: perjuicio económico (tiempo que demoró en recibir el pago por las obras de trasvase debido a causas no imputables), y sobrecostos (mayores gastos en la perforación del túnel por los estallidos de roca). CTO reclamaba el pago de 74 millones de dólares por el segundo concepto.

Con el acta de trato directo se aprobó contratar a dos peritos: Sergio Bravo Orellana (ex funcionario de Proinversión, también investigado por el Caso Olmos), para estimar el perjuicio económico, y Jorge Alva Hurtado, para calcular los sobrecostos. Alva Hurtado concluyó que solo debían reconocerse a favor de la empresa cinco millones de soles.

 

PAGO AL PERITO

Contraloría observa que el gobierno regional, bajo la gestión de Acuña Peralta, haya asumido el pago de los servicios de Alva Hurtado, padre de la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva, ascendente a 209 mil 68.96 dólares, obligación que – según la auditoría - correspondía a la concesionaria.

“¿Por qué le pagamos? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no quería pagarle, la Corporación Andina de Fomento – CAF, tampoco; el Banco Mundial tampoco. De acuerdo al acta de trato directo el primer experto lo ponía el gobierno regional y el segundo Odebrecht. Si nosotros no le pagamos a nuestro experto, entraba el de Odebrecht y ese sí hubiera aceptado que se le reconozcan los 74 millones de dólares por sobrecostos a la empresa”, explica.

“Quizá hubo un error administrativo o cualquier otro tema, pero lo que quiero que quede claro es que yo no tengo ningún temor, con gusto me iría a la cárcel por ahorrarle al Estado 470 millones de dólares. Yo no estoy comprendido en ‘codinomes’, en plata, sobornos u otras cosas. Yo defendí los recursos del Estado al firmar el acta de trato directo y no lo digo ahora, lo dije en el 2011, cuando no quisieron firmar el ministro de Economía ni el de Agricultura. No me arrepiento, porque hoy Olmos genera más de 20 mil puestos de trabajo”, sentencia Humberto Acuña.

 

“HAY MUCHO DESCONOCIMIENTO”

Asegura que su objetivo – ahora – no es convencer a los fiscales del equipo Lava Jato, sino demostrar lo que – a su juicio – resultó más beneficioso para el Estado.

“Confié en que la Contraloría iba a realizar un mejor trabajo. ¿Saben quiénes son los expertos de Contraloría? Ingenieros agrónomos, un ingeniero civil con código 150 000, o sea un chiquillo recién salido de la universidad. Esos son expertos para ver un proyecto de esta naturaleza, de esta magnitud. Hay mucho desconocimiento. Estamos viviendo un tema mediático coyuntural y entonces aparecen los detractores de la gestión, del proyecto y los adversarios políticos. ¿Cuántos medios me han sacado con el titular: ‘Investigado por corrupción’? Con el tema mediático y coyuntural no se sabe dónde vamos a parar”, señala.

Sobre Yehude Simon, para quien la fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva, no solo por los supuestos aportes a su campaña de reelección regional en el 2006, sino también por el presunto perjuicio ocasionado al Estado con el Trasvase Olmos, Humberto Acuña prefiere no pronunciarse.

“No me voy a meter ni me voy a defender tocando a Simon. A nadie le deseo estar ahí (detenido), por su familia. Tocarlo a él creo que es deshonesto”, sostiene.

Humberto Acuña, quien ya recibió del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, su credencial como congresista por Lambayeque y está próximo a jurar el cargo, refiere que la prerrogativa constitucional de la inmunidad parlamentaria no lo beneficia en absoluto sobre la investigación iniciada en su contra por el caso Olmos.

“El partido (Alianza Para el Progreso) está pidiendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria y yo estoy de acuerdo. Vamos a presentar esa iniciativa el primer día en el Congreso. Respecto a mí, no me blinda de nada. La inmunidad parlamentaria cubre desde que se inicia el mandato congresal, los procesos previos continúan por su propio carril. Si el Congreso anterior mal utilizó la inmunidad, ahora será distinto”, concluye.

 

+ NOTICIAS

  • Contraloría ha encontrado responsabilidad penal también en la ex presidente regional Nery Saldarriaga de Kroll, el Consejo Regional del período 2011 – 2014, los exgerentes del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Francisco Gayoso Zevallos y Juan Saavedra Jiménez, así como ex asesores legales del gobierno regional y el PEOT. Junto a Humberto Acuña suman 16 personas. Todos ahora son investigados por la fiscalía.
  • El Ministerio Público presentó el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Yehude Simon y el ex gerente general del PEOT, Enrique Salazar Torres. A ellos se suman ocho ex funcionarios regionales y de Proinversión.
  • Hasta el momento, la fiscalía investiga a un total de 26 personas por el Trasvase Olmos.

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